La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) nació hace tres lustros con dos objetivos claros: integrar este ámbito en los diferentes servicios autonómicos de salud y dar a conocer a la sociedad la importante labor que desarrollan los médicos de prisiones. Su actual presidente, el doctor Antonio López Burgos, hace balance de lo conseguido hasta ahora y pone sobre la mesa los retos a los que tendrá que enfrentarse la sociedad científica en los próximos años. Sin duda alguna, la internacionalización es uno de ellos, y con este motivo se organizó en 2012 el I Congreso Internacional sobre Sanidad Penitenciaria, un evento que ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria de la SESP.
¿Qué balance hace de sus primeros años al frente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP)?
Al contar con apenas 300 socios, la SESP no tiene la misma fuerza que otras importantes sociedades científicas de nuestro país. Contamos con diferentes grupos de trabajo que atesoran diversas publicaciones sobre las patologías más prevalentes en las prisiones de nuestro país y celebramos nuestro congreso nacional cada dos años. El último se organizó en Madrid a finales de 2012 junto con el I Congreso Internacional sobre Sanidad Penitenciaria. Avalados por los quince años de historia de nuestra sociedad científica, nos parecía que España puede ser un referente mundial en el ámbito de la Sanidad penitenciaria, y queríamos oficializar de alguna manera la ya habitual participación de médicos de otros países europeos (fundamentalmente Italia, Alemania e Inglaterra) y de América del Sur. El resultado está siendo muy positivo, ya que esperamos poder establecer sólidos contactos con todos estos países para poner toda nuestra experiencia a su disposición y ayudarles así desarrollar su Sanidad penitenciaria. Más concretamente, estamos a la espera de algunos proyectos de colaboración con la Sanidad penitenciaria italiana y con el Gobierno brasileño. En última instancia, nos gustaría establecer una sociedad científica internacional para poder contar con entidades tan potentes como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas. Así, por ejemplo, se podría dar apoyo a la implantación de programas específicos en países en vías de desarrollo.
¿Qué valoración hace del último congreso nacional?
A pesar de la crisis, el nivel de participación ha sido muy similar al de otros congresos nacionales, con un buen número de comunicaciones y mesas a cargo de profesionales de fuera de España. Entre otros asuntos destacados, se ha presentado una guía de atención a las drogodependencias en las prisiones, elaborada en colaboración con la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Creemos que se va a convertir en un referente para el abordaje de cualquier tipo de adicción.
¿Qué destacaría en la organización de la Sanidad penitenciaria de los diferentes países?
La Sanidad penitenciaria tiene una forma de ser diferente en cada país. En España se depende del Ministerio del Interior, mientras que en otros muchos estados es competencia del Ministerio de Sanidad o de distintas administraciones locales. En el caso concreto de América del Sur, la Sanidad penitenciaria está poco desarrollada en general porque hay otras prioridades, como la seguridad de las cárceles. La Sanidad queda, de momento, en un discreto segundo plano. No obstante, países como Méjico o Brasil han mostrado mucho interés en establecer colaboraciones con la SESP para desarrollar este ámbito. A este respecto, estamos dispuestos a potenciar la creación de sociedades científicas específicas en todos estos países si es necesario.
¿Está más desarrollada la Sanidad penitenciaria en aquellos países con mejores sistemas sanitarios?
Efectivamente. La Sanidad penitenciaria está más desarrollada en aquellos países que cuentan con mejores sistemas sanitarios y de derechos humanos. Evidentemente, los países que disponen de más medios también tienen mejores cárceles, con una asistencia médica similar a la de la población general. Esto es lo idóneo.
¿Hay algún país modélico en cuanto a la organización de la Sanidad penitenciaria?
El modelo a seguir sería el español, cuyo éxito radica en la epidemia de VIH que asoló nuestro país a finales de los 80. Fue entonces cuando las prisiones empezaron a contratar más personal sanitario y pusieron en marcha importantes programas epidemiológicos y de seguimiento. Con la excepción de Cataluña y País Vasco, los datos que se generan en las prisiones españolas están centralizados en la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, desde donde se lleva a cabo el control epidemiológico de enfermedades tales como la tuberculosis, el VIH o la hepatitis C. En Alemania, por ejemplo, cada centro penitenciario depende del estado en el que se encuentra y no hay comunicación alguna entre ellos, por lo que es imposible conocer el número total de internos afectados por una determinada enfermedad.
Esto podría servir de ejemplo también para el sistema sanitario nacional...
Por supuesto. No obstante, la falta de coordinación existente entre los servicios de salud de las comunidades autónomas no se da en la Sanidad penitenciaria española porque, entre otras cosas, la población interna es mucho más pequeña: en torno a las 60.000 personas.
¿Hay la intención de exportar el modelo nacional de Sanidad penitenciaria a otros países al igual que está haciendo la ONT con los trasplantes?
La situación de las prisiones en América del Sur es muy difícil y está supeditada a una serie de prioridades que difieren considerablemente de las de Europa. Si antes he hablado de la seguridad, el hacinamiento es otro de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día. No resulta muy realista querer llevar programas de control de enfermedades a países que no cuentan con recursos suficientes para dar la medicación a sus internos enfermos. Habría que empezar por otro tipo de actuaciones. Por tanto, el modelo español como tal no es exportable a estos países hasta que se cumplan una serie de requisitos. En muchos de ellos ni siquiera hay médicos dedicados en exclusiva a la Sanidad penitenciaria. De momento, nuestra labor es más formativa que otra cosa.
¿Qué iniciativas se llevan a cabo desde la SESP en el ámbito de la formación continuada?
Junto con nuestro congreso bianual, solemos organizar diversas jornadas algo más específicas a lo largo del año. Por ejemplo, en 2012 hemos impartido conjuntamente con la Sociedad Española de Patología Dual un curso de formación sobre este aspecto tanto a personal sanitario como funcionario. Pretendemos implicar a todos los trabajadores de las prisiones en la detección precoz de internos que puedan padecer una enfermedad mental. También participamos asiduamente en los simposios y congresos de otras sociedades científicas con las que tenemos relación.
¿Qué especialidades tienen los médicos de la Sanidad penitenciaria española?
La inmensa mayoría hemos estudiado Medicina de Familia, aunque hay un porcentaje importante de internistas y psiquiatras. Estos últimos ejercen su labor asistencial en los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en nuestro país, ubicados en Alicante y en Sevilla. Estos establecimientos están dedicados a la custodia y tratamiento de los internos que padecen trastornos graves de conducta y que han sido internados en ellos por decisión de los tribunales de justicia.
¿Cuáles son las principales demandas de este colectivo?
Nuestra principal demanda tiene que ver con la integración de los profesionales sanitarios de prisiones en el Sistema Nacional de Salud, ya que creemos que la Sanidad debe ser única para todos. En este sentido, y al igual que ocurre en otros países, deberíamos depender del Ministerio de Sanidad y no de Interior. Lo mismo a nivel autonómico. Así, por ejemplo, en 2011 se transfirió la Sanidad penitenciaria vasca al Gobierno autonómico, que la integró directamente en Osakidetza, de tal manera que cada centro penitenciario es equiparado con un centro de salud y sus internos con pacientes del servicio de salud. Lo mismo ocurre con los sistemas informáticos. Así, el seguimiento de un paciente no se corta cuando ingresa en prisión o sale en libertad, sino que hay continuidad. A nivel nacional, los médicos de prisiones no tenemos acceso a las historias clínicas previas de nuestros internos, lo cual dificulta enormemente nuestra labor. En el caso contrario, la información de prisión no revierte al sistema sanitario. Creemos que así se menoscaba la idea fundamental de equidad, más aún cuando sabemos que nadie está en la cárcel de por vida. Por tanto, la Sanidad penitenciaria debe integrarse en los servicios de salud si queremos que nuestros internos tengan una Sanidad en igualdad de condiciones con la población general. También queremos poder realizar ensayos clínicos dentro de las prisiones, como hacíamos antes de que se reformara la normativa. En el momento actual, si queremos poner en marcha un estudio de estas características hay que pedir permiso a todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos implicados en función de los centros en los que se quiera realizar. Esto se une a otra serie de dificultades que se nos ponen desde la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
¿Y a nivel laboral?
A nivel laboral, ya van dos años en los que no se reponen ni las bajas ni las jubilaciones. Además, se están abriendo prisiones nuevas sin personal suficiente para cubrirlas.
¿A pesar de las trabas antes mencionadas, se desarrolla algún tipo de investigación en la Sanidad penitenciaria?
Hemos realizado numerosas investigaciones sobre efectividad de tratamientos en algunas enfermedades, con varios premios a nivel internacional, y ahora mismo tenemos en marcha algunos estudios de seguimiento de internos con hepatitis C.
¿Se están notando los efectos de la crisis económica en la Sanidad penitenciaria española?
Nos está afectando mucho la crisis económica, aunque la repercusión social de lo que ocurre dentro de nuestras prisiones es mínima. Entiendo que los problemas de la Sanidad pública son más importantes que los de la Sanidad penitenciaria porque afectan a más gente. Nuestras autoridades sanitarias han puesto en marcha programas de recortes que afectan a diversos ámbitos, como el de los fármacos, con la edición de guías de intercambio terapéutico que son desquiciantes y que tenemos recurridas ante los tribunales por atentar contra la libertad de prescripción del médico. Por otro lado, la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria ha decidido pasar las guardias médicas presenciales a localizadas en cinco prisiones españolas a partir del mes de enero. Esto significa que la asistencia sanitaria urgente de estos internos va a verse deteriorada de manera importante. Al mismo tiempo, los médicos de prisiones están viendo recortado su sueldo por encima de la media por su condición añadida de funcionarios. Se están imponiendo una serie de ajustes sin buscar el consenso con los profesionales. Al final tendremos la Sanidad que podamos pagar. No estamos en contra de que se reduzcan gastos innecesarios o superfluos, pero sí en que se haga en unos departamentos y no en otros. Esperamos que mejoren los tiempos y poder salvar la Sanidad penitenciaria de posibles intentos de privatización o cualquier otro experimento que se quiera poner en marcha.
¿La Sanidad penitenciaria se plantea ser una especialidad?
Planteamos que la Sanidad penitenciaria sea una especie de subespecialidad accesible en el ámbito universitario a través de algún tipo de máster o curso. Tiene una serie de características propias que es importante destacar y diferenciar. No obstante, creemos que se trata de un proceso muy difícil, ya que ni la SESP tiene la suficiente fuerza para conseguirlo ni la Administración ha mostrado interés.
¿Qué enfermedades son las más prevalentes en prisión?
La población interna es relativamente joven (entre 35 y 45 años de media). La inmensa mayoría tiene o ha tenido problemas con el consumo de drogas (prácticamente el 80 por ciento del total) y hay una alta prevalencia de enfermedad mental (hasta el 45 por ciento). De hecho, un 14 por ciento de los internos presenta patología dual (enfermedad mental más adicción). Además, contamos con cerca de un 6,3 por ciento de pacientes con VIH y un 33 de enfermos de hepatitis C (casi 20 veces más que la población general). La incidencia ambas enfermedades está bajando porque la población drogodependiente ha cambiado sus hábitos de consumo, pero la enfermedad mental sigue estable y es en lo que tendríamos que volcarnos en los próximos años.