La
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) advierte que el
Plan de Acción de Atención Primaria tiene unas propuestas que “van a suponer la
pérdida de otra oportunidad de cambio y una gran frustración social y profesional”. El principal problema del mismo es una financiación insuficiente. En concreto, el plan estima un presupuesto de 280 millones. Desde la
FADSP calculan que la financiación necesaria ascendería a los 10.000 millones.
Para alanzar el presupuesto necesario, la FADSP plantea que los recursos económicos extraordinarios deberían distribuirse. En primer lugar, entre el Ministerio de Sanidad (50 por ciento) con fondos europeos. A este respecto recuerdan que se desconoce el destino final de los 1.088 millones para AP del pasado año. Asimismo,
plantean una reforma progresiva y justa de impuestos. Por otra parte, el otro 50 por ciento debería ser aportado por las CC. AA. Sin embargo, estas destinan un “escaso” 14,9 por ciento a AP. Así, aunque han incrementado este capítulo, recuerdan que apenas lo han incrementado en un 4 por ciento para este año.
Problemas asociados a una financiación insuficiente
El hecho de contar con una financiación insuficiente, hace que tampoco se concreten algunas de las medidas más necesarias. Es el caso de la necesidad de contratar más personal, ya que no se cuantifica el personal necesario para afrontar la situación. La mayoría de las organizaciones profesionales y sindicales estiman necesario crear
8.000 plazas de personal médico. Asimismo, serían necesarias otras 15.000 de enfermería y 5.000 de administrativo. Según FADSP, tampoco se definen las nuevas categorías profesionales a incorporar a los Centros de salud.
En esta línea, apuntan que la propuesta para el empoderamiento de la AP se limita a una estrategia de comunicación y de información del trabajo de la AP. “Se sigue sin dar a la AP el poder para controlar y gestionar los procesos asistenciales en coordinación con los hospitales”, apostillan.
Por otra parte,
critican que el 62 por ciento de las medidas propuestas retrasan su aplicación en casi dos años (22 meses). En concreto, las medidas más urgentes para afrontar la situación, como incrementar la financiación con presupuestos finalistas para la AP, se aplaza 22 meses; incrementar los recursos humanos como oferta de empleo, evaluación de necesidades de recursos o formación de nuevos especialistas, superan el año y medio; garantizar la accesibilidad a los Centros de salud y gestionar la demanda de la población casi un año (10 meses), concluyen.
