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[post_content] => El movimiento global,
Amnistía Internacional, con un alcance de más de 150 países y 7 millones de personas ha informado a través de una noticia que más de
7.000 personas del personal sanitario han muerto a causa de la
COVID-19 en todo el mundo.
En México se tiene registro de 1.320 integrantes del personal de salud, la cifra más alta registrada en un sólo país, seguida de Estados Unidos con 1.077 y Brasil por 634, naciones en las cuales se registran altas tasas de infección y mortalidad.
El director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, declaró que "todas las personas trabajadoras de la salud tienen derecho a estar seguras en el trabajo. Es un escándalo que tantos estén pagando el precio final”. Lo que demuestra la importancia de que todos los países se tomen las medidas sanitarias pertinentes.
Falta de seguridad para el personal sanitario
Diferentes reportes de la asociación han registrado la falta de seguridad con la que cuenta el personal de salud en México y otros países de las Américas. Al 25 de agosto, la Secretaría de Salud de México confirmó 97,632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de la salud.
En el documento 'El Costo de Curar', publicado este mismo año por la organización, se hace la observación sobre las deficientes medidas de cuidado sanitario en el personal de limpieza que labora en las áreas COVID-19, cuyo sueldo ha sido reducido y no se les otorga el Equipo de Protección Individual correspondiente "de acuerdo con fuentes del ISSSTE". En este sentido se hace un llamado al Gobierno mexicano para regularizar a empresas privadas que ofrecen servicios de limpieza y evaluar el cumplimiento de sus derechos humanos.
Investigación
Aunque el caso de México se menciona como un ejemplo en diversas acciones como la detallada transparencia de sus registros, también incurre fácilmente en deficiencias, como las de no hacer una investigación para determinar la causa del inquietante número de vidas que ha cobrado el COVID-19 en el área de los profesionales de la salud.
De los 63 países y territorios en los cuales fueron recogidos los datos para generar estos reportes, prácticamente todos reportaron escasez de EPI, y en 31 de ellos se registraron amenazas de huelga, huelgas o protestas para exigir equipo y materiales adecuados, incluyendo México, cuyos médicos afirmar gastar el 12% de su salario en comprar su propio EPI.
Recomendaciones
Las recomendaciones que emite la organización, basadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), para asegurar la plena efectividad para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales o de otra índole son:
- El derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente, lo que incluye “medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales” y unas “condiciones de trabajo higiénicas
y seguras”.
- Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos.
- Los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud.
- Toda persona debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias a través de un salario equitativo, seguridad e higiene.
- Prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
- Establecer una jornada laboral con un límite diario de 8 horas.
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El director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, declaró que "todas las personas trabajadoras de la salud tienen derecho a estar seguras en el trabajo. Es un escándalo que tantos estén pagando el precio final”. Lo que demuestra la importancia de que todos los países se tomen las medidas sanitarias pertinentes.
Falta de seguridad para el personal sanitario
Diferentes reportes de la asociación han registrado la falta de seguridad con la que cuenta el personal de salud en México y otros países de las Américas. Al 25 de agosto, la Secretaría de Salud de México confirmó 97,632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de la salud.
En el documento 'El Costo de Curar', publicado este mismo año por la organización, se hace la observación sobre las deficientes medidas de cuidado sanitario en el personal de limpieza que labora en las áreas COVID-19, cuyo sueldo ha sido reducido y no se les otorga el Equipo de Protección Individual correspondiente "de acuerdo con fuentes del ISSSTE". En este sentido se hace un llamado al Gobierno mexicano para regularizar a empresas privadas que ofrecen servicios de limpieza y evaluar el cumplimiento de sus derechos humanos.
Investigación
Aunque el caso de México se menciona como un ejemplo en diversas acciones como la detallada transparencia de sus registros, también incurre fácilmente en deficiencias, como las de no hacer una investigación para determinar la causa del inquietante número de vidas que ha cobrado el COVID-19 en el área de los profesionales de la salud.
De los 63 países y territorios en los cuales fueron recogidos los datos para generar estos reportes, prácticamente todos reportaron escasez de EPI, y en 31 de ellos se registraron amenazas de huelga, huelgas o protestas para exigir equipo y materiales adecuados, incluyendo México, cuyos médicos afirmar gastar el 12% de su salario en comprar su propio EPI.
Recomendaciones
Las recomendaciones que emite la organización, basadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), para asegurar la plena efectividad para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales o de otra índole son:
- El derecho a la higiene del trabajo y del medio ambiente, lo que incluye “medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales” y unas “condiciones de trabajo higiénicas
y seguras”.
- Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos.
- Los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud.
- Toda persona debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias a través de un salario equitativo, seguridad e higiene.
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