Los cardiólogos expertos que se han congregado con motivo de la XII Reunión de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), han destacado que los nuevos anticoagulantes orales indicados para el tratamiento de las arritmias, y más concretamente de la fibrilación auricular no valvular, tienen en nuestro país una lenta implantación como consecuencia de la actual política de control del gasto.
Se calcula que en nuestro país hay unas 450.000 personas que reciben un tratamiento con anticoagulantes y que de estas, a la gran mayoría se les administra para tratar la fibrilación auricular y evitar así el riesgo de ictus. 'Son diversos estudios americanos los que han señalado que en el año 2050, la población que padecerá fibrilación auricular se habrá duplicado o incluso triplicado, lo que provocará un aumento considerable de pacientes que deban usar algún tipo de fármaco anticoagulante', destaca el Dr. Ángel Moya, presidente de la sección de Electrofisiología y Arritmias de la SEC.
Hasta hace pocos años, el único fármaco que se administraba a los pacientes que precisaban anticoagulación era el antivitamina K (sintrom), pero este tiene asociado una dificultad en el control de su efectividad lo que provoca que el paciente no esté completamente protegido en hasta un 40 por ciento del tiempo, por lo que se han ido desarrollando nuevos fármacos anticoagulantes orales que ya se comercializan o que esperan su aprobación en breve. 'Estos nuevos anticoagulantes se han mostrado al menos tan eficaces como los antivitamina K en la prevención del ictus y además presentan otras ventajas como es la falta de necesidad de controles periódicos. Asimismo, han mostrado una reducción de la hemorragia intracraneal', anuncia el Dr. Moya.
'También cabe destacar que estos fármacos no están todavía indicados en pacientes con fibrilación auricular valvular ni en aquellos que padecen insuficiencia renal. Además, también pueden tener interacciones con algún otro fármaco', destaca el doctor.
Aunque se han demostrado los beneficios que suponen estos fármacos en el paciente, su elevado coste inicial está ralentizando la incorporación en el mercado español, ya que el precio de los nuevos anticoagulantes oscila entre los 80 y 90 euros al mes, frente a los 3 euros del antivitamina k. Sin embargo, según los expertos, la comparación de este coste debería de establecerse, no sólo con el coste del tratamiento, sino también con los costes en relación a los controles periódicos así como los costes sociales que se le asocian.
Los expertos han querido destacar que para lograr el ahorro en el tratamiento de la fibrilación auricular, 'es tan importante seleccionar el anticoagulante correcto, como saber identificar a los pacientes a los que se les debe administrar. Debemos buscar intencionadamente la fibrilación auricular, especialmente entre aquellos pacientes que sufran algún otro factor de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes o edad avanzada, con el objetivo de disminuir la tasa de ictus. La colaboración con los médicos de asistencia primaria es imprescindible, ya que a todos los pacientes que son visitados por cualquier causa se les debería tomar el pulso, y en el caso que este fuera irregular, realizarles un electrocardiograma para verificar que no padece fibrilación auricular', informa el Dr. Moya.
Sobre el ahorro en materia sanitaria también ha querido destacar el Dr. Vicente Bertomeu, presidente de la SEC, que, 'actualmente nuestro país está llevando a cabo una estrategia económica muy exigente con la reducción de costes a corto plazo, por lo que los médicos nos encontramos en un momento crucial, ya que es nuestra responsabilidad mantener la calidad del sistema y tratar a los pacientes con la máxima eficiencia'.
El Dr. Bertomeu también ha aprovechado la ocasión para denunciar que esta forma de reducir el gasto tendrá unos efectos negativos en el tratamiento a los pacientes, especialmente en las enfermedades de alto riesgo y crónicas, como es el caso de las arritmias en las que la incorporación de la tecnología es tan necesaria. 'Aunque las autonomías prioricen en el coste de los tratamientos hay que tener también una visión a medio y largo plazo integrando todas las variables que determinan el coste final. Nuestra prioridad debe residir en el beneficio del paciente, ya que a la larga también significará una reducción del coste', concluye el doctor.