Un centenar de organizaciones científicas, sanitarias y sociales de toda Europa han firmado la 'Declaración de Granada' en la que, entre otros asuntos, exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que retire el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado en abril de 2012, y piden a los ejecutivos europeos que protejan la salud de los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los migrantes y las minorías étnicas.
Se trata de un consenso alcanzado el pasado mes de abril en la 'V Conferencia Europea sobre Migraciones, Minorías Éticas y Salud', y que ha sido presentado este martes por el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carlos Artundo; la directora de Operaciones Locales de Médicos del Mundo, Begoña Santos; el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora; y el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández Aguado.
Todos ellos han recordado la 'obligación' que tienen los gobiernos europeos de garantizar la salud a todos los ciudadanos y, especialmente, a los más vulnerables, y han denunciado que en España, con la aprobación del Real Decreto, se haya 'vulnerado' este derecho y, además, haya propiciado un 'aumento' de la xenofobia.
De hecho, en la declaración las organizaciones han avisado de que en algunos países, como en España, se está detectando un auge de casos xenófobos y, por ende, un aumento de la discriminación y la violencia contra las personas migrantes y las minorías étnicas de 'larga tradición'.
Asimismo, han denunciado que los recortes sanitarios y sociales llevados a cabo por los gobiernos europeos están perjudicando la salud física y mental de las personas más vulnerables, y han lamentado que algunos países hayan utilizado la crisis económica para 'reducir' el derecho a los servicios socio-sanitarios a los inmigrantes irregulares.
En este sentido, Santos ha advertido de que no se está prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares que han sido regularizados en los supuestos que establece el Real Decreto como, por ejemplo, a las embarazadas. Además, prosigue, 'no se está atendiendo adecuadamente' a las personas que están en los centros de internamiento de extranjeros.
'Las personas que han sido regularizadas se están quedando excluidas de la asistencia sanitaria, ya que a muchas de ellas, sólo por ser inmigrante, se les cobra', ha recalcado, para destacar la necesidad de que estos pacientes reclamen sus derechos ante los profesionales sanitarios.
Del mismo modo, la directora de Operaciones Locales de Médicos del Mundo ha criticado que, también, la aprobación del Real Decreto haya supuesto un 'retroceso' en la lucha contra la violencia de género y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El papel del Gobierno
Por otra parte, el presidente de SESPAS ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, asegure que el Ejecutivo está para cumplir la ley cuando habla del debate soberanista en Cataluña y 'no' cuando se trata de las normativas sanitarias.
Y es que, según ha argumentado, la Ley General de Salud Pública establece que todas las políticas sanitarias deben conseguir disminuir las desigualdades sanitarias entre la población y, por tanto, se atienda a toda la población. Un mandato que, tal y como ha insistido Hernández Aguado, el Ejecutivo 'no lo está cumpliendo'.
'La vicepresidenta dice que el Gobierno está para cumplir y hacer cumplir las leyes y nos gustaría que aplique esta afirmación a todo el aparato normativa del Estado y no sólo cuando se refiere a Cataluña', ha recalcado el especialista, al tiempo que ha recordado que la 'mejor garantía de protección de la salud pública es que los sistemas de vigilancia sanitaria funcionen como un reloj y la asistencia sea universal'.
Finalmente, el presidente de Semfyc, Joseph Basora, ha afirmado que el Real Decreto ha supuesto una 'inseguridad' a los profesionales médicos a la hora de tratar a pacientes en situación irregular ya que, entre otros aspectos, no pueden acceder a su historia clínica cuando les atienden. 'No sabemos a qué atenernos cuando se presentan en nuestras consultas personas de colectivos excluidos', ha zanjado.