La Atención Primaria (AP) es señalada por los expertos como el eje fundamental del sistema sanitario. Así lo reconoce la Ley General de Sanidad (1986). Cuando la AP actúa como elemento de coordinación y puerta de entrada del sistema es más fácil garantizar la equidad y el uso racional de los recursos, así como la integralidad y la continuidad de la atención. El avance de la AP en el Estado se vio frenado por tres condicionantes: el déficit de recursos y la limitación en el acceso a las pruebas diagnósticas, la deficiente relación con el nivel hospitalario y la introducción de elementos de privatización en el sistema, que produjeron una descapitalización del primer nivel asistencial.
La medicalización de la vida y el uso irracional y excesivo de los recursos asistenciales tiene mucho que ver con el hospitalocentrismo y con la mercantilización de la salud. Así se explica el elevadísimo gasto farmacéutico, la sobreutilización de recursos diagnósticos y la elevada yatrogenia producida por el propio sistema (el 13 por ciento de los pacientes son ingresados por efectos adversos de las actuaciones sanitarias). La pérdida de protagonismo de la AP es provocada por decisiones políticas: el recorte del presupuesto sanitario afecta con más intensidad a la AP (en Galicia, de 2009 a 2012 la Atención Especializada perdió 22 millones; la AP decreció 188 millones de euros); además la desaparición de las gerencias de AP (absorbidas por los hospitales) y el abandono del Plan de Mejora de la AP provocaron un perjuicio evidente de este nivel asistencial. El severo deterioro de las condiciones laborales está generando un clima de malestar profesional y desmotivación.
Los actuales responsables sanitarios no creen en el sistema público ni confían en la AP como centro coordinador del mismo. Las políticas desarrolladas por el actual gobierno de la Xunta de Galicia, siguiendo el camino iniciado en otras comunidades, van dirigidas a desmantelar y privatizar el sistema público para convertir el derecho a la salud en una mercancía que permita generar negocios y actividades lucrativas privadas a expensas de los presupuestos.
Pero, si las decisiones políticas se adoptasen para conseguir el beneficio colectivo y el bien común, este tiempo de crisis debería servir para potenciar una AP orientada a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad así como a asumir un mayor protagonismo en la labor asistencial. Si la AP tuviese una dotación adecuada de profesionales, con equipamiento suficiente y acceso a pruebas diagnósticas podría tener una mayor capacidad resolutiva, lo que evitaría la sobreutilizaciónde los servicios de urgencias y la masificación hospitalaria, con un coste muy inferior.
La alternativa es la Atención Primaria
El gasto sanitario ha aumentado en los últimos años de manera notable. Más de un tercio de los presupuestos de las comunidades autónomas va destinado a la Sanidad. Las administraciones sanitarias impusieron medidas para reducir el gasto: recortes salariales y precarización de las condiciones laborales, copagos diversos que sobrecargan las economías familiares y provocan inequidad, y también ensayaron diversas experiencias de gestión privada: todas estas medidas no consiguieron ahorrar dinero público pero provocaron efectos muy adversos sobre los sectores de la población más desfavorecidos.
Si queremos buscar la eficiencia hay que apostar por la AP. La manera de enfermar hoy en día es muy diferente ala de hace cincuenta años. La mejora en la expectativa de vida produce un aumento de las patologías crónicas y de la comorbilidad. Lo que se precisa no es incrementar la especialización sino procurar profesionales generalistas con formación y habilidades para el manejo de la cronicidad y de los factores familiares, sociales y laborales que afectan al paciente. Si pretendemos reorientar el sistema sanitario hacia el paciente crónico hay que potenciar a AP, pues es donde se hacen actividades de prevención, donde se conoce al paciente en su entorno, donde se realiza educación sanitaria y promoción de hábitos saludables y donde se debe centralizar la coordinación de la atención sanitaria.
Los profesionales del sistema sanitario público no debemos aceptar el camino emprendido por los actuales dirigentes, que nos conduce a convertir la AP en un apéndice de los hospitales y la actividad sanitaria en una fuente de negocio privado. De seguir en esta línea estaremos, en breve plazo, en una situación irreversible, con grave deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Ha llegado el momento de impulsar una actuación unitaria de los trabajadores de la Sanidad pública para intentar revertir la situación. Por eso proponemos:
1. Constituir una alianza que englobe a todos los trabajadores y organizaciones de AP, para ampliarla posteriormente a usuarios y ciudadanos.
2. Proponer una renegociación inmediata del Plan de Mejora de AP para adaptarlo a la actual situación.
3. Desarrollar instrumentos y mecanismos que favorezcan la participación e implicaciones de los profesionales y ciudadanos en el gobierno de los servicios de AP.
Para reconducir la situación actual, que relega la AP a un papel secundario y subsidiario en el sistema sanitario, es preciso planificar medidas de movilización, asumidas por la mayoría de los profesionales y usuarios, que presionen a la Administración para abrir una negociación sobre estos planteamientos. El futuro de la AP y del sistema sanitario público está en nuestras manos.