Hay que remontarse a 1993, con la crisis del 'síndrome Ardystil', una afección pulmonar grave por inhalación de productos químicos que en 1992 causó la muerte de varios trabajadores y un centenar de afectados en fábricas de aerografía textil de la Comunidad Valenciana, para ver la última modificación de la
lista de enfermedades profesionales. La COVID-19, a pesar de que lo ha sido para los profesionales sanitarios según los expertos, aún no lo ha conseguido. En otros países europeos, como Francia e Italia, sí.
Así lo ha recordado César
Tolosa Tribiño, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la tertulia 'Responsabilidad de las administraciones sanitarias en los contagios profesionales en la pandemia del Covid-19', organizada por los
Profesionales de la Medicina y el Derecho (Promede)en el Hospital HM Sanchinarro. 'La inclusión en la listad de enfermedades profesionales es prácticamente un milagro', ha asegurado.
La tertulia ha servido para exponer los problemas que se están encontrando los profesionales sanitarios a la hora de ver reconocido el riesgo que corrió su salud -y su vida- en el inicio de la pandemia de la COVID-19.
Índice más alto de contagios entre profesionales sanitarios
Hasta el 9 de julio de 2020, según datos oficiales, se habían contagiado más de 53.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios, el 21 por ciento del total. De todos ellos, 63 habían fallecido; 93 según la OMC. A día de hoy, 125 profesionales sanitarios que han muerto por la COVID-19 tras contagiarse ejerciendo. Lo ha apuntado
Ricardo de Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.
España tiene la tasa más alta de profesionales sanitarios contagiados por la COVID-19 según la OMS, como ha recordado
Manuel S. Moya Mir, director de Docencia de Promede. El profesional ha ido desgranando varias demandas que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de la Comunidad Valenciana han interpuesto contra la Consejería de Sanidad.
En ellas, se pedía que se declarase que la demandada había incumplido las
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma, lo que supuso un grave riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores sanitarios. También
se exigía material de protección y pedían indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos.
El papel de la Administración
La sentencia fue parecida en todas ellas. En una, por ejemplo, quedaba patente en los fundamentos de derecho que, si bien la Administración llevó a cabo actuaciones, dentro de sus posibilidades y en las condiciones más adversas que se recuerdan en los últimos años, las
medidas de seguridad que tenían los profesionales no se correspondían con los requisitos legales para garantizar su salud y seguridad. Por todo, estimaba parcialmente la sentencia. La Consejería fue condenada a abonar diferentes cuantías a los profesionales por los daños sufridos.
'Se ha reconocido que las administraciones hicieron todo lo que pudieron dentro de sus posibilidades y condiciones más adversas, buscando inagotablemente el aprovisionamiento de suministros', ha apuntado el también participante
Antonio López Porto, secretario general del servicio madrileño de la Salud.
Philippe Paul, director ejecutivo de Sham España, ha afirmado que llevan más de 550 reclamaciones relacionadas con la COVID-19. De ellas, más o menos el 80% pertenecen al sector público.
Una profesión de riesgo
Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha explicado que han conseguido que durante la pandemia, la
COVID-19 fuera considerada contingencia sanitaria.
'Sin embargo, todas las administraciones siguen considerando a la COVID como un
enfermedad común con efectos económicos de accidente laboral', ha proseguido. De ahí que se estén interponiendo denuncias por parte de profesionales médicos y de familia.
Los profesionales sanitarios tienen claro que su profesión es de riesgo. En su día a día están expuestos al riesgo de radiaciones ionizantes y no ionizantes, gases anestésicos, agentes infecciosos como el VIH, la tuberculsosis o la hepatitis B. Además de lo que supone las guardias.
También lo es para la Enfermería, como ha apuntado
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. El acto ha sido presentado por
Juan Abarca Cidón, consejero delegado de Promede.
