El Gobierno aprueba un Real Decreto para la atención a personas con discapacidad ante emergencias

Con el objetivo de que,  ante cualquier amenaza de catástrofe natural o emergencia industrial o tecnológica, se garantice que las personas con discapacidad reciban la información de forma que les resulte comprensible y puedan adoptar así las medidas oportunas para garantizar su propia seguridad y la salvaguarda de sus bienes; el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para mejorar la atención a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. En concreto, dicho Real Decreto sienta las bases para suprimir, entre otras, las barreras comunicativas a las que se enfrentan las personas sordas usuarias de la lengua de signos cuando reclaman un servicio de emergencia a través del teléfono 112. Las modificaciones se deberán introducir en los planes autonómicos y locales. Para establecer los mecanismos concretos, se deberán determinar protocolos de actuación específicos en las distintas fases de las emergencias. El Real Decreto cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y de la Federación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que han participado en la redacción del texto. De hecho, está prevista su participación en el desarrollo de la norma. Mejora de los sistemas de información Por otra parte, otro de los acuerdos en materia de Sanidad alcanzados en este último Consejo de Ministros ha sido el reparto de 2.006.950 euros entre las CC. AA para mejorar los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud sobre la asistencia sanitaria prestada. Los criterios para dicho reparto son los aprobados el pasado 4 de diciembre en el seno del Consejo Interterritorial del SNS. En concreto los fondos aprobados se utilizarán para proseguir con el desarrollo de la Base de datos clínicos de Atención Primaria del SNS (BDCAP-SNS) de la que ya se obtiene, de forma anual, información de los registros clínicos de cerca de cinco millones de personas. Así, tanto el Ministerio como cada comunidad autónoma, tendrá un mayor conocimiento de la actividad asistencial prestada y unos datos comparables entre Servicios de Salud y podrán tomar mejores decisiones de cara a la atención de los pacientes. De la misma manera, con los fondos destinados al Registro de actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD) y a la implantación de la Clasificación de enfermedades y procedimientos CIE 10 ES se persigue mejorar la información que se recoge sobre el funcionamiento de los hospitales (casos atendidos,procedimientos clínicos aplicados, estancias medias por proceso asistencial, ingresos evitables o costes de la atención), tanto en los hospitales públicos como privados, con el fin de planificar mejor los recursos y prestar una mejor atención a los pacientes.