Reportajes

En un seminario para medios de comunicación, la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, definió su situación como calamitosa, como consecuencia de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el sector, que asciende a 6.300 millones de euros, lo debido por los medicamentos que se consumen en los hospitales españoles y que tardan una media de 525 días en pagar, es decir, cerca de un año y medio.

Pero no se trata sólo de una situación delicada para un sector que es el principal contribuidor a la I+D nacional. El problema que todos ven aunque pocos se atreven a mencionar puede ser mucho más grave: que esta falta de pago lleve a un desabastecimiento de fármacos para los pacientes. Los mismos responsables de la patronal reconocen que sería ilegal cualquier desabastecimiento que impactara en la salud de los pacientes. Pero ¿qué ocurriría si las empresas dejan de tener capacidad de producción? O, peor aún, ¿qué pasaría si éstas cierran?

"Existe un riesgo real de problemas en el suministro habitual de medicamentos estratégicos", destacó el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay, que resumió en seis puntos la importancia de solucionar urgentemente la deuda. En primer lugar, ésta estrangula a los proveedores, en un momento de escasez en la financiación de circulante; en segundo, pone en grave peligro el empleo del sector y las inversiones de futuro, productivas y de I+D; en tercero, se produce un grave deterioro de la imagen de España como país cumplidor de sus obligaciones; el cuarto punto, ya resaltado y quizás el que pueda tener un impacto más directo en el paciente, es el riesgo cierto de problemas en el suministro habitual de medicamentos estratégicos. En quinto lugar, Urzay habló de la necesidad de normalizar los pagos de las nuevas compras en los plazos establecidos por la Ley, que se sitúan en 40 días en 2012, es decir, 460 días menos que la media de demora actual. Por último, el subdirector general de Farmaindustria habló de la parte más práctica de esta situación: cómo solucionarla.

"La industria está dispuesta a colaborar en el mecanismo financiero más adecuado para el pago íntegro de la deuda acumulado, para el que es preciso el apoyo del Estado", apuntó Urzay.

El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, fue en la misma línea: "La falta de liquidez de las comunidades autónomas es notable". El Gobierno central sabe que su papel en este asunto es fundamental, requisito imprescindible para que se acabe con el ahogo financiero del sector. Así lo expresó la nueva ministra, Ana Mato, en una reunión que tuvo con el director general de Farmaindustria, Jordi Ramentol, y el propio Arnés, el pasado 18 de enero. En la misma, los responsables de la patronal reiteraron su lealtad institucional y su disposición a trabajar constructivamente para hacer compatible la sostenibilidad de las cuentas públicas y el desarrollo de esta industria.

Porque si algo quiere dejar claro el sector, es que no es ajeno a la situación de crisis económica que vive España. Sin embargo, consideran que la aportación que se ha pretendido que haga la industria farmacéutica a la situación de déficit público va mucho más allá de lo razonable. "Hemos contribuido a generar unos ahorros de más de 5.000 millones de euros, según las propias cifras de la Administración", resaltaba Arnés.

Entre las medidas para disminuir el gasto farmacéutico, Farmaindustria se niega a valorar la que está más en boca de los ciudadanos, el copago. Eso sí, el directivo de Farmaindustria sí adelantó que esta medida haría daño a la industria, porque "tendría un efecto disuasorio".  La receta que sí se aventuró a lanzar Arnés es una posible exclusión de los fármacos para dolencias menores del catálogo de prestaciones públicas. "El constipado me lo curo yo, pero si tengo un cáncer quiero que la Sanidad pública me pague los fármacos más innovadores", explicó el director general de Farmaindustria.

A la hora de buscar una solución a la deuda hospitalaria, subrayó: "Hemos propuesto varias fórmulas, queremos que salga una que sea simple y rápida. Podría ser una línea ICO, si se instrumenta adecuadamente".

Las reiteradas bajadas de precios de los medicamentos, establecidas por tres decretos ley que han puesto en serio peligro a los laboratorios, no han contribuido, según Farmaindustria, a solucionar la situación, pero sí a estancar este sector industrial. Así, el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia se cifra en alrededor de 11.000 millones, equivalente a 2007. "La paradoja es que las recetas han seguido creciendo y que, si consideramos el gasto medio por receta, éste es el mismo que en 2001; diez años después, el mismo gasto", resumió Arnés.

El gasto farmacéutico público alcanzó su máximo en España en 2009. Esta fecha marcó el final de un ciclo, con un gasto per capita de 268 euros al año. Dos años después, se observa una caída del 11 por ciento, con un gasto de 236 euros. Pero lo peor, según el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, está por venir. "Nuestra previsión es que el gasto caerá en 2012 más del 10 por ciento adicional a lo que ha caído en años anteriores", vaticina.

Gasto hospitalario

La industria es consciente de que el gasto farmacéutico hospitalario ha crecido mucho por la atención a pacientes externos, pero señala que este aumento en realidad ha repercutido en una reducción neta de gasto hospitalario. Así, un análisis econométrico realizado por Farmaindustria a partir de los datos oficiales registrados entre 1999 y 2005, revela que un incremento de 1 euro per capita en el gasto farmacéutico hospitalario en pacientes externos supuso una reducción de aproximadamente 1,4 euros per capita en el resto del gasto hospitalario.

Las razones son evidentes. Los medicamentos que se suministran a pacientes externos en los hospitales suelen sustituir a otros gastos hospitalarios en procesos muy intensivos en uso de recursos de los establecimientos hospitalarios. Para explicarlo con ejemplos: el 80 por ciento de los medicamentos que se compran y dispensan en hospitales son citostáticos (fármacos para el cáncer, sobre todo quimioterapia), antirretrovirales (para el VIH/sida) y para la hemofilia. Si nos retrotraemos a la época en que no existían estos fármacos (en muchos casos, como en el de los antirretrovirales, no hay que más allá de 20 años), se ve fácilmente el resultado: las personas morían y lo hacían en hospitales, tras consumir todos los recursos posibles para intentar salvarlos, una tarea que se sabía imposible desde el principio.

Así, los fármacos de dispensación hospitalaria son el paradigma de las terapias coste-efectivas. Esta situación hace aún más dramática la posible falta de suministro que se puede derivar del actual escenario de impagos.  Además, Farmaindustria revela que no se publican los datos de gasto farmacéutico hospitalario público, por lo que no se pueden comparar ni hacer un seguimiento, un primer hándicap de los muchos que habría que resolver para solucionar este problema.

El desplome del gasto farmacéutico puede estar teniendo un impacto real ya  en los pacientes, según la patronal. El director del Departamento de Relaciones con las comunidades autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, advirtió de que "se vienen denunciando desde distintos sectores diferencias de acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores, especialmente en áreas como Oncología o Reumatología". La mención a estas áreas no es casual. Es evidente que la quimioterapia o los fármacos biológicos para enfermedades reumatológicas son muy caros, pero también lo es que han supuesto un cambio en la morbimortalidad de los pacientes y en su calidad de vida.

Frente a quienes apuestan por un modelo que evalúe los nuevos medicamentos basándose únicamente en criterios de coste-efectividad, algo similar a lo que hace en Reino Unido el Nacional Institute for Clinical and Health Excelence (NICE), Farmaindustria denuncia que esta práctica "puede dar lugar a rupturas de la equidad en el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores". El informe INESME, que analizó los criterios de accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en Oncología, mostró que España, a pesar de estar identificada como uno de los países capaces de incorporar los tratamientos y técnicas novedosas de forma más rápida, hace una incorporación desigual y que tiende a verse acompañada de restricciones del uso de fármacos.

La situación en torno al impago de medicamentos que, como deja claro Farmaindustria, ya trasciende al sector para reflejarse en el propio paciente, podría mejorar si aumentara el gasto en Sanidad en los presupuestos públicos. "Hay que considerar la Sanidad un capítulo prioritario, es el bien más preciado para los ciudadanos, eso tiene que tener un reflejo en los presupuestos", reflexionaba Arnés.

El gasto sanitario público per cápita de España es uno de los más bajos de la Eurozona, un 29,8 por ciento inferior a la media y sólo por encima de países como Eslovenia, Eslovaquia y Estonia; muy por debajo de Francia, Alemania o Bélgica, entres otros. El gasto farmacéutico público también es menor que la media europea, en concreto, un 9,4 por ciento inferior. Aunque en ese capítulo sí estamos por encima de países como Italia, seguimos muy por debajo de Irlanda, Alemania o Bélgica. Todo esto sin tener en cuenta las previsiones para 2012, año en el que, según Farmaindustria, el gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia caerá por debajo del 1 por ciento del PIB español.

En estas cifras sin duda tiene mucho que ver el Real Decreto-ley 9/2011 sobre prescripción y dispensación de medicamentos. Contra esta norma se ha rebelado la industria farmacéutica, pero no sólo por lo que en ella se dice, sino porque consideran que algunas comunidades autónomas se han excedido en su interpretación, impidiendo, e incluso sancionando a los médicos receten medicamentos de marca.

El artículo 85, tras su modificación por este Real Decreto, no prohíbe en ningún momento la dispensación de fármacos originales. "Las prescripción, indicación o autorización de dispensación de los medicamentos se realizará por principio activo", reza el texto, que añade: "el farmacéutico dispensará la presentación del medicamento o del producto sanitario que tenga menor precio".

Farmaindustria destaca, así, que un médico puede prescribir por marca, siempre y cuando el fármaco pertenezca a las agrupaciones homogéneas y esté al mismo precio que el más barato del grupo. La realidad es que si este tipo de prescripción se generalizara, las cosas mejorarían para la industria farmacéutica, aunque la patronal habla de otros motivos para recomendarla. Según el director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, una prescripción por denominación comercial minimiza los errores de identificación de fármacos (sobre todo en ancianos), evita cambios de excipientes que puedan llevar a efectos secundarios, mejora la adherencia y favorece la farmacovigilancia, entre otras ventajas.

Así, el rechazo de cualquier iniciativa que discrimine a los productos con denominación comercial es bandera de la industria farmacéutica. Se acaba de demostrar en el asunto de la subasta pública fomentada por el Servicio Andaluz de Salud, contra la que Farmaindustria ha pedido al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad. "La Junta [...] vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de fármacos financiados con cargo al SNS", dice la patronal. "Con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aún a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

En resumen, son muchas las batallas con las que tendrá que lidiar este año la industria de los medicamentos. Como prioridad, conseguir que se pague la deuda y evitar así cualquier riesgo de desabastecimiento; de forma secundaria, pero también importante, pelear contra los efectos de las últimas modificaciones legislativas, tanto nacionales como autonómicas, para que se sigan recetando medicamentos de marca para evitar lo que, a su juicio, va a suceder: que pequeños laboratorios farmacéuticos, sobre todo nacionales, vayan a la quiebra antes de que finalice 2012

En un seminario para medios de comunicación, la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, definió su situación como calamitosa, como consecuencia de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el sector, que asciende a 6.300 millones de euros, lo debido por los medicamentos que se consumen en los hospitales españoles y que tardan una media de 525 días en pagar, es decir, cerca de un año y medio.

Pero no se trata sólo de una situación delicada para un sector que es el principal contribuidor a la I+D nacional. El problema que todos ven aunque pocos se atreven a mencionar puede ser mucho más grave: que esta falta de pago lleve a un desabastecimiento de fármacos para los pacientes. Los mismos responsables de la patronal reconocen que sería ilegal cualquier desabastecimiento que impactara en la salud de los pacientes. Pero ¿qué ocurriría si las empresas dejan de tener capacidad de producción? O, peor aún, ¿qué pasaría si éstas cierran?

"Existe un riesgo real de problemas en el suministro habitual de medicamentos estratégicos", destacó el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay, que resumió en seis puntos la importancia de solucionar urgentemente la deuda. En primer lugar, ésta estrangula a los proveedores, en un momento de escasez en la financiación de circulante; en segundo, pone en grave peligro el empleo del sector y las inversiones de futuro, productivas y de I+D; en tercero, se produce un grave deterioro de la imagen de España como país cumplidor de sus obligaciones; el cuarto punto, ya resaltado y quizás el que pueda tener un impacto más directo en el paciente, es el riesgo cierto de problemas en el suministro habitual de medicamentos estratégicos. En quinto lugar, Urzay habló de la necesidad de normalizar los pagos de las nuevas compras en los plazos establecidos por la Ley, que se sitúan en 40 días en 2012, es decir, 460 días menos que la media de demora actual. Por último, el subdirector general de Farmaindustria habló de la parte más práctica de esta situación: cómo solucionarla.

"La industria está dispuesta a colaborar en el mecanismo financiero más adecuado para el pago íntegro de la deuda acumulado, para el que es preciso el apoyo del Estado", apuntó Urzay.

El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, fue en la misma línea: "La falta de liquidez de las comunidades autónomas es notable". El Gobierno central sabe que su papel en este asunto es fundamental, requisito imprescindible para que se acabe con el ahogo financiero del sector. Así lo expresó la nueva ministra, Ana Mato, en una reunión que tuvo con el director general de Farmaindustria, Jordi Ramentol, y el propio Arnés, el pasado 18 de enero. En la misma, los responsables de la patronal reiteraron su lealtad institucional y su disposición a trabajar constructivamente para hacer compatible la sostenibilidad de las cuentas públicas y el desarrollo de esta industria.

Porque si algo quiere dejar claro el sector, es que no es ajeno a la situación de crisis económica que vive España. Sin embargo, consideran que la aportación que se ha pretendido que haga la industria farmacéutica a la situación de déficit público va mucho más allá de lo razonable. "Hemos contribuido a generar unos ahorros de más de 5.000 millones de euros, según las propias cifras de la Administración", resaltaba Arnés.

Entre las medidas para disminuir el gasto farmacéutico, Farmaindustria se niega a valorar la que está más en boca de los ciudadanos, el copago. Eso sí, el directivo de Farmaindustria sí adelantó que esta medida haría daño a la industria, porque "tendría un efecto disuasorio".  La receta que sí se aventuró a lanzar Arnés es una posible exclusión de los fármacos para dolencias menores del catálogo de prestaciones públicas. "El constipado me lo curo yo, pero si tengo un cáncer quiero que la Sanidad pública me pague los fármacos más innovadores", explicó el director general de Farmaindustria.

A la hora de buscar una solución a la deuda hospitalaria, subrayó: "Hemos propuesto varias fórmulas, queremos que salga una que sea simple y rápida. Podría ser una línea ICO, si se instrumenta adecuadamente".

Las reiteradas bajadas de precios de los medicamentos, establecidas por tres decretos ley que han puesto en serio peligro a los laboratorios, no han contribuido, según Farmaindustria, a solucionar la situación, pero sí a estancar este sector industrial. Así, el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia se cifra en alrededor de 11.000 millones, equivalente a 2007. "La paradoja es que las recetas han seguido creciendo y que, si consideramos el gasto medio por receta, éste es el mismo que en 2001; diez años después, el mismo gasto", resumió Arnés.

El gasto farmacéutico público alcanzó su máximo en España en 2009. Esta fecha marcó el final de un ciclo, con un gasto per capita de 268 euros al año. Dos años después, se observa una caída del 11 por ciento, con un gasto de 236 euros. Pero lo peor, según el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, está por venir. "Nuestra previsión es que el gasto caerá en 2012 más del 10 por ciento adicional a lo que ha caído en años anteriores", vaticina.

Gasto hospitalario

La industria es consciente de que el gasto farmacéutico hospitalario ha crecido mucho por la atención a pacientes externos, pero señala que este aumento en realidad ha repercutido en una reducción neta de gasto hospitalario. Así, un análisis econométrico realizado por Farmaindustria a partir de los datos oficiales registrados entre 1999 y 2005, revela que un incremento de 1 euro per capita en el gasto farmacéutico hospitalario en pacientes externos supuso una reducción de aproximadamente 1,4 euros per capita en el resto del gasto hospitalario.

Las razones son evidentes. Los medicamentos que se suministran a pacientes externos en los hospitales suelen sustituir a otros gastos hospitalarios en procesos muy intensivos en uso de recursos de los establecimientos hospitalarios. Para explicarlo con ejemplos: el 80 por ciento de los medicamentos que se compran y dispensan en hospitales son citostáticos (fármacos para el cáncer, sobre todo quimioterapia), antirretrovirales (para el VIH/sida) y para la hemofilia. Si nos retrotraemos a la época en que no existían estos fármacos (en muchos casos, como en el de los antirretrovirales, no hay que más allá de 20 años), se ve fácilmente el resultado: las personas morían y lo hacían en hospitales, tras consumir todos los recursos posibles para intentar salvarlos, una tarea que se sabía imposible desde el principio.

Así, los fármacos de dispensación hospitalaria son el paradigma de las terapias coste-efectivas. Esta situación hace aún más dramática la posible falta de suministro que se puede derivar del actual escenario de impagos.  Además, Farmaindustria revela que no se publican los datos de gasto farmacéutico hospitalario público, por lo que no se pueden comparar ni hacer un seguimiento, un primer hándicap de los muchos que habría que resolver para solucionar este problema.

El desplome del gasto farmacéutico puede estar teniendo un impacto real ya  en los pacientes, según la patronal. El director del Departamento de Relaciones con las comunidades autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, advirtió de que "se vienen denunciando desde distintos sectores diferencias de acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores, especialmente en áreas como Oncología o Reumatología". La mención a estas áreas no es casual. Es evidente que la quimioterapia o los fármacos biológicos para enfermedades reumatológicas son muy caros, pero también lo es que han supuesto un cambio en la morbimortalidad de los pacientes y en su calidad de vida.

Frente a quienes apuestan por un modelo que evalúe los nuevos medicamentos basándose únicamente en criterios de coste-efectividad, algo similar a lo que hace en Reino Unido el Nacional Institute for Clinical and Health Excelence (NICE), Farmaindustria denuncia que esta práctica "puede dar lugar a rupturas de la equidad en el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores". El informe INESME, que analizó los criterios de accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en Oncología, mostró que España, a pesar de estar identificada como uno de los países capaces de incorporar los tratamientos y técnicas novedosas de forma más rápida, hace una incorporación desigual y que tiende a verse acompañada de restricciones del uso de fármacos.

La situación en torno al impago de medicamentos que, como deja claro Farmaindustria, ya trasciende al sector para reflejarse en el propio paciente, podría mejorar si aumentara el gasto en Sanidad en los presupuestos públicos. "Hay que considerar la Sanidad un capítulo prioritario, es el bien más preciado para los ciudadanos, eso tiene que tener un reflejo en los presupuestos", reflexionaba Arnés.

El gasto sanitario público per cápita de España es uno de los más bajos de la Eurozona, un 29,8 por ciento inferior a la media y sólo por encima de países como Eslovenia, Eslovaquia y Estonia; muy por debajo de Francia, Alemania o Bélgica, entres otros. El gasto farmacéutico público también es menor que la media europea, en concreto, un 9,4 por ciento inferior. Aunque en ese capítulo sí estamos por encima de países como Italia, seguimos muy por debajo de Irlanda, Alemania o Bélgica. Todo esto sin tener en cuenta las previsiones para 2012, año en el que, según Farmaindustria, el gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia caerá por debajo del 1 por ciento del PIB español.

En estas cifras sin duda tiene mucho que ver el Real Decreto-ley 9/2011 sobre prescripción y dispensación de medicamentos. Contra esta norma se ha rebelado la industria farmacéutica, pero no sólo por lo que en ella se dice, sino porque consideran que algunas comunidades autónomas se han excedido en su interpretación, impidiendo, e incluso sancionando a los médicos receten medicamentos de marca.

El artículo 85, tras su modificación por este Real Decreto, no prohíbe en ningún momento la dispensación de fármacos originales. "Las prescripción, indicación o autorización de dispensación de los medicamentos se realizará por principio activo", reza el texto, que añade: "el farmacéutico dispensará la presentación del medicamento o del producto sanitario que tenga menor precio".

Farmaindustria destaca, así, que un médico puede prescribir por marca, siempre y cuando el fármaco pertenezca a las agrupaciones homogéneas y esté al mismo precio que el más barato del grupo. La realidad es que si este tipo de prescripción se generalizara, las cosas mejorarían para la industria farmacéutica, aunque la patronal habla de otros motivos para recomendarla. Según el director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, una prescripción por denominación comercial minimiza los errores de identificación de fármacos (sobre todo en ancianos), evita cambios de excipientes que puedan llevar a efectos secundarios, mejora la adherencia y favorece la farmacovigilancia, entre otras ventajas.

Así, el rechazo de cualquier iniciativa que discrimine a los productos con denominación comercial es bandera de la industria farmacéutica. Se acaba de demostrar en el asunto de la subasta pública fomentada por el Servicio Andaluz de Salud, contra la que Farmaindustria ha pedido al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad. "La Junta [...] vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de fármacos financiados con cargo al SNS", dice la patronal. "Con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aún a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

En resumen, son muchas las batallas con las que tendrá que lidiar este año la industria de los medicamentos. Como prioridad, conseguir que se pague la deuda y evitar así cualquier riesgo de desabastecimiento; de forma secundaria, pero también importante, pelear contra los efectos de las últimas modificaciones legislativas, tanto nacionales como autonómicas, para que se sigan recetando medicamentos de marca para evitar lo que, a su juicio, va a suceder: que pequeños laboratorios farmacéuticos, sobre todo nacionales, vayan a la quiebra antes de que finalice 2012