El pasado día 1 de Noviembre entraron en vigor las primeras medidas emanadas del Real Decreto Ley 9/2011 (RDL), orientadas a producir un recorte en el gasto de la factura farmacéutica de 2.000 millones de euros, a pesar de las primeras afirmaciones y notas de prensa emitidas cuando se presentó dicho RDL, que hablaban de un ahorro de 2.400 millones de euros.
Esta medida ha vertido muchos ríos de tinta, opiniones y declaraciones, manifestaciones de las partes implicadas, ruedas de prensa, jornadas de debate, etc., y en casi todas se han puesto de manifiesto los perjuicios que generará a todos los implicados, y que sólo vislumbraba un 'vencedor' con su aplicación: el Estado. Pero realmente el papá Estado ¿va a beneficiarse de ese ahorro? Este trabajo ha nacido con un objetivo, hacer reflexionar a las partes implicadas, aunque sea tarde, sobre lo que realmente va a suponer la adopción de estas medidas, que desde una perspectiva simplista y mediática orientaban en otro sentido del que realmente puede tener.
Este es el tema central del artículo que presentamos, y que ya adelantábamos en la Jornada que nuestra Fundación organizaba el pasado día 6 de octubre de 2011 bajo el título de 'Impacto del RD-Ley 9/2011 de Reducción del Gasto farmacéutico en el sector: amenazas y oportunidades'. No entramos en consideraciones de la conveniencia o no de aplicar la medida, a pesar de tener nuestro criterio, o en la necesidad de la misma para mantener el Estado del Bienestar y la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que serían objeto de otro artículo y otro modelo de debate, ni en la necesidad de haber alcanzado un gran pacto entre todos los implicados o simplemente el planteamiento de haber acometido otras medidas estructurales y no sólo la del gasto farmacéutico. Quede dicho por anticipado que somos defensores de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario y de su gratuidad, así como de la calidad del mismo, y que además de la orientación que hemos asumido para el mismo, este RDL nos ha hecho preguntarnos otras cuestiones que pueden ser igual de preocupantes, como por ejemplo, ¿repercutirá en la calidad del medicamento esta reducción?, ¿cómo podrá influir en la investigación y en la formación de los profesionales sanitarios?, ¿realmente la generalización por principio activo limita la autonomía del médico?, ¿esta medida puede tener consecuencias negativas sobre los pacientes?
Para nosotros el tema de debate que ha generado la génesis de estas reflexiones ha sido el análisis, bajo una perspectiva macroeconómica, de lo que cuesta ahorrar 2.000 millones de euros a las arcas del Estado Español, considerando que la primera reflexión la hicimos al estimar que si la Industria Farmacéutica invertía sobre el 7% de su facturación en Investigación, este próximo año, este concepto, -repetimos, asumiendo los datos de ahorro que el propio Estado ha difundido-, se vería afectado en 140 millones de Euros. Además es posible que al disminuir los resultados esperados por las farmacéuticas, esta cifra de inversión en España se pueda ver resentida para poder maquillar sus resultados operativos, y que esta reducción se pueda estimar, según fuentes consultadas, sobre los 200 millones de euros.
A partir de este momento empezamos a pensar, fundamentados en el sentido común, que si disminuíamos en 2.000 millones, la recaudación por el IVA del 4% disminuiría en 80 millones.
Por tanto está claro que este Real Decreto Ley 9/2011 va a tener una serie de impactos muy elevados que repercutirán, además de en las inversiones en I+D+i ya señaladas, sobre los impuesto que recauda el Estado, por ejemplo, en el Impuesto de Sociedades. Si consideráramos que estamos hablando en estos 2.000 millones de ahorro de la parte más importante en la que se alcanza el beneficio en lo que se denomina economía de escala, que se basa en la distribución sobre las unidades vendidas de los costes fijos de la empresa, y estimáramos que la Industria Farmacéutica en España tuviera un beneficio de un 10% sobre su facturación estimada en 15.000 millones de euros, el beneficio rondaría los 1.500 millones. Ahora, si restamos 2.000 millones de la facturación, en los que se situaría un 40% de ese beneficio por la teoría de la economía de escala, el beneficio disminuiría en 600 millones de euros, lo que supondría una aportación menor a través del ya mencionado Impuesto de Sociedades de 200 millones.
Y un dato aún más preocupante, la destrucción de los puestos de trabajo, que evidentemente origina unos costes ligados al desempleo y las contribuciones sociales. Según el INE el salario medio de un español, y no hablamos del salario de la industria farmacéutica, de las farmacias o de las distribuidoras, está alrededor de 22.000 euros brutos anuales. Mientras un trabajador con este salario y dos hijos está activo aporta unos 10.000 euros anuales al Estado, de esa cantidad la empresa asume el 66% del coste y el resto corresponde al trabajador. Si este empleado pierde su trabajo el Estado debe pagar la prestación por desempleo, obvio, cuya cuantía asciende a unos 13.000 euros anuales. Y además la administración central a través del servicio público de empleo estatal asume la totalidad de las aportaciones que realiza la empresa a la Seguridad Social y parte de las del trabajador, esta partida bajo el actual supuesto supondría unos 5.500 euros.
Así cuando un empleado con este salario medio, con dos hijos y más de tres años trabajando se va al paro el Estado deja de ingresar 10.000 euros anuales y además debe gastar durante el primer año 18.500. Dicho de otra forma, el coste total asciende a cerca de 30.000 euros por parado. Siguiendo los datos de Farmaindustria que dice que se prevén unos despidos de 5.000 personas más 15.000 por despidos indirectos e inducidos, traducido a coste el impacto puede situarse sobre los 600 millones de euros. Hemos verificado a través de algunas fuentes que, por la especial configuración del sector y el alto nivel de especialización no es atrevido decir, y siempre desde una perspectiva conservadora, que la estimación de este coste debería incrementarse en al menos un 10% de la propuesta anterior, es decir, el desempleo generado supondrá para el Estado un coste de 660 millones de euros. El coste va siendo importante. la medida puede ahorrar pero démonos cuenta de lo que el coste puede estar suponiendo.
También hemos de considerar los gastos y consumos indirectos que dejan de producirse, que según el INE por cada persona empleada con un salario de estas características gasta en hoteles, restaurantes, ocio, etc. cerca de los 2.500 euros como mínimo al año, traducido a 20.000 personas paradas, serán 50 millones.
Si hacen un acumulado de las cifras que hemos mencionado hasta ahora, conseguir ese ahorro de 2.000 millones nos puede estar costando sobre los 1.200 millones de euros.
Hemos querido dejar para el final la última reflexión, ¿cuánto costará colocar a esos 20.000 nuevos parados que esta medida va a generar? A pesar de que no existe un dato como tal del coste de creación de un puesto de trabajo en España, nos hemos guiado por el coste de creación de puesto de trabajo temporal en el Plan E, que fue de unos 20.000 euros, apoyado este coste en otra referencia provincial que hemos encontrado con un cálculo similar. Por tanto el coste de creación de empleo para estos 20.000 nuevos parados será de unos 400 millones de euros, lo que nos hace alcanzar un coste de la medida de 1.600 millones de euros.
Para terminar este sumatorio, podríamos seguir con el coste que supondrá, por ejemplo, las inversiones que no se harán al aplicar esta medida o los costes que supondrá para sectores como el de las empresas de Tecnología Sanitaria, también involucrada en este Real Decreto, o el de las farmacias y distribuidoras farmacéuticas, que están viendo peligrar la viabilidad de sus negocios y que además de aportar menos a las arcas por la disminución de sus márgenes y de sus impuestos, también costarán por el paro que se va a generar en sus sectores.
Incluso, para aportar más coste, aparecen incorporados en el RDL 9/2011 algunos asuntos que también tendrán sus repercusiones económicas, e importantes por cierto, como son el 'formato único y común de tarjeta sanitaria' válido para todo el sistema nacional de salud, después del coste que ha supuesto el desarrollo de 17 modelos, uno por Comunidad Autónoma, y la 'interoperabilidad y el intercambio de datos' de todo el sistema nacional mediante la historia clínica digital y la receta electrónica, de las que también disponemos de 17 modelos. ¿Cuánto nos han costado estos desarrollos? ¿Qué coste tendrán estas medidas para que puedan ser aplicadas? ¿No hubiera sido mejor, y bastante más barato para nuestros bolsillos, realizar un solo modelo de cada una de ellas, como dictaba el sentido común de casi todos?
A pesar de no poder estimar con la misma eficacia los costes de estos últimos conceptos, ¿no alcanzarán los 400 millones de euros?, incluso ¿no los superarán, aproximándonos a los 2.000 millones de coste del RDL?
Y que no se olvide que el sector farmacéutico está financiando en la actualidad al Estado con más de 5.500 millones de euros, con un retraso medio de cobro de 400 días que estimados a un interés conservador del 7%, suponen cerca de otros 400 millones de euros, ¿podrán seguir siendo financiados?
Para finalizar, nos hacemos dos preguntas sobre si esta medida, que no sabemos si políticamente es correcta, ¿económicamente lo es?, ¿no habremos cambiado 2.000 millones de ahorro por 2.000 millones de coste y 20.000 parados más?