Lleva seis meses en su puesto como portavoz de Sanidad en el Congreso, y son muchos a los retos a los que ya ha tenido que enfrentarse. Rubén Moreno explica detalladamente cuestiones, que han sido tan mediáticas, como el copago hospitalario, la reforma del aborto o qué pasa con los españoles que están fuera del país más de 90 días en cuestión de asistencia sanitaria. Pero también aborda otros temas, como la necesidad de sacar la Sanidad 'del campo de batalla' político y de llegar, si no a un Pacto Sanitario, sí a un acuerdo de bases que permita mantener el sistema en las mismas condiciones que lo conocemos.
¿Cómo valora estos meses como portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso?
Es un auténtico reto, que además yo ya sospechaba, porque vengo de otra portavocía europea con temas muy transversales, pero Sanidad es un área tan específica y tan importante para todos los ciudadanos que hace que el trabajo sea muy intenso, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Te permite hablar con todos los grupos de la oposición, intentar llegar a acuerdos entre nosotros, y todo ello dirigido lógicamente a intentar mejorar el sistema.
Precisamente hablando de estos acuerdos, uno de los grandes logros de esta comisión ha sido el informe de la Subcomisión para la Sostenibilidad. Tras un tiempo para la reflexión, ¿cuál es su opinión sobre el dictamen de la misma?
En el informe al final se han ido incorporado todas las aportaciones que han hecho todos los grupos parlamentarios, sobre el informe base inicial con todas las comparecencias de los expertos, para que hicieran el tipo de apunte que considerasen adecuado. Hay que tener en cuenta que algunos grupos no estuvieron en la Subcomisión y sin embargo también se incorporaron sus aportaciones. Decidimos darnos un tiempo más, precisamente porque había algunos puntos que merecía la pena discutir con todos los grupos, para tener una redacción que viniera a cumplir aquellas expectativas que ellos tienen sobre lo que es el SNS, y en ese proceso estamos. Este acuerdo no es un Pacto de Estado entre los grupos parlamentarios, aunque el Pacto es algo que se pide en el documento, pero de momento estamos en un acuerdo de bases comunes.
Ya que menciona el Pacto, ¿cree que este tipo de acuerdos suponen un avance en el diálogo entre los grupos parlamentarios, que nos hagan tener más esperanzas sobre ese ansiado Pacto por la Sanidad?
Lo que les he pedido a los otros grupos, básicamente, es que hay que tener presente que los gobiernos tienen un mandato, y que el Ejecutivo tiene que proponer medidas y tomar sus decisiones. Hay que tener en cuenta que el Legislativo tiene un mandato distinto, y no podemos confundir un estamento con otro, si condicionamos al Gobierno a que haga ciertas cosas, sería como convertirnos el Legislativo en Ejecutivo, y no hay que mezclarlos. Pero lo que sí que podemos hacer es intentar llegar a un acuerdo lo más amplio y mayoritario posible para establecer aquellas líneas que creemos que son importantes, para que bien este gobierno o los gobiernos que vengan lo tengan en cuenta para después hacer esa labor ejecutiva. No necesariamente es un Pacto, pero sí un acuerdo de bases.
Esta subcomisión ha contado con la participación de muchos expertos, y también con la de los profesionales, ¿ha marcado el comienzo de nuevos cauces de colaboración con los mismos?
La colaboración ha sido un ejemplo, y de hecho la colaboración con los profesionales es justo el paso que ha dado la ministra Ana Mato para llegar a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica y con otros profesionales sanitarios. Pero es el Ejecutivo el que tiene que llegar de verdad a este acuerdo.
¿Nos esperan nuevas reformas en materia de Sanidad?
Las grandes reformas en el sistema sanitario ya se han hecho. Cuando llegó este Gobierno se dio cuenta de que al sistema le faltaban recursos, debía mucho, y no era especialmente equitativo. Además había un problema de cohesión, y todos esos temas había que abordarlos, por lo que hubo que tomar medidas inmediatas. Pero estas se han tomado ya, por lo que no va a haber grandes cambios, sino que vamos a aprovechar el efecto de las que ya se han hecho.
Entre esas medidas ya tomadas, parece que el Ministerio ha decidido paralizar la aplicación de nuevos copagos debido a una mejora en la economía, ¿qué pasará sin embargo con los copagos ya implantados o en proceso de implantarse, como es el copago hospitalario?
El copago farmacéutico ya existía, lo que hemos hecho es hacerlo más equitativo. Por otro lado, se había barajado la idea de que determinadas prestaciones como ambulancias, productos ortoprotésicos y dietoterápicos pudieran tener algún tipo de aportación, pero la situación ha mejorado sensiblemente, no es idílica, pero ha mejorado, y por lo tanto era hora de que el ciudadano se aprovechase también de esas mejoras. Esa es la razón por la que los copagos en la cartera suplementaria no se van a llevar a cabo, más allá de lo que las Comunidades Autónomas hagan. Claro, uno puede pensar que si se ha paralizado este, se puede parar el hospitalario, pero la cuestión es que responden a criterios distintas. El hospitalario tiene una lógica muy simple. Afecta a 43 medicamentos en 150 variedades o especialidades distintas, muchas dedicadas a enfermedades graves, pero hay que recordar que 100 de ellas fueron aprobados por el anterior gobierno para dispensación en oficina comunitaria, por lo tanto no es una cosa nueva. Lo que ha hecho esta nueva regulación es garantizar que todos los ciudadanos españoles, con independencia de en qué comunidad vivan, paguen exactamente lo mismo. Es un tema de equidad, no es un tema de recaudación, por la cantidad que supone, ni es un tema de uso racional, ya que son medicaciones muy específicas. Es un tema de equidad entre las comunidades autónomas, para evitar que si en una comunidad se dispensa por oficina de farmacia se pague una cantidad diferente que en una comunidad donde se dispense en el hospital.
Una de las últimas polémicas en materia de Sanidad ha sido la retirada de la tarjeta sanitaria a aquellos españoles que pasen más de 90 días en el extranjero, ¿cómo va a quedar regulada finalmente esta cuestión?
Está muy clara, la primera cuestión es que nadie pierde su tarjeta sanitaria en España, no es cierto que se retire. En segundo lugar, en cumplimiento de los reglamentos europeos, se establece que los ciudadanos europeos tengamos un tiempo cuando estamos dentro de Europa, pero fuera de nuestro país, para recibir asistencia sanitaria y que el país de origen se responsabilice de eso. Para entender esto, hay que aclarar que el Sistema Nacional de Salud no era universal, por mucho que se dijera, se ha hecho universal con este Gobierno, con el RDL 16/2012, donde se reconoce la asistencia a los parados de larga duración, y a otros colectivos que no tenían derecho. En el SNS hay dos grandes grupos, por un lado los vinculados a la Seguridad Social y por otro todos los demás. Los parados de larga duración se encontraban en el primer grupo, pero era los únicos a los que no se les exigía la residencia. En virtud de eso, el problema que surgía, cada vez mayor, es que cualquier europeo que hubiera trabajado en España, aunque fueran quince días, podía exportar su derecho, y ahí viene el conflicto, en esa exportación. Así, después del boom de trabajo que tuvimos en España nos encontramos con que mucha gente que se quedó desempleada han vuelto a sus países, y por lo tanto, al haber trabajado aquí se reconocían como parados de larga duración, sin subsidio de desempleo, y tenían derecho a que se les pagase desde aquí la asistencia sanitaria en su país, sin límite y de por vida, él y sus beneficiarios. Eso es algo que necesariamente había que regular. Lo que pasa que dentro de este grupo también había españoles que se habían ido a buscar trabajo fuera, y lo que no pierden en ningún momento es el derecho a la asistencia sanitaria en España, después de 90 días lo que pierden en es el derecho a exportar esa asistencia. Cuando sí se pierde es cuando tú comunicas después de 90 días que ya eres residente en otro país, y por lo tanto ya tienes derecho a esa asistencia en ese otro país.
Otro tema de gran repercusión está siendo sin duda la reforma del aborto. Mariano Rajoy ha pedido informes a diversas organizaciones, también representantes de los profesionales sanitarios, respecto al controvertido anteproyecto, ¿cree que la opinión de los mismos influirá en que finalmente varíe el texto?
En general en todos los proyectos de ley se piden informes y en este pues más que en ninguno, como es obvio. Si esas aportaciones son razonables desde el punto de vista del Gobierno pues se incorporarán, si entran en colisión con la política que el Gobierno quiere plantear, pues lógicamente no. Pero lo que sí es una obligación es escucharles y tomar en consideración todo aquello que pueda enriquecer el texto. Cuando entre en el Congreso lo debatiremos y se intentará llegar al mayor acuerdo posible.
Una de las propuestas del PP en la Comisión de Sanidad ha sido la de regular la profesión ortoprotésica, ¿podría explicarlo?
Es una propuesta que se aprobó en el Consejo de Ministros, creo que en noviembre de 2013, que fue una propuesta del Ministerio de Educación que informa a Sanidad. Viene a actualizar, en realidad, cómo estaba ordenada la profesión ortoprotésica en cuanto a su formación, que no se'actualizaba desde el año 1995. De esta manera lo que hace es ampliar y profundizar la formación que tiene este sector, para dotar de mayor seguridad y calidad la atención al paciente.
Hablando de otro de los objetivos clave del Ministerio, ¿en qué punto se encuentra la puesta en marcha de la HCD y la tarjeta sanitaria? ¿Es realmente posible compartir y normalizar la información entre los diferentes sistemas de las CCAA?
Podemos y debemos por muchas razones. Cuando se hicieron las tarjetas sanitarias, estando yo aún en la Comunidad Valenciana, ya veía la necesidad de hacerlo de una forma unificada, porque en realidad tenemos un solo sistema. Ahora se ha visto la necesidad de que sea interoperable, y de que el ciudadano pueda moverse dentro del territorio español con su tarjeta. Hay que entender que lo que las comunidades autónomas hacen, y no es poco, es gestionar el sistema, pero no son dueños del sistema, lo son los ciudadanos. De esta manera hay que entender que debería ser como el carné de identidad, que esa tarjeta sea válida en cualquier comunidad. En ese proceso estamos. Esto nos lleva a otro tipo de considerandos, y es que a partir de ahora, a través del Fondo de Garantía Asistencial, el paciente no solo puede ir a cualquier comunidad, sino que además ahora vamos a compensarnos entre comunidades.
¿Y en cuanto a la receta electrónica?
En cuanto a la receta electrónica forma parte de toda esa e-health que supone el poder salvar desplazamientos de la gente innecesarios a las consultas, pero también para evitar la colisión que puede darse entre medicamentos incompatibles entre sí, que son recetados por médicos distintos, y que es una fuente de conflicto importante todavía no bien valorada. Sobre la historia clínica digital, más de lo mismo. Hay que evitar situaciones como que estés en un hospital y te hagan unos análisis de sangre e ingreses en otro hospital poco después, y te los repitan porque no hay comunicación entre ellos. Compartir esta historia clínica no solamente es importante para salvar recursos en España, y para dar mayor calidad a la asistencia de los pacientes, sino que además forma parte de un proyecto europeo en el que España es líder.
En esta misma línea, ¿cree que gracias a las medidas del Ministerio hoy las CCAA se encuentran más cohesionadas en materia sanitaria?
Estamos en ese camino, y debe ser un objetivo primordial por una cuestión muy básica. Si mantenemos el SNS con impuestos, y los impuestos son iguales para todos, vivas donde vivas, parece lógico que la prestación tenga que ser igual. Por eso el RDL 16/2012 ha venido a modificar muchas cosas, para bien. Ha hecho al sistema más equitativo, exige que haya una cartera básica de servicios, un calendario único de vacunación, etc., es decir, que lo esencial sea para todos igual. Veo hoy un sistema mucho más sólido, en el que desde luego hay que seguir trabajando. En este sentido, y afortunadamente, creo que todos los consejeros se han dado cuenta de que hay que llegar a acuerdos, y el Consejo Interterritorial ha dejado de ser como en algún momento fue, un campo de batalla, para ser un órgano de colaboración y apoyo.
Ya que nombra a los consejeros, recientemente el consejero catalán, Boi Ruiz, declaraba que si bien se ha conseguido sostener el SNS ha sido gracias al esfuerzo de los profesionales con recortes salariales, y de los ciudadanos, que han visto como aumentaban las listas de espera. Ahora que parece que la situación está más controlada, ¿se piensa en cómo trabajar para mejorar estos dos problemas?
Boi Ruiz es una persona con muchísima experiencia y por tanto las manifestaciones que hace las hace desde el conocimiento. La realidad es que esto no es una cuestión sólo de ahora, sino que nuestro sistema sanitario dando las prestaciones tan importantes que da no es el más caro, y no lo es porque en gran medida está siendo sostenido por unos profesionales, que comparados con otros de otras partes del mundo no tienen el mismo nivel retributivo. A los ciudadanos, por otra parte, se les ha pedido un esfuerzo para hacer sostenible este sistema. Es preferible pagar algo más, por cierto, pagando más el que más tiene y el que no tiene que no pague nada, para que cuando venga un elemento catastrófico no suponga una ruina económica personal o familiar. Por eso, las medidas que se han tomado para alcanzar la sostenibilidad, lo que se está garantizando es que aunque entre todos hacemos esos esfuerzos, el sistema nos pueda dar las mismas respuestas y el nivel de garantía y de calidad en la asistencia que ha tenido hasta ahora y que hay que seguir manteniendo.
Otro de los agentes que ha contribuido a la sostenibilidad es la industria. En este sentido, más allá de la reducción de precios, el Ministerio está apostando por instaurar nuevas fórmulas para la introducción de fármacos innovadores, ¿veremos por fin en España un nuevo modelo de financiación de fármacos basado en el valor real que aporten los mismos?
Lo que no se va a hacer es introducir cantidades específicas para determinado tipo de fármacos. Es decir, el volumen total de recursos que reciben las CCAA está para ser gestionados por ellos, y ellos tienen que organizarlo bajo su criterio. Dicho esto, los ahorros no deben ir sólo vía reducción de precios, sino que una condición básica debe de ser que lo que se financie desde el sistema sea no sólo útil, sino más útil que lo que tenemos. Esa es la razón también por la que se introdujo el concepto de red de agencias de evaluación al estilo del NICE británico. Todo el reconocimiento de financiación por parte del sistema de nuevos medicamentos, innovadores o no, tiene que basarse en que aporten valor, porque si no haríamos un flaco favor el ciudadano en el uso de recursos.
Hablando de cuestiones más autonómicas, ¿cómo valora la paralización del proceso de externalización de los hospitales de la Comunidad de Madrid?
El hecho de esta paralización para nada pone en entredicho la utilidad de las fórmulas de gestión que existen en las distintas comunidades, de hecho, en absolutamente todas las comunidades. Si el 66 por ciento de los hospitales españoles tiene fórmulas distintas a la del INSALUD, de gestión directa, es obvio que es porque las Comunidades han decidido hacer uso de la Ley 15/97, la cual se aprobó por mayoría, incluyendo no sólo al Partido Popular, sino también al PSOE, a CIU, al PNV, Coalición Canaria, etc., salvo Izquierda Unida. Ahí se incluyen todo tipo de fórmulas, fundaciones privadas, públicas, concesiones, empresas, empresas públicas y demás. Todas lo han hecho, incluyendo a Andalucía, donde el 45 por ciento de los hospitales tiene fórmulas distintas a la gestión directa. Si se tiene la función y la misión de gestionar, cada comunidad lo hace como creen que es mejor. No se debe demonizar la gestión por entidades mixtas o privadas, lo que hay que hacer es ver cómo se trata en las mismas al paciente. El paciente lo que quiere es que se le resuelva su problema bien, con garantías, y lo más rápido posible. De hecho, en los hospitales que están funcionando con estos modelos, entre ellos el de Alzira, el 90 por ciento de los ciudadanos están satisfechos. Lo que hay que observar es sí lo que se hace en el centro, sea de gestión pública o privada, porque la financiación y la asistencia siempre es pública, sea bueno. La clave es obtener unos buenos resultados en salud.
Cambiando de tercio. Tras su paso por Centro de Investigación Príncipe Felipe, ¿cómo ve actualmente la situación de la ciencia y de la investigación en España, tras los recortes? ¿Cómo influye esto en la Sanidad española?
El presupuesto de I+D+i ha ido bajando desde el año 2009, y es un tema complejo. En todo caso, habrá que hacer un esfuerzo mayor en lo que es la aportación privada, incluso acuerdos con el sector privado, para mejorar el avance de la investigación en nuestro país. Es muy importante también la financiación competitiva que se establezca a nivel de Unión Europea. Los recursos de la UE son ingentes, y tenemos gente muy preparada para intentar conseguir esos recursos. Somos buenos y tenemos que competir.
Por último, ¿cómo ve el futuro a corto y a largo plazo del SNS?
A corto plazo hay que pensar que llegamos en un momento muy complicado, de gran endeudamiento, sin entrar en distinguir entre comunidades, y con un sistema no demasiado equitativo, por lo tanto las medidas que se tomaron vinieron a trabajar en esos dos factores, al igual que otros temas como las tarjetas sanitarias europeas que se reconocían a todo el mundo. En general, ajustar el sistema, haciéndolo más justo y haciendo un mejor uso de los recursos públicos. Mirando más a largo, lamentablemente la Sanidad todavía está siendo utilizada como un elemento de batalla política. Entiendo que se puedan tener ideas distintas sobre qué gestionar, aunque eso corresponde al Gobierno, pero yo creo que no se es justo a veces en las críticas que se hacen. No sé si esto indica que finalmente no habrá Pacto, porque el Pacto hay que trabajarlo día a día, pero al final lo importante es que con Pacto o sin él, al menos estemos todos de acuerdo en unas bases comunes para trabajar, y que entre todos garanticemos que este sistema se va a preservar. Llevar el SNS a la batalla política lo único que puede hacer es ponerlo en peligro. Ha pasado con cuestiones que hemos hablado, como el tema de los 90 días, el copago hospitalario y otros temas, pero yo confío que con el tiempo la gente se dé cuenta de que el paciente es tan importante, que merece la pena dejarlo a un lado, aunque obviamente la opinión y la crítica hay que hacerla para mejorarlo.