Entrevistas

Desde ACES han apostado siempre por ampliar fronteras, tanto nacionales como internacionales. ¿En qué situación se encuentran ahora?

Hace año y medio nos incorporamos en la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), con el liderazgo de la candidatura de Gabriel Uguet y los que conforman su junta directiva. En este ejercicio pasado se confirmó nuestra admisión fui nombrada vicepresidenta, junto a Valentín Ballesteros. Precisamente, en esta condición, se me designó el pasado 15 de febrero secretaria del comité ejecutivo de la Unión Europea de la Hospitalización Privada (UEHP).

¿Qué objetivos tiene la UEHP?

Nace como organismo europeo para la representación y defensa de la hospitalización privada en el ámbito de la Unión Europea y tiene como principal objetivo crear las condiciones políticas y económicas que favorezcan la iniciativa privada dentro del ámbito sanitario de los estados miembros. Otros objetivos son la participación y colaboración activa en todos los proyectos e iniciativas europeas relacionadas con el sector salud.

¿Qué proyectos destacaría?

En particular, el estudio, análisis y definición de las condiciones y requisitos que deben cumplir los hospitales privados europeos, la colaboración en la preparación de las condiciones del mercado para el establecimiento de entidades privadas, el estudio de las condiciones de la participación de los hospitales privados en el ámbito de hospitalización social a nivel comunitario y la defensa y representación de los derechos e intereses del sector hospitalario privado europeo.

¿Cómo se articulan las tareas de la UEHP?

En diferentes grupos de trabajo. A modo de ejemplo, hay uno basado en el estudio comparativo de los distintos precios de los medicamentos en los estados miembros. Y otros se centran en estudios diversos como la reforma del IVA en el ámbito sanitario, la movilidad de los pacientes o en el ámbito de las tecnologías de la Sanidad.

¿Alguno de estos grupos está liderado por España?

Sí, dos de ellos: el de la reforma del IVA y el de la movilidad de los pacientes basada en la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. Lidero ambos como representante de España.

¿Qué importancia tiene estar representado en estos organismos?

La salud es cuestión central de los ciudadanos y es esencial que se recoja en todas las políticas de la Unión Europea. Si bien es cierto, y tiene que tenerse muy presente, que son los estados miembros los responsables de la política sanitaria y la prestación sanitaria a sus ciudadanos, no lo es menos que hay determinados retos y amenazas como incidentes biológicos, el bioterrorismo, aspectos de salud pública o cuestiones relacionadas con la libre circulación de servicios y personas que, por su impacto transfronterizo, necesitan de esa cooperación, resultando insuficientes las políticas nacionales. Es en este sentido que instituciones como la UEHP colaboran en la puesta en valor de este sector. Y el hecho de que nosotros estemos presentes en ella de forma activa supone una plataforma para vehiculizar nuestras inquietudes, compararnos con el resto de Estados miembros y compartir experiencias de sector, además de una ventana abierta para escuchar y ser oídos acerca de nuestra realidad sanitaria.

Ha citado los retos. ¿A cuáles se refiere?

En la salud de la población, el envejecimiento, los cambios demográficos y las nuevas tecnologías, que están incidiendo de forma muy decisiva en este sector. No debe olvidarse, asimismo, la vinculación entre salud y prosperidad económica: una población sana es imprescindible para que sea próspera y productiva. Y tampoco debe percibirse el gasto sanitario en términos de coste, porque la Sanidad en sí es una inversión. Y, aunque a primera vista puede parecer que es una carga económica, el análisis que debe hacerse es que para la sociedad y los estados miembros el coste radica en los costes directos e indirectos que se derivan de los problemas de salud.

Se refiere a la enfermedad...

Sí, porque es la enfermedad la que nos lastra realmente. De ahí que potenciando un sector sanitario proactivo, preventivo y que responsabilice a los ciudadanos del cuidado de su salud, se optimizan todos estos aspectos, así como los recursos disponibles que, no lo olvidemos, son limitados. Y por eso apostamos por la UHEP: porque los estados miembros tienen que participar activamente en esa corresponsabilidad para, de alguna manera, proteger esos intereses a nivel nacional, local y/o regional, respetando en todo caso el principio de subsidiariedad de la normativa comunitaria. Es precisamente en este mecanismo de cooperación donde se integran organismos como la UHEP.

¿Cuál es su labor?

Se encarga de asistir a la Comisión Europea en ámbitos tan específicos como identificar las prioridades del sector que representa, la definición de indicadores, la elaboración de orientaciones y recomendaciones sanitarias, la promoción en el intercambio de buenas prácticas y la evaluación de los progresos que se van evidenciando en implementando en el sector. Asimismo, ofrece la posibilidad de sumar experiencias de otros estados. Por tanto, la conclusión es que es posible aportar valor a la acción de los estados miembros desde la Unión Europea cooperando e intentando homogeneizar estos ámbitos y reducir la variabilidad que en términos de inequidad pueda existir. Los principios fundamentales en los que trabajamos tanto desde la Unión Europea como desde la UHEP son la universalidad, la accesibilidad, la solidaridad, la potenciación del papel de los ciudadanos y, concretamente, en la reducción de las desigualdades.

Creo que en este último aspecto están incidiendo mucho...

Sí, desde el grupo de la reforma del IVA que lidera España, tenemos como ejemplo ilustrativo y partiendo de la base del carácter de impuesto en general sobre el consumo, que repercute en una actividad comercial de prestación de bienes y servicios, y cuya competencia no deja de ser una competencia nacional de los estados miembros, encontramos la directiva 2006/112 de la Unión Europea sobre el IVA y en la que también se regulan algunos aspectos. En este escenario vemos cómo un mismo concepto en los distintos países pasa desde la exención del 0 por ciento de IVA, al 4 por ciento reducido en España, al 21  por ciento habitual en nuestro país, al 24 por ciento en Portugal o hasta el 27 por ciento en Hungría.

La disparidad es absoluta...

Sí, y hay ejemplos muy reveladores: los esparadrapos soportan un IVA del 6 por ciento en Bélgica, mientras que en Grecia es del 13 por ciento, en Alemania del 19 por ciento, en Austria y el Reino Unido del 20 por ciento, en Irlanda del 23 por ciento, en Noruega y Dinamarca del 25 por ciento y en Hungría del 27 por ciento. Y los stents van desde el 0 por ciento en Irlanda al 25 por ciento en Dinamarca y Noruega.

¿Cuáles son los objetivos en este grupo?

A partir de los derechos reconocidos tanto en el Tratado Europeo, como en su Carta y su Convenio de Derechos Fundamentales, que establecen la libertad del ciudadano de ser atendido médicamente dentro del espacio europeo, estudiamos el impacto de esta diversificación de gravámenes, qué coste supone para cada país, qué perjuicios repercuten en el usuario. Con todos estos datos hacemos una propuesta de homogeneización a la baja obviamente, porque estamos hablando del sector salud y la repercusión social y finalista que conlleva.

¿Y los objetivos del grupo centrado en la directiva transfronteriza?

La idea es que, dentro de la libertad de obtener asistencia sanitaria en todos los estados miembros de la UE, se pretende proporcionar la información suficiente para que estos estados puedan dar una asistencia de calidad y seguridad para el paciente "sujeta a unos requisitos mínimos" y en la que, sin perjuicio de esas competencias nacionales, se pueda entender que tanto entidades privadas como públicas pueden, sin perjuicio de su personalidad jurídica, prestar dichos servicios a los ciudadanos europeos en igualdad de condiciones, obviamente.

¿Existen otros organismos similares en Europa?

Sí, hay otras entidades que informan a la Comisión desde el punto de vista de los sistemas sanitarios nacionales: ellos juegan con el tema del aseguramiento con cargo a presupuesto o a pólizas. Allí se tratan dos ámbitos de un mismo sector y se intenta que estos estudios establezcan unas bases de entendimiento. Porque a mí me gusta hacer siempre hincapié en el hecho de que la Sanidad es una, existe un único servicio sanitario. Y es un servicio público, con independencia de que se preste por entidades privadas o públicas: todos nos debemos a una calidad asistencial, a un coste-oportunidad, a una eficiencia, a una optimización de los recursos... y allí es donde tenemos que encontrar nuestro denominador común, porque somos absolutamente complementarios.

Por tanto, ese tópico de que si la pública cojea la privada se ve potenciada...

Es un infundio absoluto: somos vasos comunicantes e intentamos encontrar ese equilibrio. Eso sí, con unas competencias claras en las que cada uno tenga sus reglas de juego y su margen de actividad.

¿Cómo cree que es percibida la Sanidad española desde Bruselas?

No nos ven con especial preocupación porque la situación de crisis está tan globalizada, que España no es el único problema: los problemas vienen de España, de Grecia, de Portugal... en general de todos los estados miembros, por lo que sí existe una preocupación globalizada. Creo que son conscientes "y tenemos que ser conscientes" de que España tiene un servicio sanitario muy potente, con profesionales de excelencia y un alto nivel de recursos y de tecnología. Pero esa excelencia tiene un coste, que debe ser asumible y sostenible.  No obstante, España es de los países que paga menos por su salud en términos de coste/habitante, lo que no significa que no hayamos llevado a cabo en estos últimos años una política sanitaria de grandes derroches a nivel estructural y de equipamientos sanitarios. Pero sí hemos dado un paso en un grado de excelencia tal que la cobertura del "todo para todos" no es viable y debemos reinventar nuestro sistema sanitario. Y aquí nos tenemos que replantear qué recursos tenemos y cómo optimizarlos: que se haga lo mejor posible, a un coste asumible, con una efectividad en la que todos los ciudadanos estén protegidos, con las menores listas de espera. Y en este punto van a encontrar a la Medicina privada, que se pone a disposición de la sociedad para asumir toda la actividad que no se pueda llevar a cabo o ser absorbida por el ámbito público. Y con un margen de eficiencia y eficacia constatado, que no quiere decir mejor, sino que por la estructura y las dimensiones de los centros, tiene otro margen de operatividad más flexible a las necesidades cambiantes y más rentable.

¿Qué papel tiene la e-salud en este contexto?

Es uno de los grandes retos que tenemos por delante: ayudará muchísimo a optimizar recursos y a reducir muchas inversiones en aquellos lugares donde no son sostenibles estructuras sanitarias. Y en pro de todos: porque nos permitirá redimensionar el sistema con la telemedicina, la asistencia y la coordinación entre profesionales, niveles asistenciales, la historia clínica compartida, la carpeta de salud personal... será un gran avance en el sector sanitario.

Centrándonos en ACES, ¿cuál es su labor?

ACES es la asociación de entidades catalanas de salud y nació hace 35 años. En este largo recorrido ha ido evolucionando hasta hoy, en que se ha consolidado como la patronal sanitaria privada más representativa de Cataluña. La comunidad tiene como particularidad la prestación mixta de servicios, con una patronal pública, una concertada y una privada, que somos nosotros. Representamos a 150 empresas, con 212 entidades y 15.078 trabajadores y unos 5.000 médicos colaboradores. En los centros de medicina aguda, representamos el 17,3 por ciento de camas y el 16,97 por ciento en centros sociosanitarios y en el sector no concertado realizamos el 22 por ciento de la actividad. Es decir, que dentro de los privados, tenemos a los usuarios de mutua, a los privados-privados y a los concertados que básicamente son los sociosanitarios, aquellos que tienen concierto con el Servicio Catalán de Salud para la atención de pacientes crónicos en diferentes líneas asistenciales como curas paliativas, media estancia y larga estancia. En total, la extrapolación en gasto sanitario privado ronda los 7.200 millones de euros, aproximadamente.

Forman también parte de la directiva de otros organismos, como la CEOE. ¿Cuál es su papel?

En mi condición de vicepresidenta de la FNCP, formamos parte de la junta directiva de la CEOE, desde la que intentamos también hacer posicionamientos sectoriales en la situación que estamos viviendo, que es cambiante y de especial relevancia, teniendo en cuenta que Sanidad y educación son dos pilares básicos de la democracia, del Estado de Bienestar y necesitan un especial cuidado y atención.

¿Cómo está el sector en estos momentos de incertidumbre? ¿Hay motivos para el optimismo?

Si me pregunta si hay que ser optimista, creo que la situación en Cataluña es especialmente complicada por dos razones: estamos asistiendo a la situación de crisis generalizada por una parte mientras que, por otra, se ha sobredimensionado tanto la Sanidad que asistimos unos recortes que ineludiblemente también sufre la privada. Y lo sufre en un doble marco: cuando son entidades privadas concertadas, porque están sujetas al mismo convenio y condiciones de ajuste. Y, cuando no lo son, asistimos también a la doble presión que supone la situación de crisis en sí y la presión que están ejerciendo sobre nosotros las aseguradoras sanitarias.  Si tenemos en cuenta que el peso de la facturación de nuestros centros lo constituye en un 63 por ciento la póliza sanitaria, y a ello se le añade la proliferación de las pólizas colectivas "con esa gran fuerza de negociación de la que disponen", la presión a la baja de las tarifas y la canibalización del mercado asegurador ejercen una fuerte presión sobre nuestros centros, que son nuestros proveedores. Esta disfunción, en un momento como en el que nos encontramos, requiere que aseguradoras y proveedores, que estamos en un mismo barco, nos sentemos y reconduzcamos esta situación sobre parámetros y relaciones que garanticen la viabilidad de nuestro sistema de aseguramiento en bien de todos, pacientes, aseguradoras y proveedores. En este contexto debemos añadir una situación de amenaza real para la Sanidad privada que pretende abrirse paso bajo el pretexto de optimizar recursos. Es el hecho de que centros y hospitales públicos entienden que, como se ven afectados por los recortes económicos y reducciones de actividad, y por lo tanto quedan recursos ociosos, pueden utilizar sus estructuras, personal, equipamientos y demás recursos para realizar actividad sanitaria privada en sus instalaciones y así generar ingresos adicionales son los que paliar su déficit. Y de lo que no se percatan es que ese déficit histórico que vienen arrastrando es estructural (no coyuntural), y no van a paliarlo realizando actividad sanitaria privada en el ámbito público, pero sí, en cambio, están poniendo en peligro el tejido empresarial sanitario español.  ACES en 2011 ya hizo un planteamiento y presentó un manifiesto al presidente Mas cuando se intentó, a través de la Ley Ómnibus, que los hospitales del ICS pudieran realizar actividad privada en sus centros. Logramos enmendar dicho proyecto y reconducimos la situación.

¿Cuál es la situación hoy?

No se permite, de acuerdo con la enmienda que consensuamos con la Administración, el hecho de que se haga actividad privada en los hospitales del ICS. Pero es que estos hospitales, hoy por hoy, están en un proceso de fragmentación, que tendremos que ver cómo termina. Tendremos que hacer un seguimiento de este proceso de fragmentación, máxime teniendo en cuenta que se está poniendo encima de la mesa que estamos asistiendo a la privatización de la Sanidad: creo que hay una confusión terrible de términos, porque una cosa es utilizar instrumentos de gestión privada en entidades y otra muy distinta es que esa entidad pase a ser pública o privada y, por ende, pueda regularse según la normativa y postulados que a cada una le resulten más convenientes.

¿Entonces están a favor de la privatización en algunos casos?

No tenemos objeción alguna en que se utilicen instrumentos de gestión privada en entidades públicas. Si los instrumentos de gestión privados son más eficientes y eficaces ¿por qué no? Pero sí nos encontrarán en pie de guerra si pretenden utilizar esos recursos para hacer actividad privada, porque es una falta absoluta de ética y una competencia desleal hacer actividad privada con recursos públicos, que son de todos, sin pagar personal ni tecnología, ni equipamientos y disfrutando de ventajas fiscales. Insisto que no nos da ningún miedo el hecho de que se incorporen entidades privadas al mercado. Sí, en cambio, que se confundan las reglas del juego con hospitales y centros de titularidad pública donde el ciudadano de a pie se dirige, con toda la convicción del mundo, a una Sanidad que responde al ámbito público, y se encuentra que tiene que pagar, porque si de lo contrario tiene que esperar cuatro, cinco, seis o siete meses. Y la guinda nos la ponen centros y servicios no del ICS pero que sí gozan de financiación pública y que cobran 40 euros por una butaca y 70 por una cama, según disponibilidad. La Ley General de Sanidad es una ley marco nacional aplicable a todas las comunidades autónomas y establece que no se puede dar un trato diferenciado a los ciudadanos en una misma entidad, extremo normativo que todas las comunidades autónomas tendrían que tener claro.

¿Estamos asistiendo a una doble velocidad en la Sanidad?

Sí, y es el propio ámbito público el que aprieta el acelerador y decide si se paga una cosa u otra. Además, con un circuito cautivo de pacientes y asistiendo a un aumento progresivo de las listas de espera. No nos podemos hacer trampas en el solitario y tenemos que hacer un acto de contricción y dejar claro que la Sanidad y el ámbito público "que financiamos todos" es para atender fundamentalmente a la gente desprotegida sin recursos y a todos los ciudadanos nacionales. Y, a partir de aquí, por la tarde, en vez de hacer actividad privada, haga usted realmente lo que compete: la actividad pública para reducir esas listas de espera que se van generando. Y vayamos a regirnos todos por parámetros objetivos.

¿Hasta qué punto todos estos mensajes equívocos han calado en la ciudadanía, que cree que la Sanidad privada es la culpable de todo?

En gran medida: al final a lo que se asiste es a titulares como "Estamos llegando a la privatización de la Sanidad" o "Los privados cobran xxx" o "Juegan y le ponen precio a la salud". No, yo creo que tenemos que ser serios, despojarnos de estos estigmas y ver realmente qué está pasando. Porque aseguradoras, proveedores, entidades públicas y privadas estamos en el mismo barco. El sector tiene que funcionar, tenemos que hacer un sistema sostenible con futuro y de futuro. Y no podemos perder comba en un sector tan esencial, potente y, a la vez, generador de riqueza.

Desde ACES han apostado siempre por ampliar fronteras, tanto nacionales como internacionales. ¿En qué situación se encuentran ahora?

Hace año y medio nos incorporamos en la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), con el liderazgo de la candidatura de Gabriel Uguet y los que conforman su junta directiva. En este ejercicio pasado se confirmó nuestra admisión fui nombrada vicepresidenta, junto a Valentín Ballesteros. Precisamente, en esta condición, se me designó el pasado 15 de febrero secretaria del comité ejecutivo de la Unión Europea de la Hospitalización Privada (UEHP).

¿Qué objetivos tiene la UEHP?

Nace como organismo europeo para la representación y defensa de la hospitalización privada en el ámbito de la Unión Europea y tiene como principal objetivo crear las condiciones políticas y económicas que favorezcan la iniciativa privada dentro del ámbito sanitario de los estados miembros. Otros objetivos son la participación y colaboración activa en todos los proyectos e iniciativas europeas relacionadas con el sector salud.

¿Qué proyectos destacaría?

En particular, el estudio, análisis y definición de las condiciones y requisitos que deben cumplir los hospitales privados europeos, la colaboración en la preparación de las condiciones del mercado para el establecimiento de entidades privadas, el estudio de las condiciones de la participación de los hospitales privados en el ámbito de hospitalización social a nivel comunitario y la defensa y representación de los derechos e intereses del sector hospitalario privado europeo.

¿Cómo se articulan las tareas de la UEHP?

En diferentes grupos de trabajo. A modo de ejemplo, hay uno basado en el estudio comparativo de los distintos precios de los medicamentos en los estados miembros. Y otros se centran en estudios diversos como la reforma del IVA en el ámbito sanitario, la movilidad de los pacientes o en el ámbito de las tecnologías de la Sanidad.

¿Alguno de estos grupos está liderado por España?

Sí, dos de ellos: el de la reforma del IVA y el de la movilidad de los pacientes basada en la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. Lidero ambos como representante de España.

¿Qué importancia tiene estar representado en estos organismos?

La salud es cuestión central de los ciudadanos y es esencial que se recoja en todas las políticas de la Unión Europea. Si bien es cierto, y tiene que tenerse muy presente, que son los estados miembros los responsables de la política sanitaria y la prestación sanitaria a sus ciudadanos, no lo es menos que hay determinados retos y amenazas como incidentes biológicos, el bioterrorismo, aspectos de salud pública o cuestiones relacionadas con la libre circulación de servicios y personas que, por su impacto transfronterizo, necesitan de esa cooperación, resultando insuficientes las políticas nacionales. Es en este sentido que instituciones como la UEHP colaboran en la puesta en valor de este sector. Y el hecho de que nosotros estemos presentes en ella de forma activa supone una plataforma para vehiculizar nuestras inquietudes, compararnos con el resto de Estados miembros y compartir experiencias de sector, además de una ventana abierta para escuchar y ser oídos acerca de nuestra realidad sanitaria.

Ha citado los retos. ¿A cuáles se refiere?

En la salud de la población, el envejecimiento, los cambios demográficos y las nuevas tecnologías, que están incidiendo de forma muy decisiva en este sector. No debe olvidarse, asimismo, la vinculación entre salud y prosperidad económica: una población sana es imprescindible para que sea próspera y productiva. Y tampoco debe percibirse el gasto sanitario en términos de coste, porque la Sanidad en sí es una inversión. Y, aunque a primera vista puede parecer que es una carga económica, el análisis que debe hacerse es que para la sociedad y los estados miembros el coste radica en los costes directos e indirectos que se derivan de los problemas de salud.

Se refiere a la enfermedad...

Sí, porque es la enfermedad la que nos lastra realmente. De ahí que potenciando un sector sanitario proactivo, preventivo y que responsabilice a los ciudadanos del cuidado de su salud, se optimizan todos estos aspectos, así como los recursos disponibles que, no lo olvidemos, son limitados. Y por eso apostamos por la UHEP: porque los estados miembros tienen que participar activamente en esa corresponsabilidad para, de alguna manera, proteger esos intereses a nivel nacional, local y/o regional, respetando en todo caso el principio de subsidiariedad de la normativa comunitaria. Es precisamente en este mecanismo de cooperación donde se integran organismos como la UHEP.

¿Cuál es su labor?

Se encarga de asistir a la Comisión Europea en ámbitos tan específicos como identificar las prioridades del sector que representa, la definición de indicadores, la elaboración de orientaciones y recomendaciones sanitarias, la promoción en el intercambio de buenas prácticas y la evaluación de los progresos que se van evidenciando en implementando en el sector. Asimismo, ofrece la posibilidad de sumar experiencias de otros estados. Por tanto, la conclusión es que es posible aportar valor a la acción de los estados miembros desde la Unión Europea cooperando e intentando homogeneizar estos ámbitos y reducir la variabilidad que en términos de inequidad pueda existir. Los principios fundamentales en los que trabajamos tanto desde la Unión Europea como desde la UHEP son la universalidad, la accesibilidad, la solidaridad, la potenciación del papel de los ciudadanos y, concretamente, en la reducción de las desigualdades.

Creo que en este último aspecto están incidiendo mucho...

Sí, desde el grupo de la reforma del IVA que lidera España, tenemos como ejemplo ilustrativo y partiendo de la base del carácter de impuesto en general sobre el consumo, que repercute en una actividad comercial de prestación de bienes y servicios, y cuya competencia no deja de ser una competencia nacional de los estados miembros, encontramos la directiva 2006/112 de la Unión Europea sobre el IVA y en la que también se regulan algunos aspectos. En este escenario vemos cómo un mismo concepto en los distintos países pasa desde la exención del 0 por ciento de IVA, al 4 por ciento reducido en España, al 21  por ciento habitual en nuestro país, al 24 por ciento en Portugal o hasta el 27 por ciento en Hungría.

La disparidad es absoluta...

Sí, y hay ejemplos muy reveladores: los esparadrapos soportan un IVA del 6 por ciento en Bélgica, mientras que en Grecia es del 13 por ciento, en Alemania del 19 por ciento, en Austria y el Reino Unido del 20 por ciento, en Irlanda del 23 por ciento, en Noruega y Dinamarca del 25 por ciento y en Hungría del 27 por ciento. Y los stents van desde el 0 por ciento en Irlanda al 25 por ciento en Dinamarca y Noruega.

¿Cuáles son los objetivos en este grupo?

A partir de los derechos reconocidos tanto en el Tratado Europeo, como en su Carta y su Convenio de Derechos Fundamentales, que establecen la libertad del ciudadano de ser atendido médicamente dentro del espacio europeo, estudiamos el impacto de esta diversificación de gravámenes, qué coste supone para cada país, qué perjuicios repercuten en el usuario. Con todos estos datos hacemos una propuesta de homogeneización a la baja obviamente, porque estamos hablando del sector salud y la repercusión social y finalista que conlleva.

¿Y los objetivos del grupo centrado en la directiva transfronteriza?

La idea es que, dentro de la libertad de obtener asistencia sanitaria en todos los estados miembros de la UE, se pretende proporcionar la información suficiente para que estos estados puedan dar una asistencia de calidad y seguridad para el paciente "sujeta a unos requisitos mínimos" y en la que, sin perjuicio de esas competencias nacionales, se pueda entender que tanto entidades privadas como públicas pueden, sin perjuicio de su personalidad jurídica, prestar dichos servicios a los ciudadanos europeos en igualdad de condiciones, obviamente.

¿Existen otros organismos similares en Europa?

Sí, hay otras entidades que informan a la Comisión desde el punto de vista de los sistemas sanitarios nacionales: ellos juegan con el tema del aseguramiento con cargo a presupuesto o a pólizas. Allí se tratan dos ámbitos de un mismo sector y se intenta que estos estudios establezcan unas bases de entendimiento. Porque a mí me gusta hacer siempre hincapié en el hecho de que la Sanidad es una, existe un único servicio sanitario. Y es un servicio público, con independencia de que se preste por entidades privadas o públicas: todos nos debemos a una calidad asistencial, a un coste-oportunidad, a una eficiencia, a una optimización de los recursos... y allí es donde tenemos que encontrar nuestro denominador común, porque somos absolutamente complementarios.

Por tanto, ese tópico de que si la pública cojea la privada se ve potenciada...

Es un infundio absoluto: somos vasos comunicantes e intentamos encontrar ese equilibrio. Eso sí, con unas competencias claras en las que cada uno tenga sus reglas de juego y su margen de actividad.

¿Cómo cree que es percibida la Sanidad española desde Bruselas?

No nos ven con especial preocupación porque la situación de crisis está tan globalizada, que España no es el único problema: los problemas vienen de España, de Grecia, de Portugal... en general de todos los estados miembros, por lo que sí existe una preocupación globalizada. Creo que son conscientes "y tenemos que ser conscientes" de que España tiene un servicio sanitario muy potente, con profesionales de excelencia y un alto nivel de recursos y de tecnología. Pero esa excelencia tiene un coste, que debe ser asumible y sostenible.  No obstante, España es de los países que paga menos por su salud en términos de coste/habitante, lo que no significa que no hayamos llevado a cabo en estos últimos años una política sanitaria de grandes derroches a nivel estructural y de equipamientos sanitarios. Pero sí hemos dado un paso en un grado de excelencia tal que la cobertura del "todo para todos" no es viable y debemos reinventar nuestro sistema sanitario. Y aquí nos tenemos que replantear qué recursos tenemos y cómo optimizarlos: que se haga lo mejor posible, a un coste asumible, con una efectividad en la que todos los ciudadanos estén protegidos, con las menores listas de espera. Y en este punto van a encontrar a la Medicina privada, que se pone a disposición de la sociedad para asumir toda la actividad que no se pueda llevar a cabo o ser absorbida por el ámbito público. Y con un margen de eficiencia y eficacia constatado, que no quiere decir mejor, sino que por la estructura y las dimensiones de los centros, tiene otro margen de operatividad más flexible a las necesidades cambiantes y más rentable.

¿Qué papel tiene la e-salud en este contexto?

Es uno de los grandes retos que tenemos por delante: ayudará muchísimo a optimizar recursos y a reducir muchas inversiones en aquellos lugares donde no son sostenibles estructuras sanitarias. Y en pro de todos: porque nos permitirá redimensionar el sistema con la telemedicina, la asistencia y la coordinación entre profesionales, niveles asistenciales, la historia clínica compartida, la carpeta de salud personal... será un gran avance en el sector sanitario.

Centrándonos en ACES, ¿cuál es su labor?

ACES es la asociación de entidades catalanas de salud y nació hace 35 años. En este largo recorrido ha ido evolucionando hasta hoy, en que se ha consolidado como la patronal sanitaria privada más representativa de Cataluña. La comunidad tiene como particularidad la prestación mixta de servicios, con una patronal pública, una concertada y una privada, que somos nosotros. Representamos a 150 empresas, con 212 entidades y 15.078 trabajadores y unos 5.000 médicos colaboradores. En los centros de medicina aguda, representamos el 17,3 por ciento de camas y el 16,97 por ciento en centros sociosanitarios y en el sector no concertado realizamos el 22 por ciento de la actividad. Es decir, que dentro de los privados, tenemos a los usuarios de mutua, a los privados-privados y a los concertados que básicamente son los sociosanitarios, aquellos que tienen concierto con el Servicio Catalán de Salud para la atención de pacientes crónicos en diferentes líneas asistenciales como curas paliativas, media estancia y larga estancia. En total, la extrapolación en gasto sanitario privado ronda los 7.200 millones de euros, aproximadamente.

Forman también parte de la directiva de otros organismos, como la CEOE. ¿Cuál es su papel?

En mi condición de vicepresidenta de la FNCP, formamos parte de la junta directiva de la CEOE, desde la que intentamos también hacer posicionamientos sectoriales en la situación que estamos viviendo, que es cambiante y de especial relevancia, teniendo en cuenta que Sanidad y educación son dos pilares básicos de la democracia, del Estado de Bienestar y necesitan un especial cuidado y atención.

¿Cómo está el sector en estos momentos de incertidumbre? ¿Hay motivos para el optimismo?

Si me pregunta si hay que ser optimista, creo que la situación en Cataluña es especialmente complicada por dos razones: estamos asistiendo a la situación de crisis generalizada por una parte mientras que, por otra, se ha sobredimensionado tanto la Sanidad que asistimos unos recortes que ineludiblemente también sufre la privada. Y lo sufre en un doble marco: cuando son entidades privadas concertadas, porque están sujetas al mismo convenio y condiciones de ajuste. Y, cuando no lo son, asistimos también a la doble presión que supone la situación de crisis en sí y la presión que están ejerciendo sobre nosotros las aseguradoras sanitarias.  Si tenemos en cuenta que el peso de la facturación de nuestros centros lo constituye en un 63 por ciento la póliza sanitaria, y a ello se le añade la proliferación de las pólizas colectivas "con esa gran fuerza de negociación de la que disponen", la presión a la baja de las tarifas y la canibalización del mercado asegurador ejercen una fuerte presión sobre nuestros centros, que son nuestros proveedores. Esta disfunción, en un momento como en el que nos encontramos, requiere que aseguradoras y proveedores, que estamos en un mismo barco, nos sentemos y reconduzcamos esta situación sobre parámetros y relaciones que garanticen la viabilidad de nuestro sistema de aseguramiento en bien de todos, pacientes, aseguradoras y proveedores. En este contexto debemos añadir una situación de amenaza real para la Sanidad privada que pretende abrirse paso bajo el pretexto de optimizar recursos. Es el hecho de que centros y hospitales públicos entienden que, como se ven afectados por los recortes económicos y reducciones de actividad, y por lo tanto quedan recursos ociosos, pueden utilizar sus estructuras, personal, equipamientos y demás recursos para realizar actividad sanitaria privada en sus instalaciones y así generar ingresos adicionales son los que paliar su déficit. Y de lo que no se percatan es que ese déficit histórico que vienen arrastrando es estructural (no coyuntural), y no van a paliarlo realizando actividad sanitaria privada en el ámbito público, pero sí, en cambio, están poniendo en peligro el tejido empresarial sanitario español.  ACES en 2011 ya hizo un planteamiento y presentó un manifiesto al presidente Mas cuando se intentó, a través de la Ley Ómnibus, que los hospitales del ICS pudieran realizar actividad privada en sus centros. Logramos enmendar dicho proyecto y reconducimos la situación.

¿Cuál es la situación hoy?

No se permite, de acuerdo con la enmienda que consensuamos con la Administración, el hecho de que se haga actividad privada en los hospitales del ICS. Pero es que estos hospitales, hoy por hoy, están en un proceso de fragmentación, que tendremos que ver cómo termina. Tendremos que hacer un seguimiento de este proceso de fragmentación, máxime teniendo en cuenta que se está poniendo encima de la mesa que estamos asistiendo a la privatización de la Sanidad: creo que hay una confusión terrible de términos, porque una cosa es utilizar instrumentos de gestión privada en entidades y otra muy distinta es que esa entidad pase a ser pública o privada y, por ende, pueda regularse según la normativa y postulados que a cada una le resulten más convenientes.

¿Entonces están a favor de la privatización en algunos casos?

No tenemos objeción alguna en que se utilicen instrumentos de gestión privada en entidades públicas. Si los instrumentos de gestión privados son más eficientes y eficaces ¿por qué no? Pero sí nos encontrarán en pie de guerra si pretenden utilizar esos recursos para hacer actividad privada, porque es una falta absoluta de ética y una competencia desleal hacer actividad privada con recursos públicos, que son de todos, sin pagar personal ni tecnología, ni equipamientos y disfrutando de ventajas fiscales. Insisto que no nos da ningún miedo el hecho de que se incorporen entidades privadas al mercado. Sí, en cambio, que se confundan las reglas del juego con hospitales y centros de titularidad pública donde el ciudadano de a pie se dirige, con toda la convicción del mundo, a una Sanidad que responde al ámbito público, y se encuentra que tiene que pagar, porque si de lo contrario tiene que esperar cuatro, cinco, seis o siete meses. Y la guinda nos la ponen centros y servicios no del ICS pero que sí gozan de financiación pública y que cobran 40 euros por una butaca y 70 por una cama, según disponibilidad. La Ley General de Sanidad es una ley marco nacional aplicable a todas las comunidades autónomas y establece que no se puede dar un trato diferenciado a los ciudadanos en una misma entidad, extremo normativo que todas las comunidades autónomas tendrían que tener claro.

¿Estamos asistiendo a una doble velocidad en la Sanidad?

Sí, y es el propio ámbito público el que aprieta el acelerador y decide si se paga una cosa u otra. Además, con un circuito cautivo de pacientes y asistiendo a un aumento progresivo de las listas de espera. No nos podemos hacer trampas en el solitario y tenemos que hacer un acto de contricción y dejar claro que la Sanidad y el ámbito público "que financiamos todos" es para atender fundamentalmente a la gente desprotegida sin recursos y a todos los ciudadanos nacionales. Y, a partir de aquí, por la tarde, en vez de hacer actividad privada, haga usted realmente lo que compete: la actividad pública para reducir esas listas de espera que se van generando. Y vayamos a regirnos todos por parámetros objetivos.

¿Hasta qué punto todos estos mensajes equívocos han calado en la ciudadanía, que cree que la Sanidad privada es la culpable de todo?

En gran medida: al final a lo que se asiste es a titulares como "Estamos llegando a la privatización de la Sanidad" o "Los privados cobran xxx" o "Juegan y le ponen precio a la salud". No, yo creo que tenemos que ser serios, despojarnos de estos estigmas y ver realmente qué está pasando. Porque aseguradoras, proveedores, entidades públicas y privadas estamos en el mismo barco. El sector tiene que funcionar, tenemos que hacer un sistema sostenible con futuro y de futuro. Y no podemos perder comba en un sector tan esencial, potente y, a la vez, generador de riqueza.