Es uno de los elementos más importantes que afectará a los sistemas sanitarios de toda Europa y, sin embargo, está pasando casi desapercibido en medio de las informaciones y los debates dominados por la crisis económica. Se trata de las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio e Inversiones, un tratado que puede desembocar en la liberalización completa de los servicios sanitarios públicos en toda Europa, según temen los colectivos sanitarios.
Aunque en apariencia, un tratado de comercio e inversiones poco o nada tendría que ver con la Sanidad o los sistemas sanitarios públicos, desde Bruselas, el sector sanitario ha levantado la voz de alerta, sobre todo por parte de la Alianza Europa de Salud Pública (EPHA): el tratado (TTIP, según es conocido por sus siglas en inglés) 'abrirá la puerta a las privatizaciones' y provocará la llegada de un nuevo modelo sanitario a la americana 'que causará una mayor inequidad, limitaciones en el acceso a los servicios públicos y hasta la fuga de profesionales médicos de Europa a Estados Unidos', alerta el coordinador de Promoción de la Salud de la EPHA, Zoltan Massay-Kosubek.
El TTIP comenzó a negociarse en Washington en julio de 2013 y la intención política es que esté concluido antes de que acabe este año, según han expresado en reiteradas ocasiones el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; y hasta la propia canciller alemana, Angela Merkel. La última vez, a primeros de junio, en la cumbre del G7 celebrada en Alemania.
Al tratarse de un acuerdo de libre comercio e inversiones, puede dar la idea de que su contenido afectará exclusivamente al ámbito comercial o bancario privado, pero no es así. Entre las 28 áreas que se negocian, cuatro están directamente relacionadas con el sector sanitario: servicios, instrumental médico, productos farmacéuticos y medidas sanitarias.
Por parte de la UE, todas ellas son negociadas directamente por funcionarios de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea, si bien la negociación en general está coordinada por la Dirección General de Comercio, que dirige la sueca liberal Cecilia Malmström, que es la competente en cuanto a los tratados comerciales europeos.
Puerta abierta a las privatizaciones
'Los servicios públicos deberían quedar fueran del objetivo del TTIP. Estados Unidos y la UE hicieron una declaración conjunta en marzo sobre este asunto, sin embargo, no es clara respecto a la exclusión de los servicios públicos lo que puede probar la intención real de los negociadores', alerta Massay-Kosubek desde la EPHA.
En la mencionada declaración, si bien se asegura formalmente y de manera genérica que el TTIP 'no requerirá a los gobiernos privatizar servicios a ningún nivel', reconoce sin duda 'el importante rol complementario del sector privado en áreas como agua, educación, salud o servicios sociales'.
La EPHA es uno de los colectivos que forman parte del grupo asesor de la Comisión Europea en estas negociaciones. El grupo asesor es un ente de consulta y asesoramiento de la Comisión en el que están representados diferentes ámbitos de la sociedad civil repartidos entre el sector privado (empresarios, industria, sector financiero, multinacionales), sindicatos o colectivos de consumidores y asociaciones de diversos ámbitos (sanitario, medioambiente, etcétera).
Según Massay-Kosubek, la implantación del TTIP en el ámbito sanitario conllevaría 'una liberalización de los servicios y las consiguientes privatizaciones, la pérdida de calidad consiguiente de los servicios sanitarios, un alza en los precios de dichos servicios y prestaciones así como de los medicamentos, una reducción de los estándares sanitarios europeos y una fuga de cerebros de médicos y enfermeras a Estados Unidos'.
'La privatización de los servicios sanitarios', argumenta Massay-Kosubek, 'implicaría la creación de un nuevo escenario en el cual lo que prima es el beneficio económico y la rentabilidad en detrimento de la calidad del servicio o la cobertura plena de la población'.
Servicios de proveedores
'Otra clave de estas negociaciones es ver qué pasará, dentro del sector servicios, con los proveedores sanitarios y servicios asistenciales como ambulancias, servicios para dependientes, servicios de traslado para pacientes con cáncer, servicios de rehabilitación o residencias de ancianos', explica Nina Renshaw, secretaria general de la EPHA.
'Bajo el TTIP, estos servicios encararán una competición abierta y en los concursos de licitación pública estarán abiertos a las compañías extranjeras y multinacionales', apostilla.
'En este escenario, no será posible para los ayuntamientos o gobiernos regionales primar a las firmas municipales o regionales que puedan ser preferidas por las comunidades o poblaciones locales', asegura Renshaw.
En parte, es lo que ya está sucediendo en el sector de la gestión de aguas municipales. El 75 por ciento de los servicios municipales de agua en la UE está privatizado y en la mayoría de los casos los concursos públicos lo han ganado multinacionales de Francia, Alemania y España.
¿Un acuerdo sin vuelta atrás?
Junto a esto, la mayor preocupación que tiene el sector público sanitario en Europa es que en caso de que el TTIP se apruebe y un servicio se liberalice, esta decisión no pueda ser revocada en ningún caso en el futuro. Es decir, que se trate de una privatización sin vuelta atrás.
Esto podría ser efectivo en caso de que el TTIP contenga el llamado mecanismo ISDS: el mecanismo de resolución de disputas entre un inversor extranjero y la autoridad pública, que implica que si un inversor extranjero tiene un conflicto con un ente público europeo (Estado, gobierno regional o ayuntamiento), la compañía privada puede denunciarlo ante un tribunal internacional de arbitraje privado, evitando así los tribunales nacionales del propio país.
'Los servicios quedarían expuestos al ISDS cuando un gobierno decida renacionalizar un servicio, incluso si un gobierno toma esa decisión debido a que no se han conseguido óptimos resultados de salud o beneficios sociales', alerta Renshaw.
'Por lo tanto, esta es una de nuestras principales preocupaciones: que una vez que un sector sea liberalizado ya nunca más haya vuelta atrás en esta decisión', añade la secretaria general de la EPHA.
La Comisión Europea asegura que el TTIP nunca obligará a los países a nacionalizar o no servicios sanitarios, un aspecto que siempre estará sujeto la propia soberanía nacional y a las competencias de los Parlamentos nacionales. Y es cierto. Sin embargo, una vez que un gobierno nacional en un momento determinado tome la decisión de liberalizar un determinado sector, como el sanitario, la decisión será irrevocable en el futuro, será para siempre.
Por este motivo, los organizadores de la campaña STOP TTIP, que ya ha recabado más de dos millones de firmas en Europa contra el tratado de libre comercio, han reclamado a la Comisión Europea que el contenido del tratado, para ser aprobado, especialmente en cuanto al apartado de las privatizaciones, tenga que ser votado en cada país mediante referéndum.
La Comisión Europea rechaza esta fórmula alegando que tiene el mandato para negociar de todos los países de la UE, que exigirá al final del proceso el voto a favor o en contra (si bien, en bloque a todo el tratado) del Parlamento Europeo, representante legítimo de la soberanía europea.
Una de las áreas prioritarias para la Comisión Europa en el TTIP es el capítulo de contratación pública de personal sanitario, en este caso.
'La carencia de profesionales sanitarios en Estados Unidos es cada vez más pronunciada y los salarios y las oportunidades laborales son a menuda en dicho país más atractivos que en Europa, dado el mayor foco en el sector privado del sistema sanitario norteamericano', argumenta Renshaw, 'por lo tanto, incluir un capítulo sobre esto en el TTIP llevará a una potencial amenaza para las regiones más pobres de Europa de mantener a los profesionales sanitarios mejor formados y más especializados, sobre todo en el actual contexto europeo de recortes y medidas de austeridad'.
Falta de transparencia
Sin embargo, estar en dicho grupo no les garantiza un poder de influencia privilegiado, sencillamente tener un trato más directo con la UE en cuanto al seguimiento de las negociaciones y poder acceder a algunos documentos que se estén negociando antes de que éstos sean de carácter público.
La falta transparencia es uno de los obstáculos que más está lastrando la escasa reputación pública del TTIP. El grupo asesor, de hecho, sólo puede ver los documentos de la parte europea puesto que Estados Unidos se ha negado a que los suyos puedan ser conocidos por otras personas u organismos que no sean los negociadores de la propia Comisión Europea.
'Los componentes del grupo asesor podemos leer los documentos de las negociaciones que aún no son públicos', explica Nina Rensham, secretaria general de la EPHA. 'Sin embargo, los leemos en una sala de lectura sin poder hacer copia de los mismos, sólo nos dejan tomar notas escritas de lo que leemos. Además, tampoco podemos ver los textos norteamericanos porque Estados Unidos lo impide'.
Todo este secretismo en las negociaciones es lo que ha hecho saltar las alarmas aún más en el sector sanitario. 'Los acuerdos de libre comercio amenazan a nuestros sistemas sanitarios en Europa y tememos que lleven a un alto grado de privatizaciones y no hay pruebas de que las privatizaciones puedan traer mejores resultados en el tratamiento de los pacientes por lo que es necesario asegurar que no tengan', argumenta Massay-Kosubek.
Sector privado: el TTIP traerá empleo y crecimiento
Dentro del sector privado en las negociaciones sobre el TTIP, destacan sobre todo la patronal europea, BusinessEurope, el lobby más poderoso de Bruselas, y, por parte norteamericana, la Cámara Americana de Comercio.
Ambas tienen una posición complementaria y tremendamente optimista del TTIP en cuanto al sector sanitario. Por un lado, BusinessEurope asegura que 'son necesarias reformas del sistema sanitario para garantizar su sostenibilidad' y vincula esas reformas a los objetivos de 'crecimiento económico y empleo', que necesita Europa en medio de la crisis económica que padece desde 2008.
La patronal europea, de hecho, señala que 'el sistema social europeo se enfrenta a su futura insostenibilidad por el envejecimiento de su población y la reducción de la población activa'.
Junto a esto, la Cámara Americana de Comercio defiende que el TTIP provocará 'una reducción del gasto sanitario, más avances tecnológicos, la convergencia de estándares sanitarios entre Europa y Estados Unidos y un proceso regulatorio compartido', lo que podría evitar la duplicidad de procedimientos en el caso de la autorización de un fármaco o de ensayos médicos.
La pregunta es: ¿implicará esa convergencia de estándares que el sistema sanitario europeo se parezca cada vez más al norteamericano, o el TTIP no ahondará en ese sentido?
La respuesta a esa pregunta la determinará el rumbo de las negociaciones sobre el acuerdo comercial, que siguen en marcha y, si todo marcha según lo deseado por las autoridades de la UE y de Estados Unidos, podrían estar finalizadas antes de que acabe 2015.
Entretanto, disputa política
Aunque Malmström siempre ha apelado a la legitimidad de la Comisión para emprender las negociaciones (el Tratado de Lisboa le asigna las competencias exclusivas por encima de los Estados) y ha recordado que la Comisión tiene para ello el mandato por unanimidad de los 28 Estados miembros de la UE, las voces contrarias al TTIP, sobre todo por la falta de transparencias en las negociaciones y por el temor a una ola de privatizaciones de servicios públicos (no sólo sanitarios, también medioambientales, de gestión del agua, etcétera), no han hecho sino aumentar cada vez más y dividir cada vez más a los partidos políticos en el Parlamento Europeo, con la derecha (PP europeo, liberales y conservadores) a favor del acuerdo; la izquierda (Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes), en contra; y en medio, los socialistas europeos, que apuestan por un tratado con excepciones y garantías, entre ellas, la de evitar la posibilidad de privatizaciones masivas.
La Eurocámara no tiene competencia alguna durante las negociaciones del acuerdo, si bien, al término de las mismas tendrá que emitir un voto en bloque sobre el texto del tratado que le presente la Comisión Europea, sin posibilidad de realizar enmiendas o correcciones.
En este escenario, la derecha europea no podrá sacar adelante el tratado sin el apoyo de los socialistas, que quieren un acuerdo con matices, y esta postura intermedia les está pasando factura: si avalan una postura de la derecha, automáticamente son acusados por los partidos de izquierda de fortalecer la llamada gran coalición; si apoyan una propuesta de la izquierda, la derecha los acusa de antisistema y de generar inestabilidad. Esta situación podría minar su capacidad de influencia sobre el texto final.
La opinión pública europea no tiene en absoluto un buen criterio sobre este tratado de libre comercio. Una consulta pública realizada por la Comisión Europea reveló a principios de 2015 que el 95 por ciento de quienes participaron en ella rechazaban el TTIP sin ambages.