Expertos aportan claves sobre los falsos autónomos en el ámbito sanitario

Los falsos autónomos están en el punto de mira de las inspecciones de trabajo. La problemática radica en que desde hace unos años existe una 'persecución' a través de las inspecciones de trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social a las consultas y clínicas del sector sanitario. Estas visitas están motivadas por la consideración de los profesionales como 'falsos autónomos', lo que ha llevado a una vulnerabilidad jurídica significativa para los profesionales y los centros sanitarios. Esta será una de las cuestiones claves abordada en la primera sesión informativa sobre el ejercicio profesional sanitario en el ámbito laboral y mercantil. La misma se celebrará el 2 de octubre en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Esta sesión informativa, organizada por el ICOMEM y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM), tiene como “objetivo reunir a todos los colegios profesionales del ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid para aclarar las características de las relaciones laborales y mercantiles”, ha explicado Timanfaya Hernández, vicedecana del COPM. Para abordar esta problemática y brindar a los colegiados una mayor claridad, la sesión contará con la participación de Javier Cerrolaza Aragón, director Territorial-Jefe de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid. El mismo proporcionará información sobre las actuaciones adecuadas de la Administración en el sector sanitario. Además, un grupo de abogados resolverá todas las dudas relacionadas con el ejercicio de la profesión, principalmente en el ámbito privado.

El debate sobre los falsos autónomos en Sanidad

Respecto a los problemas de los falsos autónomos en el ámbito sanitario, Mercedes Bermejo, vocal de la Junta de Gobierno del COPM aportaba algunas claves. “La inseguridad jurídica ha resultado en el cierre de algunos centros y la reducción de plantillas, lo que ha afectado negativamente al crecimiento del sector sanitario y perjudica a colegiados, centros y profesionales por igual. “Las multas asociadas a estas actas de liquidación e infracción pueden ser significativas, incluso para centros pequeños, llegando a alcanzar hasta un millón de euros”. Por su parte, Juan Chozas Pedrero, Of Counsel en Auren Abogados, añade que “los criterios de la ley, desgraciadamente, no son claros y la administración tiende a considerar como trabajadores por cuenta ajena a profesionales que están ejerciendo su actividad de manera autónoma o por cuenta propia. Esta situación genera una gran inseguridad a los profesionales, ya que es muy complicado impugnar o modificar las decisiones de la Administración”.