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El lunes 27 de enero de 2014 el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, anunciaba -en rueda de prensa convocada con carácter de urgencia-, que dimitía por "rectitud y responsabilidad". Esta dimisión ocurría pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hiciera pública su decisión de proseguir con la suspensión cautelar del proceso de externalización sanitaria, rechazando el recurso de reposición del proceso, solicitado por la propia Comunidad madrileña. Se cerraba así un ciclo que ha durado unos quince meses, marcados por una gran radicalización entre partidarios y contrarios a la externalización, desconocida hasta el momento en el ámbito sanitario. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, explicitó que había aceptado la dimisión de su consejero de Sanidad y que renunciaban a los planes consistentes en externalizar los seis hospitales madrileños (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo) en pro de acabar con la "incertidumbre" que el proceso estaba causando; una incertidumbre que afectaba tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía.
Los comienzos
Para entender cómo se llega a esta situación hay que situarse en el 31 de octubre de 2012, cuando el presidente madrileño anuncia los planes de su ejecutivo, consistentes en la externalización de seis hospitales públicos; en cobrar un euro por receta, iniciativa que se llegó a implantar y luego fue suspendida por el Tribunal Constitucional; una rebaja en el presupuesto sanitario del 7 por ciento, y la gestión autónoma de 27 centros de salud mediante Entidades de Bases Asociativas, conocidas como EBAS, una forma de autogestión de la Atención Primaria, implantada en algunos centros de salud catalanes y que, según Javier Fernández-Lasquetty, había cosechado ahorros y eficiencia allí donde estaban funcionando.
Unas cuentas que no cuadran
Precisamente, el no haber podido demostrar con cifras claras qué modelo es más eficiente y menos costoso ha sido uno de los grandes avatares del conflicto. En el caso de las citadas EBAS, los contrarios a la externalización siempre dijeron que en los tiempos que corren el que los sanitarios se hicieran cargo de la gestión de un centro de salud era un gran riesgo, dada la situación de profunda crisis económica que padece nuestro país en estos momentos. Este grupo opositor, compuesto en su mayoría por directores de centros de salud, reclamaba una mayor autonomía de gestión de los centros pero dentro del sistema público. Pero donde se produjeron desavenencias contables más contundentes fue en la valoración de la gestión del Hospital Alzira (en realidad Hospital Universitario de la Ribera), llamado así por estar ubicado en esa localidad valenciana, que fue el primer hospital público español que pasó a ser gestionado por una empresa privada y cuyo modelo es el que se pretendía extender a Madrid.
Hay que tener en cuenta que ese modelo ya estaba implantado en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz y en los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz, circunstancia que les costó una imputación por cohecho y prevaricación a los ex consejeros de Sanidad -en las etapas que se produjeron estas primeras externalizaciones-, Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como a otras nueve directivos de distintas empresas; precisamente al cierre de este número saltaba la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la querella presentada por AFEM en mayo de 2013 y desestimado los recursos presentados por algunos de los querellados, por lo que hay bastante probabilidades de que tanto los dos ex consejeros como los altos cargos de la Consejería y de empresas relacionadas con la externalización tengan que comparecer finalmente ante los tribunales.
Pero volviendo al llamado modelo Alzira, fue enseguida demonizado por los contrarios a los planes de la Comunidad, que hablaron de mala gestión hasta el punto de llegar a denunciar que el privatizado hospital tuvo que ser "rescatado" con el dinero de los contribuyentes. A este hecho añadían y denunciaban que pese a esta circunstancia, inexplicablemente se renovó la contrata a los empresarios de Ribera Salud, la empresa concesionaria del mismo. La Consejería de Sanidad negó siempre este extremo. Tanto los unos como los otros presentaron números que no convencían a ninguno de los dos bandos. Hay que tener en cuenta que la cuestión económica era clave, ya que el presidente Ignacio González había sustentado la externalización en la necesidad de ahorro.
El inicio del conflicto
Tan solo unos días después del discurso en que González desvelaba sus planes de ahorro y sostenibilidad, los trabajadores del Hospital Universitario de la Princesa, enterados de las intenciones de las autoridades sanitarias de convertir su hospital en lo que llamaron "un gran geriátrico", convocan una asamblea que resulta ser multitudinaria. Ahí se empieza a hablar de "desmantelamiento del sistema público", así que deciden un encierro que va a estar acompañado por concentraciones ante el hospital y con simulaciones de entierro de la Sanidad pública. Colocaron en los escalones de la puerta principal del Hospital de la Princesa un gran féretro rodeado de cirios que paseaban varias veces al día, componiendo una efectiva procesión fúnebre que atrajo inmediatamente a vecinos y medios de comunicación. Así surge "La Princesa en lucha", lema de la página web, convertida en estandarte que anuncia cada uno de los encierros, concentraciones, manifestaciones y asambleas que se van a ir sucediendo. Una de las iniciativas con mayor peso es la consecución de 300.000 firmas en contra de los planes de reconversión del centro, que logran recoger en mesas situadas en el hall del propio edificio. Esta acción se extendería a otros hospitales madrileños.
Más tarde, el referéndum es repetido por los activos colectivos antiexternalización que van a sembrar las calles de la Comunidad de mesas a las que se acercan más de un millón de ciudadanos, según los organizadores, a estampar su firma, mostrando su rechazo a la externalización de los hospitales y también la de los centros de salud. El consejero Lasquetty refuta los resultados argumentando la falta de fiabilidad de una consulta que se hace sin un mínimo de control y denuncia que esas cifras se habían obtenido "con mentiras y asustando a la gente".
La extensión del conflicto
La paralización de los planes del Hospital de la Princesa supone un acicate y traza un camino a seguir por las distintas asociaciones profesionales, sindicales y asociaciones de pacientes que, muy pronto y siguiendo el ejemplo, se van a movilizar contra la externalización de los seis nuevos hospitales madrileños y de los, en principio 27 centros de salud, reducidos con posterioridad a 4, y de los que desde hacía meses ni siquiera se hacía ya referencia. Comenzaba a fraguarse la tormenta perfecta que desataría la "Marea Blanca".
Las discrepancias se manifiestan hasta en el lenguaje empleado, ya que la Administración habla de "externalización", puesto que, explicaban con insistencia, la titularidad de los hospitales seguiría siendo pública aunque fueran gestionados por una empresa privada. En cambio, los opositores se refieren al proceso en todo momento como de "privatización", por lo que aunque con lenguajes diferentes, ambos bandos hablaban de un mismo proceso.
Las empresas concesionarias y las circunstancias
A comienzos del mes de julio de 2013, el ahora ex consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, anuncia que el grupo puertorriqueño Hima San Pablo gestionaría el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Ribera Salud en una UTE (Unión Temporal de Empresas) haría lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionaría el Hospital del Henares.
Eran las tres únicas empresas que se presentaron al concurso y cada una de ellas concurría al lote de hospitales que finalmente les fueron adjudicados; circunstancia que los opositores siempre consideraron "sospechosa", si bien hay que decir que los pasos cruciales en que se avanzaba en la externalización fueron realizados a puerta abierta con el objetivo de dar al proceso más transparencia, tal como apuntó Lasquetty en más de una ocasión.
La gestión sanitaria de los seis hospitales durante diez años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto de 2013, fechas contestadas por la oposición que apuntó a que este es un mes habitualmente inhábil para ese tipo de actividades.
Por esas fechas los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había suspendido cautelarmente el proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido político no tenía legitimación para presentarlo por no ser "un afectado directo". No obstante, la denuncia presentada por AFEM sí que consigue en septiembre la suspensión cautelar nuevamente, al considerar el Tribunal que la asociación de médicos sí es parte interesada de la causa y se ve afectada por ella. La denuncia que justificó la petición de una suspensión cautelar se basaba en "la imposibilidad de revertir el cambio de modelo" .
En aquellos momentos el Gobierno regional aún no había firmado los contratos con las empresas adjudicatarias, circunstancia que definitivamente no se produjo, lo que al parecer evita que puedan exigir un 6 por ciento del precio total del contrato, si bien algunos expertos han vaticinado que las adjudicatarias sí que podrían reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso público, así como a solicitar que la Administración les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralización. Es uno de los coletazos que aún hoy quedan por aclarar.
Los errores del concurso
Pero el hecho objetivo es que las concesionarias aportaron como garantía casi 28 millones de euros y que, precisamente, esa cantidad se convierte en uno de los grandes motivos de desacuerdo, puesto que consideran que en realidad la cantidad debería haber sido prácticamente diez veces superior. Y esa fue precisamente una de las irregularidades que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) -una de las organizaciones más beligerantes con los planes de la Comunidad madrileña-, denuncia al TSJM y que finalmente acaba con los intentos de externalización.
Hay que resaltar que la Comunidad de Madrid modifica las condiciones del concurso de licitación cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Y lo hizo publicando en el Boletín Oficial, como "corrección de errores", un cambio sustancial en la garantía que deben aportar los adjudicatarios, que es del 5 por ciento del valor del contrato total. La inclusión de la palabra "anual" (en lugar de "total) en el texto de los pliegos de licitación, equivale a una reducción del 90 por ciento del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. Y es por ello que el TSJM considera que ese cambio "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva", extremo que el entonces consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, negó en todo momento arguyendo que eso no era posible ya que no había más candidatos dispuesto a apostar por los hospitales.
Quién es quién en la antiexternalización
Más de un español quedaba fascinado al contemplar en los informativos nacionales cómo unos sanitarios con batas blancas daban unos pasos de baile perfectamente conjuntados a las puertas de un hospital. Así que llegado el momento las manifestaciones son convocadas por la llamada Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), una macro-organización que abarca a más de 40 organizaciones que van desde sindicatos del ramo a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública; al movimiento asambleario Patusalud; a "Salvemos a la Princesa"; al Movimiento 15M y a diversas asociaciones vecinales y ayuntamientos, entre otros.
Los intentos de negociación y la decisión de ir a la huelga
AFEM, la Plataforma de Jefes de Servicio de los hospitales madrileños y una representación de los directores de centros de salud se habían unido hacía algún tiempo para lanzar un órdago público a Lasquetty, pidiéndole ser recibidos. El consejero recoge el guante y se reúne con ellos pero el intento no llega a cuajar, en palabra de algunos de los miembros de las organizaciones, debido a que el consejero pretende imponer sus planes en lugar de someter el plan a negociación.
El Colegio de Médicos de Madrid se convierte en el escenario de la primera asamblea que decide que los hospitales públicos madrileños van a la huelga general. Es el pistoletazo de salida que va dar lugar a muchas otras asambleas, más huelgas, concentraciones, concursos de fotografías con el conflicto en su punto de mira, y a la "Marea Blanca", que cada tercer domingo de mes recorre el centro de Madrid.
La contienda judicial
Pero el conflicto se mantiene también en otros terrenos, como se apuntaba al comienzo: el judicial; tanto es así que ante diversos juzgados madrileños se llegan a juntar hasta 14 recursos en contra de la externalización, en una clara ofensiva judicial que tiene como objetivo urgente entorpecerla. Para ello, los equipos jurídicos de algunos sindicatos actúan en muchas ocasiones coordinadamente a fin de que sean diversos tribunales los que se tengan que pronunciar en resoluciones no siempre coincidentes, como ocurrió de hecho. Es también AFEM la que lidera esta vertiente jurídica.
Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, acompañado por otros 50 senadores, también interpone recurso de inconstitucionalidad contra la externalización. El líder de los socialistas madrileños juega un papel determinante en el desenlace de esta historia de judialización de la Sanidad. Gómez recusa al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán. El motivo, que el magistrado había decidido agrupar en la Sala que presidía todos los recursos relativos a la externalización. La recusación la basa en que el magistrado carece de la imparcialidad necesaria para juzgar el proceso puesto que está casado con una consejera de Castilla-La Mancha, del PP. Dicha recusación es rechazada por los jueces del TSJM por entender que el recurso del socialista madrileño está basado en "un recelo sustentado en presunciones y cábalas" y que por tanto, no puede ser suficiente para "destruir la presunción de inocencia que asiste al magistrado".
Poco tiempo después Gerardo Martínez Tristán es promovido por el PP como vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial con los votos del Partido Popular y del PSOE; decisión que provoca que Tomás Gómez presente su dimisión como senador para demostrar su desacuerdo con su propio partido.
El desenlace
Estamos ya en enero de 2014. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido por mayoría devolver los recursos presentados contra la privatización de hospitales, ideada por Javier Fernández-Lasquetty, a las secciones de origen.
La decisión supone un nuevo varapalo para el consejero de Sanidad, ya que el proceso vuelve al punto de partida y la externalización seguirá paralizada al menos un año según las cábalas de la oposición, lo que supone que con toda probabilidad los planes gubernamentales no se van a llevar a cabo, al menos en esta legislatura.
Tanto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como el consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, piden que se agilice el proceso; deseo que es respondido el día 27 de este mismo mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acuerda mantener la suspensión del proceso y no tener en cuenta el recurso de reposición presentado por el Gobierno regional. Horas después, Ignacio González admite la dimisión presentada por el consejero de Sanidad quien asegura que deja el cargo "por rectitud y responsabilidad". El presidente madrileño también anuncia que deja sin efecto la externalización para evitar la "incertidumbre" que se está viviendo. También anuncia que el nuevo consejero de Sanidad será Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, hombre de abultado currículum. Se trata de un perfil distinto al de anterior consejero puesto que se trata de un médico-político. En su toma de posesión prometió mantener el sistema público sanitario, y se comprometió a tratar de recomponer las "maltrechas" relaciones entre los profesionales sanitarios y la Consejería de la que acababa de tomar posesión.
Documentación y fuentes
1. Entrevistas con Pedro González, presidente de AFEM; Jesús Frías, portavoz de la Plataforma de Jefes de Servicio de los hospitales; y Paulino Cubero, portavoz de los centros de salud.
2. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
3. Pliegos de licitación de la externalización.
4. Documentación de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
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[post_excerpt] => El 27 de enero el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, anunciaba que dimitía por "rectitud y responsabilidad". Esta dimisión ocurría pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hiciera pública su decisión de proseguir con la suspensión cautelar del proceso de externalización sanitaria, rechazando el recurso de reposición del proceso, solicitado por la propia Comunidad. Se cerraba así un ciclo marcado por una gran radicalización entre partidarios y contrarios a la externalización
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Los comienzos
Para entender cómo se llega a esta situación hay que situarse en el 31 de octubre de 2012, cuando el presidente madrileño anuncia los planes de su ejecutivo, consistentes en la externalización de seis hospitales públicos; en cobrar un euro por receta, iniciativa que se llegó a implantar y luego fue suspendida por el Tribunal Constitucional; una rebaja en el presupuesto sanitario del 7 por ciento, y la gestión autónoma de 27 centros de salud mediante Entidades de Bases Asociativas, conocidas como EBAS, una forma de autogestión de la Atención Primaria, implantada en algunos centros de salud catalanes y que, según Javier Fernández-Lasquetty, había cosechado ahorros y eficiencia allí donde estaban funcionando.
Unas cuentas que no cuadran
Precisamente, el no haber podido demostrar con cifras claras qué modelo es más eficiente y menos costoso ha sido uno de los grandes avatares del conflicto. En el caso de las citadas EBAS, los contrarios a la externalización siempre dijeron que en los tiempos que corren el que los sanitarios se hicieran cargo de la gestión de un centro de salud era un gran riesgo, dada la situación de profunda crisis económica que padece nuestro país en estos momentos. Este grupo opositor, compuesto en su mayoría por directores de centros de salud, reclamaba una mayor autonomía de gestión de los centros pero dentro del sistema público. Pero donde se produjeron desavenencias contables más contundentes fue en la valoración de la gestión del Hospital Alzira (en realidad Hospital Universitario de la Ribera), llamado así por estar ubicado en esa localidad valenciana, que fue el primer hospital público español que pasó a ser gestionado por una empresa privada y cuyo modelo es el que se pretendía extender a Madrid.
Hay que tener en cuenta que ese modelo ya estaba implantado en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz y en los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz, circunstancia que les costó una imputación por cohecho y prevaricación a los ex consejeros de Sanidad -en las etapas que se produjeron estas primeras externalizaciones-, Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como a otras nueve directivos de distintas empresas; precisamente al cierre de este número saltaba la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la querella presentada por AFEM en mayo de 2013 y desestimado los recursos presentados por algunos de los querellados, por lo que hay bastante probabilidades de que tanto los dos ex consejeros como los altos cargos de la Consejería y de empresas relacionadas con la externalización tengan que comparecer finalmente ante los tribunales.
Pero volviendo al llamado modelo Alzira, fue enseguida demonizado por los contrarios a los planes de la Comunidad, que hablaron de mala gestión hasta el punto de llegar a denunciar que el privatizado hospital tuvo que ser "rescatado" con el dinero de los contribuyentes. A este hecho añadían y denunciaban que pese a esta circunstancia, inexplicablemente se renovó la contrata a los empresarios de Ribera Salud, la empresa concesionaria del mismo. La Consejería de Sanidad negó siempre este extremo. Tanto los unos como los otros presentaron números que no convencían a ninguno de los dos bandos. Hay que tener en cuenta que la cuestión económica era clave, ya que el presidente Ignacio González había sustentado la externalización en la necesidad de ahorro.
El inicio del conflicto
Tan solo unos días después del discurso en que González desvelaba sus planes de ahorro y sostenibilidad, los trabajadores del Hospital Universitario de la Princesa, enterados de las intenciones de las autoridades sanitarias de convertir su hospital en lo que llamaron "un gran geriátrico", convocan una asamblea que resulta ser multitudinaria. Ahí se empieza a hablar de "desmantelamiento del sistema público", así que deciden un encierro que va a estar acompañado por concentraciones ante el hospital y con simulaciones de entierro de la Sanidad pública. Colocaron en los escalones de la puerta principal del Hospital de la Princesa un gran féretro rodeado de cirios que paseaban varias veces al día, componiendo una efectiva procesión fúnebre que atrajo inmediatamente a vecinos y medios de comunicación. Así surge "La Princesa en lucha", lema de la página web, convertida en estandarte que anuncia cada uno de los encierros, concentraciones, manifestaciones y asambleas que se van a ir sucediendo. Una de las iniciativas con mayor peso es la consecución de 300.000 firmas en contra de los planes de reconversión del centro, que logran recoger en mesas situadas en el hall del propio edificio. Esta acción se extendería a otros hospitales madrileños.
Más tarde, el referéndum es repetido por los activos colectivos antiexternalización que van a sembrar las calles de la Comunidad de mesas a las que se acercan más de un millón de ciudadanos, según los organizadores, a estampar su firma, mostrando su rechazo a la externalización de los hospitales y también la de los centros de salud. El consejero Lasquetty refuta los resultados argumentando la falta de fiabilidad de una consulta que se hace sin un mínimo de control y denuncia que esas cifras se habían obtenido "con mentiras y asustando a la gente".
La extensión del conflicto
La paralización de los planes del Hospital de la Princesa supone un acicate y traza un camino a seguir por las distintas asociaciones profesionales, sindicales y asociaciones de pacientes que, muy pronto y siguiendo el ejemplo, se van a movilizar contra la externalización de los seis nuevos hospitales madrileños y de los, en principio 27 centros de salud, reducidos con posterioridad a 4, y de los que desde hacía meses ni siquiera se hacía ya referencia. Comenzaba a fraguarse la tormenta perfecta que desataría la "Marea Blanca".
Las discrepancias se manifiestan hasta en el lenguaje empleado, ya que la Administración habla de "externalización", puesto que, explicaban con insistencia, la titularidad de los hospitales seguiría siendo pública aunque fueran gestionados por una empresa privada. En cambio, los opositores se refieren al proceso en todo momento como de "privatización", por lo que aunque con lenguajes diferentes, ambos bandos hablaban de un mismo proceso.
Las empresas concesionarias y las circunstancias
A comienzos del mes de julio de 2013, el ahora ex consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, anuncia que el grupo puertorriqueño Hima San Pablo gestionaría el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Ribera Salud en una UTE (Unión Temporal de Empresas) haría lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionaría el Hospital del Henares.
Eran las tres únicas empresas que se presentaron al concurso y cada una de ellas concurría al lote de hospitales que finalmente les fueron adjudicados; circunstancia que los opositores siempre consideraron "sospechosa", si bien hay que decir que los pasos cruciales en que se avanzaba en la externalización fueron realizados a puerta abierta con el objetivo de dar al proceso más transparencia, tal como apuntó Lasquetty en más de una ocasión.
La gestión sanitaria de los seis hospitales durante diez años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto de 2013, fechas contestadas por la oposición que apuntó a que este es un mes habitualmente inhábil para ese tipo de actividades.
Por esas fechas los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había suspendido cautelarmente el proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido político no tenía legitimación para presentarlo por no ser "un afectado directo". No obstante, la denuncia presentada por AFEM sí que consigue en septiembre la suspensión cautelar nuevamente, al considerar el Tribunal que la asociación de médicos sí es parte interesada de la causa y se ve afectada por ella. La denuncia que justificó la petición de una suspensión cautelar se basaba en "la imposibilidad de revertir el cambio de modelo" .
En aquellos momentos el Gobierno regional aún no había firmado los contratos con las empresas adjudicatarias, circunstancia que definitivamente no se produjo, lo que al parecer evita que puedan exigir un 6 por ciento del precio total del contrato, si bien algunos expertos han vaticinado que las adjudicatarias sí que podrían reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso público, así como a solicitar que la Administración les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralización. Es uno de los coletazos que aún hoy quedan por aclarar.
Los errores del concurso
Pero el hecho objetivo es que las concesionarias aportaron como garantía casi 28 millones de euros y que, precisamente, esa cantidad se convierte en uno de los grandes motivos de desacuerdo, puesto que consideran que en realidad la cantidad debería haber sido prácticamente diez veces superior. Y esa fue precisamente una de las irregularidades que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) -una de las organizaciones más beligerantes con los planes de la Comunidad madrileña-, denuncia al TSJM y que finalmente acaba con los intentos de externalización.
Hay que resaltar que la Comunidad de Madrid modifica las condiciones del concurso de licitación cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Y lo hizo publicando en el Boletín Oficial, como "corrección de errores", un cambio sustancial en la garantía que deben aportar los adjudicatarios, que es del 5 por ciento del valor del contrato total. La inclusión de la palabra "anual" (en lugar de "total) en el texto de los pliegos de licitación, equivale a una reducción del 90 por ciento del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. Y es por ello que el TSJM considera que ese cambio "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva", extremo que el entonces consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, negó en todo momento arguyendo que eso no era posible ya que no había más candidatos dispuesto a apostar por los hospitales.
Quién es quién en la antiexternalización
Más de un español quedaba fascinado al contemplar en los informativos nacionales cómo unos sanitarios con batas blancas daban unos pasos de baile perfectamente conjuntados a las puertas de un hospital. Así que llegado el momento las manifestaciones son convocadas por la llamada Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), una macro-organización que abarca a más de 40 organizaciones que van desde sindicatos del ramo a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública; al movimiento asambleario Patusalud; a "Salvemos a la Princesa"; al Movimiento 15M y a diversas asociaciones vecinales y ayuntamientos, entre otros.
Los intentos de negociación y la decisión de ir a la huelga
AFEM, la Plataforma de Jefes de Servicio de los hospitales madrileños y una representación de los directores de centros de salud se habían unido hacía algún tiempo para lanzar un órdago público a Lasquetty, pidiéndole ser recibidos. El consejero recoge el guante y se reúne con ellos pero el intento no llega a cuajar, en palabra de algunos de los miembros de las organizaciones, debido a que el consejero pretende imponer sus planes en lugar de someter el plan a negociación.
El Colegio de Médicos de Madrid se convierte en el escenario de la primera asamblea que decide que los hospitales públicos madrileños van a la huelga general. Es el pistoletazo de salida que va dar lugar a muchas otras asambleas, más huelgas, concentraciones, concursos de fotografías con el conflicto en su punto de mira, y a la "Marea Blanca", que cada tercer domingo de mes recorre el centro de Madrid.
La contienda judicial
Pero el conflicto se mantiene también en otros terrenos, como se apuntaba al comienzo: el judicial; tanto es así que ante diversos juzgados madrileños se llegan a juntar hasta 14 recursos en contra de la externalización, en una clara ofensiva judicial que tiene como objetivo urgente entorpecerla. Para ello, los equipos jurídicos de algunos sindicatos actúan en muchas ocasiones coordinadamente a fin de que sean diversos tribunales los que se tengan que pronunciar en resoluciones no siempre coincidentes, como ocurrió de hecho. Es también AFEM la que lidera esta vertiente jurídica.
Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, acompañado por otros 50 senadores, también interpone recurso de inconstitucionalidad contra la externalización. El líder de los socialistas madrileños juega un papel determinante en el desenlace de esta historia de judialización de la Sanidad. Gómez recusa al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán. El motivo, que el magistrado había decidido agrupar en la Sala que presidía todos los recursos relativos a la externalización. La recusación la basa en que el magistrado carece de la imparcialidad necesaria para juzgar el proceso puesto que está casado con una consejera de Castilla-La Mancha, del PP. Dicha recusación es rechazada por los jueces del TSJM por entender que el recurso del socialista madrileño está basado en "un recelo sustentado en presunciones y cábalas" y que por tanto, no puede ser suficiente para "destruir la presunción de inocencia que asiste al magistrado".
Poco tiempo después Gerardo Martínez Tristán es promovido por el PP como vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial con los votos del Partido Popular y del PSOE; decisión que provoca que Tomás Gómez presente su dimisión como senador para demostrar su desacuerdo con su propio partido.
El desenlace
Estamos ya en enero de 2014. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido por mayoría devolver los recursos presentados contra la privatización de hospitales, ideada por Javier Fernández-Lasquetty, a las secciones de origen.
La decisión supone un nuevo varapalo para el consejero de Sanidad, ya que el proceso vuelve al punto de partida y la externalización seguirá paralizada al menos un año según las cábalas de la oposición, lo que supone que con toda probabilidad los planes gubernamentales no se van a llevar a cabo, al menos en esta legislatura.
Tanto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como el consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, piden que se agilice el proceso; deseo que es respondido el día 27 de este mismo mes de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acuerda mantener la suspensión del proceso y no tener en cuenta el recurso de reposición presentado por el Gobierno regional. Horas después, Ignacio González admite la dimisión presentada por el consejero de Sanidad quien asegura que deja el cargo "por rectitud y responsabilidad". El presidente madrileño también anuncia que deja sin efecto la externalización para evitar la "incertidumbre" que se está viviendo. También anuncia que el nuevo consejero de Sanidad será Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, hombre de abultado currículum. Se trata de un perfil distinto al de anterior consejero puesto que se trata de un médico-político. En su toma de posesión prometió mantener el sistema público sanitario, y se comprometió a tratar de recomponer las "maltrechas" relaciones entre los profesionales sanitarios y la Consejería de la que acababa de tomar posesión.
Documentación y fuentes
1. Entrevistas con Pedro González, presidente de AFEM; Jesús Frías, portavoz de la Plataforma de Jefes de Servicio de los hospitales; y Paulino Cubero, portavoz de los centros de salud.
2. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
3. Pliegos de licitación de la externalización.
4. Documentación de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
[post_title] => Plan de externalización de seis hospitales públicos madrileños, historia de una iniciativa fallida
[post_excerpt] => El 27 de enero el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, anunciaba que dimitía por "rectitud y responsabilidad". Esta dimisión ocurría pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hiciera pública su decisión de proseguir con la suspensión cautelar del proceso de externalización sanitaria, rechazando el recurso de reposición del proceso, solicitado por la propia Comunidad. Se cerraba así un ciclo marcado por una gran radicalización entre partidarios y contrarios a la externalización
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