El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, a iniciativa del Colegio de Médicos de Cuenca, ha mostrado en una reunión corporativa su apoyo a los médicos funcionarios de la Administración castellano-manchega en su rechazo a la medida del Gobierno central de modificar su actual estatus laboral, a raíz de la publicación el pasado 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que obliga a la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas, reconvirtiéndose en personal estatutario.
Exactamente en la decimosexta disposición adicional de este Decreto-Ley, firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, relativa a la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas se dice textualmente que 'los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo'.
A tal fin el citado Decreto-Ley obliga a que las comunidades autónomas establezcan los procedimientos oportunos. 'En caso de que este personal opte por permanecer en activo', según la citada disposición adicional decimosexta, 'en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse'.
A la reunión mantenida entre representantes del Consejo General de Colegios Médicos y representantes de médicos funcionarios de toda la región asistieron Francisco Parra, presidente del Colegio de Médicos de Albacete; Francisco Hermoso y Rafael Martínez, vicepresidente y vocal de Atención Primaria, respectivamente del Colegio de Médicos de Ciudad Real; Javier Lafuente, vocal de Atención Primaria del Colegio de Cuenca; Alicia Fernández, vocal de Atención Primaria del Colegio de Guadalajara y Antonio Fernández, vocal nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial, que intervino desde la sede de Toledo.
La citada reunión pudo seguirse por videoconferencia en las siete sedes colegiales de la Comunidad (incluidas las sedes de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina).
Los médicos funcionarios dejaron clara su postura en contra de esta medida de pérdida de condición de funcionario y acordaron emprender medidas de presión adecuadas junto a otro de los colectivos afectados por el Real Decreto-Ley, el de enfermeros funcionarios. En este sentido, contemplaron la posibilidad de crear una plataforma regional de rechazo a la citada integración.
Para ello, desde los servicios jurídicos del Consejo Autonómico de Colegios se hará un estudio exhaustivo de dicha normativa estatal para ver qué medidas legales pueden promover los médicos colegiados afectados.
Además, y dado que el Real Decreto-Ley deriva a las comunidades autónomas el desarrollo y aplicación de dicha normativa, los médicos funcionarios castellano-manchegos decidieron solicitar una reunión con el consejero de Sanidad del Gobierno regional, José Ignacio Echániz, en la que le presentarán el escrito de protesta elaborado ante esta medida de agresión a los derechos adquiridos mediante oposición de los médicos del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que le plantearán la imposibilidad de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 'pueda prescindir de pronto de tantos médicos sin resentirse la calidad asistencial', según un portavoz de los reunidos.
En el transcurso de la reunión se plantearon dudas con respecto a la aplicación del Decreto-Ley por considerarla defectuosa en su redacción y habida cuenta de que el colectivo de médicos funcionarios no es homogéneo y, por lo tanto, no se sabe si afectará a todos por igual.
Por último, y en relación a lo dispuesto en la decimosexta disposición adicional del Decreto-Ley de marras, en el sentido de que si un funcionario quiere seguir conservando su actual estatus, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, el citado portavoz médico indicó que de llevarse esto a cabo, 'se dejaría de atender a nuestros pacientes para realizar labores sólo administrativas, separándonos de nuestra profesión'.