La necesaria renovación y mejora de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos que se viene reclamando desde hace tiempo ha llevado al Ministerio de Sanidad a trabajar en el desarrollo de un plan de acción que contempla la creación de
una red de evaluación de medicamentos formada por “un grupo de evaluación terapéutica, un grupo de evaluación económica y siete nodos de evaluación por áreas clínicas que actúen como revisores expertos designados por las Comunidades Autónomas”. Así lo ha anunciado la directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, durante la 88 Jornada
Fuinsa, bajo el título: “IPT2.0: ¿Necesita actualizarse el modelo/procedimiento?”.
La incorporación de la evaluación económica de los medicamentos en los IPTs es una de los principales cambios sustanciales en esta reforma que Lacruz justifica apuntando que tal como indica la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y los cánones de la gestión, la evaluación de los medicamentos tiene que contemplar el análisis conjunto de la terapéutica y la económica para que los profesionales que tengan que utilizar este instrumento tengan una doble visión que les permita tomar las decisiones más adecuadas. “Con esta incorporación estamos complementando la información que ya incluyen los IPTs incorporando el coste efectividad de los fármacos”.
Mejorar la metodología
Lacruz añadió también que este plan de renovación de la evaluación de los medicamentos, aprobado ya en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, también incluye la mejora de la metodología empleada para el diseño y aprobación de los IPTs mediante la “introducción de elementos objetivos que permitan la priorización de los informes y el desarrollo de un procedimiento normalizado de trabajo para establecer la metodología a seguir así como el desarrollo de guías específicas”, explicó.
Como tercer eje del plan en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad, la directora general apuntó al desarrollo de un cuadro de mandos enfocado al control y seguimiento de los IPTs que -aseguró- “permita el seguimiento de aquellos indicadores clave con el fin de realizar las mejoras pertinentes”.
La directora general concluyó subrayando que este plan de trabajo, en el que llevan trabajando un año, viene a responder a la decisión de la Comisión Permanente de Farmacia que determinó necesario mejorar los IPTs para adaptarlos a las necesidades actuales, y consolidarlo como herramienta de referencia en la evaluación terapéutica y económica de los medicamentos. Con su puesta en marcha, Lacruz considera que se satisfarán las actuales necesidades del SNS y se reducirá el tiempo de elaboración de los IPTs.
Dos y tres años de retraso
Precisamente, la agilización en la creación de estos informes y la eliminación de los retrasos es una demanda que está encima de la mesa. En 2013, cuando se creó la herramienta de los IPTs, se estableció un periodo de tres meses para la creación y liberación de los informes y establecer el precio de los medicamentos.
En la actualidad, este proceso suele llevar unos nueve meses de media por la parte del trabajo y análisis de la AEMPS, más los meses de evaluación de las comunidades autónomas, a lo que hay que sumar lo que aleguen las diferentes partes implicadas. Por tanto, desde que se demuestra el beneficio de un medicamento hasta que llega al paciente pueden pasar entre dos y tres años. “Esta demora se traduce en más de 33.000 solicitudes de uso compasivo de medicamentos a la Agencia del Medicamento”, ese es el gran problema que plantean los IPTs a juicio del doctor Alfredo Carrato, jefe de Servicio en Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Con recursos suficientes y que sea vinculante
Además de reclamar unos tiempos ágiles, el oncólogo subrayó la necesidad de tener un “
único sistema de evaluación de medicamentos uniforme para todo el territorio español, que sea robusto y nazca del consenso de todos los agentes, que cumpla unos plazos razonablemente establecidos de dos o tres meses, y que sea vinculante y evite repeticiones de evaluación en las CC. AA. lo que demora el acceso a dichos fármacos”, indicó. Completaría este ideal de IPT2.0 “la medición de resultados al año de autorización para reevaluar la eficacia de cada medicamento en la población sana y ajustar su precio, si fuera necesario, y optimizar los métodos y herramientas empleados”, concluyó Carrato.
Belén Ruiz, farmacóloga clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, propone incorporar a la fase de evaluación del valor terapéutico aspectos sociales, legales y éticos que puedan plantear los medicamentos que ayuden a la fijación del precio y determinen las condiciones de incorporación de ese medicamento al SNS.
Todos los participantes en la jornada (además de los mencionados, Mercedes Martínez, gerente de Precio y Economía de la Salud; Antoni Vallano, de la División de Uso Racional del Medicamento del Servicio Catalán de Salud; y Marisa Nicieza, coordinación de Farmacia del Servicio de Salud del Principado de Asturias) coincidieron en señalar que el plan de actualización y renovación de los IPTs que plantea el Ministerio es muy ambicioso, por lo que reclaman que se le dote de los suficientes recursos económicos para ponerlo en marcha, que tenga un posicionamiento claro y no deje lugar a las arbitrariedades en su aplicación, y que tenga un carácter vinculante para todas las CC. AA.
