Farmamundi alerta de los riesgos del TTIP para el acceso a los medicamentos

La ONG Farmamundi señala que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y EE.UU. podría tener un impacto negativo en la Sanidad pública y en la asequibilidad de los medicamentos.

Varios agentes sociales como Universidades Aliadas por Medicamentos Esenciales (UAEM); Medicines in Europe Forum; Health Action International-Europe; Salud por derecho; la plataforma 'No Gracias', y la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Salud Pública (FADSP) donde se encuentra Farmamundi, coinciden en que su aprobación dotaría a las empresas transnacionales de mayor poder a la hora de presionar en la toma de decisiones referentes a la salud.

'Queremos alertar de los peligros de ceder poder a los 'lobbies' corporativos para construir un nuevo marco mundial de relaciones económicas y sociales que anteponga los beneficios empresariales a los intereses de la ciudadanía. El tratado limitaría la soberanía de los gobiernos, entregando más poder a los grupos empresariales e inversores privados', han insistido desde Farmamundi.

Además, Farmamundi ha instado a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a exigir la participación de los agentes sociales en las negociaciones porque, de concretarse el tratado, 'las medidas sanitarias estarían en peligro'.

Amenazas para la Sanidad pública

Las amenazas más importantes previsibles para el sistema público se relacionan con la privatización de los servicios sanitarios al ser un potencial de negocio; por la dificultad de reversión de las privatizaciones; el condicionamiento de las políticas públicas de salud que cuestionen los beneficios de empresas privadas; la accesibilidad; la falta de incentivos para producir genéricos, y las facilidades para alargar patentes retrasando la entrada de los genéricos en mercado.

Asimismo, alerta Farmamundi, reduciría los requisitos para las patentes con el objetivo de facilitar la comercialización de innovaciones biotecnológicas y limitaría las políticas de los gobiernos de precios y reembolsos que dotan a los Estados de flexibilidad. También limitaría la información de los resultados de los ensayos clínicos de nuevos fármacos y eliminaría o reduciría la exigencia de duplicar pruebas clínicas para facilitar la entrada de productos.