La Organización Médica Colegial (
OMC) ha pedido
'una farmacovigilancia post-autorización solvente y sistemática', en referencia a las vacunas de la COVID-19. En este sentido, ha respaldado el programa de vacunación de las autoridades sanitarias españolas. También ha apelado a la responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos a participar activamente para protegerse y proteger a los demás.
Según la entidad colegial, es necesario
“reforzar la cohesión institucional para generar confianza y promover la participación de la ciudadanía. Hay que vacunarse. Todas las evidencias disponibles de los ensayos clínicos con las nuevas vacunas para SARS-COV-2 arrojan resultados positivos de eficacia y seguridad que están llevando progresivamente a las agencias reguladoras a aprobar su utilización”.
La entidad que preside Serafín Romero ha recordado que la COVID-19 “sigue siendo” una pandemia de efectos “devastadores”. En este sentido, se ha referido
a su propia morbimortalidad y también a la saturación de los servicios sanitarios, aparte del bloqueo de la actividad social y económica de las naciones.
“No hay referentes similares en el pasado reciente; el mundo profesional y científico ha respondido al reto global con una enorme inversión de talento y recursos, que ha permitido construir en un tiempo cortísimo instrumentos y medios diagnósticos, de manejo y tratamiento clínico y, ahora, de vacunación. La descomunal dimensión del reto al que nos enfrentamos obliga a buscar formas de aligerar y acelerar el paso del conocimiento a la acción”.
Farmacovigilancia post-autorización
En el ámbito de las vacunas, la OMC ha comentado que
'se debe extremar la seguridad y el control de los posibles efectos secundarios que puedan ocasionarse en su aplicación a personas sanas'. Según ha recordado, 'los resultados de los ensayos clínicos en curso no parecen mostrar problemas de seguridad, si bien las agencias reguladoras harán el balance final con los resultados que reporten los laboratorios'.
“Debemos hacer un depósito de confianza en las agencias reguladoras y en las autoridades sanitarias. Una confianza no ciega. Hay que exigir que la farmacovigilancia post-autorización se haga de forma solvente y sistemática. Los datos del registro de vacunación deben recogerse y analizar de forma continuada. Es necesario hacer un seguimiento de la efectividad del programa. El reto al que nos somete la COVID-19 obliga a respuestas que no nos permiten utilizar los mecanismos habituales de decisión”.
“Es altamente verosímil que sean efectivas o muy efectivas, y razonablemente seguras o muy seguras.
Este balance se decantaría claramente hacia el consejo de vacunación poblacional universal, combinado con un seguimiento de efectividad y seguridad durante y después del programa de vacunación”, ha dicho la OMC.
Derecho a la toma de decisiones
La OMC también ha defendido el respeto al “derecho a tomar decisiones bien informadas por parte de la ciudadanía. La obligatoriedad de vacunar, que algunos han mencionado, no es una opción oportuna.
En España las vacunas no son obligatorias, se han alcanzado coberturas muy altas mediante la persuasión y el convencimiento. Los principios de ética de salud pública aconsejan no usar medidas coercitivas, cuando hay otras posibilidades de actuación”.
Respecto a los médicos, la entidad ha señalado que “su dolorosa experiencia en la lucha contra la COVID-19 hará sin duda que sean los primeros motivados para vacunarse. No tiene sentido hacer obligatoria esta medida, que sería particularmente intrusiva. Este colectivo tiene una clara conciencia de su compromiso en la lucha contra la pandemia”. Finalmente, la OMC ha defendido
'el acceso universal a la vacuna y que los costes e intereses no aumenten la brecha entre ciudadanos del mundo'.
