En sus orígenes, el Ministerio de Sanidad de la era democrática comprendía también las competencias en materia de Seguridad Social e integró también las competencias de Salud que eran gestionadas por el Ministerio de Gobernación. Contaba con dos subsecretarías –la del propio departamento y la de Salud–, una secretaría general técnica y seis direcciones generales: personal, gestión y financiación; prestaciones; servicios sociales, asistencia sanitaria; ordenación farmacéutica y salud pública y, por último, Sanidad veterinaria.
Pero los antecedentes de este organismo se remontan a hace casi doscientos años: el Ministerio de Fomento fue creado por Real Decreto el 9 de noviembre de 1832, con competencias en el ramo de Sanidad con sus lazaretos, aguas y baños minerales y los establecimientos de caridad o de beneficencia. 15 años después, el 10 de marzo de 1847, se creaba la Dirección General de Sanidad, integrada en el Ministerio de Gobernación.
Las competencias sanitarias permanecieron en este ministerio durante casi un siglo, hasta 1933, cuando la subsecretaría de Sanidad y Beneficencia fue transferida al Ministerio de Trabajo, que pasó a denominarse de Trabajo y Sanidad. El titular era el histórico dirigente del PSOE Francisco Largo Caballero.
El siguiente capítulo se escribe en plena Guerra Civil, el 4 de noviembre de 1936, cuando se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Un hito por otro motivo: por primera vez una mujer –y, además, anarquista– asumía una cartera ministerial en España. Federica Montseny, nacida en Madrid en 1904 y fallecida en Toulouse en 1994 (donde se exilió), aceptó el cargo con dudas, por su postura anti-gubernamentalista.
Apenas estuvo al frente del Ministerio menos de un semestre. En ese periodo, puso en marcha planes para establecer redes de lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución y una lista de profesiones que pudieran ejercer los minusválidos. También elaboró un primer proyecto de ley del aborto.
Las Jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona, que enfrentaron a anarquistas y trotskistas, propiciaron el cambio en la presidencia del Gobierno de la República y Juan Negrín sustituyó a Largo Caballero. La crisis de gobierno propició su salida y ella opinó que la única manera de hacer cambios sociales era la revolución libertaria. Los cambios llevaron también a la desaparición del recién creado ministerio, pasando las competencias al Ministerio de Trabajo hasta 1977.
Primer ministro de la democracia
El primer ministro de Sanidad de la democracia fue Enrique Sánchez de León, de UCD, con Adolfo Suárez de presidente del Gobierno. Ostentó el cargo durante casi dos años, hasta abril de 1979. Abogado experto en derecho sindical, había sido director general de Ordenación de la Seguridad Social. Entre sus logros, destaca la modernización del Insalud.
Le sucedió en el cargo el abogado del Estado Juan Rovira Tarazona, que había sido subsecretario de Hacienda durante el franquismo. Su principal hito fue regular por primera vez la donación de trasplante de órganos. Fue cesado el 8 de septiembre de 1980 y sustituido por el también abogado del Estado Alberto Oliart.
Con una larga carrera previa en el franquismo con cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, Renfe o el Tribunal Supremo, fue nombrado por Suárez ministro de Industria y Energía durante un breve periodo de tiempo, para posteriormente colaborar en la elaboración del Estatuto de Guernica. El 26 de febrero de 1981 –cinco días después del intento de golpe de estado– el recién nombrado Leopoldo Calvo Sotelo le designa para la difícil tarea de ser ministro de Defensa, cargo que ostentaría hasta la victoria socialista de 1982. Su libro de memorias “Contra el olvido”, obtuvo en 1997 el X Premio Comillas de Biografía, Autobiografía y Memorias.
Calvo Sotelo aglutina Sanidad y Trabajo
El primer ministro de Sanidad del gabinete Calvo Sotelo fue Jesús Sancho Rof, que ha pasado a la historia como uno de los titulares más polémicos. Doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Óptica y Estructura de la Materia, había sido director general de RTVE al final del franquismo. Ya en democracia, ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Interior y, en 1979, fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
Ya como ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, impulsó el I Acuerdo Nacional de Empleo, que aglutinó a la CEOE, a CCOO, UGT y el Gobierno. Pero por el hecho por el que ha pasado a la historia, además de por la primera transferencia a una comunidad autónoma –Cataluña–, fue por las desafortunadas declaraciones sobre el síndrome tóxico causado por aceite de colza desnaturalizado. El 21 de mayo de 1981, tres semanas después de los primeros fallecimientos, Sancho Rof apareció en el Telediario de TVE, en horario de máxima audiencia, declarando que la causa era “un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si cae de la mesa, se mata”.
Fue sustituido seis meses y medio después, el 2 de diciembre de 1981. Un mes antes, el ministerio había vuelto a desgajarse, perdiendo las competencias de Seguridad Social, excepto el Insalud. El nuevo titular fue el abogado Manuel Núñez Pérez, último ministro de Sanidad de UCD y que había sido secretario de estado de Empleo y Relaciones Laborales. En 2013, su nombre surgió en relación con el caso Bárcenas.
Victoria socialista y creación del SNS
La victoria socialista del 28 de octubre de 1982 llevó aparejada el evidente cambio de cartera. El nuevo responsable fue Ernest Lluch, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y profesor ayudante en esta institución, de la que fue expulsado por su actividad antifranquista. En 1974 fue nombrado catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y, posteriormente, de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona.
Fue diputado en las Cortes en 1977, 1979, 1982 y 1986 y portavoz del grupo de los socialistas catalanes desde 1980. De su labor como ministro debe destacarse que fue el primero en cumplir una legislatura entera, algo que solo han logrado Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría. Y, sobre todo, por impulsar la Ley General de Sanidad de 1986, sentando las bases legales del Sistema Nacional de Salud, de la universalización de la atención sanitaria y por la segunda transferencia sanitaria, en este caso a Andalucía.
Tras cesar como ministro en 1986, se reincorporó a la cátedra de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona. Tres años después, asumió el cargo de rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ya retirado de todas sus responsabilidades, fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el garaje de su casa de Barcelona el 21 de noviembre de 2000. El salón principal de actos del Ministerio de Sanidad está dedicado a su memoria.
La segunda victoria socialista, en las elecciones del 22 de junio de 1986, propició una nueva sustitución en el ministerio de Sanidad. El testigo de Lluch fue recogido por Julián García Vargas, licenciado en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda. Entre sus responsabilidades previas destacó la subinspección de Política Financiera y la presidencia del Instituto de Crédito Oficial.
Al frente del ministerio, puso en marcha la Ley General de Sanidad, la polémica ley del aborto, el Decreto de Universalización, la Ley del Medicamento de 1990 e impulsó la reforma que finalmente llevaría a la práctica la ministra Ángeles Amador. También transfirió, en 1987, las competencias sanitarias a País Vasco y Comunidad Valenciana y, tres años después, a Galicia y Navarra. Fue revalidado en el cargo tras la tercera victoria socialista consecutiva, en octubre de 1989.
Nuevo relevo
El 13 de marzo de 1991 se produjo una crisis de gobierno, consecuencia de la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra un par de meses antes, por los escándalos de tráfico de influencias de su hermano. Julián García Valverde fue nombrado por Felipe González nuevo ministro, mientras que García Vargas pasó a Defensa, cargo en el que se mantuvo hasta junio de 1995. En la actualidad, se dedica al asesoramiento de empresas.
García Valverde, licenciado en ciencias económicas, técnico comercial del Estado y profesor de microeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de RENFE, apenas fue ministro durante 10 meses. Fue imputado en enero de 1992 por la adjudicación de terrenos de la línea del AVE Madrid-Sevilla, cuando era máximo responsable de los ferrocarriles. La Audiencia Provincial de Madrid acabó absolviéndole 15 años después.
El penúltimo ministro de Sanidad del felipismo fue José Antonio Griñán, que pasó de la Consejería de Salud de Andalucía al despacho en el Paseo del Prado. En apenas 16 meses de gestión, redujo las listas de espera y se mostró relativamente favorable a la privatización. Pero su acción más destacada fue la exclusión de la financiación pública de casi 800 medicamentos, una medida que ha pasado a la historia con el nombre de ‘medicamentazo’.
Tras una etapa parlamentaria en Madrid, volvió a la política andaluza en 2004, primero como consejero de Economía y Hacienda y posteriormente como vicepresidente segundo de la Junta. Tras la dimisión de Manuel Chaves, fue nombrado presidente de la comunidad autónoma en 2009, cargo del que también tuvo que dimitir en 2013. El juicio de los ERES les sentará a ambos en el banquillo el próximo mes de diciembre.
Segunda mujer en el cargo
El gobierno socialista, cercado por la corrupción, ganó por sorpresa las elecciones de junio de 1993. La victoria en minoría propició una coalición con CIU. Un mes después, González nombró a Ángeles Amador ministra, la primera mujer en ocupar la cartera desde Federica Montseny. Tras cinco años de experiencia en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como secretaria técnica, fue nombrada en 1991 subsecretaria del Ministerio de Sanidad por Griñán, por lo que la sucesión en la cartera pareció lógica.
Amador prosiguió con la vía de los ‘medicamentazos’ y reformuló el catálogo de prestaciones, puso en marcha un nuevo sistema de financiación y abordó la ingente deuda, una asignatura pendiente obviada por ministros anteriores. También impulsó la Ley General de la Seguridad Social y completó las transferencias sanitarias a Canarias.
Pero quizá el gran reto fue la huelga de estudiantes de Medicina, causada porque la Administración no les garantizaba los dos años de formación que una directiva de la UE –que entraba en vigor el 1 de enero de 1995– exigía para ejercer en la Sanidad pública.
Con el lema 6=0, los manifestantes llegaron incluso a realizar un ‘escrache’ en la puerta de su casa. La situación se logró desbloquear sobre la campana, el 22 de diciembre de 1994: el Ministerio prometió acabar con la bolsa histórica de 11.000 aspirantes al MIR y otorgó el título de médico de familia a 4.000 de ellos, que ya trabajaban en la Sanidad pública.
Un veterano al frente
La ruptura del pacto de legislatura por parte de CIU (y la imposibilidad de aprobar los presupuestos) abocó a la celebración de elecciones anticipadas, que fueron ganadas por primera vez en democracia por el PP. José María Aznar eligió al veterano José Manuel Romay Beccaría –entonces de 68 años– como primer ministro de Sanidad de su gabinete.
Bajo la presidencia de Gerardo Fernández Albor, había sido vicepresidente en el primer gobierno autonómico de Galicia y, posteriormente, consejero de Sanidad, aunque su experiencia provenía sobre todo del franquismo, cuando fue secretario general de Sanidad entre 1963 y 1966.
Cumplió los cuatro años de legislatura, con diferentes polémicas: nuevos ‘medicamentazos’, nacimiento de las fundaciones sanitarias, gestión de la crisis causada por un brote de meningitis o por la disponibilidad de la Viagra para los pacientes, que fue desmentida por el propio Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Gobierno, en su comparecencia de los viernes antes los medios en Moncloa. La labor de modernización del Insalud, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, fue muy bien valorada. También se creó durante su mandato la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Tras la victoria por mayoría absoluta de Aznar en 2000, pasó a presidir la comisión de Justicia e Interior del Congreso y ha sido presidente del Consejo de Estado en dos ocasiones, cargo que ostenta en la actualidad. En 2010 fue nombrado tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas, y un año después fue elegido senador. Cesó en ambas responsabilidades en 2012.
Acaba el proceso de transferencias
La remodelación ministerial de Aznar tras la victoria electoral propició que Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, asumiera el cargo. Pese a que culminó con éxito las transferencias sanitarias a las 10 comunidades autónomas pendientes de hacerlo e impulsó los genéricos, es recordada por sus numerosos patinazos en el campo de la comunicación. Especialmente en el caso de las vacas locas, que propició la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Otros casos polémicos con los que tuvo que lidiar Villalobos fueron el del orujo de aceite de oliva, el de Lipobay, el de los dializadores (que causaron la muerte de una treintena de pacientes sometidos a hemodiálisis) o sus declaraciones tras el 11-S, en las que trataba de tranquilizar a la población respecto a una posible guerra bacteriológica, pero que crearon gran alarma social. Desde julio de 2002, cuando fue cesada, ha ocupado cargos de responsabilidad en el Congreso, donde ha protagonizado diferentes controversias que han saltado a los medios de comunicación y a las redes sociales.
Un médico al frente
En julio de 2002, Aznar llevó a cabo su mayor remodelación ministerial, con nueve cambios de cartera. Ana Pastor, zamorana criada en Pontevedra, fue nombrada ministra de Sanidad, la primera licenciada en Medicina y Cirugía en acceder al cargo. Muy próxima a Mariano Rajoy, acompañó al actual presidente del gobierno, siempre en el cargo de subsecretaria, en los ministerios de Educación y Cultura, Presidencia e Interior. Con anterioridad, había sido directora general de Muface, entre otras responsabilidades en el ámbito de la Sanidad.
Estuvo menos de dos años al frente del cargo, remodelando la administración sanitaria y aprobando, con el apoyo unánime del Parlamento, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Además, tramitó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias e impulsó el Plan Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo. Tras la derrota del PP el 14 de marzo de 2004, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el partido. Entre 2011 y 2016 fue ministra de Fomento, cargo desde el que pasó a la presidencia del Congreso de los Diputados.
Tras su victoria electoral en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero optó por la orensana Elena Salgado como ministra. Su nombramiento sorprendió, por su falta de experiencia en el ramo. Sí contaba con una gran trayectoria como ingeniera industrial y economista, en los ministerios de Industria, Economía y Obras Públicas o presidiendo organismos como Correos, Hispasat, la línea de atención telefónica 11811 o el Teatro Real.
Su medida más destacada fue la ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y la ley del medicamento, que entró en vigor el 26 de julio de ese año, derogando la de 1990. Intentó presidir, sin éxito, la OMS aunque llegó a la fase final, siendo finalmente elegida Margaret Chan. También impulsó la estrategia NAOS contra la obesidad, el Plan de Calidad del SNS y los decretos sobre la cartera de servicios comunes, los bancos de células de cordón umbilical y el anisakis, así como la ley de Investigación Biomédica y el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Además, en 2004, el ministerio asumió el Plan Nacional sobre Drogas, transferido por el Ministerio de Interior.
El periodo de Salgado no estuvo exento de polémica, teniendo que capear las crisis causadas por la gripe aviar, la intoxicación de salmonela (que afectó a cientos de personas en el verano de 2005) o los casos de sedación del Hospital de Leganés. Además, intentó poner en marcha una ley anti-alcohol similar a la antitabaco, que fue paralizada por los lobbies del sector.
En julio de 2007, Rodríguez Zapatero remodeló su gabinete, con cuatro cambios. Y Salgado pasó a Administraciones Públicas, puesto que ocupó menos dos años. Posteriormente, fue ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno. Ahora, es consejera y asesora de diferentes empresas.
Su sucesor (y seguidor de sus políticas) fue el investigador Bernat Soria, segundo médico en llegar al cargo. Ocupó el despacho menos de dos años, perdiendo en este tiempo el ministerio las competencias de investigación, que fueron transferidas al efímero Ministerio de Ciencia e Innovación. Su acción más destacada fue poner las bases del Pacto por la Sanidad, que sigue pendiente ocho años después.
Una nueva crisis ministerial, en abril de 2009, propició otro cambio durante unos pocos meses en el ministerio, ahora denominado de Sanidad y Política Social, al asumir las competencias de Asuntos Sociales. Trinidad Jiménez ocupó el cargo hasta octubre de 2010, cuando pasó al ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Manejó con habilidad, con la ayuda de José Martínez Olmos, la campaña de vacunación de la gripe A a pesar de la pésima comunicación institucional de la OMS. También elaboró una ley antitabaco más estricta que la promulgada por Elena Salgado. Posteriormente, ha ocupado cargos de responsabilidad en el PSOE.
La ministra más joven
Leire Pajín fue la última ministra de Sanidad de Zapatero y la persona más joven en ostentar el cargo de ministro de Sanidad; accedió a la cartera con 34 años de nuevo rebautizada como de Sanidad, Política Social e Igualdad al desaparecer el Ministerio de Igualdad y asumir sus competencias, así como el Instituto de la Mujer y el de la Juventud.
Socióloga de formación, fue diputada (la más joven hasta entonces de la historia de la democracia), senadora, secretaria de Movimientos Sociales y de Organización del PSOE y secretaria de Estado de Cooperación. Apenas estuvo en el cargo 14 meses, hasta la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011. En la actualidad, trabaja en la Organización Panamericana de Salud.
Durante su periodo al frente del ministerio, entró en vigor la ley antitabaco que ‘heredó’ de Trinidad Jiménez y que convirtió a España en uno de los países de Europa más restrictivos en este campo. También impulsó la unidosis y la Ley de Dependencia y, justo al final de su mandato, la Ley General de Salud Pública, que garantizó la universalización del SNS, regulando también la profesión del psicólogo sanitario, que hasta entonces no estaba reconocida.
Nuevo cambio político
Ana Mato, licenciada en Políticas y Sociología, fue la elegida por Rajoy como ministra, en una cartera de nuevo rebautizada como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Su aversión a aparecer en los medios de comunicación tuvo como punto culminante el 6 de octubre de 2014, en la rueda de prensa para informar del contagio de ébola de una auxiliar de enfermería, la primera infección de este tipo en Europa. Sus titubeos, unidos a la gestión posterior de la crisis, provocaron un aluvión de críticas e incesantes peticiones de dimisión.
Sin embargo, no lo hizo hasta un mes después, cuando el juez del caso Gürtel la consideró partícipe a título lucrativo. Al día siguiente, el presidente del Gobierno se enfrentaba a un pleno sobre medidas anticorrupción en el Congreso y quiso evitar así la comprometedora foto de la ministra durante los debates. En total, estuvo menos de tres años al frente del cargo y sus competencias fueron asumidas durante unos días por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En la actualidad es asesora de los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo.
Su gestión se caracterizó por los recortes tanto en dependencia, como en gasto en Sanidad, cifrados en unos 7.000 millones de euros, con choques incluso con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Se elaboró un real decreto en el que se exigía cotizar para recibir atención sanitaria y excluyendo a los inmigrantes irregulares, con muchas críticas de la oposición, acusando de pérdida de universalidad del sistema. También se modificó el copago farmacéutico, por lo que los jubilados tuvieron que pagar por sus fármacos.
Cambio de rey
Alfonso Alonso se convirtió en el último ministro de Sanidad del reinado de Juan Carlos I y primero de Felipe VI. Exalcalde de Vitoria y portavoz del PP en el Congreso, tomó el testigo de Ana Mato durante poco más de año y medio, cuando optó a la presidencia del gobierno vasco, obteniendo un escaño en el parlamento autonómico.
En este breve periodo de tiempo, tuvo que hacer frente a la reclamación de los pacientes de hepatitis C para que pudieran recibir los nuevos tratamientos curativos. Además, rectificó el real decreto impulsado por Ana Mato, para que los inmigrantes pudieran recibir atención sanitaria en los centros de salud públicos.
Al estar el gobierno en funciones, sus atribuciones fueron asumidas de manera interina durante dos meses y medio por la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez. La abogada Dolors Montserrat, nombrada ministra en noviembre de 2016, es la última poseedora de la cartera y centra sus objetivos en la lucha contra la violencia de género y para que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea de Medicamentos. Además, se ha comprometido a tratar a los pacientes de hepatitis C, con independencia de la fase de la enfermedad, con los antivirales de última generación y a elaborar una estrategia nacional para la ELA.
¿Tiene vigencia el Ministerio de Sanidad?
Julio Sánchez Fierro fue llamado por la entonces ministra Celia Villalobos para ocupar el cargo de subsecretario en el Ministerio de Sanidad y vivió, en primera persona, el proceso de competencias. Aunque su experiencia en el Insalud comenzó en 1979, tras poner en marcha la CEOE tras ser fichado por Carlos Ferrer Salat.
Su experiencia sanitaria incluye también su participación en los borradores de la Ley General de Sanidad de 1986. Posteriormente, fue diputado, participando en la Comisión de Sanidad del Congreso. En la actualidad, entre otros cargos, es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
“Hay que celebrar este aniversario: la Sanidad es una de las bases fundamentales del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ministerio de Sanidad tiene un papel importante que jugar. Y tendría que verse reforzado en términos de liderazgo y de capacidad de coordinación ante la descentralización que supone el hecho autonómico. Y, evidentemente, debe impulsar políticas y estrategias nacionales que den vigor al SNS”, recalca.
Pedro Sabando, médico y emérito de la Comunidad de Madrid, fue subsecretario de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1985 y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1995. Desde su punto de vista, el balance de estos cuarenta años “en general, es positivo. Aunque también hay insuficiencias, por razones políticas que se me escapan: cuando determinadas comunidades autónomas vulneraban los artículos básicos de la Ley General de Sanidad, los ministros no recurrían al Tribunal Constitucional. Y creo que se equivocaban”.
Pasos de gigante
En su opinión, “en los sistemas sanitarios hay que ir paso a paso. Y, en estos años, se han dado pasos gigantescos. No puede olvidarse que, cuando recuperamos la democracia en España, el sistema sanitario era un híbrido: por una parte tenía el seguro obligatorio de enfermedad –creado por Girón de Velasco– y, por otra, estaba regulado por la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, que se había promulgado en 1944 por Blas Pérez González. Esta ley ofrecía la beneficencia a los que no tuvieran recursos económicos y la provisión privada de la atención sanitaria. Esto, afortunadamente, se ha modificado de manera sustancial y podemos hablar de ello como historia”.
José Martínez Olmos –ahora senador por Granada, portavoz de Sanidad del grupo socialista en la Cámara Alta, coordinador de la organización sectorial de Sanidad del PSOE y secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011– coincide en valorar el balance como positivo. “Todos los gobiernos (y especialmente los socialistas) han dado pasos relevantes para la creación del SNS, con la ley que se aprobó en 1986 o con la universalización de la Sanidad de la Ley General de Salud Pública de 2011 o la Ley de Cohesión de la ministra Ana Pastor”, recuerda.
Sin embargo, lamenta los recortes que se han producido en las últimas legislaturas de Rajoy, “que han supuesto un retroceso importante en la función del Ministerio y en el papel que tiene que jugar para hacer un SNS fuerte y con equidad, que es donde más se resiente”.
Tres desafíos pendientes
El político granadino apuesta porque, en el futuro, el Ministerio “recupere un papel importante. Yo soy partidario de que se cree una comisión en las Cortes Generales similar al Pacto de Toledo, de manera que haya un espacio donde los grupos políticos, los agentes sociales y los profesionales y los sindicatos, los pacientes y otras organizaciones, puedan tener un espacio donde reflexionar sobre cómo planificar de nuevo el SNS ante los desafíos que tiene”.
Según su criterio, estos retos son la insuficiente financiación (que genera un déficit anual de al menos 7.000 millones de euros), la ya citada equidad y la reorientación del sistema hacia la cronicidad y el envejecimiento. “Por lo tanto, en este ámbito de costes generales, el papel del Ministerio debe propiciar llegar a un Pacto de Estado que permita asegurar que se van tomando las medidas necesarias para adaptar el sistema a las necesidades de los pacientes”.
Rubén Moreno era secretario general de Gestión y Cooperación del Ministerio de Sanidad y presidente del Insalud cuando se completaron las transferencias a las comunidades autónomas, siendo ministra Celia Villalobos. Su balance “solo puede ser positivo y el resultado del SNS es el resultado de muchos gobiernos y ministros que lo han intentado hacer lo mejor posible. Es un gran SNS, con todos sus defectos: es más fácil verlo desde fuera, porque dentro somos implacables, a la hora de juzgarlo. Pero no hay país en el mundo como España en el que la asistencia sanitaria vaya a suponer una carga adicional sea cual sea la situación de un paciente. Es un sistema único con 500 millones de actos médicos que nos sitúan en los países con mayor esperanza de vida del planeta. Debemos estar muy orgullosos. Y agradecer su trabajo a los profesionales, porque parte del coste del sistema descansa sobre su labor”.
Otros aspectos que destaca Moreno son la “extraordinaria” formación, la organización de los trasplantes “única en el mundo” y el hecho de tener una población sensibilizada en tener un buen sistema sanitario a un coste razonable.
Entre los hándicaps, enumera “las visiones dogmáticas políticas frente a las visiones mixtas de colaboración público-privada. Las experiencias para ser mucho más eficientes no han sido evaluadas económicamente ni desde el punto de vista de salud. Por tanto, tenemos que seguir avanzando, pero nuestro sistema es envidiado en todo el mundo”.
Por último, Fernando Lamata, secretario general de Sanidad entre 2004 y 2005, valora también positivamente los 40 años del ministerio. Como indica, “Sanidad es un Ministerio necesario, que tiene que tener suficiente peso en el Gobierno para impulsar un SNS de calidad y para todos. La salud es importante. Es verdad que muchos aspectos que tienen que ver con la salud no dependen de las estructuras sanitarias, como la alimentación, el abrigo, el trabajo, la educación, el medio ambiente o el ocio creativo, entre otros. Pero, precisamente, el Ministerio de Sanidad puede liderar el desarrollo de la Salud en todas las políticas. Además, las intervenciones sanitarias (incluyendo la prevención, la promoción de la salud, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado) evitan la muerte prematura y alivian el dolor de miles de personas. Sin esas intervenciones, la esperanza de vida disminuiría de forma muy importante, alrededor de un 30 por ciento.
“A lo largo de estos años, cuando ha habido voluntad de entendimiento, las comunidades autónomas han aceptado el liderazgo del Ministerio de forma constructiva. Cuando se ha intentado imponer las políticas sin diálogo, se ha generado rechazo. La labor de coordinación y el impulso a la cooperación que puede y debe realizar el Ministerio son fundamentales si queremos garantizar la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud”, opina.
Tal y como señala, para llevar a cabo con eficacia sus tareas, “el Ministerio necesita dotación suficiente y una preparación adecuada de sus profesionales. Por otro lado, sería muy conveniente una cierta estabilidad en los equipos. Si los ministros solo duran un año es difícil llevar a cabo estrategias a medio plazo”.
El primer ministro de Sanidad de la democracia fue Enrique Sánchez de León, de UCD, con Adolfo Suárez de presidente del Gobierno. Ostentó el cargo durante casi dos años, hasta abril de 1979. Abogado experto en derecho sindical, había sido director general de Ordenación de la Seguridad Social. Entre sus logros, destaca la modernización del Insalud.
Le sucedió en el cargo el abogado del Estado Juan Rovira Tarazona, que había sido subsecretario de Hacienda durante el franquismo. Su principal hito fue regular por primera vez la donación de trasplante de órganos. Fue cesado el 8 de septiembre de 1980 y sustituido por el también abogado del Estado Alberto Oliart.
Con una larga carrera previa en el franquismo con cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, Renfe o el Tribunal Supremo, fue nombrado por Suárez ministro de Industria y Energía durante un breve periodo de tiempo, para posteriormente colaborar en la elaboración del Estatuto de Guernica. El 26 de febrero de 1981 –cinco días después del intento de golpe de estado– el recién nombrado Leopoldo Calvo Sotelo le designa para la difícil tarea de ser ministro de Defensa, cargo que ostentaría hasta la victoria socialista de 1982. Su libro de memorias “Contra el olvido”, obtuvo en 1997 el X Premio Comillas de Biografía, Autobiografía y Memorias.
Calvo Sotelo aglutina Sanidad y Trabajo
El primer ministro de Sanidad del gabinete Calvo Sotelo fue Jesús Sancho Rof, que ha pasado a la historia como uno de los titulares más polémicos. Doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Óptica y Estructura de la Materia, había sido director general de RTVE al final del franquismo. Ya en democracia, ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Interior y, en 1979, fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
Ya como ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, impulsó el I Acuerdo Nacional de Empleo, que aglutinó a la CEOE, a CCOO, UGT y el Gobierno. Pero por el hecho por el que ha pasado a la historia, además de por la primera transferencia a una comunidad autónoma –Cataluña–, fue por las desafortunadas declaraciones sobre el síndrome tóxico causado por aceite de colza desnaturalizado. El 21 de mayo de 1981, tres semanas después de los primeros fallecimientos, Sancho Rof apareció en el Telediario de TVE, en horario de máxima audiencia, declarando que la causa era “un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si cae de la mesa, se mata”.
Fue sustituido seis meses y medio después, el 2 de diciembre de 1981. Un mes antes, el ministerio había vuelto a desgajarse, perdiendo las competencias de Seguridad Social, excepto el Insalud. El nuevo titular fue el abogado Manuel Núñez Pérez, último ministro de Sanidad de UCD y que había sido secretario de estado de Empleo y Relaciones Laborales. En 2013, su nombre surgió en relación con el caso Bárcenas.
Victoria socialista y creación del SNS
La victoria socialista del 28 de octubre de 1982 llevó aparejada el evidente cambio de cartera. El nuevo responsable fue Ernest Lluch, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y profesor ayudante en esta institución, de la que fue expulsado por su actividad antifranquista. En 1974 fue nombrado catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y, posteriormente, de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona.
Fue diputado en las Cortes en 1977, 1979, 1982 y 1986 y portavoz del grupo de los socialistas catalanes desde 1980. De su labor como ministro debe destacarse que fue el primero en cumplir una legislatura entera, algo que solo han logrado Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría. Y, sobre todo, por impulsar la Ley General de Sanidad de 1986, sentando las bases legales del Sistema Nacional de Salud, de la universalización de la atención sanitaria y por la segunda transferencia sanitaria, en este caso a Andalucía.
Tras cesar como ministro en 1986, se reincorporó a la cátedra de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona. Tres años después, asumió el cargo de rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ya retirado de todas sus responsabilidades, fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el garaje de su casa de Barcelona el 21 de noviembre de 2000. El salón principal de actos del Ministerio de Sanidad está dedicado a su memoria.
La segunda victoria socialista, en las elecciones del 22 de junio de 1986, propició una nueva sustitución en el ministerio de Sanidad. El testigo de Lluch fue recogido por Julián García Vargas, licenciado en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda. Entre sus responsabilidades previas destacó la subinspección de Política Financiera y la presidencia del Instituto de Crédito Oficial.
Al frente del ministerio, puso en marcha la Ley General de Sanidad, la polémica ley del aborto, el Decreto de Universalización, la Ley del Medicamento de 1990 e impulsó la reforma que finalmente llevaría a la práctica la ministra Ángeles Amador. También transfirió, en 1987, las competencias sanitarias a País Vasco y Comunidad Valenciana y, tres años después, a Galicia y Navarra. Fue revalidado en el cargo tras la tercera victoria socialista consecutiva, en octubre de 1989.
Nuevo relevo
El 13 de marzo de 1991 se produjo una crisis de gobierno, consecuencia de la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra un par de meses antes, por los escándalos de tráfico de influencias de su hermano. Julián García Valverde fue nombrado por Felipe González nuevo ministro, mientras que García Vargas pasó a Defensa, cargo en el que se mantuvo hasta junio de 1995. En la actualidad, se dedica al asesoramiento de empresas.
García Valverde, licenciado en ciencias económicas, técnico comercial del Estado y profesor de microeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de RENFE, apenas fue ministro durante 10 meses. Fue imputado en enero de 1992 por la adjudicación de terrenos de la línea del AVE Madrid-Sevilla, cuando era máximo responsable de los ferrocarriles. La Audiencia Provincial de Madrid acabó absolviéndole 15 años después.
El penúltimo ministro de Sanidad del felipismo fue José Antonio Griñán, que pasó de la Consejería de Salud de Andalucía al despacho en el Paseo del Prado. En apenas 16 meses de gestión, redujo las listas de espera y se mostró relativamente favorable a la privatización. Pero su acción más destacada fue la exclusión de la financiación pública de casi 800 medicamentos, una medida que ha pasado a la historia con el nombre de ‘medicamentazo’.
Tras una etapa parlamentaria en Madrid, volvió a la política andaluza en 2004, primero como consejero de Economía y Hacienda y posteriormente como vicepresidente segundo de la Junta. Tras la dimisión de Manuel Chaves, fue nombrado presidente de la comunidad autónoma en 2009, cargo del que también tuvo que dimitir en 2013. El juicio de los ERES les sentará a ambos en el banquillo el próximo mes de diciembre.
Segunda mujer en el cargo
El gobierno socialista, cercado por la corrupción, ganó por sorpresa las elecciones de junio de 1993. La victoria en minoría propició una coalición con CIU. Un mes después, González nombró a Ángeles Amador ministra, la primera mujer en ocupar la cartera desde Federica Montseny. Tras cinco años de experiencia en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como secretaria técnica, fue nombrada en 1991 subsecretaria del Ministerio de Sanidad por Griñán, por lo que la sucesión en la cartera pareció lógica.
Amador prosiguió con la vía de los ‘medicamentazos’ y reformuló el catálogo de prestaciones, puso en marcha un nuevo sistema de financiación y abordó la ingente deuda, una asignatura pendiente obviada por ministros anteriores. También impulsó la Ley General de la Seguridad Social y completó las transferencias sanitarias a Canarias.
Pero quizá el gran reto fue la huelga de estudiantes de Medicina, causada porque la Administración no les garantizaba los dos años de formación que una directiva de la UE –que entraba en vigor el 1 de enero de 1995– exigía para ejercer en la Sanidad pública.
Con el lema 6=0, los manifestantes llegaron incluso a realizar un ‘escrache’ en la puerta de su casa. La situación se logró desbloquear sobre la campana, el 22 de diciembre de 1994: el Ministerio prometió acabar con la bolsa histórica de 11.000 aspirantes al MIR y otorgó el título de médico de familia a 4.000 de ellos, que ya trabajaban en la Sanidad pública.
Un veterano al frente
La ruptura del pacto de legislatura por parte de CIU (y la imposibilidad de aprobar los presupuestos) abocó a la celebración de elecciones anticipadas, que fueron ganadas por primera vez en democracia por el PP. José María Aznar eligió al veterano José Manuel Romay Beccaría –entonces de 68 años– como primer ministro de Sanidad de su gabinete.
Bajo la presidencia de Gerardo Fernández Albor, había sido vicepresidente en el primer gobierno autonómico de Galicia y, posteriormente, consejero de Sanidad, aunque su experiencia provenía sobre todo del franquismo, cuando fue secretario general de Sanidad entre 1963 y 1966.
Cumplió los cuatro años de legislatura, con diferentes polémicas: nuevos ‘medicamentazos’, nacimiento de las fundaciones sanitarias, gestión de la crisis causada por un brote de meningitis o por la disponibilidad de la Viagra para los pacientes, que fue desmentida por el propio Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Gobierno, en su comparecencia de los viernes antes los medios en Moncloa. La labor de modernización del Insalud, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, fue muy bien valorada. También se creó durante su mandato la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Tras la victoria por mayoría absoluta de Aznar en 2000, pasó a presidir la comisión de Justicia e Interior del Congreso y ha sido presidente del Consejo de Estado en dos ocasiones, cargo que ostenta en la actualidad. En 2010 fue nombrado tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas, y un año después fue elegido senador. Cesó en ambas responsabilidades en 2012.
Acaba el proceso de transferencias
La remodelación ministerial de Aznar tras la victoria electoral propició que Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, asumiera el cargo. Pese a que culminó con éxito las transferencias sanitarias a las 10 comunidades autónomas pendientes de hacerlo e impulsó los genéricos, es recordada por sus numerosos patinazos en el campo de la comunicación. Especialmente en el caso de las vacas locas, que propició la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Otros casos polémicos con los que tuvo que lidiar Villalobos fueron el del orujo de aceite de oliva, el de Lipobay, el de los dializadores (que causaron la muerte de una treintena de pacientes sometidos a hemodiálisis) o sus declaraciones tras el 11-S, en las que trataba de tranquilizar a la población respecto a una posible guerra bacteriológica, pero que crearon gran alarma social. Desde julio de 2002, cuando fue cesada, ha ocupado cargos de responsabilidad en el Congreso, donde ha protagonizado diferentes controversias que han saltado a los medios de comunicación y a las redes sociales.
Un médico al frente
En julio de 2002, Aznar llevó a cabo su mayor remodelación ministerial, con nueve cambios de cartera. Ana Pastor, zamorana criada en Pontevedra, fue nombrada ministra de Sanidad, la primera licenciada en Medicina y Cirugía en acceder al cargo. Muy próxima a Mariano Rajoy, acompañó al actual presidente del gobierno, siempre en el cargo de subsecretaria, en los ministerios de Educación y Cultura, Presidencia e Interior. Con anterioridad, había sido directora general de Muface, entre otras responsabilidades en el ámbito de la Sanidad.
Estuvo menos de dos años al frente del cargo, remodelando la administración sanitaria y aprobando, con el apoyo unánime del Parlamento, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Además, tramitó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias e impulsó el Plan Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo. Tras la derrota del PP el 14 de marzo de 2004, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el partido. Entre 2011 y 2016 fue ministra de Fomento, cargo desde el que pasó a la presidencia del Congreso de los Diputados.
Tras su victoria electoral en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero optó por la orensana Elena Salgado como ministra. Su nombramiento sorprendió, por su falta de experiencia en el ramo. Sí contaba con una gran trayectoria como ingeniera industrial y economista, en los ministerios de Industria, Economía y Obras Públicas o presidiendo organismos como Correos, Hispasat, la línea de atención telefónica 11811 o el Teatro Real.
Su medida más destacada fue la ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y la ley del medicamento, que entró en vigor el 26 de julio de ese año, derogando la de 1990. Intentó presidir, sin éxito, la OMS aunque llegó a la fase final, siendo finalmente elegida Margaret Chan. También impulsó la estrategia NAOS contra la obesidad, el Plan de Calidad del SNS y los decretos sobre la cartera de servicios comunes, los bancos de células de cordón umbilical y el anisakis, así como la ley de Investigación Biomédica y el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Además, en 2004, el ministerio asumió el Plan Nacional sobre Drogas, transferido por el Ministerio de Interior.
El periodo de Salgado no estuvo exento de polémica, teniendo que capear las crisis causadas por la gripe aviar, la intoxicación de salmonela (que afectó a cientos de personas en el verano de 2005) o los casos de sedación del Hospital de Leganés. Además, intentó poner en marcha una ley anti-alcohol similar a la antitabaco, que fue paralizada por los lobbies del sector.
En julio de 2007, Rodríguez Zapatero remodeló su gabinete, con cuatro cambios. Y Salgado pasó a Administraciones Públicas, puesto que ocupó menos dos años. Posteriormente, fue ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno. Ahora, es consejera y asesora de diferentes empresas.
Su sucesor (y seguidor de sus políticas) fue el investigador Bernat Soria, segundo médico en llegar al cargo. Ocupó el despacho menos de dos años, perdiendo en este tiempo el ministerio las competencias de investigación, que fueron transferidas al efímero Ministerio de Ciencia e Innovación. Su acción más destacada fue poner las bases del Pacto por la Sanidad, que sigue pendiente ocho años después.
Una nueva crisis ministerial, en abril de 2009, propició otro cambio durante unos pocos meses en el ministerio, ahora denominado de Sanidad y Política Social, al asumir las competencias de Asuntos Sociales. Trinidad Jiménez ocupó el cargo hasta octubre de 2010, cuando pasó al ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Manejó con habilidad, con la ayuda de José Martínez Olmos, la campaña de vacunación de la gripe A a pesar de la pésima comunicación institucional de la OMS. También elaboró una ley antitabaco más estricta que la promulgada por Elena Salgado. Posteriormente, ha ocupado cargos de responsabilidad en el PSOE.
La ministra más joven
Leire Pajín fue la última ministra de Sanidad de Zapatero y la persona más joven en ostentar el cargo de ministro de Sanidad; accedió a la cartera con 34 años de nuevo rebautizada como de Sanidad, Política Social e Igualdad al desaparecer el Ministerio de Igualdad y asumir sus competencias, así como el Instituto de la Mujer y el de la Juventud.
Socióloga de formación, fue diputada (la más joven hasta entonces de la historia de la democracia), senadora, secretaria de Movimientos Sociales y de Organización del PSOE y secretaria de Estado de Cooperación. Apenas estuvo en el cargo 14 meses, hasta la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011. En la actualidad, trabaja en la Organización Panamericana de Salud.
Durante su periodo al frente del ministerio, entró en vigor la ley antitabaco que ‘heredó’ de Trinidad Jiménez y que convirtió a España en uno de los países de Europa más restrictivos en este campo. También impulsó la unidosis y la Ley de Dependencia y, justo al final de su mandato, la Ley General de Salud Pública, que garantizó la universalización del SNS, regulando también la profesión del psicólogo sanitario, que hasta entonces no estaba reconocida.
Nuevo cambio político
Ana Mato, licenciada en Políticas y Sociología, fue la elegida por Rajoy como ministra, en una cartera de nuevo rebautizada como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Su aversión a aparecer en los medios de comunicación tuvo como punto culminante el 6 de octubre de 2014, en la rueda de prensa para informar del contagio de ébola de una auxiliar de enfermería, la primera infección de este tipo en Europa. Sus titubeos, unidos a la gestión posterior de la crisis, provocaron un aluvión de críticas e incesantes peticiones de dimisión.
Sin embargo, no lo hizo hasta un mes después, cuando el juez del caso Gürtel la consideró partícipe a título lucrativo. Al día siguiente, el presidente del Gobierno se enfrentaba a un pleno sobre medidas anticorrupción en el Congreso y quiso evitar así la comprometedora foto de la ministra durante los debates. En total, estuvo menos de tres años al frente del cargo y sus competencias fueron asumidas durante unos días por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En la actualidad es asesora de los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo.
Su gestión se caracterizó por los recortes tanto en dependencia, como en gasto en Sanidad, cifrados en unos 7.000 millones de euros, con choques incluso con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Se elaboró un real decreto en el que se exigía cotizar para recibir atención sanitaria y excluyendo a los inmigrantes irregulares, con muchas críticas de la oposición, acusando de pérdida de universalidad del sistema. También se modificó el copago farmacéutico, por lo que los jubilados tuvieron que pagar por sus fármacos.
Cambio de rey
Alfonso Alonso se convirtió en el último ministro de Sanidad del reinado de Juan Carlos I y primero de Felipe VI. Exalcalde de Vitoria y portavoz del PP en el Congreso, tomó el testigo de Ana Mato durante poco más de año y medio, cuando optó a la presidencia del gobierno vasco, obteniendo un escaño en el parlamento autonómico.
En este breve periodo de tiempo, tuvo que hacer frente a la reclamación de los pacientes de hepatitis C para que pudieran recibir los nuevos tratamientos curativos. Además, rectificó el real decreto impulsado por Ana Mato, para que los inmigrantes pudieran recibir atención sanitaria en los centros de salud públicos.
Al estar el gobierno en funciones, sus atribuciones fueron asumidas de manera interina durante dos meses y medio por la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez. La abogada Dolors Montserrat, nombrada ministra en noviembre de 2016, es la última poseedora de la cartera y centra sus objetivos en la lucha contra la violencia de género y para que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea de Medicamentos. Además, se ha comprometido a tratar a los pacientes de hepatitis C, con independencia de la fase de la enfermedad, con los antivirales de última generación y a elaborar una estrategia nacional para la ELA.
¿Tiene vigencia el Ministerio de Sanidad?
Julio Sánchez Fierro fue llamado por la entonces ministra Celia Villalobos para ocupar el cargo de subsecretario en el Ministerio de Sanidad y vivió, en primera persona, el proceso de competencias. Aunque su experiencia en el Insalud comenzó en 1979, tras poner en marcha la CEOE tras ser fichado por Carlos Ferrer Salat.
Su experiencia sanitaria incluye también su participación en los borradores de la Ley General de Sanidad de 1986. Posteriormente, fue diputado, participando en la Comisión de Sanidad del Congreso. En la actualidad, entre otros cargos, es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
“Hay que celebrar este aniversario: la Sanidad es una de las bases fundamentales del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ministerio de Sanidad tiene un papel importante que jugar. Y tendría que verse reforzado en términos de liderazgo y de capacidad de coordinación ante la descentralización que supone el hecho autonómico. Y, evidentemente, debe impulsar políticas y estrategias nacionales que den vigor al SNS”, recalca.
Pedro Sabando, médico y emérito de la Comunidad de Madrid, fue subsecretario de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1985 y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1995. Desde su punto de vista, el balance de estos cuarenta años “en general, es positivo. Aunque también hay insuficiencias, por razones políticas que se me escapan: cuando determinadas comunidades autónomas vulneraban los artículos básicos de la Ley General de Sanidad, los ministros no recurrían al Tribunal Constitucional. Y creo que se equivocaban”.
Pasos de gigante
En su opinión, “en los sistemas sanitarios hay que ir paso a paso. Y, en estos años, se han dado pasos gigantescos. No puede olvidarse que, cuando recuperamos la democracia en España, el sistema sanitario era un híbrido: por una parte tenía el seguro obligatorio de enfermedad –creado por Girón de Velasco– y, por otra, estaba regulado por la Ley de Bases de la Sanidad Nacional, que se había promulgado en 1944 por Blas Pérez González. Esta ley ofrecía la beneficencia a los que no tuvieran recursos económicos y la provisión privada de la atención sanitaria. Esto, afortunadamente, se ha modificado de manera sustancial y podemos hablar de ello como historia”.
José Martínez Olmos –ahora senador por Granada, portavoz de Sanidad del grupo socialista en la Cámara Alta, coordinador de la organización sectorial de Sanidad del PSOE y secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011– coincide en valorar el balance como positivo. “Todos los gobiernos (y especialmente los socialistas) han dado pasos relevantes para la creación del SNS, con la ley que se aprobó en 1986 o con la universalización de la Sanidad de la Ley General de Salud Pública de 2011 o la Ley de Cohesión de la ministra Ana Pastor”, recuerda.
Sin embargo, lamenta los recortes que se han producido en las últimas legislaturas de Rajoy, “que han supuesto un retroceso importante en la función del Ministerio y en el papel que tiene que jugar para hacer un SNS fuerte y con equidad, que es donde más se resiente”.
Tres desafíos pendientes
El político granadino apuesta porque, en el futuro, el Ministerio “recupere un papel importante. Yo soy partidario de que se cree una comisión en las Cortes Generales similar al Pacto de Toledo, de manera que haya un espacio donde los grupos políticos, los agentes sociales y los profesionales y los sindicatos, los pacientes y otras organizaciones, puedan tener un espacio donde reflexionar sobre cómo planificar de nuevo el SNS ante los desafíos que tiene”.
Según su criterio, estos retos son la insuficiente financiación (que genera un déficit anual de al menos 7.000 millones de euros), la ya citada equidad y la reorientación del sistema hacia la cronicidad y el envejecimiento. “Por lo tanto, en este ámbito de costes generales, el papel del Ministerio debe propiciar llegar a un Pacto de Estado que permita asegurar que se van tomando las medidas necesarias para adaptar el sistema a las necesidades de los pacientes”.
Rubén Moreno era secretario general de Gestión y Cooperación del Ministerio de Sanidad y presidente del Insalud cuando se completaron las transferencias a las comunidades autónomas, siendo ministra Celia Villalobos. Su balance “solo puede ser positivo y el resultado del SNS es el resultado de muchos gobiernos y ministros que lo han intentado hacer lo mejor posible. Es un gran SNS, con todos sus defectos: es más fácil verlo desde fuera, porque dentro somos implacables, a la hora de juzgarlo. Pero no hay país en el mundo como España en el que la asistencia sanitaria vaya a suponer una carga adicional sea cual sea la situación de un paciente. Es un sistema único con 500 millones de actos médicos que nos sitúan en los países con mayor esperanza de vida del planeta. Debemos estar muy orgullosos. Y agradecer su trabajo a los profesionales, porque parte del coste del sistema descansa sobre su labor”.
Otros aspectos que destaca Moreno son la “extraordinaria” formación, la organización de los trasplantes “única en el mundo” y el hecho de tener una población sensibilizada en tener un buen sistema sanitario a un coste razonable.
Entre los hándicaps, enumera “las visiones dogmáticas políticas frente a las visiones mixtas de colaboración público-privada. Las experiencias para ser mucho más eficientes no han sido evaluadas económicamente ni desde el punto de vista de salud. Por tanto, tenemos que seguir avanzando, pero nuestro sistema es envidiado en todo el mundo”.
Por último, Fernando Lamata, secretario general de Sanidad entre 2004 y 2005, valora también positivamente los 40 años del ministerio. Como indica, “Sanidad es un Ministerio necesario, que tiene que tener suficiente peso en el Gobierno para impulsar un SNS de calidad y para todos. La salud es importante. Es verdad que muchos aspectos que tienen que ver con la salud no dependen de las estructuras sanitarias, como la alimentación, el abrigo, el trabajo, la educación, el medio ambiente o el ocio creativo, entre otros. Pero, precisamente, el Ministerio de Sanidad puede liderar el desarrollo de la Salud en todas las políticas. Además, las intervenciones sanitarias (incluyendo la prevención, la promoción de la salud, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado) evitan la muerte prematura y alivian el dolor de miles de personas. Sin esas intervenciones, la esperanza de vida disminuiría de forma muy importante, alrededor de un 30 por ciento.
“A lo largo de estos años, cuando ha habido voluntad de entendimiento, las comunidades autónomas han aceptado el liderazgo del Ministerio de forma constructiva. Cuando se ha intentado imponer las políticas sin diálogo, se ha generado rechazo. La labor de coordinación y el impulso a la cooperación que puede y debe realizar el Ministerio son fundamentales si queremos garantizar la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud”, opina.
Tal y como señala, para llevar a cabo con eficacia sus tareas, “el Ministerio necesita dotación suficiente y una preparación adecuada de sus profesionales. Por otro lado, sería muy conveniente una cierta estabilidad en los equipos. Si los ministros solo duran un año es difícil llevar a cabo estrategias a medio plazo”.