Farmaindustria ha valorado de forma “positiva”
el proyecto de Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, si bien ha pedido “más ambición” en su
informe de alegaciones. Así,
Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de la patronal farmacéutica, ha reclamado la regulación “de todo el procedimiento de financiación y precio de los medicamentos” durante su participación en el
XXIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
“Creemos que la nueva regulación debería tener una finalidad más ambiciosa. Debe abordar también la financiación y fijación de precio de los medicamentos, en la medida en que la evaluación no es sino una fase más de un procedimiento más amplio”, ha comentado Bosch.
Otra de las mejoras solicitadas por Farmaindustria ha sido
“una mayor participación de pacientes y clínicos, seleccionados por sus conocimientos especializados en la materia”. También ha reclamado “establecer normas que garanticen
la independencia de los evaluadores”.
RD de evaluación de tecnologías sanitarias
Ana Bosch ha comentado que la inclusión de los términos de precio y financiación en el RD de evaluación de tecnologías sanitarias “permitiría dotar en una misma normativa al sistema de financiación de tecnologías sanitarias de la
coherencia, transparencia y predictibilidad que tanto necesita, y así facilitar su
comprensión y aplicación práctica”.
“La evaluación no debe configurarse como un requisito indispensable para decidir la financiación y precio de los medicamentos, sino que debe conceptuarse como
un documento más que ayude a la toma de decisiones. Si este no existiera o no estuviera concluido en el momento procedimental oportuno, ello no debe impedir adoptar la resolución de financiación y precio que proceda”, ha explicado.
Proceso transparente y ordenado
La representante de Farmaindustria ha dicho que el procedimiento que regule la financiación y precio de los medicamentos, y la evaluación de estos como una fase más del proceso, “deberá ser transparente”. Asimismo, tendrá que
“ordenar las diferentes etapas con plenas garantías para las compañías”. “Deberá asegurar
el cumplimiento del plazo máximo de 180 días para adoptar la resolución de financiación y precio”, ha añadido.
En este sentido, ha pedido la contemplación de “determinadas particularidades que posibiliten
el acceso temprano de medicamentos en los que concurran circunstancias que los hagan merecedores de una resolución acelerada”. En determinados casos, como
enfermedades sin alternativas terapéuticas financiadas o medicamentos huérfanos, “la resolución de financiación debería dictarse en el plazo máximo de 90 días”. La directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria se ha referido a la posibilidad de que en estas circunstancias “la financiación sea condicional y revisable”.