El expresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES) y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, ha pedido a las autoridades sanitarias españolas que en el proceso de financiación pública y establecimiento del precio de los medicamentos hagan 'algo tan revolucionario como cumplir la ley', es decir, que se tengan en cuenta los análisis de coste-efectividad y de impacto presupuestario de los medicamentos a través de un proceso transparente.
De esta manera, Oliva ha reivindicado una política de precios de los medicamentos que tienda como en otros países europeos a recompensar aquellas innovaciones en función de su verdadero valor medido en salud.
Así lo ha explicado durante la mesa de ponencias titulada 'Política Farmacéutica: ¿Precios en busca de valor?', que se ha desarrollado en las XXXIV Jornadas de Economía de la Salud, en las que participan 400 expertos de 22 nacionalidades.
También han participado en este debate Ellen Nolte, de RAND Europe, y Félix Lobo Aleu, de la Universidad Carlos III de Madrid, en un debate moderado por el investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), Jaume Puig-Junoy.
Han evaluado, entre otros asuntos, el uso y el impacto de la fijación de precios para los medicamentos a partir de los precios observados en otros países, los efectos de las medidas adoptadas en España sobre transparencia, competencia de precios y protección de los consumidores, y las distintas experiencias internacionales dirigidas a fijar precios basados en el valor.
El profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, ha destacado que el concepto de precios basados en el valor ha cobrado un fuerte impulso en los últimos años, con varios los países de la OCDE que utilizan algún tipo de fijación de precios basada en el valor para estructurar sus políticas de financiación pública y hacer un uso racional de los productos farmacéuticos.
Durante su intervención, Oliva ha revisado algunas de las políticas llevadas a cabo en los países de nuestro entorno y en España, donde, según el especialista, la aplicación de este modelo de fijación de precios en el terreno práctico queda todavía lejos de ser lo suficientemente clara.
Más transparencia
En este sentido, el expresidente de AES ha lanzado un mensaje de transparencia a las autoridades sanitarias de España, ya que los procesos de financiación pública y establecimiento de precios son 'cajas negras' que no transmiten información al exterior. 'Si yo tuviera que hablar con alguno de los responsables de política farmacéutica a nivel central yo les propondría hacer algo revolucionario: cumplir la ley', ha ironizado.
Y para cumplir la Ley, como ha explicado Oliva a continuación, sería preciso que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tuviera en consideración los análisis coste-efectividad y el impacto presupuestario, y se supiera en qué sentido se tienen en cuenta para tomar las decisiones de financiación de nuevos medicamentos.
'Si no, realmente no sé cuál es el objeto de hacer leyes que no sabemos si se cumplen ni a través de qué procedimientos, o por qué no dotamos a las administraciones públicas de los medios necesarios para hacer cumplir la ley', ha sentenciado.
Los ponentes han abordado la revisión de las políticas de intervención, regulación y financiación, que ocupa un lugar destacado en el diseño de las políticas sanitarias de la mayoría de los países europeos en los últimos años, y especialmente después de la crisis económica y fiscal después del 2008.
El catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, Félix Lobo, ha señalado que algunas de las medidas legislativas adoptadas en relación a la política farmacéutica a raíz de la actual crisis económica pueden generar problemas de transparencia y poner obstáculos a la competencia con perjuicio de los consumidores.
En este sentido, ha detallado que se han producido fuertes subidas en los precios de estos productos a raíz de la desfinanciación por parte de la administración, y ha subrayado la falta de medidas destinadas a favorecer la información, la transparencia y la competencia para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de compra en un contexto de mercado competitivo.
Finalmente, Lobo ha alertado de la creciente importancia de estos problemas, por lo que, a su juicio, cabe esperar que la cobertura de la prestación sanitaria se restrinja aún más en el futuro.