Efectivo el Real Decreto Ley sobre Sanidad Universal

Según pública el último Boletín Oficial del Estado (BOE), el 31 de julio entró en vigor el Real Decreto Ley que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y desvinculando la  asistencia sanitaria de la condición de asegurado. Concretamente, la nueva normativa recoge “la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes normativos existentes en nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos”. Por otra parte, en el Real Decreto Ley se establece la aportación farmacéutica para las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, por el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones. Asimismo, tiene una disposición adicional que hace referencia a la incorporación de los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. Así, se señala que, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos y período mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria. Una decisión urgente pero estudiada Si bien la aprobación de este Real Decreto Ley se daba a conocer en el pasado Consejo de Ministros, lo cierto es que su elaboración, aunque urgente, se ha llevado a cabo de forma estudiada  y consensuada. Así, para la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales como, por ejemplo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud. También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo del real decreto. A este respecto la ministra de Sanidad, Carmen Montón, explicaba que “lo esencial de esta norma, y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás”. Del mismo modo, la ministra de Sanidad afirmaba de que la nueva normativa acabará con la “inseguridad jurídica” que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público, así como a las administraciones que en su día las aprobaron. Igualmente, recordaba que la aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas, y que la atención normalizada en Atención Primaria permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública, al tiempo que evita descompensaciones”  en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones. Por último, Montón señalaba que el Real Decreto Ley aporta “coordinación, armonización y seguridad jurídica” ante la normativa “dispersa” de las autonomías.