'El Sistema Nacional de Salud es un sistema sanitario internacionalmente reconocido por su eficiencia y calidad. En otras palabras, con un bajo gasto sanitario público, logra unos magníficos resultados en términos de salud. Su gestión, en su práctica totalidad pública, no se puede afirmar que sea ineficiente. Esta constatación no es una llamada a la inacción; existen muchas cosas a mejorar en la gestión sanitaria pública, pero se debe evitar a toda costa su desmantelamiento'. Ésta es la primera consideración de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), que tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria del pasado 28 de noviembre de 2012 ha mostrado su opinión respecto al anuncio de privatización de la gestión de una parte sustancial de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.
Como preámbulo a esta opinión, desde FACME se apunta que la decisión institucional de implantar nuevas medidas de gestión en la CAM 'ha llevado a debate público la confrontación entre gestión sanitaria pública y privada en nuestro país. La iniciativa de los responsables políticos de la Sanidad madrileña, con su presidente a la cabeza, ha sido precedida y será, probablemente, seguida por propuestas en la misma dirección de otras comunidades autónomas. No cabe, por tanto, minimizar el impacto de la medida, porque trasciende los límites de la comunidad madrileña y porque, aunque quieran rebautizarla sus promotores y aliados ungiéndola de 'colaboración' público-privada, privatizar significa transferir al sector privado la gestión de un servicio público.
'Estamos, por tanto, ante una propuesta de enorme trascendencia, que requiere que todos los implicados asuman la responsabilidad de buscar lo mejor para los intereses generales, sustentando las respectivas opiniones en la evidencia disponible y no sobre prejuicios ideológicos', añade.
Las instituciones que firman la declaración inciden en que 'la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública se fundamenta sobre premisas ideológicas, al no existir datos de comparación homogéneos entre ambas. Esta ausencia de reseñas es, en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública, con independencia del sistema de gestión, público o privado'.
Una cuestión de eficiencia
'No se puede afirmar, con datos sólidos, que la gestión privada sea más eficiente o de mejor calidad que la pública, ni lo contrario, y existe la posibilidad de que una mayor flexibilidad o mayores instrumentos de gestión empresarial, introducidos en la gestión pública, la hagan más eficiente, como muestran las reformas en otros sistemas similares al nuestro', afirman.
FACME también explica que no existen precedentes, en las democracias avanzadas, 'de tomas de decisión de la trascendencia que estamos comentando, sin que hayan sido sometidas a un debate público. No hay un 'Libro Blanco' en el que se expongan los problemas existentes y las alternativas de solución; no se ha llamado a consulta a los agentes implicados; no se ha propuesto en un programa electoral; no existe, por tanto, legitimación técnica, social o política'.
Los países europeos con sistemas como el español, basados en el modelo de Servicio Nacional de Salud, incide, han introducido importantes reformas en su gestión, manteniendo siempre el carácter público de sus instituciones y 'un muy significativo peso de la gestión pública sobre la privada. La privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control', señala.
Por ello, 'las propuestas de privatización de la Sanidad de la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas no pueden ser tratadas como políticas locales. El Gobierno, el PP, el PSOE y todos los partidos de ámbito nacional deben implicarse en un debate que comprometa al conjunto del Sistema Nacional de Salud', solicita. 'Aunque las competencias de gestión directa están transferidas a las Comunidades Autónomas, el Gobierno debe garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional, así como velar para que no se desnaturalice el sistema sanitario aportado por la Ley General de Sanidad', añade.
En este punto, resalta FACME que el PP debe actuar así 'porque si los ciudadanos le han dado el poder hegemónico, tiene la obligación de dar una coherencia a sus políticas en todo el territorio nacional'. Y el PSOE y el resto de partidos de ámbito nacional tienen 'la responsabilidad de defender el SNS desde los intereses generales de los ciudadanos, abandonando la 'guerra de trincheras' para acometer, mediante el diálogo, las reformas que precisa el sistema'.
El papel de los profesionales
Las instituciones que firman esta declaración 'y especialmente las sociedades científico-médicas' exigen, por otra parte, 'ser consultadas para el diseño y la puesta en práctica de las reformas necesarias. Creemos que es fundamental acometer cambios importantes en el sistema sanitario público, pero siempre con rigor y profesionalidad, asumiendo la enorme responsabilidad de estar tratando con un servicio público esencial no sólo para nosotros, sino también para las futuras generaciones'.
Por último, y dada la situación de grave situación económica en la que España está inmersa, la FACME hace un llamamiento a todas las partes para que se imponga la negociación, 'evitando el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria, el quebranto de la formación de nuestros estudiantes y residentes y el desmoronamiento de nuestro tejido investigador'.