Mª Luisa Carcedo. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Detallaré a continuación los principales lineamientos políticos y las demandas y necesidades sociales que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está abordando o planea atender mediante sus políticas en una de las tres áreas de actuación que forman parte de la denominación del Departamento. La asistencia sanitaria universal no solo es una cuestión de justicia social sino una forma eficaz y eficiente de gestionar el SNS. La asistencia sanitaria siempre tendrá un menor coste si la promoción, prevención y atención a la salud se orientan desde la Atención Primaria para dar un servicio de calidad al conjunto de la ciudadanía residente en este país, sin exclusiones. Quiero aprovechar este punto para expresar mi reconocimiento en particular a los profesionales de la Atención Primaria.
El pasado 6 de septiembre el Congreso de los Diputados convalidaba el Real Decreto 7/2018 de 27 de julio que restituye la asistencia sanitaria como derecho universal. Se recuperaba así ese espíritu que -hace más de 30 años con el recordado Ernest Lluch como ministro- inspirara la Ley General de Sanidad de 1986 y, por ende, un modelo del Sistema Nacional de Salud universal, gratuito en el acceso, eficaz y eficiente, y garante de la equidad social y territorial como también pretendía la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. Esta norma desliga la asistencia sanitaria del concepto de asegurado para vincularse al de residente en el país, como la propia Ley 33/2011, General de Salud Pública, impulsada por un Gobierno socialista, contemplaba.
Contar con un sistema universal de salud no es un capricho. España es en la actualidad uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad es mayor. En las décadas previas a la llegada de la crisis y las políticas de recortes, la expansión del sistema de prestaciones sociales y, en particular, el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, contribuyeron a la reducción de la desigualdad y al inicio de un proceso de convergencia en esta variable con los países de nuestro entorno, tal como atestiguan entre otros trabajos académicos los publicados recientemente por la Fundación Alternativas y por la Fundación Foessa.
Este proceso fue perdiendo fuerza a medida que la capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones se fue reduciendo. En concreto, por lo que afecta a la gestión de este Ministerio, quisiera citar en particular el Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria y 20/2012 de recortes en autonomía personal y dependencia.
El Informe sobre Desigualdad de la Fundación Alternativas, muestra que, aunque el gasto sanitario tiene un importante efecto en la reducción de la desigualdad, su impacto en términos de progresividad y redistribución es peor que el que se obtenía antes de la crisis. En otras palabras, los recortes han reducido la capacidad del sistema sanitario para garantizar una mayor igualdad de oportunidades y contener la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la pobreza. En el caso de los copagos, por ejemplo, los estudios nos indican que de mantenerse estos, en particular para algunos colectivos, la regresividad del sistema podría incluso incrementarse.
El propósito de que entre todos consigamos una sociedad más igualitaria no es tampoco un capricho ni solo un apriorismo ideológico. Combatir la desigualdad es un desafío de país. La evidencia científica demuestra que la desigualdad fractura la cohesión y produce todo tipo de problemas difíciles de resolver como el deterioro de la salud física o mental, el incremento del consumo de drogas, el abandono escolar, el aumento de la población encarcelada, la obesidad, la violencia, el incremento de los embarazos adolescentes, en definitiva, la persistencia de la pobreza y la exclusión.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está empeñado en la lucha contra todos estos “gigantes” como ya los denominó William Beverigde en 1942 en su “Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan', que sirvió como base para que el Partido Laborista de Clement Attlee pusiera en marcha el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido en 1948.
La aspiración de este Ministerio es consolidar un Sistema Nacional de Salud y un Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia al que toda la ciudadanía, también la más exigente, pueda dirigirse sin dudar porque considere que es el lugar más fiable, el sitio donde encontrará los mejores profesionales y recursos para prevenir y solucionar sus problemas de salud y las necesidades sociales que les van surgiendo a lo largo de la vida.
En esta lucha por consolidar el sistema de protección social de gran calidad, eficaz y eficiente que siga siendo valorado como un bien que hay que preservar para toda la ciudadanía, independientemente de sus características socioeconómicas o de su procedencia territorial, quiero solicitar:
- La complicidad de los profesionales para que el sistema pueda ser más eficaz y eficiente, la rigurosa gestión de los trabajadores de este Ministerio y la de los trabajadores de las administraciones territoriales y, por supuesto, la colaboración de los y las investigadoras que permiten poner en marcha políticas basadas en la evidencia para afrontar los retos como los asociados al envejecimiento, por ejemplo, la cronicidad; o la eliminación de las barreras económicas y sociales que impiden el acceso al creciente número de terapias y medicamentos innovadores; o el mejor conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia.
- También es necesario, desde el respeto a la distribución competencial, intensificar la colaboración con las administraciones autonómicas y locales. Esto ya viene produciéndose en el caso de las Estrategias Nacionales de Salud, en el marco de las Consejos y Conferencias Sectoriales y otros foros. Tiene la finalidad de garantizar la vertebración y la reducción territorial de las desigualdades sociales y sanitarias, lo que es una persistente demanda de la ciudadanía.
- En particular, este Ministerio está persuadido de la necesaria mejora de la financiación de todas las políticas y servicios de los sectores sanitario y social. No tengo que decirles que buena parte de esta mejora depende de la aprobación del techo de gasto, que supondría destinar 2500 millones más a tales sectores, casi la mitad del incremento del citado techo. Esta mejora redundaría en beneficio de las administraciones territoriales y, en último término, de la ciudadanía en su conjunto.
- Es necesario también coordinarse con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la AIREF y otros departamentos ministeriales, para aprovechar los esfuerzos y sinergias en la producción de información y la evaluación de los programas públicos en marcha o en los que van a planificarse.
- Asimismo, el papel de los profesionales sanitarios del sistema público en el impulso de la innovación tecnológica es incuestionable. Los nuevos retos y demandas sociales que los profesionales de la Sanidad necesitan cubrir estimula la investigación y la producción científica de las universidades y de la industria. En nuestro país, tenemos equipos de investigación reconocidos internacionalmente. Los avances diagnósticos y terapéuticos que los científicos y científicas nos proporcionan son crecientemente importantes. Desde el Ministerio queremos trabajar con ellos. El gran reto que se nos presenta ahora es transferirlos al SNS para que puedan ser aprovechados por todos los ciudadanos independientemente de su situación socioeconómica. Solo así nuestro sistema cumplirá la doble característica de ser justo y atractivo para todos.
- Otro colectivo muy importante para este Ministerio es el de pacientes y sus asociaciones que deben jugar un papel primordial no solo como canalizadores de reivindicaciones, expectativas y opiniones, sino como sujetos activos del propio proceso asistencial de cuidados y también en la toma de decisiones del sistema nacional en sus diversos niveles, nacional, autonómico, o de área o centro de salud. Para ello, los programas de empoderamiento, escuelas de pacientes y participación forman parte de todas las estrategias de salud. También soy consciente de que existe una demanda, que yo comparto, para estructurar de manera estable la participación de este movimiento asociativo en la gobernanza del SNS a través de sus instituciones.
- En definitiva, quisiera reclamar más participación de la sociedad civil, el tercer sector y todos los agentes sociales respecto a los cuales este Ministerio tiene sus puertas abiertas con el fin de recuperar la cohesión social.
Por último, antes de empezar a detallar las iniciativas que ha puesto y pondrá en marcha este Ministerio, quisiera hacer explícito que este departamento es sensible con las personas con discapacidad, con las mujeres y con los mayores, pero también con la infancia y la juventud de nuestro país.
Este Ministerio abarca tres áreas de enorme potencial para progresar en la equidad y la justicia social. Me gustaría destacar el sentido y el contenido de algunas de ellas.
En primer lugar, mencionaré una vez más que junto a la recuperación de la universalización de la asistencia sanitaria integral, desde el Gobierno de España y, en particular desde este Ministerio, se ha iniciado un proceso dialogado para la eliminación de las barreras económicas que suponen los copagos farmacéuticos, empezando por aquellos que afectan a las personas más vulnerables de la sociedad.
El Barómetro Sanitario que el Ministerio realiza en colaboración con el CIS reflejó en 2017 que, en los últimos 12 meses, habían dejado de tomar sus medicamentos por razones económicas un 4,7 por ciento de personas. Eso implica que 2,1 millones de pacientes en España no han podido garantizar su derecho a la salud por el copago establecido en 2012.
Asimismo, un estudio realizado con la participación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y otras instituciones concluyó que los pensionistas que, antes de 2012 recibían los medicamentos gratis y ahora tienen que pagar el 10 por ciento, empeoraron su adherencia al tratamiento en los primeros meses desde la entrada en vigor de esta medida.
El estudio titulado “Políticas de austeridad y cambios en las pautas de uso de los servicios sanitarios” demostró que el gasto dedicado a farmacia por los hogares españoles se incrementó respecto a antes del decreto y es ahora uno de los mayores de Europa. Esto sitúa en una posición de mayor desventaja a los más desfavorecidos, produciendo por esta vía un incremento de la desigualdad.
El propio Defensor del Pueblo ha recomendado a este Ministerio que promueva la modificación normativa del copago “para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan”. Y eso es lo que el Ministerio logrará si los diferentes partidos colaboran en la aprobación de los presupuestos.
Junto a la eliminación de los copagos para las personas más vulnerables, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está trabajando en otros proyectos que también tienen como objetivo la recuperación de derechos ciudadanía.
Como ya se anunció en esta comisión, desde el Ministerio se garantizará el acceso, en condiciones de igualdad, a las técnicas de reproducción humana asistida a las mujeres solas y lesbianas dentro de la Sanidad pública que, habiendo estado vigente entre 2006 y 2014, se suprimió por el gobierno anterior. En este sentido, tras el trámite preceptivo de información pública, está en proceso de elaboración la norma que garantizará esta posibilidad. Ello implica una ampliación de la cartera básica de servicios.
El desarrollo de las medidas que incluye la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se paralizó por el anterior gobierno y por ello urge ahora su desarrollo mediante la elaboración de la una segunda estrategia.
Las medidas que ahora pretenden potenciarse, cuya implementación requiere la necesaria colaboración con las CCAA, se refieren a la promoción del uso de anticonceptivos, informar a las mujeres de derechos sexuales y reproductivos, establecer las condiciones que permitan que todas las mujeres tengan acceso los servicios, así como el desarrollo de la educación afectivo-sexual de toda la población, singularmente los jóvenes.
Asimismo, el Ministerio ha recuperado el Observatorio de Salud de las Mujeres con el objetivo de promover la equidad de salud por razón de género porque la igualdad es pieza básica de las políticas del Gobierno de España.
Recientemente nos reunimos en esta Cámara con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que es un área prioritaria de trabajo en este Ministerio tanto por la incidencia como por el alto impacto que estas dolencias tienen sobre la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familiares y allegados. La importancia de que la Salud Mental sea abordada de forma transversal en numerosas políticas, hace que, en la labor de coordinación y cohesión del SNS, el Ministerio esté liderando el diseño de una nueva Estrategia de Salud Mental de forma colaborativa con CCAA, sociedades científicas y los pacientes y sus familiares. Se prevé su presentación en el último mes del año.
Hace 8 meses, esta misma Cámara aprobó una PNL por la que se instaba al gobierno a poner en marcha un plan para luchar contra el suicidio. Este grave problema de salud pública, que acabó con la vida de 3.569 personas en España, 10 personas al día en 2016, es la principal causa de muerte prevenible y debemos actuar sobre ella con celeridad. En el marco de la Estrategia de Salud Mental, que es de carácter transversal, se está también atendiendo la prevención del suicidio y de la conducta suicida.
Por lo que se refiere a las demencias, desde el Ministerio su abordaje se considera una prioridad. En el caso concreto del Alzheimer, la prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 3,4 por ciento en los 70-74 años y el 12,1 por ciento en los 80-84. El número de pacientes supera las 700.000 personas y se estima que en el horizonte de 2050 se acerque a los dos millones.
El futuro Plan Nacional de Alzheimer, impulsado desde el Ministerio, pero ampliamente participado, se vertebra en cuatro ejes con el objetivo mejorar la concienciación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, así como poner en valor a las personas cuidadoras e impulsar la investigación en esta patología.
Asimismo, se está también trabajando estrechamente con otros departamentos ministeriales en distintos planes y programas. Por citar uno de ellos, mencionaré la iniciativa de combate a las pseudo-ciencias que compartimos con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III.
No es una novedad que el Gobierno de España es un firme defensor de la evidencia científica en la práctica clínica. De un medicamento se exige que haya demostrado su efecto y haya cumplido y superado ensayos de eficacia y seguridad, algo que no ocurre con los productos homeopáticos. Ese axioma ha llevado a instar a la Comisión Europea a que modifique la Directiva por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y deje de considerar a los productos homeopáticos como medicamentos.
La Ley General de Salud Pública entró en vigor en octubre de 2011, pero el anterior gobierno la dejó prácticamente sin desarrollar. Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio será por tanto el desarrollo e implementación de esta norma, que entre otras importantes medidas incluye la creación de una red de vigilancia de Salud Pública, no sólo sobre enfermedades transmisibles sino también las no transmisibles y que tiene en cuenta los factores de riesgo y los determinantes sociales. Esta ley también mandata la elaboración de un Plan de Salud y Medioambiente en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica.
Ya me he referido a la importancia de la coordinación institucional. Como un ejemplo del buen funcionamiento del Estado Autonómico, me gustaría destacar que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones de la Comisión de Salud Pública ha aprobado por primera vez un documento de consenso sobre la vacunación en población adulta sana y en grupos de riesgo, que se une al ya acordado sobre vacunación infantil. Cuenta con la aprobación, por tanto, de los responsables técnicos de vacunación de todas las CCAA y de otras administraciones del Estado y también cuenta con el respaldo de 19 sociedades científicas que trabajan en el ámbito de la vacunología.
Otra muestra de colaboración en el marco del Estado Autonómico que tanto reclama la ciudadanía es la puesta en marcha de la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Quiero anunciar que este mapa, que coordina este Ministerio, está formado por la receta electrónica y la historia clínica digital, está casi completo. La interoperabilidad de la historia clínica digital y de la receta electrónica están orientadas a mejorar la atención que se presta a la ciudadanía. No importa dónde vaya un paciente porque su información clínica siempre estará disponible para que puedan consultarla los profesionales de la Sanidad pública que lo atiendan.
En el caso de la receta electrónica, la incorporación del INGESA, del cual dependen Ceuta y Melilla, es ya inminente, y pronto lo hará también la Comunidad de Madrid. La receta electrónica entre las CCAA ha dado ya servicio a casi 400.000 personas hasta septiembre de este año con apenas incidencias (0,34 por ciento). Desde el Ministerio se quiere agradecer también el esfuerzo de las consejerías de Sanidad, el de profesionales médicos y el de los colegios oficiales de farmacéuticos y oficinas de farmacia de nuestro país.
Todas las medidas anteriores nos hacen más eficaces y eficientes. Con el fin de garantizar un sistema sanitario más justo y sostenible, en el Ministerio se trabaja para lograr algunos objetivos importantes que paso a relatar:
- Potenciar las compras centralizadas de medicamentos, productos sanitarios y tecnología, según las necesidades reales de las CCAA.
- Fomentar el uso de los medicamentos genéricos y de los biosimilares.
- Introducir el concepto coste-valor en la evaluación y financiación de los medicamentos con el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las CCAA.
También tiene que ver con la gestión eficiente de nuestros recursos como país, la transferencia del progreso científico a nuestro sistema. Con el triple objetivo de incorporar las terapias más avanzadas, hacerlo de forma accesible a toda la ciudadanía y de la manera más eficiente posible para así garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, el Ministerio está trabajando con el concurso de varios de sus departamentos, incluida la Organización Nacional de Trasplantes, en un Plan de abordaje de la terapia celular que se enmarca en el Plan Estratégico de Medicina Personalizada del SNS, actualmente en fase de elaboración. Este Plan tiene como objetivo organizar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CART (receptor de antígeno quimérico T) en el SNS así como definir e impulsar acciones que fomenten la investigación pública y la producción propia y pública de medicamentos CART en el ámbito académico del SNS.
Estos medicamentos constituyen nuevas estrategias terapéuticas y su desarrollo contribuirá a ofrecer oportunidades para algunas enfermedades que hasta el momento carecen de tratamientos eficaces.
Se ha abierto un proceso participativo con las CC.AA., las sociedades científicas y los representantes de los pacientes para que realicen las aportaciones que consideren. Con diálogo y bajo el consenso. Para ello, se definirá el método para identificar precozmente la innovación y se desarrollará un modelo de evaluación previa y de financiación que disminuya la incertidumbre financiera y clínica en su incorporación.
Recursos humanos
No quiero terminar sin mencionar a los profesionales que conforman un pilar básico de nuestro sistema. Sin su capacidad, su vocación y su trabajo diario nada sería posible. Quisiera aprovechar esta ocasión para mostrar mi gratitud por ello. Estoy segura que es la gratitud de toda la ciudadanía por su labor ejemplar en los tiempos adversos de recortes y de regresión social. Ellos mantuvieron la bandera de la Sanidad pública.
En los tiempos actuales, y con profesionales de alto nivel de formación y criterio como son los sanitarios, resulta indiscutible que hay que hacerles partícipes y corresponsables de la gestión. Ellos están en el día a día del SNS y sus aportaciones son imprescindibles para mejorarlo.
Quiero insistir en que este Ministerio es consciente de los numerosos desafíos que afronta en relación con los profesionales sanitarios y también es consciente de que todos ellos tienen que ser resueltos con el concurso de las administraciones autonómicas.
Uno de estos retos es sin duda el déficit de profesionales en nuestro SNS que requiere, quiero destacarlo, una planificación que debe realizarse con mucha antelación puesto que es costoso en términos temporales formar a personal de tan alta cualificación. Somos conscientes de que esto es un desafío general pero también particular en determinados territorios que sufren problemas de despoblación.
Quiero señalar que el pasado 5 de septiembre, en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, el Ministerio, junto a las CCAA, aprobó la convocatoria de la formación sanitaria especializada 2018-19. En total, 8.402 plazas, el 4,55 por ciento más que el año pasado. De ellas, 6.797 corresponden a Medicina pero también se han incrementado las plazas en farmacia, enfermería, psicología y otras áreas. El acuerdo prevé un aumento de 284 plazas MIR para esta convocatoria con un incremento del 4,4 por ciento.
El Ministerio está trabajando también en simplificar los trámites para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en el extranjero.
Asimismo, está colaborando con las CCAA y los agentes sociales en el desarrollo de una amplia Oferta de Empleo que pueda garantizar la estabilidad, lo que responde a una demanda largamente sostenida del personal sanitario de los distintos servicios de salud.
Igualmente, referido a los profesionales, la norma sobre la prescripción enfermera, está avanzando con celeridad.
Otra iniciativa vinculada a los recursos, afecta a las infraestructuras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Envejecimiento de la población
Una de cada cinco personas en España es mayor de 65 años. El 19 por ciento de la población total. El envejecimiento nos reta a trabajar para que las personas mayores no solo vivan más, sino que lo hagan en mejores condiciones. Este envejecimiento es un reto en términos de calidad y sostenibilidad del sistema, incremento de la cronicidad, que afecta ya al 42 por ciento de las personas mayores de 15 años, 19 millones de personas, de la cuales, una de cada diez, sufren además dependencia. Por eso la necesidad de revisar y reformar nuestros sistemas de atención social y sanitaria, entre otros.
Existe un enorme potencial de coordinación e innovación de cada uno de estos sistemas que me comprometo a promover, apoyando a las CCAA que son las que tienen la responsabilidad de desarrollar estas competencias. En este sentido se va actualizar la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad de 2012, incorporando nuevas actuaciones, en particular las que tienen que ver con la coordinación de los sistemas sanitario y social. Afortunadamente, tenemos ya excelentes ejemplos de buenas prácticas en diversas CCAA de las que debemos aprender y ayudar a extender. El objetivo es hacer un sistema de cuidados social y sanitario centrado en las necesidades de cada persona, evitando despilfarros asociados al uso innecesario de medicamentos, de hospitalizaciones y atenciones urgentes prescindibles, de institucionalizaciones involuntarias que se podrían evitar con una adecuada coordinación de la atención social y sanitaria en el domicilio.
Sabemos lo que hay que hacer, seguramente podemos innovar aún más en el desarrollo de nuevos roles profesionales de enlace y coordinación, equipos multisectoriales y multiprofesionales, extensión de servicios de cuidado y mantenimiento (fisioterapia y otros), utilización de tecnologías de comunicación, redes sociales y domótica, y podemos innovar aún más. Espero que la Comisión de trabajo sobre envejecimiento que se ha puesto en marcha como consecuencia de la última Conferencia de Presidentes nos dé también claves en la búsqueda de este objetivo compartido que es el envejecimiento activo.
Por otro lado, recientemente, en el Senado, tuve la ocasión de abordar con.detalle la situación de las niñas, niños y adolescentes. En relación con los menores, el Ministerio trabaja en la elaboración del Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 pretende abordar problemas como el uso compulsivo de internet que realiza un 21 por ciento de estudiantes entre 14 y 18 años según la encuesta ESTUDES 2016/17, o el juego con dinero a través de internet que practica un 6,4 por ciento de jóvenes entre 12 y 16 años; o pretende atajar el consumo de alcohol entre los menores que alcanza al 76 por ciento de ellos u otras sustancias peligrosas para su salud. Se trata de un plan elaborado con las aportaciones de todos los agentes implicados y que consta de 36 acciones para los 68 objetivos establecidos en la Estrategia del Plan Nacional sobre Drogas 2017-2024. Por resumir, los objetivos serían prevención, asistencia, reducción de daños e incorporación social.
El 18 de septiembre se celebró una reunión técnica de la Subdirección de ONG y Voluntariado con las CCAA para revisar estos criterios y fijar el plan de trabajo de cara al próximo año.
Quisiera aludir también a la seguridad alimentaria como pilar fundamental de la salud pública cuando ya, en Europa, 5 de los 7 factores de riesgo de muerte prematura tienen que ver con lo que comemos y bebemos.
Vaya por delante que España mantiene unos altos estándares de seguridad alimentaria. Las administraciones públicas españolas tienen asignados 6.000 efectivos a inspeccionar y controlar los alimentos y las CCAA inspeccionan aproximadamente 600.000 establecimientos al año.
Como es sabido, el Ministerio se adhirió en 2005 a la Estrategia de Salud NAOS, en la que se incluyen diversas actuaciones para promover una alimentación saludable y la práctica de la actividad física con el objetivo de prevenir la obesidad.
Debemos recordar que el 40 por ciento de la población infantil en España tiene exceso de peso y el 18 por ciento padece obesidad. El 60 por ciento de estos serán también obesos en la edad adulta con los riesgos que ello comporta para la salud.
Con el fin de combatir esta tendencia y, en sintonía con la Comisión Europea, se estudiará la implantación de sistemas gráficos en el etiquetado de alimentos procesados que favorezcan la comprensión del consumidor sobre sus contenidos. Así se contribuirá a elecciones más saludables en la cesta de la compra.
Además, se fomentará la implicación de las instituciones en las contrataciones públicas de menús en comedores colectivos para garantizar su equilibrio nutricional.
En coherencia con la Agenda 2030, es prioritario para este Ministerio fomentar el consumo de alimentos de cercanía para ello se adaptará la legislación nacional como contempla la normativa europea y ocurre en otros países de la UE.
