Tras conocerse el procedimiento de sanción abierto por la Unión Europea contra España por la aplicación de la directiva del IVA reducido (diez por ciento) sobre productos sanitarios como el material, equipos médicos o el instrumental, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y las empresas miembros de su Patronato ponen de manifiesto que la aplicación de un IVA normal (21 por ciento) supondría una pérdida para las empresas sanitarias próxima al quince por ciento de su Ebidta (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
El IDIS destaca que los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA, por lo que los proveedores sanitarios privados no tienen capacidad de repercutir dicha subida en pacientes o aseguradoras, debiendo asumirlo por completo. 'Esta medida conformaría sin duda un nuevo obstáculo en el camino hacía la sostenibilidad global de nuestro SNS', resume.
De esta manera, el IDIS considera que la citada caída del quince por ciento del Ebidta 'producirá una consecuente caída también de los beneficios en las empresas, que puede rozar el cinco por ciento. Esta nueva medida puede provocar que este margen de beneficio disminuya en un 20 por ciento, de modo que esta medida sólo contribuirá a inyectar más presión sobre los ajustados márgenes de un sector que contribuye a descargar de forma notable a un sistema público ya de por sí desbordado, lo que dificultará la renovación de equipos, la contratación de personal y las inversiones en innovación e I+D, entre otras'.
La institución insiste en que el sector privado supone un aliado estratégico para el sector público en la lucha por la sostenibilidad del sistema sanitario español, y que por ello debe ser apoyado y respaldado, 'puesto que se trata de un sector que aporta valor y está manteniendo su actividad a pesar de la crisis. La disminución en el número de conciertos, sobre todo en provincias, está produciendo una disminución en la facturación que en algunos centros es del 30 por ciento, poniendo en situación de peligro la solvencia de muchos hospitales', advierte.
Para el IDIS, este nuevo ajuste ejercería sobre el sector privado una presión insoportable dado que la medida implica una pérdida sensible de su facturación total, en una situación ya complicada que se ha acrecentado con la crisis económica. A todo ello se une la precaria situación que sufren muchos centros que han visto reducidos de manera significativa los conciertos con la Administración Pública. 'Con todo, es fácil concluir que se podría comprometer la viabilidad de la red hospitalaria privada con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto', resume.
La aportación del sector privado
El organismo también alerta del peligro en el ámbito laboral. El sector sanitario privado genera empleo, 253.000 profesionales (56.281 de ellos médicos) desarrollan su actividad en esta parcela de la Sanidad, bien en el ámbito hospitalario o bien en el extrahospitalario. Y la puesta en marcha de este reajuste del IVA pondría en riesgo buena parte de estos puestos de trabajo, muchos de ellos altamente cualificados.
El IDIS recuerda que como mayor representante del sector sanitario privado siempre ha ofrecido los servicios de sus representados para que en la medida de sus posibilidades ayuden en todo lo que el Gobierno crea que puedan aportar, tanto para garantizar la cobertura de la cartera de servicios básica a toda la población como para dar la mayor cobertura complementaria posible, en favor de seguir teniendo un sistema sanitario con los estándares más altos de calidad y excelencia.
'El sector sanitario privado es una pieza fundamental para el sistema sanitario de nuestro país y para el sostenimiento del sistema sanitario público, ya que le libera de recursos y gastos. Dado el modelo de seguro sanitario privado en España (seguro duplicado), los siete millones de asegurados con pólizas privadas en nuestro país disponen también de cobertura sanitaria pública, si bien la utilizan menos o no utilizan, lo que puede considerarse una subvención oculta para el sistema público', reitera.