Aunque parezca mentira, muchos pacientes no obtienen un tratamiento adecuado que les permita paliar el sufrimiento al final de su vida. Vacíos legales, falta de formación, miedo, errores en los conceptos o el paternalismo de los familiares, que influyen en que un 60 por ciento de los pacientes no esté informado de su diagnóstico, llevan a situaciones que no deberían producirse durante el ejercicio de la Medicina. Con el objetivo de avanzar en todo ello, la Organización Médica Colegial (OMC), organizaba una jornada sobre la 'Asistencia al final de la vida, desde la perspectiva humana, médica y jurídica', a la que acudían expertos sanitarios, jurídicos y políticos, así como representantes de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
En este encuentro, en el que también se presentaba una nueva guía sobre sedación paliativa con aclaraciones sobre conceptos y pautas de actuación, se llegaba a conclusiones como la importancia de la implicación de la Atención Primaria, de los avances necesarios en cuanto a Atención Domiciliaria, o la idea de que los cuidados paliativos ahorran dinero, y por tanto resultan una buena inversión en tiempo de crisis.
Otra de las grandes ideas era el conflicto existente en cuanto a la legislación, sobre el cual opinaba Concepción Espejel, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que afirmaba que 'es fundamental que se adopte una normativa estatal, porque no hay ahora mismo una regulación integral de los derechos de la persona al final de la vida y simultáneamente no hay un marco de seguridad jurídica para los profesionales médicos'. A esta idea se sumaba Guadalupe Martín, portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Socialista, que explicaba que aunque la Ley de Muerte Digna no pudo aprobarse debido al adelanto de las elecciones, su grupo va a seguir insistiendo en que esta iniciativa se lleve a cabo para que 'todos los eslabones estén cubiertos', en una nueva ley creada con consenso y que busque que se trate a todos los ciudadanos por igual. Sobre esta futura ley, Marcos Gómez Sancho, presiente de la comisión central de deontología de la OMC, pedía que los políticos que tuvieran en cuenta que esta no es sino una ley de 'atención al enfermo' y por tanto que no se cayera en la contaminación ideológica, y se aprobase con consenso de todos, ya que no tiene porque salirse 'del mensaje profesional'.
Otros juristas explicaban la importancia de diferenciar que el hecho de que la Constitución no prohíba el suicidio, no puede traducirse en un derecho a la muerte, puesto que hay que tener muy en cuenta para todo este tipo de actuaciones, el derecho que prima en la legislación y el que marca las actuaciones del Estado no es otro sino el derecho a la vida.
Un reto formativo
Igualmente, otra oportunidad perdida ha sido la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en las facultades de Medicina, sin que la formación en cuidados paliativos haya sido tenida en cuenta, ya que de las 40 facultades de Medicina españolas sólo 8 han implantado esta asignatura. En este sentido, Ainhoa Jiménez, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), exponía que 'sin base teórica es difícil entender el paso de la Medicina curativa a la Medicina Paliativa', y ponía de manifiesto la falta de formación en un tema tan importante para todos los profesionales sanitarios, tanto a nivel técnico, como bioético, como en habilidades de comunicación con el paciente y los familiares. Con ella coincidía nuevamente la representante del grupo socialista, que se sumaba a esta petición añadiendo también la importancia de la formación en cuidados paliativos de forma continuada.
Así, Jaime Boceta, experto en bioética y cuidados paliativos del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, resumía estas necesidades en 5 puntos básicos, como el incluir en los programas de formación contenidos obligatorios de cuidados paliativos y bioética; también el desarrollar programas que integren la atención primaria con la hospitalaria, y faciliten la inclusión de pacientes menores y no oncológicos; muy importante también legislar un equivalente a la baja laboral para los familiares que tengan que actuar como cuidadores; fomentar la atención domiciliaria; y por supuesto hacer un trabajo de difusión de la importancia de los cuidados paliativos.