Tras más de dos décadas de existencia, la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) ha alcanzado con creces la principal finalidad con la que se creó: el acercamiento adecuado entre juristas y profesionales sanitarios. Su fundador y actual presidente, Ricardo De Lorenzo, ya piensa en un relevo generacional que continúe la gran labor asociativa emprendida en 1992 y que consolide el carácter multidisciplinar del Derecho Sanitario. El prestigioso abogado hace balance de su mandato al frente de la AEDS, con especial alusión al recién creado Premio Nacional de Derecho Sanitario, y analiza los asuntos jurídico-sanitarios más candentes del momento.
¿Qué destaca de su balance al frente de la AEDS?
Principalmente, se ha propiciado el encuentro entre dos grandes humanismos, como son el Derecho y la Medicina, de tal manera que hoy se reconoce al Derecho Sanitario como una ciencia multidisciplinar, donde no sólo hay médicos y juristas, sino también farmacéuticos, personal de Enfermería, economistas, etc., unidos todos ellos por el concreto interés que suscitan las actividades de nuestro objeto social: el derecho y la salud. Hace veinte años, era absolutamente impensable celebrar reuniones científicas en las que participaran conjuntamente profesionales sanitarios y juristas, y ya no digo jueces o fiscales. Hoy verá que es absolutamente habitual, como también lo son las publicaciones jurídicosanitarias. Creo que se ha vencido un distanciamiento que estaba basado en la incomprensión y el desconocimiento. Esto se ha superado gracias al deseo de comprender recíprocamente las informaciones, las novedades y los avances técnicos y jurídicos, generándose entre los profesionales sanitarios la necesidad de conocer las implicaciones jurídicas de su ejercicio profesional, y entre abogados, jueces y fiscales la necesidad de conocer igualmente las circunstancias en las que dicho ejercicio profesional se desenvuelve. La confluencia del derecho y de la ciencia sanitaria era fundamental para muchos aspectos de la vida social, tal y como se ha demostrado, y hoy es una realidad esa aspiración personal en la que estos dos grandes humanismos, servidos por sus respectivas profesiones, pueden coincidir y comprenderse. Por último, destaco la intensa actividad divulgativa que se ha llevado a cabo y la importante aportación que se ha realizado al desarrollo del Derecho Sanitario a nivel nacional e internacional, al haber propiciado en 1999 el nacimiento de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, en la que se han ido vertebrando asociaciones nacionales de países hermanos como Chile, Argentina, Perú, Méjico, Portugal o Brasil, en colaboración con otras entidades europeas.
¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo como presidente de esta sociedad?
En estos momentos se está a la espera de que, en noviembre, se haga público el fallo de la primera edición del Premio Nacional de Derecho Sanitario. A largo plazo, es importante conseguir la continuidad de nuestra labor asociativa a través del relevo generacional que, por lógica, debe producirse para que se siga entendiendo que la salud no es sólo Medicina, y que alcanzarla como objetivo no es sólo un derecho. Para ello, se necesaria la coexistencia de profesionales sanitarios y juristas.
¿Qué amenazas ve en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales? ¿Y aspectos positivos?
El anteproyecto no es una amenaza, sino todo lo contrario. Creo que es un hecho positivo el que se mantenga el principio de colegiación obligatoria para las profesiones sanitarias, puesto en cuestión por algunas administraciones autonómicas contra el criterio del Tribunal Constitucional. Es absolutamente necesario porque la normativa vigente, previa a la Constitución Española, se había quedado fuera de contexto y no era consecuente ni con el marco normativo comunitario sobre libertad en el ejercicio profesional ni con el principio de transparencia en el desempeño de funciones públicas. Sin embargo, la actual redacción del anteproyecto requiere una profunda revisión, porque en su versión actual no se ha acertado en la formulación de un planteamiento capaz de articular de forma ponderada la función de tutela administrativa con los principios de autonomía y de independencia de los órganos de gobierno colegial, que se deben salvaguardar y revisar. Con respecto al desempeño de cargos directivos en las entidades de previsión social para profesionales sanitarios, se pretende instaurar un régimen de incompatibilidades más intenso y riguroso incluso que el establecido para el personal que se encuentra al servicio de la Administración pública, cuando aquellos no tienen la condición de 'cargos públicos' a efectos del ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Es una medida carente de realismo y por completo inaceptable. En suma, el anteproyecto es necesario para cubrir lagunas normativas, actualizar otros aspectos que se habían quedado anticuados y dar transparencia a las organizaciones profesionales colegiales, pero su redacción actual incurre en excesos que, si no se corrigen, podrían suponer un retroceso notorio en perjuicio de los profesionales sanitarios.
¿Qué valoración hace de las diferentes iniciativas que vienen poniendo en marcha las comunidades autónomas para la adquisición de medicamentos? ¿Cuál de todas ellas le parece la más correcta/adecuada desde un punto de vista legal?
Las dificultades presupuestarias constituyen un signo de identidad de la Sanidad en crisis. Por ello, no es de extrañar que las administraciones autonómicas exploren vías para conseguir ahorros en el gasto sanitario y, en especial, en el farmacéutico. Esto ha dado lugar a algunas decisiones polémicas desde el punto de vista jurídico que han generado tensiones indeseables entre el Estado y algunas autonomías. En espera de que lo que diga el Tribunal Constitucional, entiendo que debe quedar a salvo el principio de igualdad de trato de los pacientes y su plena garantía de acceso a los medicamentos incluidos en el catálogo del SNS, por encima de las disputas competenciales.
¿Cómo podría el Ministerio de Sanidad poner orden en todo esto de cara a evitar desigualdades regionales en el acceso a los medicamentos?
Creo que lo está haciendo en el seno del Consejo Interterritorial y ante el Tribunal Constitucional.
¿En qué sentido ve necesaria la colaboración público-privada para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)? ¿Qué limites debe tener dicha colaboración?
El conocido como 'Informe Abril', de junio de 1991, formuló numerosas recomendaciones en el ámbito sanitario que contemplaban reformas muy importantes del sistema. Muy pocas de ellas se llevaron a la práctica y la mayoría no fueron efectivas. Sin embargo, tras la transferencia de las funciones y servicios del INSALUD a las comunidades autónomas, muchas de ellas acometieron importantes reformas fundadas en las recomendaciones de dicho informe. Hoy resulta imposible concebir una prestación de servicios sanitarios exclusivamente pública. La interoperabilidad entre Sanidad pública y privada resulta hoy imprescindible, no sólo por las dificultades de financiación pública, sino también porque los medios públicos resultan insuficientes. Buena prueba de ello es el hecho de que las administraciones públicas sanitarias suscriben convenios de colaboración, contratos marco o conciertos singulares con el sector privado a lo largo de todo el territorio nacional, en base a los cuales se instrumentaliza la atención a los pacientes que son remitidos a la Sanidad privada. En la Ley General de Sanidad, de 1986, está prevista la colaboración del sector privado con el SNS como algo positivo en tanto en cuanto contribuye a reforzar la capacidad de respuesta asistencial del sector público. La colaboración público-privada no tiene que ser una cuestión ideológica, sino una herramienta de eficacia en favor de los pacientes, y los límites no deben ser otros que la necesidad de transparencia, el control público, la eficiencia y los niveles de calidad.
¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo con el proceso de externalización de Madrid desde el punto de vista judicial?
El ejercicio de los derechos busca procurar satisfacción al interés del titular, que es precisamente lo que justifica el otorgamiento del derecho subjetivo de que se trate, pero la satisfacción del propio interés no autoriza cualquier acto de ejercicio del derecho, sino que, por el contrario, existen límites que restringen las modalidades del ejercicio de los derechos. Debemos desterrar la idea de que los derechos subjetivos otorgan a su titular una capacidad de actuación ilimitada o un poder infinito. Por lo tanto, hay aspectos positivos y otros que no lo son tanto. De una parte, el control judicial de los actos administrativos es algo natural en un Estado de Derecho; de otra el ejercicio indiscriminado de las acciones ante los tribunales puede contribuir a crear un clima nada deseable de inestabilidad, como es el caso. Deseo que se supere cuanto antes esta situación, que resulta muy perjudicial para el sistema sanitario madrileño.
¿Qué medidas considera necesarias para hacer efectiva, de una vez por todas, la ansiada y necesaria coordinación sociosanitaria?
Aunque todo el mundo considera positiva la coordinación sociosanitaria para una atención integral de los pacientes y un mejor funcionamiento del sistema, las culturas organizativas de los servicios sociales y de la Sanidad han caminado en permanente incomunicación, dando lugar a lagunas y solapamientos. Creo que ahora, por exigencias derivadas de la austeridad presupuestaria, se están tendiendo puentes antes impensables entre instituciones y órganos administrativos. Por su parte, en el plano político, el Ejecutivo está auspiciando un pacto sociosanitario que puede ser muy útil a estos efectos.
¿Cómo ve el futuro de la esalud? ¿De qué manera debe afrontarse el reto de la seguridad del paciente en la integración de este tipo de tecnologías dentro de la práctica diaria de los profesionales sanitarios?
A día de hoy, cabe decir que no es posible avanzar en Sanidad sin ir de la mano de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Conseguir la interconexión e interoperabilidad es una meta indiscutible en términos de eficiencia en la gestión y de calidad asistencial. Creo que la aprobación de la tarjeta individual sanitaria, anunciada recientemente por el Gobierno, viene a simbolizar un paso decidido en la buena dirección. Otro dato positivo se refiere a las historias clínicas electrónicas, de las que ya hay cerca de 20 millones en nuestro país. Garantizar la protección de datos y el recto manejo de la información de los pacientes es, sin duda, un desafío importante al que hay que dar respuestas inequívocas.
¿Qué valoración hace de la política de recursos humanos llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad de Ana Mato? ¿Y del registro de profesionales?
El Ministerio de Sanidad está intentando recuperar el tiempo perdido, que no es poco. Así, por ejemplo, se están empezando a superar los diez años de congelación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Por su parte, el Real Decreto Ley 16/2012 y los acuerdos con médicos y enfermeros van en la buena dirección. El registro de profesionales, que está pendiente de desarrollo reglamentario, permitirá llevar a cabo una planificación de los recursos humanos del SNS, lo que evitará improvisaciones y disfunciones en este capítulo tan sensible de la política sanitaria.
¿Considera válido entonces el pacto sanitario firmado recientemente entre el Gobierno y la profesión médica y enfermera al no haberse contado con pacientes, oposición y comunidades autónomas? ¿Por qué seguimos siendo incapaces de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad?
Creo que los acuerdos con médicos y enfermeros constituyen un hecho inédito e histórico, ya que afectan positivamente a más de medio millón de profesionales. No sustituye al Pacto por la Sanidad, sino que lo favorece. A él deberían sumarse comunidades autónomas, partidos políticos y pacientes. Al parecer, la ministra de Sanidad les ha hecho un ofrecimiento formal para ello. Confiemos...
¿Cómo valora la polémica exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario?
Creo que nuestra Sanidad necesitaba ponerse al día. Así nos lo pedía la Comisión Europea, la OCDE y el sentido común, y a esto responde el RDL 16/2012. A pesar de la letra de la normativa y de muy diversas 'interpretaciones', la asistencia sanitaria básica a este grupo de población está garantizada en todo caso por el RDL 16/2012, respondiendo a consideraciones éticas, deontológicas y humanitarias. A dicha asistencia se tiene acceso sin necesidad de tarjeta sanitaria, al tratarse de una medida excepcional para situaciones transitorias de personas que se encuentran en nuestro país al margen de la legislación de Extranjería. Comprende la atención de urgencias, embarazo y parto. Cuando se trata de menores, la asistencia se extiende a todo tipo de prestaciones. Corresponde a las comunidades autónomas facilitar esta atención, organizándola de la manera más efectiva y ágil posible. En Europa no existe una norma específica común sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales e incluso hay algún país europeo donde la decisión final de esa atención recae en el propio médico. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), órgano consultivo de la CE creado para ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, y cuyo objetivo es brindar asistencia y asesoramiento en materia de derechos fundamentales a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros, ha hecho público un informe en el que denuncian las grandes diferencias existentes entre estos países, debido a factores tales como el presupuesto, la Salud Pública y la propia política de inmigración. Se pone de manifiesto que las dos únicas directivas sobre tratamiento sanitario a inmigrantes ilegales en la UE se refieren al retorno obligado y a las condiciones de recepción de refugiados. La llamada Directiva de Retorno establece que los inmigrantes ilegales obligados al retorno deben recibir atención médica en casos de emergencias o enfermedades crónicas. Por su parte, la Directiva de Condiciones de Recepción de Refugiados establece que los solicitantes de asilo deben obtener cuidados de emergencias y tratamiento 'esencial' para sus enfermedades. Nuestra normativa es similar a la de otros Estados miembros de la Unión Europea. En cualquier caso y ante la ausencia de marco legal común, la ley respeta los criterios a los que responde la regulación comunitaria en materia de prestaciones a cargo de los sistemas sanitarios públicos. Hay que compatibilizar solidaridad y sostenibilidad en el marco de nuestro sistema sanitario público. El RDL 16/2012 inicia esta senda reformadora y lo hace con buen tino, aunque todavía queda mucho por hacer. Esperemos que prosiga y que lo haga con acierto. Sería bueno para todos.
¿Qué balance hace del último Congreso Nacional de Derecho Sanitario?
Desde comienzos de esta legislatura se está abordando un importante proceso de reformas en muy diversos ámbitos, pero especialmente en el sanitario, cuyo tratamiento y estudio han estado presentes en todas nuestras mesas. Tal es el caso de la prestación farmacéutica, que ha sido objeto de medidas de muy distinto alcance y contenido en los dos años precedentes, aunque sin un diseño suficientemente preciso a la hora de articularlo con el conjunto de actuaciones que son, por completo, indispensables para la sostenibilidad y consolidación del sistema sanitario público. Analizar la reforma de la prestación farmacéutica desde la perspectiva de la industria farmacéutica, de las oficinas de farmacia y de los pacientes resultaba, totalmente, necesario. Del debate han surgido ideas, propuestas y valoraciones que se espera contribuyan a que esta prestación clave dentro de la Sanidad española sea objeto de la regulación más conveniente para el buen funcionamiento del sistema sanitario, la adecuada atención a los pacientes y la viabilidad de la industria farmacéutica, cuya capacidad de innovación y de aportación a la salud debe ser reconocida.