Una de las principales evidencias que ha puesto de relieve la actual crisis económica es la insostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud tal como lo hemos conocido hasta ahora. En esto parece que hay unanimidad. Con el objetivo de atajarla, el actual Gobierno puso en marcha el famoso Real Decreto-ley 16/2012, con fecha del 20 de abril, en cuyo título aparece como declaración de intenciones la toma de medidas urgentes, no solo para garantizar su sostenibilidad sino también para 'mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones'. Como datos más relevantes hay que señalar los 16.000 millones de euros de deuda contraída con la industria farmacéutica y las clínicas concertadas o la deuda sanitaria pública, incrementada en el último año en un 83 por ciento hasta llegar a los 7.144 millones de euros. Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de estado de Servicios Sociales e Igualdad, desgrana en una entrevista concedida a EL MÉDICO el proceso que se está llevando a cabo y los planes de futuro.
La última encuesta del CIS sitúa a la salud como la cuarta preocupación de los españoles... ¿Qué tiene que decir acerca de este dato?
La salud es algo que está siempre presente en el ciudadano y constituye una inquietud permanente. Hay que tener en cuenta que el CIS también da un alto reconocimiento al SNS y a sus profesionales. Tengo que decir que el Gobierno ha realizado un enorme esfuerzo para hacerlo sostenible y duradero a lo largo del tiempo. Nuestro sistema de salud había alcanzado la friolera de 16.000 millones de euros de deuda a proveedores. La deuda sanitaria se había incrementado en el último año un 83 por ciento hasta alcanzar 7.144 millones de euros y había Comunidades que tenían más de 700.000 facturas sin pagar. Así que se corría el riesgo evidente de que proveedores de servicios, de bienes sanitarios y de farmacia no sirvieran más porque no estaban cobrando desde hacía casi tres años. Ya hubo amenazas de no abastecer, así que teníamos que poner orden. Y se ha hecho llevados por la justicia social y preservando siempre al que más lo necesita y menos tiene.
¿Qué destacaría de esta reforma?
La reforma, que se podría calificar de histórica, está estructurada en seis grandes apartados. Por una parte controlando el aseguramiento sanitario a la vez que se garantiza su universalidad. Nuestro sistema no tenía ningún límite para ningún ciudadano del mundo. Cualquier extranjero tenía servicios gratis, independientemente de su renta. El turismo sanitario era promovido incluso por los propios consulados que desviaban a personas con nivel de renta alto para que pudieran hacer uso de nuestro SNS. Hemos visto, incluso, como se les implantaban caderas de titanio aquí sin que hicieran contribución alguna. Ahora tienen que estar asegurados. También se han establecido convenios. No obstante, nadie quedará desasistido en caso de una urgencia, de embarazo, parto y postparto o sea menor de 18 años, aun en el supuesto de extranjeros no registrados ni autorizados. En segundo lugar hemos introducido la e-Salud y la cartera común de servicios con lo que se crea una base de criterios de igualdad, calidad y eficiencia, lo que significa la creación de hecho de una cartera común de Servicios del SNS, que nos va a permitir avanzar en la implantación de la tarjeta sanitaria común, el historial clínico digital y la receta electrónica, lo que redundará en una mayor eficiencia y ahorro. Además, había que remediar el gasto farmacéutico y para lograrlo hemos pedido la colaboración de la industria farmacéutica a la que hemos pedido, entre otras cosas, que adapte los envases de los medicamentos en función del tratamiento. Al mismo tiempo se ha establecido un sistema de pago, digamos que disuasorio, del que están exentos los afectados de síndrome tóxico, las personas con discapacidad, los receptores de pensiones no contributivas, los que reciben rentas de integración social, así como los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por el contrario las rentas más altas, las que están por encima de los 100.000 euros, pagarán un 60 por ciento. Hay que reseñar que más del 80 por ciento de los jubilados estarían por debajo del límite de pagar 8 euros al mes. En cuanto al personal que está en activo, se mantiene como hasta ahora en el 40 por ciento para los que tengan ingresos inferiores a 18.000 euros y pagarán el 50 por ciento de las medicinas los que cobren más de esa cifra. También hemos tenido que tomar medidas de eficiencia, para lo que creamos la plataforma de compras centralizada, tanto para los medicamentos hospitalarios como para la tecnología médica, muy costosa. La ordenación de recursos humanos es una necesidad acuciante para lograr un mayor desarrollo profesional del personal sanitario, lo que significa una mayor movilidad de los profesionales, la elaboración de un catálogo homogéneo en el que queden claras las equivalencias y, por último, quedarán reguladas las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades como la cirugía cardíaca infantil. Y para hacer realidad y aglutinar todas las iniciativas mencionadas es necesario el llamado Pacto Sociosanitario, o la pretensión de que la Sanidad y los servicios sociales trabajen de manera coordinada.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 asignan a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 2.563,7 millones de euros, de un total de 2.970 millones asignados al Ministerio en su conjunto. ¿Qué lectura hace de estas cifras?
Desgraciadamente son unos presupuestos restrictivos y condicionados por el entorno social y económico, así como por los compromisos adquiridos con la UE de cumplir con el déficit. Eso significa que todos los departamentos ministeriales tienen que hacer un esfuerzo importante. Hay Ministerios que han tenido que detraer más recursos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura lo ha hecho en un 30 por ciento. Sin embargo, el impacto en nuestro caso en la aminoración de recursos ha sido menor porque se ha tenido en cuenta que tenemos contraída una deuda de 1.034 millones. Esta circunstancia especial es por lo que se ha conseguido un incremento del presupuesto del 28,5 por ciento para la totalidad del Ministerio y de un 41 por ciento para esta Secretaría de Estado, ya que la deuda heredada con la Seguridad Social no podemos dejar de pagarla. Esta circunstancia ha supuesto un gran esfuerzo, ya que hemos tenido que detraer recursos de otras partidas e, incluso, pedir un crédito adicional al Ministerio de Hacienda para poder afrontarla.
¿Qué partida incrementó especialmente la citada deuda?
Cuando el Gobierno anterior aprobó la Ley Dependencia en 2006 formalizó que los cuidadores familiares de personas dependientes fueran dados de alta en la Seguridad Social a cargo Imserso. Pero lo que ocurrió es que ninguna de esas cuotas fueron pagadas y, consecuentemente, crecieron hasta alcanzar una deuda de más de mil millones. Nosotros lo que estamos haciendo es ponernos al día y reformar y modificar esa relación de alta en la Seguridad Social. Lo que se pretende es que se pague una cuota de alta, aunque sea mínima ya que es inviable seguir manteniéndola.
¿Es por esa razón por lo que la Reforma de la Ley de Dependencia recorta un 15 por ciento de las prestaciones para familiares que cuidan de dependientes y potencia la labor de los profesionales?
El espíritu de la Ley Dependencia anterior se decantaba por los cuidadores familiares. En algunas comunidades autónomas los cuidadores familiares ascendían por encima de un 65 por ciento. Tras estudiarlo en profundidad hemos concluido que tal como estaba planteada la ley no generaba actividad económica y además hemos detectado pequeñas bolsas de descontrol y hasta de fraude. Por ejemplo, el cuidador familiar no vivía en la misma casa y, a veces, ni siquiera en la misma ciudad. En ocasiones el cuidador padecía alguna adicción a las drogas o estaba afectado por alguna enfermedad grave u otra afección. Por eso hemos optado por profesionalizar esa gestión, haciéndola menos atractiva para el entorno familiar.
A comienzos de año estaban registrados como dependientes 1.612.279, de los que tenían reconocidos derechos 1.280.006 pero solo recibían algún tipo de ayuda 752.005. ¿Cómo está la situación actualmente?
La dependencia viene de una situación muy mala. Teníamos más 300.000 dependientes en lista de espera y un desfase presupuestario de más de 2.700 millones de euros. Lo que quiere decir que se ha gastado esa cantidad de más desde 2007. Aun así hemos atendido a más de 400.000 dependientes de los estipulados, pese a que no se han creado los 152.000 puestos de trabajo previstos. Por todo esto nos hemos visto obligados a reorientar las listas de espera hacia quienes necesitan cuidados más rápidos. El sistema se estaba colapsando y había que poner orden para preservar los pacientes graves o severos y crear una especie de moratoria hasta 2015 con los que tienen unas necesidades menos acuciantes.
Con anterioridad las Comunidades Autónomas disponían de seis meses para resolver los expedientes de los usuarios y de no resolverlos eran multadas. Hay quien ve en esta circunstancia una paralización de la Ley...
No estamos paralizando la ley. Antes, y a causa de las tremendas listas de espera, algunos dependientes fallecían sin llegar a ser atendidos. Lo que hemos hecho con la ley es quitarle parte del cinismo. Con la antigua ley todo parecía fantástico. Hemos dado más tiempo a las CCAA para que vayan quitando lista de espera. Hemos hecho un paréntesis ante la grave situación económica para que vayan descongestionando y los que están en el sistema puedan ir siendo atendidos progresivamente. La prueba de que la ley no está paralizada es que cada vez tenemos más solicitudes, concretamente 21.000 solicitudes más respecto a enero, 27.000 resoluciones de valoraciones más y 43.000 beneficiarios nuevos. Esto significa que la ley está empezando a funcionar. Y para que las cosas funcionen, primero hay que poner orden. Además tengo que aclarar que han sido las propias CCAA las que en la mayoría de los casos han pedido la reforma. Hay que tener en cuenta que solo Andalucía tiene contraída una deuda con la industria farmacéutica de 1.523 millones de euros.
Algunas fundaciones y federaciones empresariales han calculado que la Ley de Dependencia puede generar unos 600.00 empleos, incluso el Imserso ha cifrado las necesidades de profesionales en un millón...
Una de las principales obsesiones de este Gobierno y de esta Secretaría de Estado es crear empleo. Somos conscientes de la necesidad de generar trabajo en el sector social pero en este sentido el sector privado debe jugar un papel. Las administraciones públicas debemos volcarnos en los más desfavorecidos en pro de la justicia social. Creo que hay espacio para que ambos sectores, público y privado, jueguen un papel. Somos conscientes de que hay unas 50.000 plazas vacías en las residencias privadas, ya que la crisis ha golpeado fuertemente al sector. Muchas familias han sacado a sus mayores de las residencias, o porque no pueden pagarlas, o bien, porque necesitan esa pensión para que viva el resto de la familia. Pero también el sector privado debe emprender reformas. Y en este sentido nos han pedido la creación de un catálogo básico que armonizaría al conjunto de las autonomías, la certificación y calificación clara de los ratios de calidad de los centros y de los profesionales, que contribuirían a una clara homologación y facilitaría la estabilización del sector. En cuanto al cálculo de la necesidad de crear un millón de empleos me parece una cifra exagerada. Está claro que el sector tiene que crear empleo pero la iniciativa privada debe poner las bases económicas y profesionales para que dentro de un año y medio o dos se note un crecimiento en el sector. Es difícil calcular cuanto empleo se puede crear pero una cifra razonable sería de entre 400. 000 ó 450.000 puestos de trabajo. Eso sí, dependiendo del crecimiento de la economía.
La revisión o reforma de la ley establece el copago de los dependientes no solo por el nivel de renta, también por patrimonio. ¿Se tendrá en cuenta que hay dependientes que por herencia u otros motivos tengan una buena casa pero prácticamente carezcan de ingresos?
El ciudadano medio no tiene nada que temer. Simplemente tratamos de introducir dos variables para favorecer a quienes menos recursos tienen. Hemos observado casos de rentas muy bajas pero que tenían niveles patrimoniales altísimos. No tiene sentido dar 600, 700 u 800 euros mensuales del erario público a quienes tienen un patrimonio de 25 o 30 millones de euros. He visto casos de patrimonios superiores a 25 millones. Si no se le pregunta a nadie y se le da dinero pues no dicen nada pero en tiempos de escasez hay que repartir equitativamente lo que tenemos.
Echándole un vistazo a los presupuestos se ve que algunas partidas adelgazan y otras aumentan levemente. ¿Qué criterios se han seguido a la hora de las asignaciones?
Se ha realizado una profunda evaluación de los gastos superfluos y de los imprescindibles puesto que hemos tenido que detraer una media del 14 por ciento de recursos de los distintos departamentos a causa de la deuda contraída de la que hablamos al principio. Consideramos gastos esenciales los que no afectan a los grandes programas. Por ejemplo se ha repercutido menos en la violencia de género con solo un siete por ciento, prácticamente la mitad de la media. En cambio hemos aumentado la partida correspondiente a las pulseras en 390.000 euros y estamos desarrollando los servicios de Iphone. Los programas de descargas de los teléfonos inteligentes pueden ser un instrumento poderosísimo ya que ofrecen una amplia información sobre direcciones y teléfonos, sobre los primeros síntomas de violencia de género e, incluso, emiten imágenes sobre casos prácticos. Es un instrumento especialmente poderoso para sensibilizar a los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes en cuyos casos el problema se puede atajar hasta en un 80 por ciento. Queremos que las organizaciones participadas por mujeres que han sido víctimas de violencia de género tengan cada vez más protagonismo. Estamos poniendo en marcha nuevos planes en los que están colaborando las CCAA, las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. En noviembre o diciembre pondremos en marcha una campaña de alianza con las empresas más importantes de nuestro país para fomentar la complicidad contra el maltrato en sus políticas de empresa, en sus redes sociales, en los escaparates, en su publicidad... queremos que nadie calle, que ni hijos, ni padres o vecinos miren a otro lado cuando oyen gritos. Muchas veces el desamparo lleva a la mujer a volver al hogar donde la espera el maltratador. Hay que conseguir que la víctima se sienta arropada desde que efectúa la llamada.
Actualmente existe cierta preocupación por racionalizar la jornada laboral de los españoles, que al parecer es mucho mayor pero menos eficientes que la de otros países de nuestra área social...
Desde el Gobierno se tiene la voluntad plena- a través Subcomisión de Racionalización Horarios- de poner sentido común a nuestras largas jornadas laborales. Los españoles trabajamos de media 232 horas más al año que los belgas o los franceses, pero somos menos productivos. El presentismo se ha instalado en las empresas, así que estamos apostando por un cambio de hábitos. Las jornadas debieran ser más intensivas con menos espacio para comer, entrar antes, salir antes... en fin, hacer posible conciliar vida familiar y laboral. En los estudios realizados la gran mayoría de los españoles reconocen que pasan menos de 2 horas al día sus nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Problemas de conflictividad en el matrimonio con los hijos y todo ello repercute en la productividad. Poder disponer de tiempo libre enriquece. Además todas esas circunstancias afectan muy de cerca a las mujeres. Los hombres descargan la infraestructural general familiar, que es complicadísima, en la mujer, lo que a su vez repercute en su desenvolvimiento profesional.
¿Y dentro de esta frenética actividad queda tiempo y lugar para introducir novedades?
Trabajamos en muchas líneas. Dentro del campo social estamos elaborando un plan nacional estratégico, todavía sin nombre, sobre la infancia y la familia .También trabajamos en un plan de inclusión social orientado hacia la pobreza infantil .Queremos que sea un proyecto integral con mas ministerios implicados y que organizaciones como Cáritas, Unicef o Cruz roja, colaboren con un plan que busca asistir a niños con problemas de nutrición. No se trata solo de resolver los problemas de alimentación sino de lograr su total y plena reinserción. Se trata de uno de nuestros planes más ambiciosos. Según el último informe de Unicef uno de cada cuatro niños españoles vive bajo el umbral de la pobreza.