La Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME) ha convocado a la prensa para presentar la versión definitiva de su manifiesto 'Debate ante el riesgo de deterioro irreversible de la Sanidad Pública Española', y aclarar el debate surgido tras la filtración de uno de los borradores iniciales, que en todo caso había sido realizado por FACME, y no por la OMC, como también se había dicho, la cual sólo se había adherido a mismo. En dicho borrador se hacía referencia a la posible necesidad de la sustitución de algunos gestores, que fue entendida por los Consejeros de Sanidad como una alusión a ellos mismos. Por ello, José Manuel Bajo Arenas, presidente de FACME, aclaraba que se ha tratado de 'una desvirtuación de lo que ahí ponía', puesto que 'no aparece ni aparecía en ninguna parte del documento esa alusión a los consejeros, no se trata de un ataque, al contrario, hablamos del pacto para sentarnos juntos a sacar el sistema adelante'. En la misma línea, Carlos Macaya, vicepresidente, sí aludía a la responsabilidad de la ministra de Sanidad, que en su opinión debe 'liderar la Sanidad española y ser garante de los principios de la Ley General de Sanidad, que no es sólo el que equidad, sino también el de calidad'.
Por otra parte los representantes de FACME, acompañados de algunos de los presidentes de las Sociedades Científicas firmantes de este manifiesto, aclaraban cuál era su propuesta ante la crisis económica y sanitaria de la Sanidad. Según Pilar Román, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 'la asistencia en nuestro país está muy fragmentada' y por lo tanto lo que se pide es una mayor coordinación entre especialidades y entre Atención Primaria y Especializada, mediante la fomentación de los sistemas de información, para evitar ineficiencias como pruebas repetidas o segundas visitas innecesarias. Igualmente, Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), insistía en que 'llevamos años luchando porque nuestros actos en consulta sean actos clínicos y no burocráticos, y en estos años hemos visto poco avances en este sentido'.
En definitiva, según englobaba Bajo Arenas, la cuestión pasa por 'flexibilizar el mastodonte de la Sanidad Pública', a lo cual Macaya matizaba que además 'pediríamos una flexibilización incluso en las contrataciones y las plantillas'.
Una alternativa a la privatización
Otra de las ideas que surgía en esta mesa es la necesidad de una mayor evaluación externa para conseguir una verdadera transparencia. Así lo ponía de manifiesto Pilar Román, 'exigimos una gestión transparente para que pueda existir una competencia entre los centros, la cual está demostrada que es la mejor forma de ahorrar', porque esa manera se motiva realmente a ser más eficientes.
Esta evaluación debería incluir no sólo los centros públicos, sino también los privados, y es que la privatización de la Sanidad es otro tema que también sigue a debate. Francisco Vicente Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC), insistía en que 'la externalización no sólo hay que hacerla, hay que seguirla y evaluarla', y según él podía afirmarse que ni tanto el modelo Alzira, ni la externalización de los laboratorios en Madrid son ejemplos, puesto que no han salido bien. Igualmente se insistía en que la diferencia entre la gestión privada o pública del sistema reside en que ese porcentaje de beneficios que en la privada se lleva la empresa para su necesario mantenimiento, en la pública sin embargo repercute en el propio sistema.
Por ello la opción no es cambiar el tipo de gestión, sino 'darle más agilidad al sistema público, haciéndolo más flexible, y para eso es necesario contar con las sociedades científicas y los profesionales'.