Internacional

ONG, científicos, juristas y expertos en políticas públicas de todo el mundo se han unido para llevar a cabo un plan de acción que culmine en una estrategia internacional, que se desarrollará a nivel multidisciplinar, y que tendrá como objetivo aumentar el control legislativo de las sustancias tóxicas y sus efectos ambientales y sobre la salud.

"Queremos desarrollar un plan de acción para concretamente saber en qué punto de control están temas como la nanotecnología, transgénicos, químicos, pesticidas o contaminación electromagnética, ha explicado la directora de la Organización para la Defensa de la Salud, Irina de la Flor, quien ha destacado la participación Greenpeace.

Para ello, se van a organizar varios grupos de acción con expertos de cada tema para saber exactamente dónde se encuentra la legislación actual; en qué punto se halla la información científica sobre estas sustancias, y si está siendo utilizada eficientemente; y, además, en qué  estado se encuentra  la evaluación de los riesgos.

De la Flor ha alertado de que en el mundo científico se está produciendo un contrasentido con las investigaciones que, tras un largo proceso de desarrollo, se ponen en marcha sin una evaluación de riesgos, muchas veces porque es imposible. Para solventar esto, añade, "se crean leyes y políticas públicas en torno a incertidumbres".

Esta experta insiste en que se hace necesario el desarrollo de ésta estrategia internacional, mediante la que se pretende hacer llegar al público "los riesgo reales" de muchas de las sustancias tóxicas que rodean a la población, ya que, añade, "se sabe que los Gobiernos no están informando de los riesgos a los que la población está siendo expuesta".

El coordinador científico de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), Hartmut Meyer, ha admitido que son necesarias "normas y leyes sobre cómo utilizar los resultados de los estudios científicos y cómo controlar las sustancias químicas, pero eso sólo se conseguirá si hay una mayor presión por parte del público".

Así, durante el próximo año se pretenden desarrollar los contenidos de cada grupo de trabajo con expertos, de modo que, de cara al futuro, se pongan en marcha estrategias y campañas con acciones mensuales, trimestrales y anuales. No obstante, los planes de acción estarán "siempre activos" teniendo en cuenta la amplitud de las sustancias y la aparición de nuevos productos en el mercado.

Uno de los principales escollos para conseguirlo radica en la presión que ejerce la industria, explica Meyer.

ONG, científicos, juristas y expertos en políticas públicas de todo el mundo se han unido para llevar a cabo un plan de acción que culmine en una estrategia internacional, que se desarrollará a nivel multidisciplinar, y que tendrá como objetivo aumentar el control legislativo de las sustancias tóxicas y sus efectos ambientales y sobre la salud.

"Queremos desarrollar un plan de acción para concretamente saber en qué punto de control están temas como la nanotecnología, transgénicos, químicos, pesticidas o contaminación electromagnética, ha explicado la directora de la Organización para la Defensa de la Salud, Irina de la Flor, quien ha destacado la participación Greenpeace.

Para ello, se van a organizar varios grupos de acción con expertos de cada tema para saber exactamente dónde se encuentra la legislación actual; en qué punto se halla la información científica sobre estas sustancias, y si está siendo utilizada eficientemente; y, además, en qué  estado se encuentra  la evaluación de los riesgos.

De la Flor ha alertado de que en el mundo científico se está produciendo un contrasentido con las investigaciones que, tras un largo proceso de desarrollo, se ponen en marcha sin una evaluación de riesgos, muchas veces porque es imposible. Para solventar esto, añade, "se crean leyes y políticas públicas en torno a incertidumbres".

Esta experta insiste en que se hace necesario el desarrollo de ésta estrategia internacional, mediante la que se pretende hacer llegar al público "los riesgo reales" de muchas de las sustancias tóxicas que rodean a la población, ya que, añade, "se sabe que los Gobiernos no están informando de los riesgos a los que la población está siendo expuesta".

El coordinador científico de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), Hartmut Meyer, ha admitido que son necesarias "normas y leyes sobre cómo utilizar los resultados de los estudios científicos y cómo controlar las sustancias químicas, pero eso sólo se conseguirá si hay una mayor presión por parte del público".

Así, durante el próximo año se pretenden desarrollar los contenidos de cada grupo de trabajo con expertos, de modo que, de cara al futuro, se pongan en marcha estrategias y campañas con acciones mensuales, trimestrales y anuales. No obstante, los planes de acción estarán "siempre activos" teniendo en cuenta la amplitud de las sustancias y la aparición de nuevos productos en el mercado.

Uno de los principales escollos para conseguirlo radica en la presión que ejerce la industria, explica Meyer.