Legislación sanitaria. ¿Qué ha pasado en 25 años?

Raquel Murillo, directora general adjunta de la aseguradora AMA, ha sido la encargada de moderar el taller de trabajo sobre 25 años de legislación sanitaria, con la colaboración de la aseguradora AMA y la intervención de Enrique Sánchez de León (ministro de Sanidad y Seguridad Social de 1977 a 1979), Julián García Vargas (ministro de Sanidad y Consumo de 1986 a 1991), José Manuel Romay Beccaria (ministro de Sanidad y Consumo entre 1996 y 2000) y Ana Pastor (ministra de Sanidad y Consumo entre 2002 y 2004). La evolución de la legislación sanitaria entre la transición y los inicios del siglo XXI ha sido analizada en un taller organizado en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Los cuatro ponentes se caracterizan por haber sido ministros de Sanidad y haber dejado sus señas en el ámbito legislativo, a pesar de que en la mayoría de los casos apenas han permanecido media legislatura con la cartera de Sanidad, una inestabilidad que se mantiene hasta la actualidad. Ana Pastor, actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha contado una anécdota relacionada con el cantautor José Antonio Labordeta, en aquella época diputado de la Chunta Aragonesista. La exministra hizo una ronda de llamadas a los principales líderes de la oposición para comentarles su intención de poner en marcha la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En esa misma conversación telefónica, Labordeta ofreció todo su apoyo al Ministerio de Sanidad para desarrollar una normativa que garantizara los pilares del Sistema Nacional de Salud, y, además, una cartera común de servicios. “Labordeta comprendió la necesidad de llegar a un consenso por encima de las ideologías políticas”, ha recordado Ana Pastor. Volviendo al presente, la presidenta ha comentado que no considera necesario legislar de forma extraordinaria ni el intrusismo ni las falsas prácticas médicas porque ya están penados por el Código Penal. “En la legislación española el intrusismo está penado, y lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si un profesional no tiene la titulación adecuada, hay que denunciarlo. Algunos quieren hacer ciencia lo que no lo es, pero nosotros tenemos un sistema sanitario y un modelo de farmacia en el que los medicamentos autorizados son dispensados por profesionales. Si alguien hace prácticas que no son legales, hay que perseguirlas, como se ha hecho, por cierto, en muchas ocasiones. Otra cuestión es que nos pidan que regulemos ciertas prácticas paramédicas, y eso no se puede hacer”. Falta de equidad y financiación sanitaria La falta de equidad y la financiación sanitaria son algunas cuestiones pendientes del Sistema Nacional de Salud, según ha reconocido la presidenta. “En la actualidad se incumple la ley, porque no hay los mismos servicios en todas las CC.AA. Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno quiere hacer más. A veces se incumplen las normativas por el hecho de que salen del Consejo Interterritorial, y un ejemplo es el debate de las vacunas, que son coste-eficientes, pero también provocan discusiones e inequidades”. La tercera autoridad del Estado ha repasado su etapa como titular de Sanidad, y, en concreto, el impulso de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Respecto al presente y el futuro del sistema sanitario español, ha recordado el 40 aniversario de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la salud de todos los ciudadanos: “Nada mejor que echar la vista atrás para comprobar que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, con cobertura universal, que atiende a todos los ciudadanos, no distingue por renta ni por origen social. Nadie tiene que ahorrar por si acaso se pone enfermo, como se hacía antes”. En su opinión, el gran salto fue cuando se decidió que la asistencia sanitaria estuviera financiada por los impuestos, y no que estuviera ligada a la cotización laboral o seguridad social. “Las cotizaciones no eran suficientes para cubrir las pensiones ni la asistencia sanitaria”, ha recordado la exministra. “Me gustaría decir que hemos llegado hasta aquí gracias a eminentes juristas que han elaborado leyes sanitarias que son referencia en todo el mundo”. “Aparte de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la Salud, también ha sido clave la Ley General de Sanidad, que impulsó el entonces ministro Ernest Lluch. Prosperó una visión descentralizada y con colaboración público-privada. A principios del siglo XXI se concluyó el proceso de descentralización y transferencia de competencias, con la creación de 17 servicios de salud. Ante este nuevo escenario, era preciso garantizar herramientas institucionales para que el sistema sanitario fuera de calidad. Faltaba una norma que garantizara la cohesión del Sistema Nacional de Salud y una Cartera de Servicios”. En la actualidad, según Ana Pastor, “sigue habiendo desigualdades territoriales, y no por un fármaco determinado, sino por la información a los pacientes y el acceso a los servicios en el mismo tiempo y forma”. Además, la financiación sanitaria autonómica sigue siendo una cuestión pendiente. “En su momento se tomó la decisión de que el presupuesto no fuera finalista, lo que ha provocado diferencias importantísimas territoriales. Hay que valorar los resultados en salud, y ya no solo el número de camas”. En su opinión, los profesionales sanitarios son “el capital humano mejor formado del mundo”, y ha lamentado que siga pendiente el desarrollo de la LOPS, “que está prácticamente intacto”. El impulso de esta normativa que ella aprobó en Cortes puede ser una gran ayuda para aliviar tensiones en asuntos de máxima actualidad como la prescripción enfermera, la dispensación de fármacos en farmacia o en hospital, la atención farmacéutica domiciliaria, etc. Para ello, ha solicitado “un espíritu constructivo” y “más generosidad” para definir los límites de las especialidades. Finalmente, Pastor se ha referido a la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002, y que “ni los propios políticos ni los pacientes saben que existe”. “Deberíamos recordarla ahora que vuelve a hablarse de una posible ley de eutanasia”, ha añadido la exministra, quien también ha pedido una revisión de esta normativa para mejorar en el sistema sanitario español “el relevante papel” que tienen los pacientes. Profesionales sanitarios y burocracia En su intervención, José Manuel Romay Beccaría, licenciado en Derecho y expresidente del Consejo de Estado, ha hecho “un examen retrospectivo” de la Ley General de Sanidad. Siendo secretario general de Sanidad hace 30 años, recordó, tuvo que gestionar la compra de una nueva vacuna para la poliomielitis en un sistema sanitario que no tenía apenas regulación jurídica, con las complicaciones que aquello suponía. El exministro aseguró también que la Ley General de Sanidad de 1986, que sigue vigente en la actualidad, es “de muy alta calidad gracias a la labor de los profesionales sanitarios y a pesar de la burocracia”, si bien el sistema jurídico, en general, “deja mucho que desear” para los profesionales, porque el modelo de relaciones laborales “es poco estimulante”. Desaprovechamiento del sector privado Por su parte, Julián García Vargas, especialista en Economía, ensalzó la labor de Romay Beccaría, y recordó que los pilares que se pusieron en el origen de la normativa sanitaria se han mantenido hasta la actualidad. “Hace 32 años que está vigente la Ley General de Sanidad, mientras que en el mismo periodo se han aprobado cuatro leyes diferentes de Educación”. Eso sí, en este tiempo se han realizado diversas “microrreformas del sector público” y se ha conseguido “el apoyo puntual del sector privado”, cuya labor ha elogiado en el ámbito de la gestión o en colaboraciones como MUFACE, etc. García Vargas hizo una mención especial de la crisis y los cambios que provocó en el sistema sanitario, ya que se modificaron aspectos como la reducción de los presupuestos, la gestión por resultados o los pagos a proveedores. Entre 2009 y 2013 el gasto sanitario público cayó un 13,2 por ciento, y todavía en 2018 e mantiene por debajo de 2009. Según incidió el exministro, el sector privado aumentó en 26.200 millones su aportación al conjunto del sistema, una circunstancia sin la cual “la crisis sanitaria hubiera sido mucho más acusada”. En defensa de la colaboración público-privada y muy crítico con la reversión de la “supuesta” privatización del sistema sanitario, García Vargas abogó por “superar la ideología” en el debate sanitario. En su revisión de datos de los últimos años también ha recordado el incremento del presupuesto destinado a Sanidad, la reducción de días de hospitalización, etc. Para el futuro, aconseja incrementar la colaboración público-privada, aprovechar las inversiones y las planificaciones conjuntas, fomentar las concertaciones bidireccionales (del sistema público al privado también) y mejorar el tratamiento tributario del sector privado. Comenzar de cero Finalmente, Enrique Sánchez de León, inspector de Trabajo y Seguridad Social, ha llamado la atención respecto a que entre los cuatro exministros de Sanidad presentes hubiera una médica, un economista y dos juristas. “En 1977 se crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social”, con las dificultades derivadas de comenzar prácticamente de cero. Agrupaba Salud Pública y Seguridad Social, y de su época se recuerda la realización de la campaña preventiva ‘Gracias por no fumar’. Según ha comentado, “la problemática sanitaria es recurrente”. “Cuarenta años después estamos hablando de lo mismo, de financiación sanitaria, de las pensiones o del salario mínimo. Son los mismos problemas en tiempos distintos. En la actualidad tenemos la crisis del Pacto de Toledo y otros problemas sin resolver”. También se ha referido a los Pactos de la Moncloa, “un momento místico en el que se pusieron de acuerdo todos los grupos políticos, los sindicatos, etc.” La AEDS celebra 25 años de legislación sanitaria El Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid su 25ª edición con la asistencia de unos 500 profesionales vinculados al área jurídico-sanitaria. Los ponentes y los asistentes debatieron sobre temas de actualidad del Derecho Sanitario, con un “extenso y brillante programa científico”, como ha destacado Ricardo de Lorenzo, presidente del Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), entidad organizadora del congreso. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, que analizó el derecho a la protección de la salud. En la inauguración, Ricardo de Lorenzo estuvo acompañado por Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; Esmeralda Rasillo, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia; Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Serafín Romero, presidente de la OMC, y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Otra mesa, en este caso coordinada por Julio Sánchez Fierro, trató el abordaje integral de la leucemia, mientras que Óscar Castro, presidente del Consejo General de Odontólogos, moderó la mesa dedicada a la legalidad de las clínicas dentales. Asimismo, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, coordinó la mesa en la que se abordaron los reglamentos de los productos sanitarios. También hubo un taller sobre la resolución de reclamaciones en materia de responsabilidad profesional sanitaria, moderado por Ofelia de Lorenzo, abogada del bufete De Lorenzo Abogados. Además, la vigésimo quinta edición de esta cita con el Derecho Sanitario trató aspectos relacionados con los precios y la financiación de medicamento, la protección de datos y su nueva aplicación y las investigaciones en Derecho Sanitario, coordinada por el investigador Íñigo de Miguel. También destacó la mesa redonda dedicada a eutanasia, en la que intervinieron Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial; Jose Silva, de Ordem dos Médicos de Portugal; George Czapiuk, Conseil National de l’Ordre des Médecins de Francia, y Frank Ulrich Montgomery, vicepresidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial y presidente de la Cámara Federal de Médicos de Alemania.