Estamos en estos momentos afrontando una realidad de la Medicina y su ejercicio, en la que por un lado están las grandes dificultades para acceder a la profesión, y por otra el poco reconocimiento que tiene, no tanto por parte de la sociedad, como de la propia administración.
Los estudios de Medicina son desde hace bastantes años objeto de deseo de muchos estudiantes, lo que ocasiona que la nota de corte para acceder a los mismos sea la más alta, quedando habitualmente en torno a los 8.5. Ya antes del comienzo de la selectividad en el año 1975, el acceso a los estudios de Medicina requería un examen de ingreso que no tenían otros estudios universitarios. El acceso a los estudios de Medicina comienza a ser una de las grandes diferencias que existen en relación a otros profesionales sanitarios.
La Orden ECI/332/2008 de 13 de febrero establece que los estudios de grado para Medicina tendrán una duración de 360 créditos europeos. Esto equivale a 6 años académicos. Mientras que en gran parte de los estudios universitarios se ha producido una reducción hasta los 240 créditos, equivalentes a 4 años académicos, en el caso de Medicina no se planteó esta posibilidad y en ningún caso se contempla la posible reducción de los créditos.
Profesiones sanitarias como las de Farmacia, Odontología o Veterinaria, mantienen una duración establecida en 300 créditos, 5 años académicos, que no han visto recortados respecto a lo existente previamente, pero que siguen siendo inferiores a los de Medicina. En el caso de Enfermería, profesión sanitaria con la que compartimos pacientes, no competencias, se ha producido una importante modificación con la Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio, pues pasa a ser una enseñanza universitaria de grado con duración de 240 créditos, y 4 años académicos.
Hasta ahora sólo he repasado las dificultades de acceso a la formación y las diferencias en cuanto a la duración de los estudios de Medicina en comparación con otras profesiones sanitarias. Y llegado a este punto en el que tanto los estudiantes de Medicina como los de otras profesiones terminan sus estudios universitarios, aparece una nueva y muy importante diferencia con respecto a estos últimos. A diferencia de otras profesiones sanitarias en las que los estudios universitarios dan acceso directo al ejercicio profesional, la licenciatura en Medicina no faculta para el ejercicio de la profesión, y esto es así desde el año 1995, en el que conforme establece el Real Decreto 931/1995 se exige el título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria para el ejercicio de la Medicina general en el sector público. Es por ello que todas las especialidades precisan otros 4 ó 5 años de formación especializada mediante un sistema de residencia.
El ejercicio de la profesión requiere por tanto un total de 10 ó 11 años entre estudios universitarios y posterior especialización. Esto acrecienta aún más las diferencias con otras profesiones sanitarias, de tal forma que se dobla y en caso de Enfermería casi se triplica la duración de los estudios.
Hablar de profesiones sanitarias sin hacer mención a lo que se establece en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) sería hurtar al debate uno de los aspectos más delicados.
La citada Ley establece la estructura de las profesiones sanitarias tituladas, haciendo dos grupos diferenciados, por una parte los estudios de nivel licenciado y por otra los de nivel diplomado. En los primeros se encuentran Medicina, Farmacia, Veterinaria y Odontología, que son las únicas profesiones de nivel licenciado reconocidas por la Ley. En cuanto al nivel diplomado establece también las profesiones, en las que se encuadran Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica, Logopedia, y Nutrición y Dietética.
La Ley hace una clara diferenciación entre profesiones de nivel licenciado y diplomado. Posteriormente a esta Ley se implanta el 'plan Bolonia' y los estudios de grado, que llaman de igual manera a lo que la LOPS establece claramente diferenciado. Este 'artefacto' sobrevenido a la LOPS no debe desvirtuar lo que en ella se establece. Así, sobre los licenciados sanitarios se dice que les corresponde 'la dirección y evaluación del desarrollo global' de las diferentes fases del proceso de atención integral de salud.
Queda claro en este artículo de la LOPS que la dirección y evaluación del desarrollo global es competencia de los profesionales con nivel de licenciatura, dejando por ello cerrado el debate sobre la responsabilidad de dirigir y evaluar el proceso asistencial. Este punto de reciente fricción entre profesionales médicos y de Enfermería, queda matizado de nuevo en la Ley al establecer ésta que corresponde a los diplomados en Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería, y no otros. Por ello, no merece que se dedique más tiempo a un debate que nunca debería haberse producido.
Y llegados a este punto en el que se deja muy claro que la profesión de médico es la que requiere un mayor esfuerzo en cuanto a acceso a los estudios, una mayor duración en el ámbito universitario y la posterior exigencia de especialización con otros 4 ó 5 años, además de estar claramente establecido en la LOPS que la responsabilidad de la dirección y evaluación del proceso asistencial global recae en el profesional con nivel de licenciado, en este caso el médico, debemos entrar a analizar las diferentes responsabilidades a las que se ven sometidos los médicos en el ejercicio de su profesión.
Se puede definir la responsabilidad profesional médica como la obligación de reparar y satisfacer las consecuencias derivadas de los actos, omisiones y errores, tanto voluntarios como involuntarios, acaecidos durante el ejercicio de la profesión. La responsabilidad se podría dividir en dos grandes bloques: responsabilidad moral y responsabilidades legales.
La responsabilidad moral viene determinada por la obligación de responder frente al código ético y moral que el profesional asume. Es la Deontología médica la que se ocupa de regular los principios y las reglas éticas que deben guiar la actuación del profesional. Esta responsabilidad tiene mucho que ver con las características personales de cada médico y el cómo le afecta es muy individual.
Pero la responsabilidad penal, civil y administrativa está sujeta a procedimientos reglados, con consecuencias tasadas y sometidas a trámites, que nada tienen que ver con el carácter del profesional, y sus consecuencias son siempre vividas muy mal por quienes tienen la desgracia de verse en estas situaciones. Por otra parte, es muy notorio el constante incremento de reclamaciones a las que nos vemos sometidos, lo que está haciendo que la aparición de la Medicina defensiva, el deterioro de la relación médico-paciente, el mal ambiente profesional, aparición de 'subespecialidades', incremento de los costes de la asistencia, la pérdida de reconocimiento social, etc. sea una de las realidades a las que nos estamos enfrentando cada día con más frecuencia, y no por ello esto, curiosamente, está produciendo una menor demanda de estudiantes que desean acceder a la Medicina.
En resumen, creo que está claro que el ejercicio de la Medicina en España está sometido a una gran dificultad, que se manifiesta ya desde el inicio con la gran exigencia en el acceso a los estudios, la duración de los mismos, completados posteriormente con una obligada especialización con 4 ó 5 años más, la posterior inclusión en un mercado de trabajo mayoritariamente público que oferta retribuciones no acordes con la responsabilidad y exigencia, sometidos a largos periodos de empleo precario o de interinidad y con acceso final a plazas en propiedad en edades que se acercan a los 40 años. A todo esto, le añadimos la responsabilidad que la LOPS nos confiere y las importantes y cada vez más frecuentes reclamaciones de responsabilidad tanto penal como civil o administrativa a las que nos vemos sometidos, y nos encontramos ante lo que actualmente es ser médico.
La estructura de representación actual que establece que las 'mesas de negociación' sean generales o sectoriales, los órganos colegiados de participación, el modelo de relaciones laborales de los empleados públicos, en estos momentos y con todo lo anteriormente manifestado, no nos sirve a los médicos. Nuestras peculiaridades y especial responsabilidad hacen imprescindible que se afronte sin miedo la reforma de un modelo que en estos momentos ya no da respuesta a nuestras necesidades. Desde el mayor respeto y consideración al resto de profesionales que desarrollan su trabajo en la Sanidad, creo que no podemos ni debemos estar metidos todos en el mismo sistema de representación y negociación.
Por todo lo expuesto, desde AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), demandamos y creemos necesario que se cree un espacio de participación propio y exclusivo de la profesión, donde los poseedores del conocimiento, que no son otros que los médicos y titulados superiores sanitarios, podamos debatir, intervenir, decidir, participar y acordar con la administración todo lo que se refiera a las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad como médicos. Desde las organizaciones médicas que constituyen el Foro de la Profesión se acuñó el nombre de Mesa del Conocimiento para expresar lo que demandamos y a ello nos sumamos en AMYTS, haciendo nuestro este objetivo, que aún lejos en este momento, esperamos poder llegar a ver en un corto-medio plazo, pues a nuestro juicio es el único camino que nos puede llevar al mantenimiento del sistema público de Salud del que nos sentimos orgullosos y partícipes.
Una mesa de negociación de los médicos, para los médicos y con interlocución exclusiva de los médicos, es nuestro objetivo. Trabajamos en un entorno profesional en el que el poseedor del conocimiento es el médico, y éste es el depositario único y exclusivo del mismo. Hacer partícipe de las negociaciones de todo lo relacionado con el ejercicio de nuestra profesión a otros colectivos nos parece inapropiado y de todo punto injusto. Como médico no quiero entrar en el debate sobre las condiciones de otros trabajadores sanitarios, y en reciprocidad pedimos el mismo tratamiento por su parte. Creo que los políticos, gestores y administradores sanitarios deben darse cuenta de esta necesidad si es que realmente quieren que los médicos seamos los gestores del conocimiento, los responsables de las tomas de decisión, nos corresponsabilicemos en la gestión, volvamos a creer en el sistema, sintamos el respeto que merecemos, y nos hagamos sus 'aliados'. El reconocimiento social y de los pacientes no nos cabe la menor duda de que lo tenemos, pero también necesitamos y deseamos este mismo reconocimiento por parte de los políticos, a los que pedimos la creación de una mesa propia de negociación de los médicos: 'La Mesa del Conocimiento'.