La 'alarma' ante los recortes presentes y los anunciados en el sistema sanitario público ha provocado que la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) hayan emitido un comunicado conjunto, en el que 'conscientes de la gravísima situación económica en la que nos encontramos', tal y como ha recordado el Dr. Miguel García Alarilla, presidente del ICOMEM, se establezcan las bases para, en el ámbito de sus respectivas competencias, actuar en defensa del sistema sanitario, su calidad y la necesaria participación de los médicos en todas las decisiones que tengan implicaciones clínicas.
Así pues, en el comunicado se expresan las consecuencias directas que sobre la asistencia sanitaria tendrán los ajustes presupuestarios, sobre los que, según palabras del presidente y tal y como se recoge en el documento, 'discrepamos de la manera en que se están llevando a cabo, no tanto por parte de los gestores directos del sistema sanitario público madrileño, sino de las instrucciones generalizadas e indiscriminadas que les vienen impuestas desde sus instancias superiores'.
Colapso y masificación
Entre otras cuestiones, han asegurado que la no reposición del 90 por ciento de las plazas de médicos vacantes por jubilación, consecuencia del anuncio de que sólo se repondrán un 10 por ciento de las vacantes de empleados públicos en sectores estratégicos, entre los que se señala la Sanidad y las Fuerzas Armadas, supondrá que de aquí a 2015 se jubilarán un 30 por ciento de los médicos de los hospitales y por lo tanto se producirá un 'colapso' del sistema sanitario madrileño.
Además, el presidente del ICOMEM ha manifestado que la supresión de contratos eventuales en la Comunidad de Madrid implicará una 'masificación y sobrecarga asistencial insoportable para la atención sanitaria'. En este sentido, ha recordado que en la Comunidad de Madrid, por falta de regularidad de las ofertas públicas de empleo, el 30 por ciento de la plantilla de médicos está ocupada por interinos y eventuales, que no realizan trabajos esporádicos extraordinarios sino que atienden necesidades estructurales derivadas del incremento de población.
Del mismo modo, el incremento generalizado de 2,5 horas en la jornada semanal, para alcanzar un tope de 37,5 horas, es una medida que no tiene en cuenta, según ambas entidades, 'que el personal facultativo desarrolla, desde hace años, jornadas superiores a las 48 semanales, llegando a alcanzar las 50 y 60 horas en el caso de los residentes'.
Al hilo, el secretario general de AMYTS, el Dr. Julián Ezquerra, ha alertado de que '1.500 posibles contratos eventuales podrían desaparecer en la Comunidad de Madrid con la ampliación de estas 2,5 horas en la jornada semanal'.
'No se puede hacer una tabla rasa del trabajo médico como si se tratara de una cadena de producción industrial, puesto que cada paciente requiere una atención diferenciada en función de sus necesidades', ha señalado el Dr. García Alarilla, a lo que ha añadido que 'por razones clínicas, los médicos exigimos participar en cualquier decisión que afecte a la reorganización del trabajo y atribución de tareas'.
En otro orden de cosas, el Dr. Alarilla ha asegurado que las direcciones asistenciales en Atención Primaria 'necesitan una urgente reordenación ante la actual falta de referentes para la resolución de problemas logísticos del día a día'.
Por otra parte, han subrayado que la situación de enfermedad de un médico, 'en ningún caso', puede considerarse absentismo, en respuesta a los planes 'indiscriminados' anunciados por la Comunidad de Madrid de no retribuir los tres primeros días de incapacidad temporal y la remuneración del 60 por ciento de la base, que como han informado no es el sueldo completo, hasta el día 20, y del 75 por ciento de esa base desde el día 21. Al respecto, han recordado que los médicos son el colectivo profesional con menor tasa de incapacidad temporal y, concretamente, el Dr. Ezquerra ha matizado que si un médico no va a trabajar porque está enfermo pierde unos 900 euros, de manera que si va a trabajar con una enfermedad contagiosa, como una gripe, puede representar un riesgo para sus pacientes, que en definitiva se traduce en gasto. 'Hay que perseguir realmente a quien es defraudador y para eso hay que poner en marcha inspecciones sanitarias para que no lo pague la totalidad de la profesión', concluye el secretario general del sindicato.
Del mismo modo, ambas entidades han reconocido que es su 'deber' seguir luchando por la implantación de la carrera profesional, aunque sólo sea en el plano asistencial en una primera fase, puesto que como han señalado 'la consecuencia directa será una mayor calidad asistencial y una útil herramienta de futuro'.
Total transparencia
Asimismo, tanto ICOMEM como AMYTS han ofrecido su colaboración a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 'aportar nuestro conocimiento a la aplicación de cualquier medida que tenga implicaciones directas o indirectas en la práctica clínica con el objetivo de evitar cualquier daño a los pacientes', como ha apuntado el Dr. García Alarilla.
Igualmente, han reclamado 'total transparencia' sobre la situación presupuestaria actual y los recortes que se pretenden aplicar y han solicitado un organismo donde debatir, 'más allá de la mesa sectorial', sin intermediarios, como han manifestado, entre la Administración y los profesionales sanitarios. 'Queremos saber cuál es la situación real, qué presupuesto hay para Sanidad, a qué se destina cada partida', ha subrayado el Dr. Ezquerra, a lo que ha añadido que es necesario que se consensúe con los profesionales las medidas que se quieren aplicar para así poder adaptarse a lo que hay.
'Si hay que recortar, colaboremos y veamos de dónde, pero una cosa es segura: no hay que recortar del profesional sanitario que asiste a los pacientes', ha asegurado el secretario de AMYTS, a lo que ha añadido que se puede recortar de puestos de trabajo de gestión, 'hasta 100 cargos de gestión podrían ser eliminados', ha apuntado, y de la cartera de servicios, una responsabilidad que para el Dr. Ezquerra corresponde a los políticos, ya que, como ha manifestado, deben ser ellos quienes les digan a la población a qué tienen derecho y a qué no. Al hilo, el Dr. García Alarilla ha manifestado que 'si las autoridades tienen a los médicos como aliados saldremos adelante. Queremos que se cuente con nosotros porque conocemos cómo se presta la atención sanitaria y sabemos dónde se puede recortar para que los efectos negativos sean mínimos'.
Por último, el Dr. Ezquerra ha recordado que para mañana está convocada la mesa sectorial en la que se negociará la aplicación de las medidas de la Ley de Acompañamiento y en la que los médicos reclamarán una negociación 'propia', independientemente del resto de profesionales sanitarios, como ya han conseguido los residentes que desde ahora pueden plantear sus problemas y reivindicaciones a la consejería directamente, al margen de la mesa sectorial con los sindicatos.
En cualquier caso, aunque el diálogo con la consejería está abierto, no descartan tomar 'medidas drásticas', si son necesarias, a pesar de que la intención 'no es empezar la casa por el tejado' como ha apuntado el Dr. Ezquerra.
