La realidad sanitaria actual es muy diferente a la de hace veinte años, lo que obliga a adaptar las leyes que aplican para adecuarse a los nuevos tiempos. La
Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente es la norma básica que recoge los derechos y los deberes de los pacientes y los profesionales sanitarios. En sus textos se han amparado los jueces para solventar muchas reclamaciones sanitarias. Hoy, dos décadas después, los expertos
se plantean su necesaria reforma para ajustarse a la realidad sanitaria.
Es el resumen del primer taller AMA celebrado en el primer día del
XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, bajo la batuta de Raquel Murillo, directora general y de Responsabilidad Civil de la aseguradora. Para abrir el debate, Murillo ha expuesto que en más del 70% de las reclamaciones de los pacientes se alegan
problemas con la información, y que en una encuesta de AMA revela que solo el 25% de los profesionales sanitarios aseguraron conocer bien esta ley.
Pero más allá de la necesidad de formación de los médicos sobre la norma y pese a que los cinco participantes en el taller reconocen que se trata de una excelente normativa, las
necesidades de su reforma o de la creación de leyes adicionales que la complementen han quedado patentes. Los principales aspectos que se han de regular son: el derecho al acompañamiento, la historia clínica, el consentimiento informado y la digitalización de la sanidad.
Historia clínica integrada
La ex ministra de Sanidad Ana Pastor, bajo cuyo cargo al frente del Ministerio se aprobó la debatida ley, ha destacado que la Ley de Autonomía del Paciente, además de los derechos y deberes de pacientes y profesionales, recoge
la configuración y el acceso a la historia clínica. Sin embargo, han surgido muchos problemas para “discernir qué es información y qué es documentación clínica”.
En ese escenario, Pastor se pregunta “cómo es posible que aún no se tenga una
historia clínica integrada e interoperable” cuando gran parte de los problemas asistenciales vienen porque no se comparte la historia entre Comunidades Autónomas, ni tampoco entre centros, incluso, –añade– “en ocasiones no se comparte ni siquiera entre Primaria y Especializada”.
Ha ejemplarizado esa disparidad en la atención sanitaria con la pandemia de la COVID. “No es posible que dependiendo de dónde vivas
recibas una u otra atención sanitaria y que ésta no se mantenga si te mueves de zona. Esto nos debería hacer reflexionar”, ha dicho.
También sobre la historia clínica ha hablado Elena Mantilla, directora de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Ésta ha referido que la interoperabilidad que pide Pastor debe abarcar el entorno público y el privado y también el europeo. Además, ha destacado que se deben crear marcos legales para que “esta historia recoja lo que manifieste el paciente pero también garantice su
derecho a la intimidad”.
Por su parte, Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunó la relación entre historia clínica y
derecho a la protección de datos, un derecho que, a su juicio, esta sufriendo una “mutación generacional”.
En su opinión, la actual legislación mima mucho la protección de datos para lo que se establecen
penas que, en ocasiones, pueden ser excesivas y generar situaciones delicadas. “No hay que olvidar que estamos ante un derecho de nueva generación y se debe regular como tal”.
Transformación digital
Sobre la digitalización de la Sanidad, la ex ministra de Sanidad ha remarcado que en materia sanitaria “todo lo relativo a lo digital conlleva problemas no resueltos por la
vulneración de los derechos de los pacientes mayores a causa de la denominada
brecha digital”. En ese contexto, apuntó que el 60% de las personas mayores están afectadas por problemas digitales “lo que obliga a crear normas que sean garantistas”.
En el entorno digital también mencionó la
receta electrónica, “una herramienta muy eficiente que”, pese a que reconoce ha revolucionado la farmacia, “aún falta por incorporarla a la farmacia hospitalaria y a los centros sociosanitarios”.
Pastor también señaló que, en el ámbito de la telemedicina, es necesario incorporar la regulación sobre la obtención y gestión de los datos ya que
existe un gran riesgo en el actual flujo de la información. “Es necesario un marco que incluya los criterios éticos de su uso sin olvidar el humanismo que siempre debe estar presente en Medicina”, concluyó.
Consentimiento informado
Otro de los temas en el que todos los participantes están de acuerdo es con la necesidad de regular el consentimiento informado. José Luis Seoane, magistrado del Tribunal Supremo, ha enfatizado el cambio que se ha producido con
la participación del paciente sobre su salud.
La medicina ha sido siempre paternalista pero ahora el rol del paciente ha cambiado. En ese contexto, ha asegurado que “
la autonomía de la información del paciente se configura como un derecho fundamental y obviarlo propicia posteriores reclamaciones”.
Así destacó que hay que tener presente que la obtención o prestación del consentimiento lo debe dar el médico, que
su omisión le puede generar responsabilidades y que la carga de prueba de obtenerlo también le corresponde al facultativo. Sobre este asunto, Mantilla señaló que debería haber más concreción en los procesos que deben seguir los profesionales para evitar problemas.
Otro de los participantes en el taller, Federico Montalvo, vicerrector de Relaciones Institucionales y secretario general de la Universidad Pontificia Comillas, aunque coincide con que la citada Ley de Autonomía del Paciente se debe actualizar, ha remarcado que “se trata de
una norma muy bien articulada con una técnica normativa moderna”.
