España tiene que rebajar su déficit en 30.000 millones de euros este año y para ello debe acometer ajustes. Pero, ¿ha de ser la investigación quien asuma la peor parte? El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 aprobado el pasado 30 de Marzo ponen sobre la mesa esta realidad. En 2011 el gasto total en I+D fue de 8.586 millones de euros. Las peores previsiones indicaban que el gasto descendería en torno al 9 por ciento, sin embargo, la aportación económica para 2012 no llegará a los 6.400 millones, un 25,5 por ciento menos que en 2011.
Este presupuesto tiene una componente militar y civil. En su componente militar, para este año se disponen de 758 M', un 25 por cientomenos que el 2011. En lo relativo a la I+D civil, el presupuesto para 2012 asciende a 5.633 M', un 26 por ciento menos que el 2011. El recorte es aún más pronunciado si observamos lo destinado a transferencias de capital (cap. 7), que en su mayoría se destinan a subvenciones, y que en estos PGE ascienden a 1.094 M', casi un 37 por ciento menos que en 2011, y las activos financieros (cap. 8), que casi en su totalidad se destinan a préstamos, y que ascienden a 3.711 M', casi un 28 por ciento menos que 2011.
Una de las peores partes se la ha llevado el programa de Fomento y Coordinación de la investigación científica y técnica, que se destina entre otras cosas a financiar las actividades de I+D+i. El presupuesto asciende para el año 2012 a 1.392,46 millones de euros, lo que supone un 24,7 por ciento de reducción. En lo que a materia fiscal se refiere, el principal cambio afecta al límite conjunto de las deducciones, que se reduce del 35 al 25 por ciento, y que en los supuestos en los que la deducción por actividades de I+D+i supere el 10 por ciento de la cuota íntegra ajustada positiva, queda establecido en el 50 por ciento en vez del 60 por ciento. El plazo para aplicar la deducción por I+D+i se amplia de 15 a 18 años. En ambos casos se trata de modificaciones temporales, que afectan a ejercicios iniciados en 2012 y 2013.
En cuanto a las Ayudas Públicas, el gasto de los Ministerios se reduce en una media del 16'9 por ciento (el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un -31,9 por ciento, del que dependen el Programa AVANZA y el IDAE, y en el Ministerio de Economía y Competitividad, -19,0 por ciento). El descenso de los incentivos directos instrumentados en subvenciones y créditos implicará sin duda alguna una mayor utilización de las ayudas europeas, y los recortes exigirán también una mayor calidad de los proyectos susceptibles de obtener financiación pública, que deberán cuidar más que nunca cuestiones como: los aspectos técnicos y económicos, la colaboración con empresas y entidades públicas, etc.
Los expertos avisan que está en juego el modelo productivo y de sociedad que queremos y necesita España, y los profesionales del I+D+i han calificado de drama la situación a la que se van a ver abocados, pidiendo apoyo social para evitar estos recortes tan drásticos. No es baladí que los países intervenidos por la UE coinciden con aquellos que invierten en ciencia un porcentaje más bajo de su PIB, mientras que los que gozan de mayor bienestar se aproximan al 3% recomendado por el Consejo Europeo como: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Francia o Alemania. España destina una inversión pública en I+D+i en torno al 1,35 por ciento del PIB, invirtiendo unas comunidades autónomas más que otras.
Está claro pues que no tenemos del todo claro aún el modelo de sociedad que necesitamos. No hay una conciencia de que el investigador es parte importante de la sociedad y la investigación básica. Ahora es cuando más hay que apostar por el I+D como se está haciendo en otros países. Un frenazo en la inversión en I+D+i de este calibre podría costarle a España un retroceso de 10 años. No podemos esperar a que la crisis pase.
Nadie podía imaginarse hace unos días que la I+D se fuera a llevar una de las peores partes en el reparto de los recortes presupuestarios. Tanto las administraciones como la empresa privada tienen que poner de su parte. Hace falta un cambio cultural, que unido al emprendimiento vinculado con la investigación, darían sin duda sus frutos. Por otro lado, también es necesario modificar la cultura del inversor privado en empresas que requieren inversión en I+D, que tienen mucho potencial pero en las que hay que creer firmemente a futuro. El recorte presupuestario podría dejarles fuera de juego.
Sin duda alguna se hace necesario un pacto de Estado por la Ciencia. Si como se ha reconocido en multitud de ocasiones el modelo productivo español está agotado, hay que impulsar un cambio que apueste de verdad por la investigación y la innovación como medio para conseguir una economía basada en el conocimiento, y que permita de una vez por todas, garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.