En el mes de abril, un documento enviado por el Gobierno central a Bruselas sacaba a la luz nuevas medidas de ahorro que se iban a implantar en el año 2013, como la reforma de la cartera de servicios (donde 36 sociedades científicas se comprometían a colaborar con el Ministerio en su revisión a través del proyecto 'Compromiso por la Calidad de las Sociedades Médicas en España'), la reducción del gasto farmacéutico o la implantación de la E-Salud y de un nuevo modelo de gestión clínica. En el ámbito de la dependencia, los beneficiarios verían incrementada su contribución en un 5 por ciento. Con todo esto, el Plan de Reformas para 2013 establecía un recorte de 3.134 millones de euros en Sanidad y de 828 para Dependencia.
El año se iniciaba con la suspensión cautelar del euro por receta en Cataluña a cargo del Tribunal Constitucional (TC). Ésta era la consecuencia lógica de la admisión a trámite de un recurso presentado por el Gobierno central contra una medida aprobada por la Generalitat en marzo de 2012 y que había generado una gran polémica social a lo largo de los últimos meses. El Ejecutivo de Mariano Rajoy alegaba que las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16 de la Constitución Española. A finales del mes de enero, el mismo tribunal también dejaba en suspenso el euro por receta en Madrid al resolverse otro recurso idéntico.
El concurso andaluz de fármacos, retrato de una obsesión
Otra medida que continuaba su particular 'vía crucis' judicial era la subasta andaluza de fármacos, planteada y desarrollada en 2012. El pleno del TC hacía público en enero el auto por el cual se procedía al levantamiento de su suspensión tras el recurso presentado por el Gobierno central. La resolución reconocía que las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado 'carecen de entidad suficiente' para impedir su desarrollo. De este modo, y a la espera de la resolución que 'en su día se adoptó respecto al debate de fondo', el alto tribunal aceptaba la petición de la Junta de Andalucía de levantar, por segunda vez, una suspensión que regía desde el pasado 1 de agosto en base a la 'presunción de validez propia de las leyes'.
El Gobierno central volvía a la carga en febrero y llevaba la medida andaluza al TC por tercera vez desde que se puso en marcha, solicitándose nuevamente la suspensión de la norma por vulnerar las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica. El alto tribunal admitía a trámite el conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo contra la segunda convocatoria pública para la subasta de medicamentos en Andalucía, pero ya no contemplaba su paralización. En esta ocasión, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había sacado a concurso 330 principios activos. Muchos de los medicamentos ofertados quedaron desiertos, por lo que se vislumbraba un nuevo concurso.
Dicho y hecho. La Junta de Andalucía lanzaba una nueva convocatoria para un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos y el Gobierno central la recurría por la vía contencioso-administrativa. El tercer concurso público de selección de medicamentos se resolvía con la elección de 12 laboratorios. Entre los fármacos seleccionados había antiulcerosos, hipoglucemiantes, antitrombóticos, diuréticos, antihipertensivos, reductores del colesterol y los triglicéridos, antifúngicos, antibióticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, antihistamínicos y ansiolíticos. Se estima que los fármacos seleccionados empezarán a dispensarse en las farmacias andaluzas en febrero de 2014.
Reforma de la Ley del Medicamento
Paralelamente, la mayoría absoluta del PP se había impuesto en julio para que la reforma de la Ley del Medicamento 29/2006 fuera aprobada tanto en el Senado como, posteriormente, en el Congreso. No sólo se incorporaban dos directivas europeas para mejorar los sistemas de farmacovigilancia, ofrecer más seguridad a la población y evitar la falsificación de fármacos, sino que la nueva norma afectaba directamente a la subasta andaluza -impide a las autonomías introducir diferencias en el catálogo, precio y condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios y modificar el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad- y a los equivalentes terapéuticos (grupos farmacológicos que comparten alguna indicación terapéutica).
En el mes de septiembre, María José Sánchez Rubio relevaba a María Jesús Montero 'responsable de la polémica subasta de fármacos- al frente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía. Con este cambio de perfil, la nueva presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, pretendía focalizarse en los asuntos sociales y otorgarle más peso político a la igualdad. La ex consejera de Salud pasaba a hacerse cargo de la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas. En el Congreso de los Diputados, sin embargo, era el propio Manuel Cervera quien, por sorpresa, anunciaba su decisión de abandonar la política activa. Rubén Moreno, diputado por Valencia, ocupaba entonces su cargo de portavoz del PP en la Comisión de Sanidad.
Sanidad llega a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica
El 11 de febrero, el Foro de la Profesión Médica firmaba un acuerdo de colaboración con Sanidad que suponía, entre otras cosas, el aplazamiento 'sine die' de una gran manifestación convocada para el día 23-F bajo el lema 'En defensa de nuestro sistema de salud'. En este contexto, el Ministerio se comprometía a: formar una comisión de seguimiento y tres grupos de trabajo, establecer dos meses de plazo para presentar las conclusiones finales y elevar todo esto al Consejo Interterritorial del SNS. El convenio había sido propuesto por la ministra Ana Mato y su secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, durante una reunión mantenida a finales de enero con altos representantes de las siete organizaciones que conforman el Foro.
Como consecuencia de todo esto, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), la Unión Sindical y Auxiliares de Enfermería (USAE), el sindicato de Enfermería SATSE y el Sector Nacional de Sanidad CSI-F presentaban una queja a la Defensora del Pueblo por la 'reiterada y constante' vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad al no haberse constituido una mesa de diálogo con representación de todos estos sindicatos que legitimara de alguna manera el acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, donde se tratan cuestiones profesionales y laborales.
Pese a las quejas sindicales, el 30 de julio se firmaba en el Palacio de la Moncloa el Pacto por la Sostenibilidad del Sistema Sanitario entre el Foro de la Profesión Médica y Sanidad, al que se unía el Consejo General de Enfermería en el último momento. Posteriormente se producía una foto histórica en la que Mariano Rajoy aparecía rodeado por la cúpula directiva del Ministerio, los representantes de los médicos y de los enfermeros, y los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP. Mientras que Ana Mato decía del acuerdo que 'está destinado a proteger la gestión sanitaria del debate partidista y a defenderla como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar', el PSOE censuraba la ausencia de las autonomías.
En la conferencia de presentación del Pacto, celebrada en octubre, la ministra de Sanidad invitaba a unirse a la iniciativa al resto de las profesiones sanitarias, así como a las asociaciones de pacientes. Como consecuencia de esto, la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña, firmaba en noviembre su adhesión a este gran acuerdo, en el que ya estaban juntos los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos. Es muy probable que en 2014 continúe desarrollándose esta vía con la incorporación de las comunidades autónomas e incluso de los partidos políticos.
La externalización sanitaria alcanza su punto álgido
Tras varios intentos de negociación con los sindicatos de la mesa sectorial y numerosas manifestaciones a favor de la Sanidad pública y contra los recortes, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, seguía adelante con su concurso hospitalario entre idas y venidas judiciales. Tras la adjudicación de la gestión de seis hospitales autonómicos en septiembre, el juez Gerardo Martínez Tristán tomaba la decisión de unificar todos los recursos que se habían presentado contra la externalización, lo que traía consigo la recusación del magistrado por parte del PSM. Ésta era finalmente rechazada en diciembre, quedando la decisión final sobre el proceso en manos de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pese a todo, Madrid mejoraba su valoración con respecto a años anteriores en el X Informe de Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Las regiones más afectadas por los recortes eran La Rioja, Castilla-La Mancha y Baleares, mientras que Navarra, Aragón y Asturias se situaban en los mejores puestos. La Comunidad Valenciana se perpetuaba como la peor valorada. El portavoz de FADSP, Marciano Sánchez Bayle, destacaba un empeoramiento generalizado en todas las autonomías por primera vez desde que se lleva a cabo este estudio, teniendo en cuenta que los datos analizados corresponden al año 2012.
Después de cinco años de gobierno popular, los profesionales de la Sanidad gallega convocaban en diciembre la primera huelga de la era Feijóo: 48 horas de paro a partir del día 8 para exigir a la Xunta un cambio de políticas. Junto a los sindicatos tradicionales (UGT, Comisiones Obreras y CIG), eran las organizaciones médicas las que tomaban la iniciativa en esta ocasión. Tanto CESM como O'Mega exponían algunos de los objetivo del paro: paralizar el copago farmacéutico, recuperar la tasa de reposición de médicos en los hospitales autonómicos y frenar los contratos 'basura' en el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Si los organizadores aseguraban que el seguimiento había sido superior al 70 por ciento, la Xunta lo rebajaba a menos del 30 por ciento.
La incorporación de la innovación en el SNS
A mediados de año se ponían en marcha los denominados 'Informes de Posicionamiento Terapéutico', exentos de elementos económicos y articulados sobre la base del conocimiento médico. El objetivo final de esta nueva herramienta de evaluación de medicamentos, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, es partir de una posición consensuada que permita ganar tiempo en el proceso de fijación de precio y que facilite el acceso de los fármacos a los pacientes que los necesitan. Todo el proceso debería durar 118 días. Además, los nuevos medicamentos serían sometidos a un sistema de seguimiento durante un año para determinar si los resultados que se obtienen con su uso se ajustan a lo establecido en la ficha técnica.
Precisamente, los datos del penúltimo Boletín de Coyuntura de Farmaindustria desvelaban una importante caída del gasto público en medicamentos innovadores durante los últimos dos años, sensiblemente superior a la del gasto farmacéutico total, que se redujo un 6 por ciento en el periodo comprendido entre mayo de 2011 y junio de 2012. A su vez, la patronal ha apuntado que el nuevo sistema de copagos no ha hecho sino ampliar la brecha entre ambas variables. Al hilo de estos datos, PSOE y CiU han defendido en el Congreso de los Diputados la creación de un fondo estatal adicional con el que ayudar a las comunidades autónomas a financiar los nuevos tratamientos innovadores que vayan incorporándose al SNS.
Entre tantas adversidades, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, celebraba el nuevo plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno central a finales de 2013. Gracias a la primera fase de esta medida, las entidades locales y autonómicas tendrían que poder hacer frente a los impagos acumulados a lo largo de 2012 y hasta el 31 de mayo de 2013. Las previsiones apuntan a que primero se solventarán los pagos a oficinas de farmacias o conciertos sanitarios y sociosanitarios, entre otros, hasta sumar cerca de 4.700 millones de euros. Sin embargo, el caso de las deudas que las administraciones acumulan con las compañías farmacéuticas innovadoras y las empresas de tecnología sanitaria no se resolverá hasta febrero de 2014.
Consejo Interterritorial
En el ámbito del Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad y las autonomías fijaban en el mes de marzo los tramos de edad para la vacunación en tosferina, Virus del Papiloma Humano, meningococo C y varicela, lográndose de este modo el primer calendario vacunal infantil único para toda España. Asimismo, el 23 de julio se acordaba reforzar la detección precoz del cáncer siguiendo criterios comunes en los cribados de colon, mama y cérvix, y se implantaba el consejo genético en todas las comunidades. Destacaba especialmente la polémica generada en torno a las garantías de la reproducción asistida en todo este proceso de reorganización de la cartera básica de servicios.
En la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del SNS previa al Consejo Interterritorial del mes de julio también se daba el visto bueno definitivo al proyecto de Real Decreto de Troncalidad, que regulará el nuevo sistema de formación médica especializada. Pendiente a día de hoy del dictamen del Consejo de Estado, destacan dos variaciones importantes en el texto normativo: los programas formativos de tronco 'serán periódicamente revisados y actualizados' y no hay una prohibición taxativa de que superen los dos años. Por su parte, al ACE (Área de Capacitación Específica) de Infecciosas se podía acceder finalmente desde Neumología y Pediatría, y al de Urgencias y Emergencias, desde Anestesiología y Reanimación.
En verano también se daba el visto bueno final a la última prueba ECOE, para el acceso por vía extraordinaria al título de Médico de Familia. Aunque en un principio se habló de que los exámenes se iban a celebrar antes de finalizar el año 2013, finalmente éstos se retrasaban hasta enero de 2014 por los problemas técnicos que estaba teniendo el Ministerio de Educación a la hora de validar las solicitudes, con la consiguiente decepción de las tres grandes sociedades científicas de Atención Primaria. La prueba se celebrará en tres sedes: Madrid, Barcelona y Sevilla. Además, por primera vez no se ha recurrido al concurso para su organización, sino que ésta corre a cargo del propio Ministerio de Sanidad, con la participación de las comunidades autónomas.
Más copago en 2013
En julio se cumplía un año de copago sanitario, con el siguiente balance de resultados a cargo del Ministerio de Sanidad: un ahorro de 1.976 millones de euros en el gasto farmacéutico y una reducción considerable del gasto medio por receta, que se quedaba en los 10,60 euros. Lejos de parecer todo esto suficiente, el equipo de Ana Mato daba una nueva vuelta de tuerca a los recortes sanitarios y anunciaba un nuevo copago para los medicamentos dispensados en Farmacia Hospitalaria para pacientes no ingresados. El BOE recogía entonces 157 presentaciones farmacológicas con un límite máximo de aportación de 4,20 euros. Sanidad aclaraba que no se incluían los medicamentos de uso hospitalario, como los antirretrovirales.
En la reunión de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad acordaba con las comunidades una flexibilización en la fecha de aplicación del copago de fármacos hospitalarios ambulatorios. Las regiones irían poniendo en marcha esa nueva aportación del usuario a medida que fueran estando preparadas para ello, sin establecerse ninguna fecha límite. Posteriormente, y para sorpresa de la propia Ana Mato, muchas autonomías mostraban su rechazo frontal a la medida. Castilla y León anunciaba en diciembre su intención de llevar el copago farmacéutico hospitalario a los tribunales, después de que el Ministerio rechazara el requerimiento del presidente regional para que no se aplicara.
En el ámbito internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) avisaba en su último informe 'Panorama de la Salud 2013', de noviembre, del 'freno importante' que ha sufrido el gasto sanitario en aquellos países cuyos gobiernos han recortado sus presupuestos con motivo de la crisis económica. Además, recuerdan que la reducción de la oferta de servicios sanitarios y los cambios en su financiación, a través de un aumento de los pagos directos del ciudadano, también están afectando al acceso a la atención sanitaria. En este caso, en el informe se cita el aumento de los tiempos de espera para algunas operaciones en países como España, Portugal, Inglaterra o Irlanda, tras años de mejora.
Modernización de los colegios profesionales
El Consejo de Ministros aprobaba un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en el mes de agosto con el objetivo de modernizar un sector 'relevante, importante y dinamizador de la economía', según afirmaba el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior. 'Damos un paso fundamental en la modernización y liberalización de un sector muy competitivo', explicaba. Y se respondía así a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea. Entre otros aspectos a destacar, el texto limitaba la colegiación obligatoria a las profesiones sanitarias, jurídicas y técnicas que exijan visado, desarrollaba principios de transparencia y buen gobierno en dichos colegios, y establecía el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales.
Sin embargo, la Organización Médica Profesional (OMC) no lo veía todo tan positivo, y así se lo hacía saber al Gobierno central mediante un amplio informe de alegaciones. El aspecto más criticado por esta entidad era el establecimiento de un 'excesivo control de las funciones inherentes a los colegios profesionales por parte de las administraciones'. Tal intervencionismo 'pone en riesgo la independencia de las corporaciones'. Otro punto polémico del texto era la territorialidad de la colegiación. 'El médico debe estar colegiado donde realmente ejerce su actividad profesional principal', dice el informe de alegaciones de la OMC. Economía ha suavizado finalmente el texto del anteproyecto de ley, que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la antigua Comisión Nacional de la Competencia) acaba de emitir un informe favorable sobre el anteproyecto de ley que, sin embargo, insta al Ministerio de Economía a derogar la colegiación obligatoria para todos aquellos profesionales sanitarios que trabajen en la Sanidad pública. 'Atendiendo al principio de proporcionalidad, la Administración en la que están inmersos se encuentra mejor posicionada que un colegio profesional para minimizar la repercusión sobre el interés general de las posibles asimetrías de información que dificulten el eficiente funcionamiento del mercado. Esto no es así en el sector privado', según este organismo.
Rodríguez Sendín continúa al frente de la OMC
El 9 de marzo, Juan José Rodríguez Sendín renovaba como presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) para los próximos 4 años, tras no haberse presentado ninguna candidatura alternativa al cargo y con una participación cercana al 95 por ciento del electorado. En esta ocasión, el apoyo de los presidentes de los colegios médicos fue mayor que en las anteriores elecciones, donde obtuvo 11 votos en blanco (esta cifra se reducía a 6 en 2013). José María Rodríguez Vicente y Jerónimo Antonio Fernández eran nombrados tesorero y vicesecretario respectivamente, mientras que Fernando Rivas Navarro, vocal de Formación hasta ese momento, era elegido representante nacional de la Sección de Médicos con Empleo Precario.
En noviembre fallecía el doctor Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes y director del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), a causa de una recaída en el cáncer que padecía desde hace aproximadamente una década. Todo el sector sanitario lamentaba esta 'pérdida irreparable' y defendía el mantenimiento de un legado en constante compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes y de una Medicina más humanizada. Este médico practicó una intensa actividad investigadora y académica, donde destaca especialmente la dirección de numerosos cursos sobre gestión sanitaria, ética y evaluación de servicios de salud.
La última reunión del Consejo Interterritorial del SNS del año tenía lugar el 18 de diciembre. En él, la ministra Ana Mato hacía un balance de los 'muchos acuerdos alcanzados', y presentaba a las Comunidades algunos de los proyectos para 2014, como el Libro Blanco de las Profesiones Sanitarias o el RDL para el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Mientras todas las CCAA llegaban a acuerdos en temas como la orden sobre medicamentos homeopáticos, o la creación de una regulación nacional para el cigarrillo electrónico.