'El progreso en la lucha contra la enfermedad no avanzará sin la innovación farmacológica, por eso debe ser no sólo alentada, sino también protegida por las distintas administraciones del Estado. La ciudadanía tendría que tener claro este concepto: sin innovación no se podrán desarrollar nuevas moléculas'. Ésta es la opinión defendida con vehemencia por Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, que ha intervenido en las XXXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES), que se están celebrando en Bilbao del 16 al 18 de mayo, con la participación de destacados especialistas de todo el Estado.
El directivo de Farmaindustria mostró su preocupación ante un radical descenso de los ingresos que pueden paralizar los proyectos de desarrollo de nuevos medicamentos de un sector que ya ha sufrido recortes en investigación. Y lo hizo en la mesa redonda, auspiciada por Roche, en los encuentros de la AES en la Universidad de Deusto de la capital vizcaína, en la que se debatió sobre cómo conciliar la innovación con la sostenibilidad en farmacia.
Para Urzay la sostenibilidad futura del sistema sanitario no es un problema de ineficiencia, sino de falta de recursos. En este sentido apostó porque la escasez actual de presupuesto económico por la crisis 'no hipoteque el futuro de un sistema valioso para el país, tanto en términos de salud, como de sector económico intensivo en investigación'.
El experto criticó que la innovación farmacológica se convierta en foco de debate como parte de la solución para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario sólo en tiempos de crisis económica. 'A este sector, además, se le piden objetivos que no se demandan en ningún otro. En los próximos años el número de nuevas moléculas caerán. Esto no será positivo para avanzar en la lucha de las enfermedades', auguró. 'Es como si la Sanidad y los medicamentos tuvieran la culpa de la crisis económica', remachó.
Junto al representante de la industria privada, la Administración pública, los pacientes y los expertos en farmacoeconomía expusieron también sus puntos de vista sobre la sostenibilidad de la Sanidad española en tiempos tan convulsos que están obligando a las administraciones estatales y autonómicas a recortar drásticamente las partidas económicas, incluidas las que afectan al sector farmacéutico.
Jaume Puig, profesor de economía de la Universidad Pompeu Fabra, defendió que 'pagar según el valor terapéutico de los medicamentos, en relación a la calidad de los mismos, va a potenciar los incentivos a la innovación, pudiendo incluso hacerla más eficiente'. 'Si desde las administraciones públicas considerasen el medicamento de forma integrada dentro del proceso asistencial, y no como un recurso aislado, cuyo coste hay que contener como sea, habría más competitividad y eficiencia en el sector', explicó.
¿Quién decidirá el grado de eficiencia?
Una opinión no compartida en su totalidad por Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, quien aseguró que 'la innovación sanitaria es uno de los elementos que puede aportar competitividad a nuestra economía', aunque también mostró sus dudas sobre quién decidirá el grado de eficiencia de los medicamentos. En esta línea, Jovell puso la nota discordante al discurso dominante de los responsables sanitarios. 'Resulta que los que dirigen las políticas sanitarias europeas, y en muchos estamentos del Estado, no son profesionales de la Medicina; son economistas, gestores que hablan de coste-eficiencia para recortar prestaciones y fármacos sin saber la repercusión que tendrá en la salud y el bienestar de los pacientes', censuró.
Mientras, el gerente de Farmacia del Servicio Catalán de la Salud, Antoni Gilabert, manifestó que 'la prioridad del sistema público sanitario es la mejora de los resultados en salud en un entorno económicamente sostenible'. Este responsable sanitario sí considera que la innovación tiene que ser la pieza clave para la sostenibilidad del sistema, pero entendida no sólo como innovación farmacológica, sino principalmente en gestión. 'Hay que fomentar la eficiencia y la corresponsabilización de todos los agentes sanitarios y la evaluación de los resultados de salud', sentenció.
