España es líder a nivel europeo y mundial en materia de drogodependencia, pero aunque son muchos los logros alcanzados siempre quedan retos por resolver. Uno de los más urgentes es el aumento de consumos de riesgo de cannabis y alcohol en la población joven, y otro el cambiar la metodología de los tratamientos, centrándose más en las sustancias y no en las personas e, igualmente, evaluando mucho más los resultados de las medidas aplicadas. Sobre todo ello, además de sobre las normativas actuales, los perfiles de consumidores o las patologías asociadas a la drogodependencia ha hablado Francisco Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en una entrevista concedida a EL MÉDICO.
¿Está la sociedad española más concienciada hoy sobre los efectos del consumo de drogas?
Nos queda mucho trabajo. Por una parte está la autoprotección, en relación al riesgo que comporta el consumo de sustancias, y por otra el sensibilizar a toda la sociedad respecto a que el adicto, lejos de ser un problema, es un enfermo, y como tal tiene que tener el apoyo de la sociedad para favorecer su reinserción. Desde ese doble aspecto de la sensibilidad social, hay algunas cosas que han funcionado muy bien. Tenemos una muy alta percepción de riesgo en relación con la heroína o la cocaína, y también un incremento en los últimos años de la percepción de riesgo en el consumo de tabaco. Sin embargo, esta misma percepción, por cultura o por intereses, no se ajusta a la realidad en otros casos, y me refiero por ejemplo al cannabis. Aquí es paradójico ver como la percepción de riesgo está por debajo de la del tabaco, o igualmente el caso del alcohol, donde la percepción de riesgo es casi nula. Decir que prácticamente la mitad de nuestros adolescentes consideran que no pasa nada por consumir cinco copas en dos horas significa que todavía tenemos que trabajar mucho.
¿Podría comentar cuáles son los datos actuales en el consumo de drogas en España?
Hace muy poco que presentamos la última ESTUDES que analiza los consumos entre 14 y 18 años y nos encontramos con que tenemos que ser muy cautos. Por una parte, es cierto que hemos conseguido una reducción del consumo de cocaína en un 60 por ciento en la última década, al igual que una reducción del 30 por ciento del consumo de cannabis, y hay que destacarlo. Pero cuando entramos a analizar en profundidad esos datos nos damos cuenta de que, aunque esté disminuyendo el consumo de cannabis entre adolescentes, el consumo de riesgo, medido con escalas validadas internacionalmente, está aumentando.
Congreso y Senado han mostrado su preocupación por la escasa percepción de riesgo entre los menores del consumo de alcohol, ¿qué se piensa hacer a este respecto?, ¿habrá una ley antialcohol?
Ambas cámaras a través de la comisión mixta para el estudio del problema de las drogas han llegado a la misma convicción que nosotros ya veníamos trabajando, y es que hay que señalar que en políticas de drogas hay un altísimo grado de consenso. Sobre por qué es necesario reforzar la normativa en cuanto al alcohol, el primer punto es entender que una norma, entre otras cosas, es una llamada educativa a la población. Es verdad que las normas se incumplen y, de hecho, la normativa actual casi se está incumpliendo sistemáticamente, sobre todo en lo referente a la prohibición de acceso al alcohol por parte de los menores. Pero trasladar una iniciativa como es una ley de carácter básico estatal, es lo que promueve el debate social, y como ejemplo tenemos la ley del tabaco. Me conformaría con que cualquier norma que implementemos generase un debate similar, y por tanto una mayor concienciación social de que en menores el consumo de alcohol es siempre negativo, no tiene ninguna faceta positiva. La segunda es que cada vez tenemos más evidencia científica en relación a que a determinadas edades lo que funciona no es apelar a la responsabilidad personal del adolescente, sino que tomemos medidas de prevención ambiental. Es decir, que intentemos generar un círculo de protección alrededor del adolescente, precisamente para evitar ese acceso. Esto tiene que ver con la venta de alcohol y la planificación de las estrategias de prevención, pero también con el grado de concentración que determinado tipo de comercio pueda tener en el seno de las ciudades. No es lo mismo que haya una dispersión de la oferta, a que exista una concentración cercana, por ejemplo, a los centros educativos. Desde esa perspectiva el diseño sobre el que estamos trabajando no está estructurado sobre la base de la prohibición, sino sobre la base de cómo implementar políticas basadas en la evidencia, que sean efectivas desde el punto de vista de la prevención. La tercera cuestión, dado que no ha habido una ley de estas características de carácter estatal, las CC.AA en legítimo uso de sus competencias, y aquí no hay crítica ninguna, han ido haciendo sus propios desarrollos y nos encontramos con multiplicidad de normas, y que lo que es válido en un sitio no está permitido en otro, etc. Pensamos que tener una base general común, aunque sea de mínimos, tenderá a homogeneizar y evitar este alto grado de dispersión. Estamos trabajando en un proyecto integral, que es un proyecto de legislatura, y si bien no tenemos prisa en presentarlo, si tenemos un afán de que esté muy bien argumentado desde el punto de vista de la evidencia científica.
Además de los tipos de consumo, ¿ha cambiado el perfil del consumidor (más jóvenes, más mujeres, más policonsumo)?
Que estamos en un contexto de policonsumo es una realidad, y cada vez es más evidente. Si hablamos de adolescentes podríamos decir que de cada diez, tres no consumen nada, otros tres consumen una sustancia y otros cuatro consumen dos o más. Generalmente alcohol y tabaco. Por otra parte, en el tema de los fármacos, que en adultos es la tercera sustancia más consumida- en jóvenes la cuarta porque se adelanta el cannabis- hay que analizarla con más profundidad, porque en el caso de adolescentes la mitad del consumo de psicofármacos se está haciendo con receta. Esto puede ser que a lo mejor conocemos mejor determinadas patologías y nuestro sistema está funcionando más eficientemente a este respecto, y de hecho muchas veces si no se trataran serían motivo de un consumo a posteriori. Pero desde esa perspectiva de perfiles, a mí lo que más me preocupa es que en los últimos datos consolidados de asistencia de 2012, de los poco más de mil casos de menores de 18 años, el 93 por ciento de esta demanda asistencial era por cannabis. Si bien de manera neta la demanda de cocaína está bajando, la de cannabis no sólo está subiendo, sino que ya se cruzó con la de opiáceos hace tiempo y está muy por encima. Si hablamos de demanda nueva, en este momento, cannabis y cocaína están casi a la par. Esto significa que cuando una persona llega a tomar conciencia del problema como para demandar que se le asista es que evidentemente hay consecuencias negativas de ese consumo, y hoy la evidencia es muy consistente a ese nivel.
¿Y cómo se trata ese policonsumo?
Creo que hay que dejar de valorar tanto el perfil de consumo, y fijarnos más en las especificidades de la persona y trazar itinerarios personalizados de atención. La sustancia es importante, pero lo es más el diferenciar entre tratar a una persona perfectamente socializada y con recursos, o tratar a un homeless, que seguramente arrastra una patología dual, etc. Estas especificidades, incluso el valorar la cuestión de género, creemos que tienen que pesar mucho más. Enfocar las estrategias por personas y no por sustancias. Esa va a ser la gran revolución de cara al futuro porque va a hacer más eficientes los tratamientos.
¿Cómo ha afectado el consumo de sustancias psicoactivas en la incidencia de enfermedades mentales?
Hay que analizarlo desde una doble perspectiva. Casi siempre pensamos que es la droga la que genera un tipo de patología psiquiátrica, pero muchas veces es al revés. Es la patología psiquiátrica preexistente la que lleva a uno u otro modelo de consumo. Si bien los procannábicos defienden que este consumo es una decisión de las personas, cabría aclarar que también depende, y mucho, de las circunstancias de la persona y sus patologías preexistentes. A una persona con este problema lo que tenemos es que ofrecerle, con los recursos del sistema, una solución a su problema inicial, no simplemente dejarle que consuma y allá se las apañe. Igualmente asumir que muchas veces estamos atacando el síntoma o la consecuencia, y no la causa del problema. Hay que ir hacia un despistaje precoz en aquellas situaciones en las que se pueda y se deba implementar estrategias de este tipo. Por otro lado, con el paciente que viene a demanda, lo que necesitamos es que la red esté preparada y suficientemente formada para descendir entre lo que son los efectos directos del consumo y lo que son síntomas de una patología subyacente, que hay que tratar si queremos tener éxito.
¿Hay algún ejemplo de cómo se podrían abordar este tipo de estrategias?
Sí, y pongo uno en el ámbito educativo. Se trata de un contexto que creemos cada vez más vinculado, ya que situaciones que ocurren en ocasiones dentro de los centros, como el bullying, suponen una serie de cosas, entre otras, consumos. Lo que estamos intentando implementar junto con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y otros órganos de la Administración es, sin pretender convertir al profesorado en diagnosticadores, sí darles instrumentos que les permita trabajar en el contexto de lo que significa la convivencia en el centro educativo. Es decir, que permita que cuando en ocasiones se detecta una dificultad en la acomodación a esas normas, poner en guardia a la parte del sistema que se tiene que ocupar de saber si ahí hay un problema detrás y en su caso diagnosticarlo y tratarlo.
Cambiando un poco de tema, ¿hemos avanzado en patologías derivadas del consumo de drogas, como es la infección por VIH o la hepatitis?
El paradigma cambió en el momento en el que los usuarios de estas sustancias decidieron administrarse por otras vías, o en su caso a través de los programas de reducción de daños. No obstante, y dejando claro que no estamos detectando ningún repunte en el consumo de heroína, en un mundo global donde la gente se mueve mucho, centros que trabajan a pie de calle nos informan de que poblaciones, que suelen provenir de países de este de Europa, llegan con consumos de heroína que se asimilan mucho a lo que aquí hubo en los años 80. Son bolsas muy pequeñas de población, aunque evidentemente por una dinámica de protección y de Salud Pública hay que abordarlas.
Igualmente, otro de los grandes problemas de la drogadicción es la incapacitación, ¿cómo ayudaría avanzar en la unión de los servicios sanitarios con los sociales?
Desde luego el componente de lo socio sanitario en el campo de las drogas ha sido uno de los primeros lugares en los que se empezó a implementar. La única estrategia válida es una estrategia integral que incorpora los componentes clínicos y psicológicos, pero también los aspectos sociales. Sobre todo desde el punto de vista de favorecer la reinserción. Una muy somera inversión en relación a facilitar la inserción laboral de estas personas al final es productiva desde el punto de vista del retorno de esa inversión a la sociedad. No voy a decir que el cien por cien de los equipos trabaje bajo esos cánones pero la gran mayoría sí. Hay que hablar también más del concepto de cronicidad. Hace años que empecé a renegar de esa división entre programas libres de drogas y programas de sustitutivos, porque igual que pienso que es absolutamente lógico, ortodoxo y ético tratar de por vida con insulina a un diabético que lo necesita, entiendo que desde el punto de vista de la integración social y de calidad de vida, no pasa nada por tratar a una persona permanentemente de su problema de adicción a opiáceos.
¿Y cómo afecta la crisis a estas medidas?
Evidentemente era más fácil conseguir la reinserción laboral en un mercado que ofrecía más puestos de trabajo que ahora, donde realmente la oferta laboral es mucho más reducida. La crisis ha supuesto una menor incorporación laboral, cierto, pero hablamos de que si conseguíamos en torno a 650 personas insertadas en mercado laboral al año, a lo mejor hemos bajado a 500. Hay una bajada, pero es un objetivo que se sigue trabajando, y es que es una cuestión de planificarlo adecuadamente.
¿Hasta qué punto se ha avanzado en la investigación para tratar la drogodependencia?
Se ha avanzado, pero lo que ocurre es que nos gustaría que los avances fueran mucho más rápidos. Nos falta investigación quizás de nuevas moléculas, hay quienes están en ello y ojalá tengamos buenas noticias, pero también nos falta investigación desde el punto de vista de estructuración de modelos de medición de resultados. Es decir, que el problema es que nos sigue faltando herramientas e instrumentos que nos permitan ser operativos de otra manera. En todo caso, lo que sí que tenemos que mejora claramente es desde el punto de vista de la objetivación de los resultados del tratamiento.
¿En qué punto se sitúa España en la prevención contra la drogadicción respecto a Europa?
España es claro referente en Europa y en el mundo en materia de drogodependencia, no en vano fue el primer país del mundo que tuvo un plan nacional. Cierto que porque teníamos un problema, pero marca mucho desde el punto de vista de trabajo. Cuando nos reunimos en ámbitos europeos, observamos siempre que hay determinados aspectos que se han desarrollado mucho en ciertos países, pero que desde la perspectiva de una política global de drogas, España no tiene nada absolutamente que envidiar a los países de su entorno. Es más, durante un cierto tiempo, nosotros por convicción hemos venido defendiendo las políticas de reducción de daños cuando muchos países no las contemplaban y sólo hablaban de programas de programas libres de drogas. Ahora, sin embargo, esa visión de incorporar aspectos de Salud Pública a las políticas de drogas está haciendo que se ponga en evidencia lo que hemos conseguido. Cierto que es mucho más lo que tenemos por conseguir, pero realmente este país puede estar orgulloso de los objetivos alcanzados, no solo en la reducción de la demanda, sino también en la reducción de la oferta, y esto cada vez se nos reconoce más desde el exterior.
En cuanto a la Estrategia Nacional sobre Drogas (2006-2016), ¿existe ya alguna valoración al respecto? ¿Cuáles son los retos que quedan por abordar en estos dos años?
Tenemos dos instrumentos y ambos gozan del mayor grado de consenso técnico y político. Por un lado la Estrategia Nacional sobre Drogas, que es el marco de referencia y luego dos Planes de Acción cuatrienales, todo lo cual surge a su vez de una evaluación exhaustiva de la estrategia anterior. La novedad de este último plan de acción, respecto a los anteriores, está en la concepción de que si el Plan Nacional somos todos, el desarrollo del plan de acción no tenía que ser impulsado necesariamente desde la Delegación del Gobierno, sino desde todos. Por ello, de las 36 acciones que contiene el Plan, en 29 se ha decidido crear grupos de trabajos, que es la novedad en sí. En los mismos participan voluntariamente CC.AA, la Federación de Municipios, Sociedades Científicas, etc. La idea es que poner en marcha a la vez 29 planes de acción es una tarea difícil, porque somos los que somos, pero entre todos sí que es totalmente posible. Así hemos conseguido que ya estén en marcha el 88 por ciento de las acciones del plan, y algunas de ellas ya con resultados tangibles.
¿Y cómo se trabaja con las CCAA el seguimiento de esta estrategia?
Existe un órgano equivalente, al quizás para vosotros más conocidos Consejo Interterritorial, que es la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, y que además tiene una subcomisión a nivel de directores generales de las CC.AA, que es lo que conocemos como la Comisión Interautonómica. Se trata de un espacio de debate y de consenso, que cuenta como en otras conferencias sectoriales con la presencia de otros órganos de la Administración del Estado como Interior, Educación o Hacienda. Todo ello nos permite debatir desde lo más simple a lo más complicado. Aparte tenemos un órgano colegiado muy peculiar, que es la Mesa de coordinación de Adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados en la lucha contra el Narcotráfico, y a través de las decisiones de esta mesa el dinero del Fondo también llega a las CC.AA, para el desarrollo de planes y programas.