Los Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria han firmado este miércoles, 27 de diciembre, la renovación para 2018 del Convenio de Colaboración acordado en diciembre de 2016, y que daba continuidad al protocolo suscrito en noviembre de 2015, con el objetivo principal de garantizar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La rúbrica la han llevado a cabo los ministros Cristóbal Montoro y Dolors Montserrat y el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid.
El convenio concilia la racionalización del gasto público desde la perspectiva de la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos de la industria farmacéutica de dotar al sistema de los mejores y más avanzados recursos disponibles, según se ha informado en un comunicado oficial. En este sentido, “la renovación responde al cumplimiento de tales objetivos y al clima de diálogo y colaboración que el Gobierno y Farmaindustria han venido manteniendo a lo largo de los últimos años”.
El acuerdo contribuye a crear confianza en las empresas del sector frente a las incertidumbres que pusieron en riesgo los pagos en el pasado. En este sentido, descansa sobre la política de pago a proveedores, con la que se sigue garantizando que las facturas sanitarias y farmacéuticas se van a abonar. Asimismo, contempla que si el crecimiento del gasto público en medicamentos originales supera el de la economía española, es decir, el PIB, la industria se compromete a realizar compensaciones monetarias.
El convenio, “que constituye también una sólida garantía para que pacientes, profesionales sanitarios y gestores puedan disponer de los tratamientos farmacológicos más novedosos y adecuados, reconoce el valor de la innovación, compromete a Administración e industria farmacéutica en una política más estructural frente a planteamientos coyunturales y muestra las posibilidades de una colaboración público-privada en la búsqueda de soluciones innovadoras”.
El ministro de Hacienda y Función Pública ha destacado que “este acuerdo aporta solidez al sistema, fortaleza a las empresas del sector y ventajas sanitarias y asistenciales a las millones de personas que utilizan cada año la Sanidad pública”. Por su parte, Dolors Monserrat ha señalado que este acuerdo es “una muestra más de que el Gobierno trabaja cada día, junto con la industria farmacéutica, para incorporar a la cartera pública de servicios los nuevos tratamientos que demuestren su eficiencia y garanticen la seguridad para el paciente”. Como ha señalado, el convenio permite “agilizar el acceso de los pacientes a nuevos fármacos en igualdad de condiciones”. La ministra ha añadido que esto “nos permitirá continuar incrementando el listado de tratamientos innovadores incorporados a la cartera pública de servicios, que desde 2012 son ya más de 240”.
El presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, ha incidido, por su parte, el esfuerzo que supone para un sector netamente innovador como la industria farmacéutica comprometerse a no crecer por encima de lo que lo hace la economía general, pero ha subrayado el valor del marco de estabilidad que supone, “especialmente valioso para una industria que trabaja a largo plazo y que se basa en grandes inversiones con un elevado perfil de riesgo”. “En cualquier caso, este convenio es la mejor prueba del firme compromiso de nuestro sector con los pacientes y la sociedad, así como con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario”.
Claves del acuerdo
- El convenio, disponible para cualquier interesado en la web de Farmaindustria, tiene la utilidad de erigirse en instrumento de control presupuestario para la Administración.
- Implica el compromiso por parte de la industria farmacéutica representada por Farmaindustria de compensar al Sistema Nacional de Salud si el crecimiento del gasto público en medicamentos supera al del PIB.
- El Convenio no aborda aspectos relacionados con la competencia entre medicamentos de marca y genéricos, ni establece obligación alguna en este sentido para ninguna administración pública.