El Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia envió sendas cartas al consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, y al consejero de Administración y Justicia, Josu Erkoreka, solicitándoles que se regule el reconocimiento de la condición de autoridad pública a los profesionales del sistema público y social de la Comunidad Autónoma Vasca.
Esta solicitud viene originada por la preocupación de estos profesionales ante el incremento de agresiones físicas y verbales que se han producido hacia ellos en los últimos años durante el ejercicio de sus funciones por parte de pacientes, usuarios, familiares o acompañantes.
En nuestro país, entre 2008 y 2012, más de 30.000 profesionales sanitarios han sufrido agresiones, tanto en centros de Atención Primaria, donde se registraron el 51 por ciento de los casos, como en hospitales. Un dato a señalar es que el 72 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
Entre 2013 y 2014, tres han sido las comunidades autónomas que han elevado a rango de autoridad pública a los trabajadores sanitarios del sistema público de salud: Aragón, Castilla- León y Valencia.
En 2007, el Ministerio Fiscal y el Consejo de Médicos del País Vasco firmaron un acuerdo denominado 'Protocolo de medidas a adoptar en los casos de agresiones contra médicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco' en la que se declaraba, por parte del Ministerio Fiscal la intención de encauzar como atentado (a través de los artículos 550 y 551 del Código Penal) 'todo acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave realizados contra un médico que tenga la condición de funcionario público y se encuentre en el ejercicio de sus funciones'.
El Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia estima que no se debe volver la vista a la realidad de las agresiones que sufren los diferentes profesionales de la salud, del mismo modo que defienden que dichas conductas no pueden quedar amparadas en la impunidad al ser susceptibles de quebrar el vínculo de confianza que debe existir en la relación de los profesionales con los pacientes, fundamental para la consecución de los objetivos de la relación clínica en la que los derechos de profesional y paciente queden garantizados.
Asimismo, considera de suma importancia reforzar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan conseguir que estos profesionales puedan desempeñar sus funciones en un contexto de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el sistema sanitario que, sin duda, aumentará la calidad de los servicios que se vienen prestando.
