El próximo 1 de diciembre de 2015 entra en vigor el RD 635/2014 que regula la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) en todos sus aspectos. La puesta en marcha está prevista 18 meses después de su publicación con la legislatura terminada. Durante los cuatro años de legislatura se han sucedido los borradores y a pesar de la reiterada oferta del Foro de Atención Primaria, el INSS ha rechazado la práctica totalidad de las aportaciones realizadas.
Es notorio que son los médicos de AP los que tradicionalmente han asumido la emisión de los partes de baja, confirmación semanal y alta en la práctica totalidad de los procesos, así como de los informes complementarios en las semanas 10 y 30. Se trata de un sistema anticuado, poco operativo, basado en partes semanales, sin relación con la clínica o con la realidad laboral del país. La proximidad de los centros de salud al domicilio del paciente ha sido el único motivo para asumir la gestión de la IT por los médicos de familia, a pesar de que la mayor parte de las incapacidades de media y larga duración se deben a procesos complejos de seguimiento en atención hospitalaria, explica el Foro.
El RD 635/2014 y la Orden ESS/1187/2015 que lo regulan suponen un cambio de burocracias y desaprovechan la posibilidad de modernizar la gestión de la incapacidad laboral:
Así, se sustituye una burocracia basada en la desconfianza hacia el trabajador, obligado a realizar una comparecencia semanal, por la desconfianza en el profesional que se verá obligado a realizar un elevado número de informes, hasta ocho o nueve. Es suficiente con verificar la nula utilidad de los partes complementarios actuales, acumulados en los servicios de inspección sin que nadie los supervise.
Se establece un farragoso sistema de duración estimada, con bajas 'muy cortas', 'cortas', 'medias' y 'largas' basadas en datos estadísticos que no guardan relación con la práctica clínica. Se añade a ello la delimitación de plazos diferentes para la revisión y la confirmación, sin utilidad práctica, y en base a las mismas tablas de duración óptima de dudosa fiabilidad y utilidad. Se desaprovecha así la oportunidad de cambiar el modelo a un sistema de plazos de revisión basados en la clínica y en la estimación del profesional.
Se indica la necesidad de rellenar un informe complementario cada dos partes de confirmación, lo que supone seis informes clínicos al año; y se establecen tres informes de control complementarios por parte de inspección o el médico de familia, es decir, nueve al año. 'Parece ignorarse por parte del legislador que los servicios de inspección tienen acceso a la historia clínica electrónica presente en la mayor parte de los servicios sanitarios', destaca el Foro.
El RD establece que 'el parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo del servicio público de salud que lo realice'. Es decir, los partes de baja, confirmación y alta serán emitidos por el médico que atiende al paciente, lo que en una gran parte de los casos obligará a realizar el procedimiento de baja y seguimiento en Urgencias y en Hospitales.
Sin determinar medios
'No parece que el RD ni su desarrollo aclaren suficientemente con qué medios contarán en planta, consultas y Urgencias para asegurar la continuidad entre los diferentes profesionales que asumen la atención del paciente dentro del Hospital o en la continuidad bidireccional con Atención Primaria', lamenta el Foro de AP. 'Por lo que sabemos, no se ha procedido a preparar los medios informatizados o manuales que aseguren su emisión en el medio hospitalario, dando por hecho que seguirán siendo los médicos de familia los que asumirán la gestión y control de la IT contraviniendo la legislación', añade.
Desde el Foro de AP y las organizaciones que lo componen, se solicitará a todos los profesionales que sean absolutamente estrictos en el cumplimiento del RD, con el fin de evitar que una mala aplicación de su parte, ya sea por activa o por pasiva, les suponga incurrir en cualquier tipo de falta sancionable: los médicos de familia sólo asumirían la IT en aquellas patologías cuyo diagnóstico y seguimiento realicen directamente.
'Deberá ser el Gobierno central y las CCAA los que asuman las consecuencias del previsible conflicto entre profesionales sobre la aplicación del RD, que podrá ocasionar la falta de cobertura a los trabajadores en su derecho a la IT y su compensación, explica.
Por todo ello, desde el Foro de AP se solicita del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad la suspensión de la entrada en vigor del RD 625/2014 sobre regulación de la IT y su revisión en la próxima legislatura para adaptarlo a las verdaderas necesidades de profesionales y trabajadores. 'Consideramos que ante la coincidencia de la entrada en vigor del RD y el inicio de la campaña electoral, sería aconsejable la rápida respuesta del Ministerio de Trabajo, que garantice el derecho de los trabajadores y facilite el trabajo de los profesionales, evitando de ese modo que se pueda producir un conflicto completamente innecesario', señala.
El Foro de AP va a iniciar una campaña informativa dirigida a los ciudadanos y a todos los agentes sociales implicados en este tema (CEOE, Sindicatos, Defensor del Pueblo, Partidos políticos, OCU...). En este sentido, se está elaborando, con asesoría jurídica, un informe con las recomendaciones de actuación para los profesionales si este decreto entra en vigor.
La AP en la última legislatura
Ante la situación de cambio de legislatura, en la reunión del Foro de AP se ha realizado una valoración de la evolución de la Atención Primaria en los últimos años. La valoración global es negativa: se ha registrado una disminución en el gasto de salud en España del 14,7 por ciento, fundamentalmente a expensas de la AP; el SNS ha pasado de ser un sistema de Sanidad universal pública a un sistema de aseguramiento, más de 800.000 habitantes han sido excluidos de la asistencia; se ha generado una limitación en el acceso a determinados recursos sanitarios; la diferente aplicación de las normativas por parte de las CCAA ha incrementado las desigualdades en salud; los médicos de AP se han sentido ignorados estos años por las autoridades sanitarias.
Además, lamentan los profesionales, la opacidad de las diferentes administraciones autonómicas ha hecho imposible conocer con exactitud los datos, pero se estima que la tasa de reposición está entre el 5 y 15 por ciento; y la promesa de que sea del cien por cien en 2016, aunque se concrete, no cubrirá las pérdidas. Y prevalece la precariedad laboral.
Entre los aspectos positivos está que los médicos son uno de los profesionales mejor valorados por los ciudadanos en las encuestas del CIS y del SNS, que este año se han cubierto todas las plazas de médicos de familia de las plazas MIR ofertadas; y que el documento 'Building primary care in a changing Europe', recientemente publicado y que analiza más de 30 países, reconoce las fortalezas de la AP española, situándola entre las seis mejores de Europa.
El Foro hace una 'breve conclusión': el esfuerzo personal de los profesionales para proporcionar a la población una atención sanitaria de calidad no podrá mantenerse durante mucho más tiempo si no se acompaña de un aumento en la inversión de recursos.
Y finalmente recuerda tres de sus propuestas: el decálogo de 'Objetivos para una Atención Primaria de Calidad', presentado en abril en el 'Día de la AP', decálogo que se va a presentar nuevamente a todos los partidos políticos para que estos objetivos se incluyan en sus programas electorales (se sigue considerando imprescindible un Pacto por la Sanidad); la necesidad de una gestión trasparente de las administraciones y estabilidad laboral que garantice la continuidad de la atención a la población; y se demanda la celebración de un Consejo interterritorial monográfico sobre AP.