Manuel Cervera
'Lo que piden todos los actores es un plan, y eso pasa por el Pacto por la Sanidad'
Para empezar, ¿podría hacer una valoración de la situación actual del sistema sanitario?
En estos momentos, debido fundamentalmente a la crisis económica que vivimos y al aumento del paro, lo que ha ocurrido es que se ha producido una disminución de ingresos, vía impuestos, vía consumo, vía actividad profesional y eso ha provocado una caída de ingresos de las CCAA, lo que lleva a una situación donde hay dificultades claras para mantener y hacer sostenible el sistema sanitario.
¿Cómo valora la reforma sanitaria anunciada en el último Consejo Interterritorial?
Es necesaria. Los socialistas han dejado en herencia una deuda cercana a los 16.000 millones de euros que han puesto en jaque la sostenibilidad asistencial y económica del Sistema Nacional de Salud. En consecuencia, y en un ejercicio de determinación y responsabilidad, el Ministerio de Sanidad ha consensuado con las autonomías las medidas necesarias para garantizar la solvencia del modelo y la prestación universal, equitativa, cohesionada y de calidad de la asistencia sanitaria en el presente y en los años venideros.
¿En qué situación dejan estas nuevas medidas a la Sanidad pública?
La preservación y el impulso de la Sanidad pública es el principal objetivo de las reformas consensuadas. El sistema sanitario es la piedra angular del Estado del Bienestar y el Gobierno ha puesto sobre la mesa las herramientas para mejorar el abordaje de las enfermedades y sanear las cuentas del sistema sanitario. Las medidas acordadas en el Interterritorial generarán un ahorro de 7.000 millones de euros y garantizarán la prestación de todos los servicios contemplados en la cartera pública de servicios desde la cohesión.
Entonces, si ahora mismo se necesitan más recursos económicos para sostenerlo, ¿con estas medidas ya no va a hacer falta recurrir a copagos u otras medidas como la subida de impuestos para pagar más por la Sanidad?
No, lo que va a hacer falta es imaginación, y reformas estructurales basadas fundamentales en el acuerdo general, ese acuerdo que ha puesto de manifiesto tanto el presidente Rajoy en su investidura, como la ministra Ana Mato en su comparecencia, un pacto entre todos. Entre Comunidades Autónomas, entre partidos políticos, entre sectores de la Sanidad y la Administración, para hacer sostenible el SNS en el tiempo. Todo ello pasa por mejorar la eficiencia de la gestión, donde aún hay múltiples posibilidades, pero todo basado en dos premisas fundamentales. La primera es que el ciudadano es el eje fundamental del sistema, y sobre él tenemos que ir trabajando para mantener un sistema de calidad y un sistema de prestigio, como es el actual SNS. El segundo pilar sería el apoyo al profesional y en el profesional, que es el que está reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, y es junto con él con quien tenemos que llevar las reformas necesarias para que el sistema sea sostenible.
Más allá de los recortes lineales,¿se puede conseguir un verdadero ahorro, con otras medidas, como recortando de aquello que ha demostrado no ser eficaz?
Nosotros no hemos hecho recortes lineales en ningún sentido. Pero creo que el cambio en realidad pasa por una estrategia, que es la que ya anunció la ministra, una estrategia de pacto con unas premisas básicas, como es una eficiencia en el uso racional del medicamento, con un marco que dé estabilidad al sector, que se base en el valor terapéutico y en el criterio de coste-beneficio en la inclusión de nuevos productos, el acceso de todos los ciudadanos a todos los medicamentos, apoyo a la investigación... Todos esos parámetros, como el valorar al profesional por lo que hace y no por lo que es, el valorar todos los modelos que sirvan para gestionar mejor, o como la importancia del modelo de colaboración público privada, que es fundamental para mejorar la eficiencia y para motivar a la gestión pública para ser más eficiente, todo eso es lo que compondrá esta estrategia. El sector sanitario, profesionales, proveedores, pacientes y administración tenemos que ser responsables de cuáles van a ser las políticas en los próximos años, pero fundamentalmente lo que piden todos estos actores es un plan, y eso pasa por el Pacto por la Sanidad.
Y dentro de esa estrategia, ¿se va a necesitar hacer más recortes para ajustarnos al déficit impuesto por Europa?
No, la base del Pacto es trabajar por una Sanidad sostenible y de calidad, y eso por lo que pasa es por una eficiencia en la gestión. No estamos hablando de recortes y más recortes, estamos hablando de lo que se puede mejorar. Una central de compras, que aunque algunas CCAA ya lo estén haciendo, es muy importante a nivel'nacional, puede haber ahorros de costes muy importantes. Una cartera de servicios básica común para todos, que haga que si alguna autonomía quiere hacer algo más, eso sepa que lo tiene que pagar ella, y que ayudará también a que todos los españoles sean iguales ante la Sanidad española. Estamos hablando también de implicar al profesional para ser más eficientes.
Precisamente los profesionales, desde la OMC, se han manifestado en contra de los recortes y de la situación actual del SNS, ¿qué solución se ofrece desde el PP al respecto?
El Partido Popular lo que va a hacer es apoyarse en los profesionales, trabajar con ellos, escucharlos, y tomar en consideración y poner en práctica propuestas que los colectivos hagan, que ayuden a hacer sostenible y eficiente el sistema. En ese sentido, cualquier decisión contará con la opinión de los profesionales, porque los consideramos el pilar fundamental para llevar todo esto a cabo. El Partido Popular siempre ha creído en los profesionales y la prueba es que, donde ha gestionado, siempre la gestión ha estado basada en su colaboración y en su opinión, y en su apoyo a las medidas que se han tomado.
Además de todas estas medidas de gestión, en cuanto a financiación, el sector lleva tiempo pidiendo unos presupuestos finalistas para Sanidad. ¿Se va a estudiar esta posibilidad?
Creo que lo importante, más que finalista o no, es que seamos capaces de aumentar los ingresos, y los ingresos se aumentan mejorando la economía de un país, y además siendo eficientes para que el gasto sea sinónimo de eficiencia, y esos son dos parámetros, que uno subiendo, y otro bajando, nos pueden llevar a la ecuación de más por menos. Todo ello trabajando unidos y basándonos en el diálogo, palabra que es fundamental. Rechazo el debate político cuando se habla de Sanidad, sí que somos políticos hablando de Sanidad, pero no el debate político de lanzarnos unos contra otros las piedras que la política a veces te obliga a lanzar, la Sanidad debía estar blindada de eso.
Retomando el tema de la nueva Red de Agencias Evaluadoras, que ya ha nombrado, ésta examinará también las prestaciones ya existentes. En caso de no ser coste efectivo, ¿desaparecerá alguna tecnología, fármaco o prestación?
Hay procedimientos que se han quedado caducos, o que se han visto superados por otra serie de procedimientos mucho más innovadores, o tratamientos que han estado superados en el tiempo por una eficiencia mucho mayor... Eso es lo que va a decidir la red, es decir, coste beneficio, cuáles son las inclusiones que se consideran oportunas, y todo ello basado en procedimientos técnicos y no políticos, además de tener en cuenta también el coste oportunidad, para decidir también cuáles son los procesos que en un momento determinado sirvieron a nuestro sistema y que en estos momentos se han visto superados.
Con la puesta en marcha de esta Red, ¿se descarta la creación de un organismo como el NICE británico, tan reclamado por algunos sectores?
El paso que se ha dado al crear esta red, podemos llamarlo como queramos, pero hay que tener en cuenta el papel de las CCAA, que es un papel autónomo y con competencias claras. Hay que tener en cuenta que el NICE británico va bien en Reino Unido, pero en España esta red que se ha planteando desde el Gobierno creo que hará un papel muy similar. Pero además, contando con la participación y las competencias de las CCAA, con una presidencia rotatoria y bajo una coordinación potente del Ministerio, van a trabajar unidas y con el mismo objetivo, mejorar la inclusión de nuevos procedimientos.
Otro de los temas abordado en la reunión del primer Consejo Interterritorial de Ana Mato como ministra ha sido el calendario vacunal único...
El calendario vacunal único tiene una importancia fundamental, porque el poner de acuerdo a 17 CCAA y al Gobierno en un calendario vacunal único, basado en criterios de coste efectividad, en el valor terapéutico, y basado en posibilidades de mejorar la salud de los ciudadanos, y en el que antes no podíamos ponernos de acuerdo, va a permitir avanzar en algo que antes era muy difícil de conseguir. Que nos pongamos de acuerdo antes de tomar una medida, y qué medida vamos a tomar todos a la vez.
¿Pero realmente existe ese acuerdo cuando algunas CCAA parecen haberse desmarcado del mismo?
Bueno, se está trabajando en un documento que creo que va a acabar en buen término por el sentido común de todos. Se va a trabajar en esa línea, y por las sensaciones que tengo de quienes trabajan en la Comisión de Salud Pública, las perspectivas son positivas. El primer acuerdo se centra en concretar edades comunes para la implantación de la vacuna, y luego qué antígenos nuevos permitirían poner en marcha nuevas vacunas. No tiene sentido que un niño asturiano tenga una vacuna distinta a un niño cántabro.
Se entiende que tanto en la cartera básica de servicios como en el calendario vacunal se llega a un acuerdo en las bases, ¿pero qué pasa si alguna CCAA quiere instaurar una vacuna o una prestación diferente?
En el caso de la vacuna se va a trabajar con un calendario vacunal único, pero en la cartera básica de servicios, si alguna CCAA decidiera dar un servicio que no está incluido en esa cartera, sería su responsabilidad, es decir, bajo su financiación y su puesta en marcha.
Entonces, si puede haber prestaciones diferentes ¿cómo se consigue mantener la equidad del SNS con 17 sistemas sanitarios?
No, 17 sistemas sanitarios diferentes no los hay ni ahora. Trabajamos conjuntamente la Gripe A, trabajamos con una lista de espera más o menos coordinada, y trabajamos conjuntamente una cartera de servicios, pero lo que tratamos es de mejorar esa coordinación. No tenemos 17 sistemas, pero si no tomamos medidas, sí que podíamos llegar en un momento determinado a sistemas sanitarios con diferente trato al paciente, en la accesibilidad al sistema o en los tratamientos o en los procedimientos. Eso es lo que tenemos que evitar, y por eso el Gobierno ha propuesto un Pacto.
¿Confía en que el Pacto por la Sanidad se alcance en esta legislatura?
Creo que se reúnen las condiciones necesarias, precisamente de eso, de necesidad, nunca un Consejo Interterritorial había estado tan homogéneo en sus planteamientos. Creo que deberíamos hacer ese esfuerzo y creo que se va a hacer. Además el anuncio de diálogo por parte del Ministerio es un anuncio abierto a todos los sectores que forman este escenario. Es decir, que la situación, que es la crisis estructural más la crisis coyuntural en la que se encuentran las CCAA y la responsabilidad que pide el sector en general, hace que estemos en unas condiciones adecuadas para ese pacto.
La consejera de Sanidad de Andalucía, María Jesús Montero, decía mostrarse preocupada por haber percibido que las intervenciones del último Consejo Interterritorial eran recentralizadoras. ¿Cuál es su opinión?
El Gobierno siempre habla del respeto a las competencias autonómicas, que además en el ámbito de la Sanidad son buenas porque nos permiten acercar la Sanidad al ciudadano, conocer sus problemas en cada territorio y solucionarlos de la mejor forma posible. Por lo tanto, y como ha dicho la ministra infinidad de veces no vamos a tocar las competencias de las comunidades autónomas.
¿Va a contar la industria farmacéutica, para esta legislatura con un marco estable de actuación? ¿Se mantendrán anteriores reformas como el RDL 9/2011?
El sector sanitario en general, profesionales, ciudadanos, proveedores, los agentes sociales, las sociedades científicas, y la industria piden una estrategia. Cuando uno no sabe a dónde va, acaba en cualquier lado. A diferencia de lo que ya se hizo en la legislatura pasada, que eran medidas aisladas, inesperadas y no participadas que lo que provocaban eran desazón y desconcierto, la ministra ya anunció en su comparecencia un marco estable para asentar un modelo farmacéutico que se base en la eficiencia, en el valor terapéutico de los productos, y la coordinación con las CCAA, que son las que pagan, en la inclusión de nuevas armas terapéuticas. También, por supuesto, apostar por la investigación, apostar por la innovación, y por un uso racional del medicamento.
Pero para conseguir estabilidad, hay que pagar a los proveedores sanitarios, ¿podría concretar las medidas mediante las cuales se va a asegurar el pago a los mismos?
Ya se han anunciado líneas de crédito ICO que permitirán más de 30.000 millones de euros de pago a proveedores, y con una especial sensibilidad a lo que afecta al estado de bienestar, fundamentalmente la Sanidad y la Educación, en este caso la Sanidad. Por lo tanto, a partir de mayo las CCAA van a poder pagar a los proveedores, y eso no solamente va a mejorar la marca España, porque un país que no paga es un país poco serio, sino que además va a recuperarse la confianza de los proveedores para poder seguir trabajando, invirtiendo e innovando en España que es lo que al final hace un país moderno.
Con respecto a los profesionales, ¿qué medidas considera más urgentes?
El profesional debe participar en la gestión. Si tenemos en cuenta que el 75 por ciento del gasto sanitario está en manos de los profesionales, el profesional debe participar en la gestión de los recursos, y creo que se dan las condiciones para que lo haga. Además, que la Administración valore al profesional por lo que hace y por lo que es. Creo que el efecto más perverso que puede ocurrir en un sistema de trabajo es el café para todos. En este sentido, el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy apuestan por valorar a cada uno por cómo trabaja, pero no por trabajar más o menos, que también, sino por cómo esté alineado con la estrategia de toda la administración. Si el presidente del Gobierno va en una dirección, la ministra va en otra, el consejero va en otra, el director de un hospital va en otra y el profesional va en otra no funciona. Pero si conseguimos alinear la estrategia de todos, el objetivo será más fácil de conseguir. Por lo tanto, los profesionales que se alineen en la estrategia que mejore la gestión y mejore la eficiencia deben ser valorados porque juegan un papel fundamental. Muchas de las propuestas que se están haciendo se han puesto ya anteriormente en marcha en CCAA que ha gobernado el PP y han funcionado.
Ahondando en temas profesionales, ¿para cuándo se prevé la aprobación del RD de Troncalidad y de la prescripción enfermera?
Ya está anunciado. Por parte del Ministerio se va a trabajar por dar potencia a la formación y a la troncalidad. También en el ámbito de enfermería, tratarla como un papel fundamental. De hecho, recientemente, se aprobaba una proposición no de ley de enfermos crónicos, donde se hacía un especial hincapié en el papel que va a jugar la enfermería en el control de la gestión de la enfermedad. Es decir, si en el año 2050 el 80 por ciento de la población va a tener una enfermedad crónica, no podemos utilizar el sistema sanitario que utilizamos ahora, por lo que la enfermería jugará un papel fundamental para que no se descompense la enfermedad. Ya hay experiencias en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco en ese sentido y vamos a seguir trabajando en esa línea.
¿Veremos en esta legislatura el Registro Nacional de Profesionales?
Se anunció también en la comparecencia. El registro supondrá una forma de garantizar las políticas y las estrategias y las planificaciones. Registro es igual a planificación. Necesidad de recursos humanos, en qué sititos, en qué especialidades y en qué especialidades hacen falta más recursos, y para eso habrá registros que permitan saber si hace falta formar a más o menos especialistas,'y saber dónde son necesarios esos trabajadores.
Pasando a otros temas, en la reforma de la Ley del Aborto, ¿va a participar activamente Sanidad?
La Sanidad ayudará a todo el Gobierno a asentar y a proteger la maternidad, a la mujer embarazada y a facilitar el nacimiento de un niño, que es un acontecimiento en positivo, y no el aborto que es un acontecimiento en negativo, y es un acontecimiento en fracaso, el fracaso de una sociedad. Es en eso en lo que vamos a ayudar. Por otro lado, ya lo anunciamos, lo hizo el presidente, lo hizo la ministra, y el que con sentido común puede hablar de estas cosas. Hay ciertas partes de la Ley del Aborto, como la capacidad que tiene una menor de 16 años de abortar sin permiso de los padres, que ni el sentido común mínimamente evaluable podría aceptarlo.
¿En qué líneas se va a definir la nueva Estrategia de Diabetes? ¿Se piensa en el desarrollo y puesta en marcha de alguna otra?
Se trata de un plan basado en la visión general de la enfermedad, y ahí me remito otra vez a la prueba de un plan de enfermos crónicos, una coordinación de Atención Primaria y Especializada, tener en cuenta el papel muy importante del médico de Atención Primaria, y como digo, en ese sentido, una visión general de la especialidad y una visión general por especialidades, y unidades de diabetes que trabajen la integralidad de la enfermedad. Respecto a otras estrategias, sí, por ejemplo en cáncer y en muchas más que iremos abordando a lo largo de la legislatura. Creo que el éxito de una planificación sanitaria está en la prevención de la enfermedad, y en la prevención de la descompensación de la enfermedad. Cualquier sistema sanitario moderno no puede mantenerse en el tiempo si no se apuesta por prevención de la enfermedad y por la promoción de la salud.
Ya que menciona a los crónicos, ¿cómo se plantean hacer frente al actual paciente crónico y pluripatológico? ¿Habrá que reformar para ello el concepto de hospital?
Precisamente ya se está haciendo en algunas CCAA. El concepto de hospital ya se está reformando porque el hospital más importante que va a haber en este país es el domicilio. Por lo tanto, hay que hacer una puesta por la hospitalización domiciliaria, una apuesta por las tecnologías de la información y de la comunicación, fundamentales para conectar al paciente y a su familia con el personal sanitario, especialmente la enfermera. Una apuesta, en definitiva, por controlar a esa pequeña parte de la población, un 5 por ciento, que provoca el 50 por ciento de los ingresos, de las estancias y de las urgencias, y que lleva prácticamente el 60 o el 70 por ciento del gasto farmacéutico. El control de la enfermedad para que ese paciente no se descompense será una meta para ser más eficientes.
Hemos hablado de la colaboración público-privada, ¿qué opina de la reforma que propone el PSOE de Ley 15/97 sobre concesiones privadas?
Me parece que cuestionar en España lo que es incuestionable en Europa es un retroceso, es un sectarismo, y es una falta de transparencia en la información. La colaboración público privada ha funcionado muy bien en comunidades que gobierna el PP, en comunidades que gobierna el PSOE, y en comunidades que gobierna el PSOE con IU. En ese sentido, funciona porque la colaboración público privada ayuda a ser más eficientes, porque tiene mecanismos de regulación laboral o de contratación que permiten ahorrar costes, y porque fundamentalmente, y en eso en la Comunidad Valenciana he tenido una cierta experiencia, ayuda a la gestión pública a mejorar. Porque si nosotros tenemos un hospital con gestión privada muy eficiente y el resto son muy ineficientes será un fracaso del sistema. Ayudamos a competir para mejorar el sistema. Por lo tanto la alineación por objetivos, a nivel nacional y autonómico, es fundamental para conseguir esa estrategia.
Habla de transparencia, ¿se va mejorar la trasparencia de los datos de las CCAA?
La información es siempre positiva, y abogaremos por que la ciudadanía tenga la máxima información. De cuánto cuesta el acceso a un centro sanitario para una operación, para una prueba y, obviamente, de la calidad del servicio. Las encuestas de opinión, los indicadores de calidad, cuanta más información se dé al ciudadano más estímulo hay para la Administración sanitaria para ser mejor.
Sobre todo ahora que la ministra anunciaba su interés por extender la libre elección a nivel nacional...
Para elegir libremente tienes que tener información, lógicamente. La libre elección de médico y centro necesita de información para que el ciudadano pueda manejar todas las cartas y decidir cuál es la que le conviene. Para eso van a estar también las tecnologías de la información, el medir y el cuantificar la consecución de objetivos.
¿Y qué opina de las nuevas trabas para la concesión por parte de las agencias de acreditación autonómicas del máster de Medicina, pese a lo ya acordado con los anteriores ministerios de Sanidad y Educación?
Los estudiantes de Medicina tienen la mejor formación en nuestras universidades, y en ningún caso tenemos que quedarnos en el furgón de cola de la convalidación y de la equiparación de titulaciones a nivel europeo. Por lo tanto, todas las medidas que utilicemos para que nuestros estudiantes de Medicina estén bien formados, tengan ese reconocimiento a nivel europeo, serán siempre positivas.
Por último, en la defensa que realiza su grupo parlamentario por una Sanidad pública y universal, ¿cómo se van a gestionar problemas como los parados que pierden esa asistencia sanitaria?
Este es un gobierno de sentido común y es un gobierno social, y lo ha estado demostrando en estos primeros días de gobierno, repartiendo los esfuerzos. No tiene ningún sentido que las personas que no tienen ingresos no tengan Sanidad. Si no tienen ingresos, ¿cómo van a poder pagar un sistema sanitario privado? Por lo tanto, el gobierno va a aplicar el sentido común, la racionalidad y la equiparación de esfuerzos, para que los que menos tengan no sean los que reciban el peso de la crisis económica.
José Martínez Olmos
'El sistema sanitario español es sostenible sin tener que hacer recortes de prestaciones'
¿Podría hacer una valoración del sistema sanitario actual?
La crisis empieza a tener un efecto en los servicios sanitarios, está habiendo recortes y, por lo tanto, está incrementándose la preocupación de la ciudadanía. También en cuanto a los profesionales, la Organización Médico Colegial es un ejemplo de ello, aunque no el único. Esta entidad ha manifestado su preocupación en cuanto al efecto que pueda tener esta situación de recortes en la calidad asistencial. En definitiva, estamos muy preocupados porque el Gobierno no es capaz de poner encima de la mesa una alternativa a la situación y hay un enorme silencio ante la cantidad de recortes que se están haciendo en diversas CCAA.
¿Cómo valora la reforma anunciada en este último Consejo Interterritorial?
Lo anunciado no tiene por qué ser lo que finalmente se apruebe. Este Gobierno actúa con gran opacidad. En lo que se refiere al copago de medicamentos que incluye a pensionistas, nos parece una medida innecesaria que va a penalizar a quienes más necesidades sanitarias tienen. Es una bajada de pensiones en la práctica y puede ser una barrera de acceso a quienes más necesidades tengan. La subida de la aportación al resto de la población del 40 al 50 por ciento supone una penalización y, en la práctica, un impuesto a las rentas del trabajo. El gobierno ha demostrado que no decía la verdad cuando negaba que fuera a adoptar este tipo de medidas. Por otra parte, tanto el copago farmacéutico como el resto de medidas se han comentado sin un solo papel y sin una memoria económica, por lo que dudamos que consigan los ahorros anunciados, y si es así, vendrán más recortes. Rechazamos las medidas porque hay alternativas para conseguir ahorros sin tener que recurrir al copago o a los recortes de prestaciones.
¿En qué situación deja estas nuevas medidas a la Sanidad pública?
Se produce un cambio de modelo con la modificación de la cartera de servicios. Habrá más desigualdad y las personas más vulnerables verán perjudicada su salud. Además, no hay garantías de que los ingresos que se generen ni los ahorros que se consigan se vayan a quedar en los presupuestos sanitarios. Eso es igual que decir que no hay garantías de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
¿Qué repercusiones a corto y a largo plazo tendrán los recortes que ya se han producido en la Sanidad pública?
Si las decisiones que se están tomando continúan, aunque se homogeneizaran, el riesgo que hay es que afecte a la salud de la población. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo afecta cualquier medida que se tome a cómo use la gente los servicios de salud, acceda a esos servicios, y por lo tanto pueda tener un recurso que necesite en cualquier momento. Es probable que dentro de poco tiempo los indicadores de salud se resientan y desde ese punto de vista nuestra posición sería la de estar abiertos al diálogo y poder acordar que es compatible hacer una política de austeridad con el mantenimiento de la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero eso requiere inyectar recursos y hacerlo de manera finalista.
Ya hemos visto que algunas de estas medidas han llevado a establecer un copago por receta en Cataluña, ¿cuál es su opinión al respecto?
Cuando se pone un precio a un recurso sanitario, aunque el precio sea pequeño, hay un riesgo potencial de que la gente decida no usar ese recurso porque no pueda o no quiera, o no tenga claro si puede gastar el dinero que le piden. Cualquier medida de pago por cualquier servicio sanitario, y los medicamentos es uno de ellos, hay que valorarlo con una enorme cautela, y probablemente lo mejor sea no adoptarlos, sobre todo si hay alternativas. No somos partidarios en introducir precio en el uso de los servicios por el riesgo que hay de que la gente decida no usarlo, de manera autónoma y sin el asesoramiento de un profesional, y se perjudique su salud. La segunda reflexión que hay que hacer en este caso es que se establece una diferencia entre los ciudadanos de Cataluña y el resto de los ciudadanos de España, que teniendo la misma prestación farmacéutica en la cartera de servicios, tienen un criterio diferente para acceder, y por tanto hay una discriminación de los ciudadanos de Cataluña. La tercera reflexión es que probablemente esto sea la antesala de una decisión que se pueda generalizar después, espero equivocarme, pero esto es lo que está en el ambiente y lo que la gente percibe.
Si no es mediante recortes, ni mediante 'repagos', ¿cómo puede conseguirse que el SNS vuelva a ser sostenible?
Hay que hacer una política que combine medidas de control del gasto, y por lo tanto se continúe la dinámica que nosotros abrimos de compras centralizadas, ampliándola siempre con el acuerdo de las autonomías, pero se pueden comprar muchos productos entre todas las autonomías y por el volumen de compra mejorar el precio. Medidas que mejoren la eficiencia y que pueden llevar incluso a la mejora de la calidad asistencial, y un ejemplo es el seguir trabajando y profundizar en la atención de los pacientes crónicos polimedicados. Puede haber además muchas mejoras de la calidad asistencial en la duplicidad de tratamientos, o por interacciones, que se pueden mejorar por ese seguimiento profesional, donde además el personal de enfermería y los propios farmacéuticos pueden hacer mucho en los propios domicilios, y además se producirían ahorros. Por lo tanto, medidas de control del gasto, medidas de eficiencia, medidas de calidad, pero también hay que incorporar políticas de incremento de recursos para el sistema sanitario con carácter finalista. El sistema sanitario español es sostenible sin tener que hacer recortes de prestaciones.
De hecho, desde el PSOE han vuelto a proponer una serie de estrategias que supondrían reunir más de 4.000 millones de euros, destinados a pagar la deuda. ¿Por qué estas medidas no se tomaron hace unos meses, cuando ocupaba el cargo de secretario general de Sanidad?
Nosotros tomamos una serie de decisiones, y no me voy a remontar al año 2004, donde llegamos con un gasto farmacéutico interanual del 11 por ciento, y que lo bajamos inmediatamente al 5 o 6 por ciento. No me voy ni a remontar a las conferencias de presidentes tras las que inyectamos más de 10.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas. Me voy a centrar en la política que hemos desarrollado a partir de 2010, cuando la crisis económica y sus efectos se hacen más evidentes. Desde 2010 hasta finales de 2011, en poco más de año y medio, el Gobierno adoptó decisiones de control del gasto sanitario de más de 5.000 millones de euros, que han aliviado las cuentas de las CCAA. Me voy a referir a los Reales Decretos Leyes de control del gasto farmacéutico o incluso la rebaja salarial de los funcionarios públicos que, en lo que tiene que ver con los profesionales sanitarios, ahorró al SNS alrededor de 1.000 millones de euros. En total, 5.000 millones de euros se han ahorrado en costes sanitarios por decisiones que tomó el anterior Gobierno, que asume su impopularidad. El problema es que esos recursos no se han quedado en el sistema sanitario, y hay que decirlo.
¿Y por qué no se incluyeron estas últimas medidas en ese paquete de decisiones 'anti-crisis'?
Hay que tener en cuenta que la crisis ha seguido ahondándose, y es que en agosto de 2011 empieza un proceso de recesión en Europa, del que ahora estamos viendo sus consecuencias, que requiere nuevas medidas. Por lo tanto, ya está bien de reclamarnos que lo que estamos proponiendo hoy en la oposición no lo hicimos cuando estuvimos gobernando, porque también las situaciones son cambiantes, pero es que hemos hecho cosas. Es más, si algo hicimos mal ya lo hemos pagado en las elecciones, y ahora estamos en la oposición, y lo que nos corresponde son medidas para hoy. Las propusimos en campaña electoral, pero seguimos pensado que es válido, hay que hacer un esfuerzo para ingresar recursos adicionales, y una buena vía pueden ser los impuestos sobre alcohol y tabaco cuya subida podría generar un recurso finalista para la Sanidad, al mismo tiempo que las medidas de ahorro que ya he comentado.
En esas medidas que antes comentaba se puso especial hincapié en el gasto farmacéutico. Propuso en el Pleno del Congreso la subasta de medicamentos como medida para la racionalización del gasto, ¿por qué?
Nosotros lo que hemos hecho es decirle al Gobierno que la medida que aprobamos en agosto, el Real Decreto Ley 9/2011, que contó con el acuerdo de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, es una medida que permite escoger un conjunto de principios activos, los que considere oportuno el Gobierno, y decidir su incorporación a la prestación farmacéutica mediante un sistema de competencias entre proveedores, y que nos permitiría poder ahorrar en torno a 1.500 millones de euros al año. Eso evitaría el que luego CCAA tengan que tomar iniciativas que el Gobierno discute si son o no constitucionales. El hecho es que hay ya un mecanismo legalmente establecido, que además contaría con el apoyo del Partido Socialista. Qué tiene de malo que el paracetamol que hoy los españoles tienen cubierto por el SNS, en lugar de tener, imaginémonos, cien proveedores, tenga quince. Es un precio mejor para el sistema pero también un precio mejor para el propio ciudadano.
Pero esta medida ahonda de nuevo sobre el precio de medicamentos, ¿qué pasa con el hecho de que sigan aumentado el número de recetas?
Se trata de gestionar mejor la demanda desde el punto de vista de lo que son las necesidades de los pacientes crónicos. Una gran parte del aumento del número de recetas tiene que ver con el incremento del número de pacientes crónicos polimedicados y sobre todo porque no siempre se les hace un buen seguimiento. En ese sentido hemos presentado una Proposición No de Ley sobre la adecuación de las presentaciones comerciales de los fármacos a los tratamientos. Lo que planteamos es que se culmine un trabajo que ya estaba encargado en el RDL 9/2011 a la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios, para que antes de que llegue el mes de agosto se tengan revisadas todas las presentaciones comerciales de los medicamentos, para que se adecuen los formatos a lo que son realmente los tratamientos.
Los profesionales sanitarios se han manifestado públicamente en contra de los recortes, ¿desde su partido se plantean alguna iniciativa para apoyarles?
A los profesionales primero tenemos que incorporarlos en el Pacto por la Sanidad, si finalmente se produce, pero la línea fundamental es aumentar la autonomía de gestión. Hay que hacer posible que la organización sanitaria termine siendo una organización donde los profesionales tengan la máxima responsabilidad en la toma de decisiones, y también se les exija responsabilidad de sus resultados, y como consecuencia de ello la retribución tenga que ver con su contribución, y eso de cara al futuro hay que abordarlo. La segunda línea es que al profesional hay que apoyarlo en la mejora continua de su formación, porque hoy disfrutamos de un buen sistema sanitario y de buenos profesionales y en parte tiene que ver con su capacidad de mejorar y actualizar de manera continua su formación.
Comentaba alguna vez, hablando de la retribución de los profesionales, que el pago a los proveedores es tan importante como los salarios. ¿Qué mecanismos serían necesarios para poder pagar la deuda a los proveedores y a las oficinas de farmacia?
Una cosa es la deuda con los proveedores, para la que el Gobierno ha propuesto una medida que nosotros inicialmente hemos apoyado, aunque aún tenemos que ver cómo se desarrolla, en qué condiciones, y qué supone para las Administraciones públicas, yo ahí aún tengo cautela. Pero otra cosa es que los proveedores aún tienen que cobrar al día, no solamente las farmacias, todos los proveedores. Nosotros propusimos una iniciativa para las farmacias, porque siendo importante cobrar todos los proveedores al día, parece mucho más relevante que quien está suministrando medicamentos a los ciudadanos cada día, muchas veces oficinas de farmacia de pequeño tamaño, que tienen que hacer el esfuerzo de adelantar el pago a su proveedor, para poder darle el medicamento al ciudadano, tienen que tener una prioridad.
Ahora que tanto el Gobierno central como la mayoría de los gobiernos autonómicos pertenecen al mismo color político, ¿cree que habrá?mayor acuerdo y más poder de ejecución en el Consejo Interterritorial?
Lo que llamaría la atención es que no hubiera acuerdos siendo la mayoría del mismo partido. No es que el Consejo Interterritorial vaya a tener más poder, es prematuro hacer un pronóstico, pero visto el primer CI, la ministra ha vendido humo. Lo voy a tratar de explicar. En lo que respecta al calendario vacunal, es un calendario único, y eso significa las mismas vacunas en toda España, con la única diferencia que puede haber, en casos puntuales, de carácter epidemiológico. Eso no se ha conseguido, y lo ha presentado, además como un acuerdo, del que luego se le han descolgado varias CCAA, por lo tanto cuidado con llevar mensajes equivocados a la población. He estado gobernando y sé que no es fácil articular un calendario único, pero que no nos quieran vender cosas que no son. En el tema de la tarjeta sanitaria, al Gobierno le digo que bienvenidos a lo que ya estábamos haciendo. No es necesario cambiar las tarjetas sanitarias que tienen hoy los ciudadanos, hemos hecho el trabajo previo de meter en la base de datos común del SNS a todos los ciudadanos de España, y eso es lo que permite identificar, y por lo tanto, poder moverse. Pero la ministra es muy optimista, ojala lo cumpla, de hacer posible que la tarjeta sea interoperable para este año, porque hay algunas CCAA grandes, como Madrid, que aún no tienen receta electrónica, incumpliendo los compromisos que realizó con el anterior Gobierno, que les dimos los recursos económicos para extender la e-health en todo su territorio. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho el Partido Popular es venirse al modelo. La ministra ha pretendido vender como pasos históricos lo que realmente son avances relativamente pequeños, y sobre todo poco novedosos.
¿Confía en que se lleve a cabo el Pacto de Estado por la Sanidad en esta legislatura?
Si quiere la ministra incorporar al Partido Socialista al Pacto, tengo que decir que nosotros estamos en la mejor de las disposiciones. Pero eso necesita una voluntad real de llegar a acuerdos, sin premisas previas, porque dialogar tiene que ser sin premisas previas. Estamos dispuestos a hablar porque merece la pena hacerlo, porque somos conscientes de la difícil situación económica, y creemos que tenemos alternativas que son válidas, aunque yo no descarto que en el Gobierno también tengan alternativas válidas. Va a depender de todos, somos responsables y sabemos que también va a depender de nosotros, pero lógicamente es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de proponer medidas concretas a las que nos podamos sumar el Partido Socialista.
¿Considera que crear nuevos grupos de trabajo era necesario para abordar temas como la cartera de servicios o que estos suponen una duplicidad?
Son grupos que ya existían y si los reactivan bienvenidos sean, pero a mí me llamó la atención del CI otra medida que la han presentado como una novedad, que es la Red de Agencias de Evaluación. Si alguien ha impulsado la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ha sido el gobierno socialista, y además con mucho dinero, hasta el punto de que nosotros hemos repartido cerca de 50 millones de euros, durante todo el tiempo de nuestro gobierno a través del Plan de Calidad, para fortalecer las agencias autonómicas y la nacional, para que trabajen en red, y han hecho más de 300 publicaciones. Es decir, eso ya estaba, está bien que siga, pero la pregunta es con cuántos recursos. Pero lo más importante es que el Partido Popular se niega a nuestra medida de crear un Instituto de Excelencia Clínica, un NICE, que lo llevaban en su programa electoral. Además nuestra propuesta no tiene porqué suponer un incremento de gasto, se trata de cambiar no sólo la denominación de la agencia del Instituto de Salud Carlos III, sino sus funciones. Trabajando en red y haciendo que sus informes sirvan para las decisiones del Gobierno, es decir, para incorporar prestaciones en base a la evidencia científica. Pero yo lo que me temo es que el Gobierno ha decidido recortar algunas prestaciones y evitar las críticas que pueda tener apoyándose en las CCAA. En cualquier caso, será sus responsabilidad, lo que sí digo es que esa Red de Agencias Evaluadoras ya existía, y se puede ir a sus publicaciones, avaladas por todos y utilizadas por muchos profesionales.
¿Y por qué entonces ustedes apostaron también por esta Red de Agencias en vez de por un NICE español?
Nosotros teníamos un diseño que era 'in crescendo'. Primero había que fortalecer el tejido profesional de evaluación de tecnologías en España, y por eso apostamos por todas las agencias, lo que también significaba darles recursos. El segundo paso, que es el que metimos en el programa electoral, y además nos alegramos de ver que incluso el PP también lo hizo en el suyo, era la creación de un NICE. Primero había que generar ese tejido, y por lo tanto, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero ahora toca hacer otra cosa, que es la que reclamamos.
Como comentaba el objetivo de esta red va a ser renovar o recortar la actual cartera de servicios, ¿es una necesidad dada la situación coyuntural?
Recortarla no, siempre es necesario dar pautas a los profesionales para usar mejor los procedimientos, siempre. Luego, es necesario que las nuevas incorporaciones cuenten con criterios de coste efectividad, y ahora sí que es mucho más necesario que nunca, por la situación de recursos económicos disponibles. Por lo tanto, para la actualización, para la incorporación de nuevos elementos a la cartera de servicios, creemos que es más eficaz nuestro planteamiento que el que propone el Gobierno. Pero insisto, si el Gobierno va a montar una red que ya existía con menos recursos de los que tenía antes, probablemente lo que sea es una pantalla para tomar decisiones políticas de recorte de servicios.
Respecto a cosas ya creadas anteriormente, ¿cree que, pese al cambio de gobierno, es posible aprobar a corto plazo el RD de Troncalidad y Especialidades Médicas, así como la prescripción enfermera?
No sé los plazos, porque obviamente eso lo tiene que poner el Gobierno. Había un procedimiento de trabajo en marcha con pasos dados desde el punto de vista procedimental, con alegaciones, etc. Aprovechen ustedes ese trabajo, cambien lo que quieran, pero no empiecen de nuevo, porque eso retrasa todos los procedimientos. En el caso de la troncalidad y de las nuevas especialidades médicas estaba en la fase final de incorporación de alegaciones, todo lo que han tenido que decir los grupos ya lo han dicho. Hagan ustedes lo que quieran, quiten una cosa o metan otra, y llévenlo ya al Consejo de Estado, al Consejo Interterritorial y al Consejo de Ministros, sin tener que empezar de nuevo. La misma reflexión con el decreto de enfermería. Que no se aprobara esto antes de 3 o 4 meses no se entendería nada más que por razones de querer revisarlo todo.
Lo que sí se va a revisar es la Ley del Aborto, ¿qué cree que va a suponer esa reforma?
Nos tenemos lo peor por las declaraciones que viene haciendo el Gobierno por boca del ministro de Justicia. Lo primero que tengo que decir es que claramente la ministra de Sanidad no pinta nada en esto, y es ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por tanto, por muchos sitios, le afecta, pero aquí quien está llevando la voz cantante es el Ministerio de Justicia. Lo que se está anunciando supone un paso atrás. Entendemos que lo primero es una política de prevención de embarazos no deseados, y aquí chocamos con la visión que tiene una parte del Partido Popular de que los criterios morales, religiosos, éticos, etcétera, los quieren imponer al conjunto de la ciudadanía. Después ya, en el caso de que una mujer considere que no está en condiciones de acceder a la maternidad, y dentro de las condiciones definidas en la Ley, que tuviera derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, como pasa en la mayor parte de los países europeos. Lo que no se entiende es porque España tiene una derecha que pretende dar marcha atrás, y no se entiende si no es porque la influencia de la Iglesia Católica es excesiva en el Partido Popular.
Cambiando un poco de tema, ¿qué opina de las nuevas trabas para la concesión por parte de las agencias de acreditación autonómicas del máster de Medicina, pese a lo ya acordado con los anteriores ministerios de Sanidad y Educación?
Probablemente eso se deba a que necesitan enterarse de por dónde iban los temas y espero que no sea más que eso. Sería una pena, porque en este ausnto hay un acuerdo con los médicos, que era muy razonable, para poder abordar la situación que se había generado con el tema de Bolonia, y vamos a hacer un seguimiento de esa cuestión para que efectivamente se cumpla lo que habíamos comprometido, y si no estaremos del lado de los médicos, lógicamente.
Exactamente, ¿en qué consiste la reforma que quieren llevar a cabo de la Ley 15/97 sobre concesiones privadas?
No estamos en contra de la colaboración público privada por definición, lo que no estamos a favor es de que ésta se haga con opacidad, y se haga aprovechando espacios de negocios que podría aprovechar bien la iniciativa pública. Lo que pretendemos es que haya un marco regulatorio que ofrezca transparencia, de manera que se pueda conocer realmente cuáles son los requisitos contractuales reales de esa colaboración. En segundo lugar, queremos que haya un marco de evaluación que permita saber qué se está consiguiendo desde el punto de vista, no sólo económico, sino asistencial. Y tercero, que cuando un ciudadano esté siendo atendido, como es su derecho, por un ente público aunque la concesión sea privada, tenga la garantía jurídica de que la calidad asistencial es la misma que si estuviera en un centro puramente público.
Otro tema de controversia, ¿qué opina del aumento de la jornada a 37,5 horas?
Este es otro planteamiento que es muy generalizado en la política del Partido Popular. Se trata de trabajar más por el mismo o por menor sueldo. Ahí son los sindicatos los que tienen que opinar. Sinceramente creo que no es la solución a los problemas de la Sanidad, creo que sí lo es el hacer posible que se trabaje en las mejores condiciones, y no es tanto trabajar una hora más o no, sino cumplir con unos requisitos de control, de calidad, de recursos y de exigencias, tanto para los empleados públicos como a la misma dirección de los centros sanitarios.
¿Y de dónde se sacan esos recursos, subiendo impuestos?
Si tenemos que pagarlo vía impuestos, pues podemos hablarlo, porque los impuestos son una forma de redistribuir las cargas. Somos partidarios de que pague más quien más gana, y de que use más quien más necesita. En este momento tenemos la propuesta de más ingresos recargando los tributos de alcohol y tabaco. Podríamos hacer al sistema suficiente combinando control del gasto, ahorro y más ingresos por esta vía. También por mejor gestión, seguimos planteando que hay determinadas prestaciones que hoy atiende la Sanidad pública, y que tienen un tercero obligado al pago, y si se hace un esfuerzo radical en cobrar todo lo que se atiende cuando hay un tercero obligado al pago, se pueden ingresar al menos, entre 800 y 1.000 millones de euros adicionales. Se trata de buscar recursos por muchas vías sin perjudicar la calidad asistencial, y hay posibilidades
NOTA DE REDACCIÓN
Estas entrevistas fueron cerradas el 20 de abril y publicadas en la Revista EL MÉDICO. Cuando ya se había celebrado el Consejo Interterritorial en el que se abordaron las medidas para la sostenibilidad del SNS y antes de que el Real Decreto fuera publicado en el BOE, por lo que no incluyen las reacciones a dicho decreto una vez conocido íntegramente su contenido.