AMA analiza los retos del seguro de RCP en el XXIV Congreso Nacional de Derecho Sanitario

La responsabilidad civil profesional (RCP) sanitaria vive momentos de incertidumbre, con cambios normativos que le afectan directamente y que están modificando la estructura del mercado, lo que le enfrenta a importantes retos. Este ha sido el tema central del taller que ha organizado  la Fundación AMA en el XXIV Congreso Nacional de Derecho Sanitario. La directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de AMA, Raquel Murillo, ha moderado la mesa redonda “El Seguro de Responsabilidad  Civil Profesional en el escenario actual. Nuevos retos y perspectivas “, que ha reunido a destacados expertos en la materia para debatir el contexto actual. Murillo ha apuntado que “nos volvemos a encontrar ante un momento de incertidumbre respecto a la configuración y al futuro del seguro de responsabilidad civil profesional sanitaria”. Y ha afirmado que en los últimos diez años, la cuantía media de las reclamaciones de responsabilidad civil sanitaria ha aumentado un 67 por ciento, a lo que se suma “el castigo de los intereses de mora al asegurador según el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro”. “Las aseguradoras, los propios profesionales y, cómo no, los tribunales de justicia han de ayudar en la tarea de enmarcar el seguro de responsabilidad civil profesional en los próximos años, de modo que se garantice su viabilidad y permanencia”, ha declarado Murillo. Domingo Bello, catedrático de Civil y vocal permanente en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha comenzado su intervención destacando que “desde la sentencia 129/2015 del Tribunal Supremo, las acciones de repetición de las aseguradoras de asistencia sanitarias frente a sus profesionales y a las aseguradoras de estos se han incrementado, generando inquietud, desasosiego y desazón en los profesionales”. En este contexto, Bello ha destacado que “este tema está abierto. Soy partidario de que las aseguradoras de asistencia sanitaria asuman su parte de responsabilidad, pero es un tema difícil de abordar y habrá que estudiar cada caso, porque no existe un criterio generalizado”. Por su parte, Joaquín Ruiz Echauri, socio de Hogan Lovells y profesor de Derecho Privado de ICADE, ha hablado sobre el aseguramiento del servicio público, ámbito en el que “falta sensatez y seguridad jurídica”. Según ha explicado Ruiz Echauri, “se ha producido la tormenta perfecta”, con un aumento de las reclamaciones, la crisis económica, que ha supuesto recorte de presupuestos públicos, y la retirada de algunas aseguradoras, lo que ha provocado que algunas comunidades autónomas tengan problemas para encontrar compañías que las aseguren. En este sentido, ha señalado que la “solución pasa por la capacidad de predecir, y solo puede ser con un baremo sanitario específico” que llevaría a mas compañías a ir a los concursos públicos. Y la sanidad pública lo que se merece son concursos concurridos”. Francisco Marín, magistrado y presidente de la sala 1ª del Tribunal Supremo, ha comenzado su ponencia exponiendo para qué sirven los intereses del artículo 20 de Ley de Contratos de Seguro, que según ha indicado “permiten al perjudicado tener la seguridad de que la compañía aseguradora va a responder”.  Según ha explicado, “el artículo 20 es un elemento fundamental para propiciar la confianza del seguro, pero las compañías aseguradoras también tienen que hacer sus previsiones sobre bases ciertas”. Por último, Antonio del Moral, magistrado de la sala 2ª del Tribunal Supremo, ha tratado en su ponencia “algunas cuestiones controvertidas”, entre ellas, el dolo. En este sentido, ha destacado que “en la jurisprudencia hay de todo”. Del Moral ha recordado que “el dolo es inasegurable”, pero hay sentencias contradictorias sobre el papel de las aseguradoras ante un hecho doloso. Así, aunque hay pronunciamientos de los tribunales que indican que las compañías aseguradoras no tienen que hacerse cargo de las indemnizaciones ante estos hechos, en los últimos años la jurisprudencia se ha decantado por que “aunque el dolo no sea asegurable, eso no significa que no sea indemnizable”. Y, en los últimos años, las sentencias se han pronunciado en este sentido. Recordó que las últimas sentencias se inclinan por que la aseguradora pague al perjudicado y repita a su asegurado, si bien este criterio no es unánime existiendo magistrados que se muestran contrarios a que las aseguradoras deban asumir hechos intencionados que son ajenos al objeto de la póliza/contrato de seguro. A pesar de vaivenes que está sufriendo la responsabilidad civil profesional sanitaria y de los grandes retos a los que se enfrenta, Raquel Murillo quiso lanzar un mensaje tranquilizador. Así, ha asegurado que “AMA sigue apostando por este seguro, por los profesionales tanto de la Sanidad pública como de la privada, a fin de que puedan trabajar con tranquilidad, y ello a través de una política de primas ajustada y con un servicio de excelente calidad”.