Alertan de que el informe sobre la financiación pública de medicamentos no tiene validez jurídica

El Informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia sobre la Financiación Pública de Medicamentos carece de cualquier validez jurídica, no es vinculante y podría ser una excusa política para negar la financiación de determinados tratamientos ‘caros’ que, hasta ahora, se estaban ofreciendo a los pacientes. Este es el sentir general de los integrantes de la mesa de debate sobre el alcance jurídico de este informe ministerial, organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa). Según este informe, “Las comunidades autónomas y las entidades gestoras no pueden incluir en su cartera de servicios, y por tanto no pueden financiar con fondos públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación ya que produciría diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud”. A juicio de Dionisio Docasar, médico, abogado y ex asesor legal de la Dirección General que emite el informe, este “no es vinculante y solo establece un criterio que podría haber sido solicitado por algunas CCAA en el marco de la Comisión Permanente de Farmacia, ya que se quejan de la benevolencia ministerial a la hora de financiar determinados medicamentos, principalmente los innovadores”. En este sentido, Docasar subraya que es inviable que ahora se quejen de que Sanidad está invadiendo sus competencias. A su juicio, el informe es una herramienta para que desde las autonomías puedan decir a los clínicos que es el propio Ministerio es quien no permite la financiación de determinados fármaco. Por su parte, Julio Sánchez Fierro, doctor también abogado y ex vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, ha sido el más critico. En su intervención ha señalado que este informe sobre financiación era innecesario y que es una “acción manifiesta de opacidad” del Ministerio de Sanidad, dado que para su elaboración no ha contado con ningún órgano asesor, ni siquiera ha consultado a las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, ni a la industria. “Es un informe elaborado de forma opaca, conseguido sobre la base de la autocracia y el autoritarismo que se ha difundido de forma extraña, ya que no lo hemos visto publicado de forma oficial en ningún sitio, además de ir en contra de la Sanidad participativa que se defiende”, ha manifestado. Para Sánchez Fierro, no ha existido una voluntad política de hacer las cosas claras, con debate y discusión entre los consejos asesores disponibles. “Es contradictorio que se aluda a la igualdad territorial cuando se está incumpliendo de forma continua y el Ministerio no hace absolutamente nada. Es incoherente predicar igualdad y no vigilarla”, ha señalado. Paciente desprotegido Pese a que todos están de acuerdo en que el informe no es vinculante, el abogado del Estado y socio fundador de Ramos de Molins Abogados, Alfonso Ramos, ha explicado que las administraciones autonómicas pueden entenderlo de otra forma y aplicarlo, “por tanto dejan en manos del paciente toda la responsabilidad, y si este deja de recibir un medicamento tendrá que elevar una queja a la Comisión de Farmacia por no poder acceder al tratamiento”. Héctor Jausás, socio de Fieldfisher Jausas, es también de esta opinión añadiendo que considera que es “beligerante con la industria y con el paciente, al tiempo que plantea a los profesionales médicos un conflicto ético”. Jausás está convencido de que el mencionado informe es relativamente débil, artificial, forzado y “posiblemente ilegal”, y considera que podría existir la posibilidad de poner un recurso contencioso administrativo contra el propio informe que va por la vía de hecho. Por otro lado, “el principio de igualdad, -que se aduce en el informe de forma reiterada- implica partir de un mínimo común para que las CCAA mejoren y complementen la oferta o prestación que se ofrece a partir de la cartera básica. Con este informe, se limita a las autonomías la posibilidad de incluir en la cartera complementaria aquellos medicamentos que cuenten con una resolución expresa de no financiación, limitando sus competencias”. Si, realmente, este informe no se ha hecho para ser vinculante, se debería solicitar al Ministerio que emita una nota aclaratoria para que explique y aporte claridad sobre el informe y alivia la preocupación existente, ha concluido Jausás. Farmaindustria y FEDER En esta línea, se pronunció hace unos días, en otro foro, la directora del departamento jurídico de Farmaindustria, Lourdes Fraguas, quien señaló que tratarán de abordar este informe con Sanidad ya que, a su entender, contradice una sentencia del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto la competencia de las comunidades autónomas para establecer su cartera complementaria de medicamentos y servicios. Por su parte, desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), han emitido un posicionamiento sobre el que concluyen que el informe se ha hecho “a la brava” sin soporte legal alguno, nulo de pleno derecho. Asimismo, concluye que, si el informe argumenta su postura en base a un criterio de equidad en el acceso en todo el territorio nacional, “está limitando ‘a la baja’ el acceso al tratamiento, mientras que la equidad no debe traducirse en restringir el acceso sino en favorecer el mismo”.