La actualidad sanitaria del 2022 no ha olvidado la evolución del coronavirus. De hecho, ha estado marcada por la vuelta a una realidad bastante similar a la normalidad. Sin mascarillas y sin cuarentenas de positivos, y con picos de contagios que ya no se traducían en altas cifras de mortalidad, gracias al efecto de las vacunas. Sin embargo, la pandemia ya no ha sido la absoluta protagonista. Sí lo han sido, en cambio, las consecuencias de la misma. Por ejemplo, un
aumento de virus respiratorios tras dos años llevando mascarillas. También un importante
aumento de la patología mental, especialmente entre los sanitarios. Pero, sobre todo, una Sanidad colapsada por las listas de espera y una Atención Primaria que, tras darlo todo en la pandemia, dejaba en evidencia todos sus problemas y deficiencias. Tanto, que los sanitarios acababan el año en pie de guerra con huelgas en diferentes comunidades autónomas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad este pasado año realizaba una nueva apuesta en ámbitos como la salud bucodental, la salud pública y la salud digital. Además, surgían nuevas alertas sanitarias como la llamada viruela del mono.
No solo el coronavirus, el año de “los otros virus”
Enero de 2022 comenzaba con la aparición de nueva variante del coronavirus responsable de un nuevo pico de contagios, aunque dejaba pacientes con síntomas mucho más leves. Era la llamada variante ómicron (aunque llegarían otras a lo largo del año). Pese al aumento de contagios durante las navidades, a comienzos de febrero la situación sanitaria parecía estabilizarse y el 7 febrero llegaba el
fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Dando un paso más, el 2 de marzo
se eliminaban las cuarentenas de los contactos estrechos no vacunados. En esta línea, el 20 de abril el
uso de mascarillas dejaba de ser obligatorio también en interiores, salvo en centros sanitarios y otras excepciones como el transporte público.
Precisamente, el fin del uso de las mascarillas supuso también un aumento de la circulación de virus respiratorios durante el otoño, especialmente en niños que, al no haberse visto expuestos aun a los mismos, contaban con menor inmunidad. De esta forma, en el mes de noviembre la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) emitía un comunicado ante su preocupación e incertidumbre por el incremento inesperado del volumen asistencial en las urgencias pediátricas en todo el territorio español. La situación llegaba al punto de que en algunas urgencias se atendían hasta un 40 por ciento más de casos que en la época prepandemia.
Este incremento se debía a los casos de COVID que volvían a estar en aumento y a los casos de gripe que también ascendían, pero en niños preocupaba especialmente el aumento de los casos de
bronquiolitis asociadas al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Y es que, fuera de la tónica habitual, los primeros casos de VRS se empezaron a atender en el mes de julio. Sin embargo, en la época anterior a la COVID, la epidemia de bronquiolitis se iniciaba a finales de octubre. Además, en abril se produjo otra crisis sanitaria pediátrica, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la existencia de al menos 169 casos de hepatitis aguda infantil en 12 países, 13 de ellos en España.
Aunque, sin duda, el virus que más preocupó en 2022 fue el asociado a la
viruela del mono, que causó una nueva alerta sanitaria. Era el 14 de mayo, cuando la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) informaba por primera vez de dos casos de Monkeypox sin antecedentes recientes de viaje. Después de dichos casos, se fueron sucediendo detecciones en distintos países. Entonces, la falta de vacunas para la viruela del mono obligaba a las autoridades sanitarias a destinar estos fármacos a los colectivos de riesgo.
Durante el mes de mayo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacaba la capacidad de respuesta y coordinación que mostraba todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) ante la alerta sanitaria emitida por los casos de Monkeypox, o viruela del mono, que se detectaban en España durante esas últimas semanas. Pese a ello, durante el verano de 2022, los epidemiólogos alertaban del infradiagnóstico de la viruela del mono en España. Además, también criticaban el retraso de la notificación, lo que dificultaba el control del brote. Finalmente, el 22 de agosto de 2022 el Ministerio de Sanidad anunciaba la llegada de 5.000 dosis de vacunas adicionales de Imvanex contra la viruela del mono o Monkeypox. Con esta última incorporación, gestionada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el SNS disponía ya de más de 17.000 dosis contra este virus.
Las consecuencias de la pandemia en la Salud Mental
Quizás podría decirse que la verdadera epidemia del 2022 venía de la mano de los problemas de la Salud Mental. Según los datos del informe 'Salud mental infanto-juvenil y pandemia de Covid-19 en España: cuestiones y retos', se observó un
aumento del 47 por ciento de los pacientes atendidos en urgencias por motivos de Salud Mental en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del 2020.
Así, desde la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) advertían de un aumento claro de la necesidad de tratamiento en Salud Mental de la población infanto-juvenil desde el confinamiento, tanto para la asistencia ambulatoria, como para la hospitalaria y las unidades de media estancia u hospitales de día. En concreto, el Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de la FAD revelaba que casi la mitad de los jóvenes españoles consideraba haber tenido algún problema de Salud Mental. Como dato más preocupante, destacaba que la
ideación suicida con alta frecuencia pasaba de un 5,8 por ciento en 2019 a un 8,9 por ciento en 2021.
Los problemas de Salud Mental no solo eran acuciantes en algunos grupos de población por edades, sino también en sectores relacionados con el empeño laboral, como era el caso de los sanitarios. Así, según el ‘Estudio MINDCOVID’, financiado por el Fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y coordinado desde el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Biomédicas (IMIM), la mitad de los profesionales sanitarios presentaba un cribado positivo de un trastorno mental, mientras que casi un 15 por ciento sufría un trastorno mental discapacitante durante la primera ola.
Además, agravaba esta situación el hecho de que, según datos dados a conocer el mes de febrero en 2021, se registraron
225 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios, lo que suponía un aumento del 14 por ciento de las denuncias de agresiones respecto a las presentadas el año anterior.
Solidaridad con la guerra en Ucrania
Uno de los hitos de 2022 era el comienzo de la guerra de Ucrania y su impacto en toda Europa. Desde el punto de vista sanitario, España reaccionaba mostrando su solidaridad con los refugiados. Así, desde el Ministerio de Sanidad se realizaba el envío de material sanitario y medicamentos para atender las necesidades de la población ucraniana. Estos lotes eran completados íntegramente por donaciones del SNS, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), encargada de la coordinación de los envíos de ayuda humanitaria, facilitando los trámites burocráticos y autorizaciones como la colaboración y coordinación con el resto de instituciones implicadas.
Además de las ayudas particulares, el CGCOM se sumaba al envío de ayuda a Ucrania, promoviendo y canalizando el envío de suministros y material sanitario destinado a los centros sanitarios más afectados en Ucrania por la invasión de Rusia. Todo ello en colaboración con la Cámara Suprema de Médicos y Dentistas de Polonia.
Por otra parte, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) y la Fundación Aladina lideraban el traslado a España de los primeros niños ucranianos con cáncer que huían de la guerra para su atención sanitaria.
La gran crisis de la AP
Por otra parte, cabe afirmar que uno de los protagonistas indiscutibles de la actualidad sanitaria de 2022 fue sin duda la Atención Primaria. Si bien la situación del primer nivel asistencial ya era compleja estos últimos años, especialmente debido al déficit de financiación, la pandemia agravaba enormemente la situación. Y es que, una vez que las vacunas dejaron paso a síntomas más leves, fue la Atención Primaria la encargada de gestionar no solo la atención sanitaria de estos pacientes, sino también toda la carga burocrática derivada de las bajas laborales. Todo ello sumado a los pacientes crónicos que habían empeorado tras no haber sido atendidos presencialmente en el confinamiento y al nuevo grupo de pacientes con patología Long Covid.
De esta forma, ya en el mes de enero,
SEMG lanzaba la campaña de #AtenciónPrimariaNoPuedeMás, cuyo objetivo era llamar la atención de los gestores y políticos, tras dos años de pandemia y seis olas de contagios disparados por ómicron. Asimismo, el Foro de Médicos de AP denunciaba la saturación a causa de la burocratización de la sexta ola.
Ante el anunciado Plan estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, SEMERGEN también se manifestaba y criticaba la falta de concreción económica y la importante ausencia de Pediatría
. En este sentido, SEMERGEN daba un paso más y proponía no otro Plan, sino la creación de una
Estrategia global para la Atención Primaria en el SNS.
En medio de esta situación, CESM-CLM denunciaba también a comienzos de año que uno de los grandes problemas era el abismo entre número inicial de pacientes de la agenda, unos 35 o 40, y el transcurso de la jornada. Durante la misma, se llega a duplicar o triplicar el número de pacientes. Así, se llegan a atender finalmente más de 75, 80 e incluso superar la cifra de cien pacientes diarios en algunos centros de salud.
Ante la falta de acción, en el mes de marzo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) advertía una vez más de que el Plan de Acción de Atención Primaria contaba con propuestas que “van a suponer la pérdida de otra oportunidad de cambio y una gran frustración social y profesional”, ya que el principal problema del mismo es una financiación insuficiente. En concreto, el plan estimaba un presupuesto de 280 millones. Desde la FADSP calculan que la financiación necesaria ascendería a los 10.000 millones.
Pese a ello, en el mes de octubre, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informaba de que el Gobierno de España había movilizado ya más de 446 millones de euros para el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-23.
Por su parte, CC. OO., junto al resto de más de un centenar de organizaciones que integran la plataforma ‘Salvemos la Atención Primaria’, registraba una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, alertando de que la accesibilidad a Atención Primaria no estaba garantizada. Tal y como revelaba el barómetro sanitario del mes de junio, el 65,7 por ciento de las personas que pedían cita en Medicina de Familia la conseguía después de 48 horas. De esta forma, el tiempo medio de demora de quienes no son atendidos en 24 horas era de 8,8 días. De los mismos, el 62,5 por ciento tenía una demora superior a 6 días.
Llegado el mes de octubre la situación no hace sino empeorar. Así, los profesionales de AP demandan gerentes formados en gestión de personas, tal y como se desprende del
informe elaborado por SEDAP y EL MÉDICO INTERACTIVO sobre una amplia encuesta llevada a cabo entre profesionales de Primaria.
Huelgas de final de año
Si bien la situación de la Atención Primaria era crítica a nivel nacional, en algunas comunidades autónomas el problema era aún más acuciante. Es el caso de Madrid, que entra en un momento de especial incertidumbre ante la reforma del modelo de urgencia extrahospitalaria planteado por el gobierno regional. De esta forma comienza una huelga que tiene como consecuencia que Isabel Ayuso, presidenta de la comunidad, proponga como alternativa dejar abiertos 34 PAC sin médico, pero con videoconsulta.
De nuevo, la marea blanca reacciona y más de 200.000 ciudadanos, según los datos oficiales de la Delegación de Gobierno, marcharon el 13 de noviembre desde diferentes puntos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Los convocantes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) elevaban la cifra a 670.000 los manifestantes. La huelga se suspendía hasta el 11 de enero a la espera de una nueva reunión con la Consejería de Sanidad.
Aunque Madrid no era la única comunidad en pie de guerra. Los médicos de Andalucía y Cantabria también se manifestaban para defender la Sanidad Pública. Además, desde Osakidetza comienzan a preparar iniciativas en protesta por ' los recortes en Sanidad' y en demanda 'de un diálogo verdadero' en la Mesa Sectorial para iniciar protestas tras las navidades.
Cambios en la jubilación de los médicos
Los problemas de la Atención Primaria también se relacionaban estrechamente con la falta de personal, derivados, también en parte, del aumento de jubilaciones. Es por ello que reformar la jubilación de los médicos o no era otro de los debates intensos del 2022. Así, en el mes de febrero se producían los primeros avances en el
proyecto de jubilación anticipada para médicos. En concreto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) mantenía una nueva reunión con el objetivo de avanzar al respecto y, tras la misma, presentaba en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración un informe-propuesta que planteaba la necesidad de un régimen de jubilación flexible, entre los 60 y los 70 años, por razón de actividad y nocturnidad.
En verano, era el Sindicato Médico de Granada el que presentaba un nuevo informe apuntando que la jubilación anticipada del médico supone un recorte sobre la pensión inicial reconocida por la que se ha cotizado de hasta el 21 por ciento. También conlleva otro recorte adicional de hasta el 4 por ciento si finalmente la pensión queda por encima de la pensión máxima, si se adelanta dos años. “Tras la pandemia, las condiciones laborales se han deteriorado. Es muy posible que muchos médicos quieran una jubilación anticipada de forma voluntaria. Para evitarlo, resulta prioritario mejorar sus condiciones”, concluía Vicente Matas, autor de dicho informe.
En el mes de septiembre, es CSIF el que pide que se inicie el procedimiento de rebaja de la edad de la jubilación del personal sanitario. En concreto, mediante coeficientes reductores por peligrosidad y penosidad y el cumplimiento de determinados requisitos. Es decir, tener 60 años de edad, 35 años de cotización en la Seguridad Social y 25 años de servicio en la Administración.
Finalmente, la única medida tomada en torno a la jubilación de los médicos tiene que ver precisamente con la falta de personal de Atención Primaria y se toma el 1 de diciembre. Es entonces cuando el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anuncian un proyecto para facilitar la jubilación activa entre los médicos y pediatras de Atención Primaria de los servicios públicos de salud. Se trata así de propiciar que los médicos de estas especialidades que puedan y quieran seguir trabajando más allá de su edad de jubilación puedan hacerlo eliminando barreras legales y aumentando los incentivos económicos. Los cambios permitirán acceder a la jubilación activa a tiempo completo a los médicos y pediatras de Atención Primaria en el sector público, con un régimen mejorado de compatibilización de pensión con la actividad laboral, del 75 por ciento en lugar del 50 por ciento general. También se permitirá a los mismos profesionales acceder a la jubilación activa para trabajar en el sector público sanitario a media jornada.
Los proyectos del Ministerio de Sanidad
Además de abordar cuestiones como el Plan para la Atención Primaria o la jubilación activa, el Ministerio de Sanidad anunciaba múltiples planes y estrategias de gran calado durante el 2022.
De esta forma, a finales del mes de abril, el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobaba la
Estrategia en Salud Cardiovascular, con el objetivo de conseguir un cambio en la salud cardiovascular de la población y promover la adopción de hábitos de vida saludables.
Asimismo, ante el aumento de patología psiquiátrica, Carolina Darias anunciaba en el mes de mayo
el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, en coordinación con la Estrategia de Salud Mental del SNS. Este plan era cofinanciado entre las CC. AA. y el Ministerio de Sanidad y contaba con un presupuesto de 100 millones de euros, a través de los Presupuestos Generales del Estado, durante los años 2022, 2023 y 2024.
También en el mes de mayo, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobaba la
‘Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. Respondiendo a los retos de la vigilancia en España: modelando el futuro’.
En el mes de junio la protagonista era la
Estrategia de Salud Pública, que se centraba en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de un documento de trabajo compartido entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas, sociedades científicas y otros colectivos, fortaleciendo el enfoque ‘Una sola salud’ o ‘One health’. Otro de los grandes hitos llegaba también antes del verano con el
“Plan para la ampliación de la Cartera Común de Servicios de Salud Bucodental en el SNS”, dirigido a la población española en general y en concreto, de forma especial, a más de 7 millones personas.
Agosto era el mes en el que el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley por el que se crea la
Agencia Estatal de Salud Pública y septiembre el mes en el que Darias anunciaba un
Plan de Medicina Personalizada. En concreto, este plan busca actualizar a los centros sanitarios públicos para que puedan emplear “pruebas genéticas de gran valor para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades de alto impacto sanitario y social”.
A nivel sindical y tras un largo y complicado proceso de negociación, tanto con UGT como con CC. OO., en octubre se firmaba el
‘Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’, con el que el Gobierno proponía mejoras tanto a nivel salarial como de condiciones laborales. Entre ellas, la más destacada, una subida salarial del 9,8 por ciento en tres años (2022-2024).
Por último, en el CISNS del 19 de diciembre en Badajoz, se aprobaba entre otros asuntos, el
Calendario de Vacunación Común a lo Largo de Toda la Vida para 2023, con la incorporación de cuatro nuevas vacunas.