El sector de tecnología sanitaria solicita un plan urgente de viabilidad 'ante la alta morosidad de las administraciones públicas' y apela a la implicación directa del Gobierno 'para la supervivencia de un sector vital para la asistencia sanitaria de la población'. Dicho plan debería estar liderado por los Ministerios de Sanidad, y Economía y Hacienda. Así lo ha reivindicado Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), al tiempo que ha recordado que la deuda de las administraciones sanitarias medida en facturas impagadas a 30 de septiembre de 2011 se ha incrementado hasta los 4.740 millones de euros, un 10 por ciento más que en abril de este mismo año. En cuanto a los plazos de pago, Fenin señala, en un comunicado, que las administraciones abonan ahora sus facturas en una media que se sitúa en 431 días, frente a los 395 con los que pagaba cinco meses atrás.
Para la resolución de la deuda con las empresas del sector, Fenin considera que en la actualidad existen instrumentos y mecanismos válidos como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo, que pueden adoptar compromisos firmes entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, la secretaria general de Fenin indica que para solucionar el problema deben 'aprobarse presupuestos realistas, suficientes y estables además de dotaciones finalistas y realizarse un mayor esfuerzo de gestión para abordar reformas estructurales en el sistema que le doten de mayor cohesión y mejoren su eficiencia.'
También señala Margarita Alfonsel que 'debe ser prioridad del nuevo gobierno asegurar el cumplimiento de las leyes de contratación y de morosidad, que rigen la relación entre las administraciones públicas y las empresas.'
Según se afirma desde Fenin, la morosidad no es consecuencia de la crisis, sino que se ha visto agravada por ésta. Desde que esta entidad empezó a realizar estadísticas sobre situación de morosidad, los plazos de pago de las administraciones públicas sanitarias han sido muy superiores a los plazos estipulados por la legislación de contratación pública, que establecía un plazo de 60 días, como se indica en un comunicado.
Andalucía (con el 24,65 por ciento de la deuda, equivalente a 1.168 millones de euros), la Comunidad Valenciana, con el 18,70 (886 millones), Madrid, con el 11,13 (527 millones), y Castilla y León, con más del 10 por ciento de la deuda (476 millones) concentran el 60 por ciento de los 4.740 millones de euros adeudados al sector de Tecnología Sanitaria.
En el lado opuesto figuran las comunidades de La Rioja, con el 0,44 por ciento del total de deuda equivalente a 20 millones de euros, y Extremadura, que concentra el 0,92 de las cantidades adeudadas, esto es, alrededor de 44 millones de euros. Hay que tener en cuenta en ambos casos, que el volumen de la deuda está ligado al tamaño de la Comunidad, por lo que las Comunidades uniprovinciales siempre tienen menor volumen de deuda, recuerdan desde Fenin. 'Mención aparte merecen Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en el plazo legal de pago y cuyas cantidades pendientes de cobro no se consideran deuda'.
Los datos de las empresas del sector de tecnología sanitaria agrupadas en Fenin señalan, asimismo, que el plazo medio de pago de la administración se situó a finales de septiembre de este año en 431 días, ocho veces más que los plazos legalmente establecidos en la contratación con las administraciones públicas. En este punto, destacan especialmente las comunidades de Valencia (765 días), Cantabria (680 días), Murcia (673 días), Andalucía (642 días), Castilla y León (618 dias) y Castilla-La Mancha (617 días), que superan los 18 meses en sus plazos medios de pago.
Incertidumbre del sector
En opinión de Fenin, la morosidad que sufren las empresas del sector de tecnología sanitaria agrava la difícil situación asociada a la crisis económica generalizada. 'La morosidad es un elemento que está distorsionando claramente la viabilidad del sector de tecnología sanitaria y pone en grave riesgo su supervivencia. El retraso en los pagos se ha traducido en pérdidas de puestos de trabajo y también en cierres y deslocalización de empresas', afirma Margarita Alfonsel.
La morosidad de las administraciones públicas tiene también un fuerte impacto en el alarmante descenso de las inversiones en I+D+i. Además, según señala la Federación, esta situación ha confirmado la tendencia que ya venía apuntándose desde hace algunos años, como es la demora en la incorporación de innovaciones en el mercado español frente a otros países de nuestro entorno.
Además, la internacionalización de las empresas, aspecto clave tanto para su viabilidad como para la recuperación económica del país y la mejora de su imagen en el exterior, se está viendo seriamente afectada, especialmente en el caso de las PYMES, por la notable reducción de los apoyos públicos destinados a este fin.