El I Foro del Colegio de Médicos de Sevilla contra Agresiones a Médicos ha puesto la necesidad de trabajar en tres focos: la coordinación y el compromiso de todas las instituciones implicadas; la prevención como el mejor tratamiento en cualquier conflicto social (buscando la sensibilización social y potenciando el entrenamiento de los profesionales para detectar situaciones de riesgo); y la atención inmediata al colegiado ante la agresión, con el apoyo de un sistema como el PAIME.
El Colegio de Médicos de Sevilla y la Fundación Colegio de Médicos de Sevilla han acogido esta jornada, organizada en colaboración con el grupo empresarial Morera & Vallejo, con el fin de afrontar y dar respuestas a los actos de violencia contra el personal médico y sanitario que se han ido incrementando en los últimos años hasta convertirse en un grave problema social.
Con la participación de representantes de distintos organismos e instituciones, y con la finalidad de analizar la situación y establecer actuaciones globales frente a las agresiones, con este encuentro se pretendió lograr una mayor concienciación por parte de la población y un claro compromiso de los poderes públicos ante esta problemática.
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Juan Bautista Alcañiz, resaltó el programa del Foro y mostró su satisfacción por contar con todas las instituciones involucradas en el problema: profesionales médicos y sanitarios, Administración Sanitaria, Administración de Justicia, y Fuerzas de Seguridad, por primera vez juntas en un encuentro de esta naturaleza, en los que participaron a través de dos mesas redondas para abordar en profundidad el problema en común y una guía de actuación conjunta.
Asimismo, puso de manifiesto la línea de colaboración abierta con los sindicatos para, entre otros asuntos, abordar con mayor rigor actuaciones ante este grave asunto.
Antonio Morera Vallejo, presidente del grupo Morera & Vallejo y patrono de la Fundación Colegio de Médicos de Sevilla, destacó la importancia de la prevención y la formación para una mejor defensa. La presentación del Foro contó con la participación del presidente del Consejo Andaluz de CM, Francisco Martínez Amo, y del vicepresidente I del RICOMS, Alfonso Carmona.
Dos mesas redondas
El encuentro se desarrolló en torno a dos mesas redondas. La primera de ellas, 'Las agresiones a médicos y personal sanitario. Un problema de todos', la moderó el secretario técnico del CACM, Manuel Pérez Sarabia y participaron José Alberto Becerra, secretario general del CM de Badajoz y coordinador del Observatorio Contra Agresiones de la OMC; José María Cañal, fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla; Santiago Campo, jefe de los Servicios Jurídicos del RICOMS; Ernesto Segura (Guardia Civil de Sevilla), y Antonio López (Policía Nacional).
El Dr. Becerra resaltó la importancia de que todos los actores implicados establezcan líneas de acción conjuntas. Fue rotundo al definir la agresión al médico como violencia social. Puso de manifiesto la labor que desarrolla el Observatorio de la OMC Contra las Agresiones, destacando la presentación de la Guía de Agresiones en 2009, así como el Registro Nacional de Agresiones (el único con los datos de todo el país) que mostró en el periodo 2010-2012 un total de 1.363 agresiones.
Entre las líneas de actuación para evitar esta lacra, la OMC propone mejorar el registro y llevar a cabo un exhaustivo análisis de las sentencias con las respuestas de los órganos judiciales y la opinión de las asesorías jurídicas de los Colegios. Resaltó que 24 sentencias fueran consideradas como atentado y la importancia de mantener la campaña de concienciación social, así como de consolidar el Día Nacional Contra las Agresiones, que este año se celebrará el próximo día 20 de marzo.
Para la OMC, es imprescindible continuar los contactos con todos los grupos políticos y las autoridades, especialmente con el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía del Estado, en pro de establecer un marco legal e institucional en el que desarrollar las actuaciones. Al Observatorio le preocupa la desprotección en el sector privado: para la OMC, el acto médico es el mismo y debe tener la misma respuesta.
Asimismo, destacó la puesta en marcha con el Ministerio de Sanidad de una Mesa Técnica en la que se plantean una serie de recomendaciones y propuestas de soluciones como son: impulsar las medidas a adoptar en el ámbito estatal y establecer los protocolos de colaboración con los cuerpos de seguridad.
Atentado de agresiones
José María Cañal centró su ponencia en el atentado y ofreció una visión de las tipificaciones del delito; planteó cambios en el Código Penal para que la legislación se hiciera más sensible y realista ante el problema. Santiago Campo presentó la labor desarrollada desde el Colegio de Médicos de Sevilla, pionero en denunciar públicamente las agresiones a los facultativos, en solicitar a las administraciones acciones eficaces contra el incremento de la inseguridad que sufre el personal laboral sanitario, y en reclamar actuaciones judiciales contundentes contra los agresores.
Sugirió la necesidad de intentar que se adapten los centros de trabajo y se lleve a cabo la instalación de alarmas y videocámaras. Reclamó más vigilancia privada y el respaldo de las fuerzas de seguridad, así como la conveniencia de un acompañante en las consultas. Anunció la activación de un Plan de Prevención y Atención al colegiado en el Colegio de Médicos de Sevilla.
Por su parte, Ernesto Segura presentó la actuación de la Benemérita ante las agresiones a sanitarios, con un Plan de Seguridad que nace en 2010. Y Antonio López resaltó el desmoronamiento en el respeto que en la actualidad sufren instituciones y colectivos como médicos, profesores, religiosos, e incluso los cuerpos de seguridad, y demandó actuaciones para paliar o prevenir estas actitudes.
Ambos representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado coincidieron en resaltar sus limitaciones a la hora de intervenir y el tiempo mínimo de reacción ante el hecho delictivo.
Guías de actuación
La segunda mesa redonda, 'Guías de actuación ante una agresión al médico y personal sanitario', fue moderada por el Profesor Alfonso Blanco, catedrático de Psiquiatría y Psicología de la Universidad de Sevilla y director de la Fundación del CM de Sevilla. Participaron. José Manuel García Lezcano, director general de Defensa Jurídica del RICOMS; Esperanza Gallego, letrada del Servicio Andaluz de Salud; Julio Antonio Guija, jefe del Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla; y el secretario general del RICOMS, Juan Manuel Contreras.
García Lezcano incidió en que la inseguridad es una muestra de la falta de respeto hacia la profesión y puso sobre la mesa el que muchos no denuncien por miedo, porque el médico se ve desprotegido. Para él, médico es la diana del agresor descontento, la Administración no lo soluciona y apenas toma medidas, sin contar con sindicatos o colegios profesionales. Denunció la escasez de vigilantes y demandó para los centros de salud y hospitalarios las mismas medidas de seguridad existentes en otros centros administrativos como Hacienda, Justicia o Ayuntamientos.
Recordó la importancia de hacer ver a los usuarios no sólo sus derechos sino también sus deberes y demandó sanciones administrativas, como podían ser la suspensión del servicio de asistencia gratuita, o hacer públicos el nombre y apellidos de los agresores.
Esperanza Gallego presentó en su ponencia el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del SSPA. Puso de manifiesto que el SAS tiene su propio protocolo y aseguró que se toma muy en serio este asunto: instalación de más de 2.000 botones antipánico, 1.446 interfonos, más de 1.500 teléfonos de aviso directo, videocámaras, vigilantes, detectores y GPS en ambulancias, así como la puesta en marcha de jornadas de formación en los centros sanitarios.
Julio Antonio Guija destacó que en Andalucía es donde mayor número de agresiones se producen, sobre todo en las áreas de Urgencias y Psiquiatría, provocando graves daños físicos y psíquicos. Incidió en el gran número de casos que no se denuncian, y en que sólo dos de cada diez profesionales se sienten apoyados por la Administración, un reclamo que presentó como algo esencial.
Para Juan Manuel Contreras es deber de la institución dignificar la profesión y prevenir las agresiones. Para ello reclamó la mejora de las condiciones laborales, promover medidas disuasorias y sobre todo incidir en la necesidad de una buena educación, civil, urbana y de procedimiento. Y anunció que el Colegio ofrece un nuevo Protocolo de Agresiones que permite un contacto inmediato; también resaltó la importancia de la post-agresión y la labor del Programa PAIME.
En las conclusiones, además de incidirse en que el Foro nace con vocación de continuidad, se propuso una mesa de seguimiento con los afectados, invitando también a las asociaciones de pacientes. También, en la conveniencia de que los contactos de todas las instituciones y organismos implicados sean regulares, y que se analicen los protocolos de actuaciones mutuos.