'Los clínicos tenemos que empezar a medir lo que es realmente importante para no guiarnos sólo por lo que es fácil de medir, que es el precio, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo en la definición de qué es y qué no es innovación'. Con estas palabras, Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), resumía un debate que tuvo lugar durante el encuentro organizado por Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem sobre 'la Incorporación de la Innovación en el SNS'. Si bien la experta explicaba que 'tenemos un compromiso con la sostenibilidad', matizaba que este no puede darse si no se cuenta con la visión de los propios clínicos para conseguirla.
Sin embargo, esta cuestión preocupa también a los economistas sanitarios, y así lo exponía Álvaro Hidalgo, economista de la Salud en la Universidad de Castilla-La Mancha, que aclaraba la diferencia entre los distintos tipos de costes sanitarios. Así, diferenciaba entre costes directos sanitarios como el gasto farmacéutico o de hospitalización, y costes directos no sanitarios, como el gasto en desplazamiento que le supone el paciente, además de costes indirectos como las incapacitaciones y las bajas temporales. De esta forma intentaba hacer ver que si bien a corto plazo la innovación supone un aumento de costes directos, a largo supone la disminución de otros gastos generalizados, y por lo tanto quizás un ahorro en términos más amplios. Teniendo en cuenta todo esto, y que por pagador se entiende no las CC.AA. ni el Estado, sino los propios ciudadanos que son quienes financian el sistema, 'parece un error conceptual que se tomen decisiones sólo teniendo en cuenta los costes directos que afectan al sistema, y no otros costes en cuidados informales que nos afectan a todos, me parece al menos chocante'.
La perspectiva desde las CC.AA. y la industria
Si Antonio Arraiza, director de asistencia sanitaria de Osakidetza explicaba que las barreras en el acceso también influyen a los servicios de salud de las comunidades autónomas, José Ramón Luis Yagüe, director del departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, apuntaba que muchas de estas barreras en realidad aparecían dentro de las propias autonomías. Así citaba algunas como eran las subastas, las tarifas planas, los algoritmos o las alternativas terapéuticas equivalentes. No sólo eso, sino que Yagüe también recordaba el reciente cuestionamiento por parte del Tribunal de Cuentas respecto a los presupuestos sanitarios en CC.AA., donde 'se detecta una permanente insuficiencia estructural'. Aunque no todo depende las autonomías, y es que desde Farmaindustria se reclama 'además de dotar al SNS de un presupuesto adecuado y realista, que se refuercen las competencias del Ministerio de Sanidad en materia de prestación farmacéutica, evitando que las CC.AA excluyan medicamentos de la prestación sanitaria de su territorio'.
Esta preocupación es cada vez mayor cuando según las últimas cifras en la incorporación de fármacos oncológicos en 2012 en el G5 europeo, España se encuentra en el último lugar. Si en Reino Unido y en Alemania se habían incluido en el mercado 17 nuevas moléculas, en España sólo habían entrado 10. En este mismo sentido Yagüe explicaba que la Industria se había sentido muy esperanzada con los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), aún no se ha avanzado del todo en distinguir 'lo que es la evaluación terapéutica de un fármaco de lo que es su evaluación económica', volviendo de nuevo al concepto de separar valor terapéutico desde la perspectiva clínica del coste directo desde la perspectiva política. 'Se debería establecer un sistema de evaluación que cuente con el valor del fármaco'.