No se pueden separar la innovación y la salud si se quiere mantener un sistema sanitario sostenible y de calidad. Esta es una de las principales ideas que se apuntan en un documento de consenso gestado por un reputado grupo multidisciplinar de expertos. Este informe, coordinado por el Instituto Roche advierte, entre otras cosas, de las dificultades que tienen muchos pacientes para acceder a las terapias innovadoras. Para ello, se basan en la experiencia acumulada y la evaluación realizada en el ámbito de la Onco-Hematología.
Los componentes de este grupo coinciden en defender que el binomio innovación y salud debe ser indisociable y, en palabras de Julio Sánchez Fierro, abogado y vicepresidente 1º de la Asociación Española de Derecho Sanitario, 'resulta crucial para los sistemas sanitarios', ya que 'los medicamentos innovadores contribuyen a incrementar la esperanza de vida así como a mejorar la calidad de vida'.
Por eso, aconsejan que la Administración potencie la innovación, poniéndola al servicio de la sostenibilidad del sistema. En concreto, aseguran que 'las políticas que sólo busquen la sostenibilidad y no contemplen ni favorezcan la innovación serán ineficaces en el medio y largo plazo, y traerán consecuencias indeseables', afirma Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico de la Fundación Jiménez Díaz.
Y es que pese a la importancia social y sanitaria de los medicamentos innovadores, 'las políticas públicas sobre innovación no tienen la eficacia deseable, porque suelen estar fraccionadas en cuanto a su contenido y son diferentes según las comunidades autónomas', afirma Sánchez Fierro, quien defiende que 'las políticas de apoyo a la innovación deberían ser integrales en su configuración, es decir, no solo tienen que respaldar la I+D, sino también deberían incluir medidas sobre precios y financiación e incorporación a la cartera de servicios'. A su juicio, 'hace falta una política sobre innovación integral y común para todas las administraciones'.
Para los firmantes de este documento, la ejecución y gestión de esta política de innovación requiere que se mejore la coordinación entre Ministerios y entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA, así como potenciar el papel del Instituto de Salud Carlos III y favorecer una interlocución fluida y amplia con la industria innovadora.
Innovación no es sinónimo de más costes
Y es que se propone alcanzar un 'Pacto por la Innovación' que recoja un compromiso político e institucional a medio plazo, en el que se fundamente un marco regulatorio y financiero estable y predecible. La ausencia de este marco, en opinión de Sánchez Fierro, 'tiene negativas consecuencias para las inversiones en este tipo de proyectos y para la calidad asistencial'.
Además, se constata que la incorporación de la innovación a la cartera de servicios no suele ser percibida como un avance, sino como un problema por los mayores costes iniciales. Sin embargo, esta es una concepción errónea, 'ya que implica dar de lado los resultados en salud y no considerar que con estos tratamientos innovadores se producirá, por ejemplo, la reducción de costes asistenciales por ingresos y reingresos hospitalarios', afirma Sánchez Fierro.
Valorar la innovación y cuantificarla no es tarea fácil, pero se postula como una necesidad. En este sentido, apunta Federico Plaza, vicepresidente del Instituto Roche, 'la determinación de la financiación de las innovaciones y la fijación de su precio es una tarea cada vez más compleja. Una clave importante es explicar a la sociedad en función de que variables se toman estas decisiones'.
Por su parte, los pacientes 'deberían tener siempre garantizado el acceso al mejor tratamiento disponible y ese tratamiento debería ser decidido por criterios médicos y no económicos, como ocurre en la actualidad', señala Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
Los pacientes se convierten en la parte más vulnerable del proceso sanitario, frente a enfermedades tan graves como puede ser el cáncer, situación a la que se une el desconcierto y el miedo. 'Lamentablemente, y aunque no todos los pacientes son conscientes de ello, quién decide el tratamiento de un pacientes es en muchos casos una lotería, apunta Barragán. Por eso, puntualiza, 'sostenibilidad del sistema sanitario sí, por supuesto, pero no a costa de la inequidad y la falta de información a los pacientes.'
En general, los expertos echan de menos políticas comunes en materia de innovación farmacéutica, válidas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, basadas en objetivos y prioridades a medio y largo plazo. Además, proponen impulsar una auténtica cultura de la innovación en medicamentos, que tenga en cuenta el coste/beneficio en salud, 'pero sin confundir eficiencia con recorte indiscriminado del gasto farmacéutico', subraya Plaza.
Algunas medidas a adoptar
Desde este grupo multidisciplinar de expertos se reclama que el criterio de elección de los tratamientos esté liderado por el facultativo (no por el gestor sanitario), en sintonía con el paciente. Por eso, se demanda que la Administración favorezca la Ley de Autonomía del Paciente, e incluya una modificación explicita para que el paciente conozca todas las opciones existentes y para que la elección de una opción en particular sea una decisión consensuada.
En general, se solicita a la Administración una actitud valiente y transparente ante los ciudadanos para comunicarles qué tratamientos se pueden financiar y cuáles no, y por qué; además, se pide acabar con las situaciones de desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas en el acceso a las innovaciones.
Como medidas a adoptar, se especifican algunas tan concretas como fomentar el uso de biomarcadores asociados a los nuevos fármacos (favoreciendo una Medicina de precisión), apostar por la Medicina Personalizada, implementar estudios económicos a largo plazo (capaces de medir el coste y la eficacia de las innovaciones) o impulsar los acuerdos de riesgo compartido.
Los componente del grupo de expertos son Francisco Zaragoza, catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares; Julio Sánchez Fierro, abogado y vicepresidente 1º de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico de la Fundación Jiménez Díaz; Federico Plaza, vicepresidente del Instituto Roche; Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH); Carmen García de Insausti, secretaria general de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); Begoña Barragán, presidenta GEPAC; Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y ex-directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); César Pascual, gerente del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander; Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; y David Cantarero, profesor de Economía Pública en la Universidad de Cantabria.